Cárceles masificadas, detenidos que declaran encapuchados ante la Guardia Civil, centros de extranjeros donde reina la impunidad… El comité antitortura que ha visitado prisiones y centros de detención españoles en 2011 y 2012 ha constatado un sinfín de irregularidades. Sin querer hablar de incumplimientos generalizados de los derechos humanos, los dos informes publicados anteayer por este órgano del Consejo de Europa colocan a España bajo la lupa, “con problemas que se arrastran durante años”, resume Celso Manata, uno de los expertos que han participado en las visitas y la posterior elaboración de las conclusiones.
La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra catalanes aglutinan buena parte de los incumplimientos. “Sí, tenemos algunos problemas con la Guardia Civil”, admite Manata, que centra sus críticas en el régimen de incomunicados, un tipo de detención que se aplica para delitos muy graves. “Aceptamos que es un régimen legal, pero es inaceptable que no puedan comunicarse con su abogado o que encontremos a detenidos con heridas que no pudieron ver a un doctor mientras estaban incomunicados”, denuncia Manata, que acumula más de 30 años de experiencia en la situación de los centros penitenciarios y el respeto a los derechos humanos.
Respecto a los Mossos, el informe acredita casos en los que a los detenidos se les ha negado hasta el agua potable. El experto portugués también alude al controvertido uso de pelotas de goma y otros proyectiles en altercados cuando aun no se ha cerrado la polémica por la pérdida de un ojo por parte de una manifestante, Esther Quintana. Los mossos niegan responsabilidad en el caso.
Otro foco de irregularidades son los centros de detención de extranjeros indocumentados. “A veces son peores que las prisiones. Detectamos muchas infracciones de las normas en ellos. Hemos pedido una investigación y no se ha hecho nada”, se queja Lamata, que habla de “sensación de impunidad” por parte de las autoridades.
El representante del Consejo de Europa rechaza las críticas del Gobierno español, que cree que el comité antitortura ha confiado en exceso en los testimonios de los presos. “Llevamos muchos años en esto. Sabemos que los presos muchas veces nos mienten, pero podemos detectarlo. Este comité quiere saber la verdad y que las autoridades acometan cambios. Si lo que piensan es que queremos causarles problemas, es que no están entendiendo el mensaje”, rebate Lamata.
Además de los propios detenidos, el informe recoge una lista de fuentes consultadas, entre las que figuran altos cargos del Ministerio del Interior y de las comunidades autónomas, el presidente de la Audiencia Nacional, miembros del Consejo General del Poder Judicial y distintas ONG, entre otras. El experto se queja de que en muchas ocasiones el Ejecutivo español responde a los requerimientos del comité antitortura esgrimiendo la ley: “Lo que importa no es la ley, sino que se cumpla”, dice.
De todas las irregularidades detectadas en España, dos preocupan especialmente al comité. La primera es la masificación que se da en muchas cárceles, especialmente en La Modelo de Barcelona. “Es imposible que allí se respeten los derechos humanos, está tan masificada… No vemos que las autoridades lo estén solucionando. Ahora nos dicen que no tienen dinero para construir otro centro; hacen falta medidas alternativas”, recomienda.
El segundo problema es la práctica, demasiado habitual, que mantienen los centros de menores de inmovilizar a algunos jóvenes en sus camas. “En muchas ocasiones no se justifica el uso de un medio tan drástico en comparación con el hecho que lo motiva”. El Consejo de Europa recoge en el informe otras prácticas de aislamiento de menores que considera peligrosas para la salud física y psíquica de los jóvenes.
Tema anterior
Primer 