“Buscamos una justicia del siglo XXI, no la de una monarquía o una aristocracia, que sea tan democrática como el resto de los poderes del Estado”, señaló ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntando a la reforma judicial que se está tratando en el Congreso. Antes de partir hacia Perú y Venezuela dedicó parte de su discurso en la Casa Rosada a las medidas que impulsan la democratización judicial y las vinculó con el fallo sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se conoció el miércoles. “Hubo un fallo que me enmudeció, nunca vi una cosa igual”, dijo sobre la decisión de la Cámara en lo Civil y Comercial. “La Justicia tiene sectores aristocratizantes que se manejan como un ghetto”, destacó la presidenta argumentando a favor de la democratización de la Justicia y agregó que el fallo de los camaristas sobre la ley de medios “es la punta del iceberg, que revela el entramado muy fuerte que funciona debajo”. Recomendó el artículo de Mario Wainfeld publicado ayer por este diario y mencionó que el camarista Francisco de las Carreras, integrante del tribunal que declaró inconstitucionales los artículos clave de la ley de medios, era el bisnieto del primer presidente de la Corte Suprema. “Hay una idea casi aristocratizante del poder, por eso solo piden entrar los amigos, los hijos, los recomendados”, señaló. Y explicó que por ese motivo impulsó como una de las iniciativas de reforma del Poder Judicial el ingreso democrático a los tribunales.

En el salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, la Presidenta dijo que el objetivo del Gobierno era conseguir “una justicia pareja para todos, con igualdad de ingresos, igualdad para conocer las declaraciones juradas y para todos los aspectos de la justicia”.

La Presidenta encabezó un acto junto a gobernadores y editores de publicaciones educativas, en el que además realizó teleconferencias con Tucumán para dejar inaugurado un centro infantil, y con la localidad bonaerense de San Antonio de Areco para poner en funcionamiento la Facultad de Enfermería.

“Decían que no íbamos a debatir, que iba a ser a libro cerrado, pero hemos recibido a organizaciones y se han hecho modificaciones”, al texto de los proyectos enviados al Congreso. Así, Fernández de Kirchner envió un mensaje a la oposición que se negó a debatir los proyectos en un primer momento e hizo mención a las observaciones que realizó el Centro de Estudios Legales y Sociales y otras organizaciones vinculadas con la Justicia, fundamentalmente sobre el proyecto que establece una modificación en las medidas cautelares que obtuvo media sanción ayer por la noche en la Cámara de Senadores (ver página 9).

La Presidenta recordó el juicio del caso de Margarita Verón, desaparecida por una red de trata de personas, en el que “absolvieron a todos los responsables”. Además hizo foco en los “77 jueces de un fuero cordobés que se excusaron por ser amigos de un acusado de delitos de lesa humanidad”.

“Es necesario una reforma que permita abrir las compuertas, que el pueblo participe y que haya legitimidad en los órganos jurídicos”, señaló Fernández de Kirchner antes de partir hacia Perú.

Por último, a través de su cuenta de Twitter, señaló que nunca había pensado “en un fallo tan burdo, o como lo definió el titular del Afsca: Fallo a la carta, Justicia Delivery”, haciendo foco en el fallo sobre la ley de medios que la Cámara 1 en lo Civil y Comercial emitió declarando parte de dos artículos de la norma como inconstitucionales. “Es demasiado grosero. Ni siquiera esta justicia se merece algo tan grotesco”, agregó y finalmente destacó que “habría mayor decoro sabiendo aun de antemano que iban a fallar a favor de quien les paga los viajes y vaya uno a saber qué cosas más”, aludiendo a la denuncia penal que pesa sobre dos de los camaristas que aceptaron la invitación de una organización cercana al multimedios para viajar a Estados Unidos.

La sesión especial se desarrolló en un marco de acusaciones cruzadas entre el Frente para la Victoria y la oposición, que planteó que este proyecto politizará la justicia, y tuvo momentos de tensión a partir de la denuncia de Elisa Carrió acerca de un supuesto pacto entre la presidenta Cristina Kirchner y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que también alcanzó a todos sus pares, incluidos los de su propia bancada.

Las reformas incorporadas a pedido de los camaristas de mantener en órbita de la Corte Suprema el manejo del personal y administrativo del Poder Judicial, no cambió el eje central de la propuesta que es la votación directa de los seis académicos, tres jueces y tres letrados; la designación de jueces subrogantes, los concursos previos para designar magistrados, y la reformulación de las mayorías.

Los contrapuntos entre el oficialismo y la oposición comenzaron ya antes de que el cuerpo entrara de lleno en el debate de las iniciativas, cuando la diputada Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, planteó una cuestión de privilegio contra Diana Conti por considerar que como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales había "impedido" el debate.

Las afirmaciones de Carrió fueron respondidas en el recinto por la propia Conti, quien sostuvo que los doce invitados que ayer expusieron sus opiniones sobre la reforma judicial en el plenario de comisiones fueron convocados por pedido de la oposición y le anticipó a Carrió que su planteo quedará "cajoneado" en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La Presidenta de comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, dijo que esperaba "que la participación popular logre los deseados frutos de democratizar un Poder Judicial que no ha logrado trasvasar ese ímpetu que marcó la renovación de la Corte Suprema al resto de los integrantes del Poder Judicial".

En tanto, los cuestionamientos de la oposición al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura quedaron expresados por los radicales Oscar Aguad, Ricardo Alfonsín, y Mario Negri, Margarita Stolbizer del GEN, Federico Pinedo del PRO, Elisa Carrió de la Coalición Cívica y el peronista federal Eduardo Amadeo.

Uno de los planteos de la oposición fue que la elección popular es inconstitucional y politizará la justicia, lo que fue replicado por el diputado Carlos "Cuto" Moreno, quien brindó claros ejemplos de miembros del Consejo de la Magistratura con una reconocida actividad partidaria. Moreno sostuvo que “todos los jueces hacen política” y contradijo así el discurso de quienes dicen que el sistema actual garantiza una separación entre la política y el Poder Judicial.

Para explicar su afirmación, el legislador kirchnerista remarcó que “todos sabemos que (Daniel) Ostropolsky”, integrante del Consejo de la Magistratura, “es un militante del radicalismo” y que Alejandro Fargosi, otro consejero, “es militante del PRO”. También resaltó el origen “radical” del juez y miembro del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, sobre quien se preguntó: “¿Alguien tiene en claro que no es opositor? ¿Alguien tiene en claro que no es radical?”.

Uno de los primeros opositores en hablar fue el radical Oscar Aguad, quien aseguró que la reforma del Consejo "es anticonstitucional porque colisiona con el artículo 114 de la Constitución" y "somete a los jueces a tener una camiseta partidaria".

En tanto, Margarita Stolbizer, entre sus objeciones a la iniciativa del oficialismo, cargó contra la equiparación de los requisitos para formar parte del Consejo de la Magistratura con los requeridos para ser diputado nacional: "Estamos renunciando al requisito de la idoneidad", sostuvo.

El momento de mayor tensión fue cuando Carrió repitió su teoría de un pacto "espurio" entre la presidenta de la Nación y el presidente de la Corte, y arremetió contra oficialistas y opositores sin distinción, e incluyó a miembros de su propia agrupación política.

Por su parte, el presidente del bloque Socialista, Juan Carlos Zabalza, expuso los fundamentos del voto negativo del interbloque del Frente Amplio Progresista (FAP) al proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura, al afirmar que "lo partidiza y se aparta de la Constitución Nacional".

En tanto, el presidente del bloque del PRO, Federico Pinedo afirmó que el proyecto que establece el voto popular para elegir los jueces, académicos, y letrados del Consejo de la Magistratura "es una agresión violenta de la Constitución y a los derechos humanos de cada uno".

En el último tramo de la deliberación del pleno legislativo hubo una dura polémica entre el oficialismo y la oposición debido a la propuesta del kirchnerismo de hacer una sola votación en la discusión en particular, lo que fue saldado cuando el titular de la bancada, Agustín Rossi retiró esa moción. La oposición votó en los dos primeros artículos y luego optó por permanecer cerca de sus bancas o en el salón de Pasos Perdidos, por lo cual la mayoría de los ítems tuvieron 130 votos contra 9, lo suficiente para cumplir con el requisito constitucional que exige 129 votos para la votación de esta ley.

La decisión de la oposición de retirarse del recinto se desencadenó luego de que el artículo dos arrojara una votación de 128 a 101, aunque inmediatamente después la neuquina Alicia Comelli y el oficialista Juan Forconi aclararon sus votos por la positiva. En medio de los gritos y acusaciones entre oficialismo y oposición se decidió pasar a un cuarto intermedio para ordenar la sesión, luego de que el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, le pidiera tranquilidad a sus compañeros de bancada al advertirles que la oposición sólo quería "complicar la sesión".

Antes de que el oficialismo accediera a votar artículo por artículo se presentaron una serie de cuestiones de privilegio y cuestionamientos verbales sobre lo que la oposición consideró como una inconstitucionalidad de la ley y sobre un supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de Domínguez.

Previo a acceder al pedido de la oposición, Rossi acusó a los opositores de tener actitudes "canallescas" y debió ser contenido por Eduardo "Wado" de Pedro y otros compañeros de bancada cuando se exaltó por los gritos de los radicales Ulises Forte y Miguel Angel Bazze, quienes acusaban al oficialismo de "fraude".

Rossi ya había expresado su malestar con los diputados opositores durante su discurso de cierre cuando los calificó de "profetas del odio, del desánimo y correos de las malas noticias". "Dedíquense a construir una propuesta en base al respeto, a la paz, al amor y dejen de agredir, de insultar, de descalificar. Porque se pasan la vida hablado de la República y cuando no les conviene se sacan la bandera, la estrujan, y la pisotean: respeten la Patria, el Congreso, las instituciones", concluyó.

De esta manera, la legisladora salió al cruce de versiones que indicaron que ella se había abstenido en la votación del artículo 2 de la norma y que, en consecuencia, el oficialismo no había conseguido la mayoría especial de 129 votos requerida por la Constitución.

"Si hubiese querido abstenerme, por reglamento, tenía que solicitar permiso y en ningún momento lo hice. Mi voto y el de los otros dos integrantes de mi bloque fueron en el mismo sentido, todos positivos", sostuvo.

Comelli consignó que, al votar el artículo 2 de la norma, vio que la luz que registra el voto en su banca "no se había encendido", por lo cual comenzó a gritar a viva voz que su voto era "positivo", tal como lo prevé el reglamento. Señaló que "habitualmente sucede que no se registra algún voto" y sostuvo que "eso fue lo que pasó" cuando se sometía a consideración la reforma al Consejo de la Magistratura.

En una sesión extenuante y tras más de veinte horas de ásperas discusiones en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró convertir en leyes dos de los seis proyectos del Gobierno para “democratizar la justicia”: el que regula las medidas cautelares contra el Estado y el que crea tres nuevas Cámaras de Casación. Antes también había aprobado la ampliación del Consejo de la Magistratura y la elección de sus miembros a través del voto popular –que ahora deberá regresar al Senado–, con un ajustado número, 130 votos sobre los 129 necesarios. Decepcionada por no haber podido revertir la votación en particular, la oposición (UCR, PJ opositor, FAP, PRO, CC y Proyecto Sur) resolvió abandonar el recinto en medio de gritos de “fraude” cuando en la votación en particular del extenso articulado el tablero marcó 128 votos positivos, a pesar que los dos diputados que no habían sido identificados por el sistema electrónico –algo habitual en las votaciones– ratificaron de viva voz su voto favorable a la reforma.

Trasnoche

A las cinco y media de la madrugada, luego de 17 horas de debate y más de un centenar de oradores, llegó el primer test de la maratónica sesión especial en la Cámara baja: la votación de la reforma del Consejo de la Magistratura, una de las iniciativas más controvertidas del paquete de leyes sobre la Justicia que el Ejecutivo envió al Parlamento. El oficialismo salió airoso en una votación por demás ajustada que además requería la mayoría agravada de la mitad absoluta de los miembros del cuerpo (129 votos). A pesar de la rebeldía de algunos miembros de su propio bloque (los sindicalistas Facundo Moyano y Omar Plaini, el riojano Jorge Yoma y la santacruceña Blanca Blanco de Peralta), el kirchnerismo sumó 130 votos con el respaldo de sus aliados más fieles (el Frente Cívico santiagueño, Nuevo Encuentro y los neuquinos del MPN), frente a 123 de la oposición. Había en el recinto 254 diputados y apenas cuatro ausentes (tres opositores y el oficialista Martín Sa-bbatella, de licencia desde que asumió en la Afsca).

Pero antes el clima de la sesión había comenzado a caldearse. Convencidos de que podían “voltear” algunos de los 28 artículos del proyecto, el macrista Federico Pinedo, Elisa Carrió, el radical Ricardo Gil Lavedra, los peronistas anti K Graciela Camaño y Enrique Thomas reclamaron la votación “artículo por artículo”. El jefe de la bancada kirchnerista Agustín Rossi –para evitar riesgos y apurar la interminable sesión– pidió que el articulado se aprobara como un mismo capítulo y en una sola votación. El oficialismo impuso entonces su mayoría en la interpretación reglamentaria, lo que generó una airada reacción opositora (ver página 2). Dispuesto a impedir que se deslegitime la votación y seguro de contar con las manos necesarias, Rossi aceptó el desafío de votar artículo por artículo. Pero la votación del segundo artículo desató el escándalo. El tablero marcó 128 votos positivos y a pesar de que los dos diputados que no habían sido identificados por el sistema electrónico (algo habitual en las votaciones) ratificaron de viva voz su voto favorable a la reforma, la oposición se retiró del recinto al grito de “fraude”, “tramposos” y “corruptos”. El peronista opositor pampeano Sergio Pansa revoleó una botellita de agua y Rossi reaccionó yendo a buscar a los agresores. Sus propios compañeros de bancada lo pararon. Luego pidió disculpas.

Sin el grueso de la oposición en el recinto, el oficialismo aprobó todos los artículos y ratificó el segundo con el mismo número de votos: 130 frente a los 9 negativos de los opositores que se mantuvieron en sus bancas.

Debate

El cierre del debate, antes de la votación, mostró la dureza de la extensa discusión. “No cree en la República ni en la Constitución porque piensan que la Constitución debe sujetarse al poder”, arrancó el radical Ricardo Gil Lavedra para luego afirmar que la “elección popular del Consejo es imposible porque termina con jueces adictos”. “Son modificaciones para el poder y quienes lo detentan, para el Estado y para la impunidad de los funcionarios”, agregó. “Asistimos azorados a una nueva falsa gesta con relato kirchnerista al que estamos acostumbrados” y que reproduce “la nueva ‘corpo’ oficial, que abarca el 80 por ciento de los medios”, soltó el peronista anti K y ex cobista Enrique Thomas, el primer diputado en presentar un amparo contra la ley de medios en Mendoza.

“No tengo dudas de que la Corte Suprema cuando le toque, si es que le toca, va a declarar la inconstitucionalidad de lo que estamos discutiendo”, sumó Alfonso Prat Gay por la CC. La macrista Gabriela Michetti acusó al kirchnerismo de “desvirtuar la política, el Parlamento y ahora el rol de la República con la barbaridades que estamos votando”. Aseguró que había hablado con diputados oficialistas que le confesaran que votaban estas leyes con “dolor de panza”, afirmación que le valió expresiones de rechazo desde la bancada kirchnerista.

En el cierre, Rossi fue el encargado de responder los argumentos de los opositores. Recordó a quienes planteaban el riesgo de “la partidización y la politización” del Consejo de la Magistratura, que su creación en la reforma constitucional del ’94 fue “un acuerdo político” entre los ex presidentes Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Además de marcar que la elección de consejeros en representación de jueces y abogados se disputa en listas respaldadas abiertamente por distintos partidos políticos donde sólo votan 10 mil abogados de la matrícula federal y 600 magistrados. “Queremos que ahora los elijan 20 millones de argentinos a través del voto popular”, sentenció el jefe de la bancada oficialista.

“No podemos negar los rasgos corporativos que tiene el Poder Judicial”, remarcó Rossi para insistir en que “queremos seguir y profundizar ese camino que iniciamos en 2006, por eso hemos decidido que los consejeros abogados, jueces y académicos sean elegidos por voluntad popular”. Luego cargó contra la campaña, a la que calificó como “fascista”, que un grupo de ONG realizaron sobre doce diputados “presionándolos para que voten en contra” y le reprochó a la oposición que ninguno de ellos se haya pronunciado en contra. “¡Generan un clima tan horrible que son profetas del odio, correos de malas noticias! ¡Tienen que dedicarse a construir una propuesta política en base al amor, el respeto y la paz! ¡Dejen de agredir, de insultar, de descalificar!”, exclamó y recogió la euforia del oficialismo.

Leyes

Después de la votación que generó el escándalo opositor y su retirada del recinto, el oficialismo continuó camino a transformar en leyes las iniciativas que reglamentan las cautelares en contra del Estado –con las incorporaciones que el Senado introdujo a pedido de distintas ONG, especialmente del CELS– y la que crea tres nuevas Cámaras de Casación en los fueros federales en lo Contencioso Administrativo, de Trabajo y de Seguridad Social.

Sólo un puñado de diputados opositores regresó al recinto. Graciela Ocaña, Patricia Bullrich, Alicia Terada y Carrió volvieron para sumarse a los nueve opositores que se quedaron en sus bancas para presentar sus argumentos contra los otros proyectos del Ejecutivo. En la votación de ambos proyectos, el oficialismo no contó con el apoyo de sus aliados del MPN. Pero igual logró imponerse por 126 votos a 10 en las cautelares y 126 votos a 8 en la creación de las nuevas instancias judiciales. Mientras el resto de los opositores ya expresaba sus quejas antes las cámaras de TV y dilapidaba la posibilidad de poder dar vuelta alguna votación.

Un botellazo volando por los aires, una diputada manoteándole el micrófono al presidente de la Cámara, legisladores saltando arriba de sus bancas festejando una votación que no había concluido y otros conteniendo al jefe del bloque oficialista para que no terminara a las trompadas con un colega de la oposición. Así concluyó en Diputados el debate de casi 20 horas sobre la modificación del Consejo de la Magistratura. La oposición denunció “fraude” porque en la votación del artículo 2 el tablero mostró 128 votos a favor –uno menos de lo necesario–, 101 en contra y 21 abstenciones. Con la excitación de los opositores por la supuesta derrota del oficialismo la sesión se descontroló al punto de que se intentó acallar a los diputados Alicia Comelli y Juan Carlos Forconi, que inmediatamente y a los gritos intentaban aclarar que su voto era afirmativo, pero no había sido debidamente computado. “La oposición buscó permanentemente entorpecer el debate, desgastarlo, generar climas de tensión y deslegitimar la sesión”, aseguró Agustín Rossi, quien pidió disculpas por su actitud. Lo mismo que hizo varias horas después el peronista disidente Sergio Pansa, que le revoleó una botella de agua mineral.

Cuando se acercó el momento de votar las modificaciones al Consejo de la Magistratura, el clima se fue poniendo más denso. Antes de empezar los discursos de cierre, el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, se reunió informalmente con los presidentes de los bloques opositores para anticiparles que el oficialismo quería aprobar en particular todos los artículos de la ley en una sola votación. Al concluir, los jefes de bloque de la oposición volvieron al recinto y denunciaron un intento por violar el reglamento por parte del kirchnerismo. Los diputados Federico Pinedo (PRO), Ricardo Gil Lavedra (UCR), Graciela Camaño (Peronismo Disidente) y Elisa Carrió (Coalición Cívica) plantearon cuestiones de privilegio por este tema, aun cuando la propuesta no se había concretado formalmente.

Superado ese episodio, llegó el momento de la votación en general y el resultado fue 130 votos a favor, 123 en contra.

Rossi pidió nuevamente la palabra para proponer la aprobación, durante el debate en particular, de todos los artículos juntos, conforme a una interpretación del reglamento. La oposición montó en cólera y empezó a gritar desde sus bancas que se estaba realizando “fraude” y que se traicionaban las reglas de la Cámara “porque el oficialismo no contaba con los votos necesarios”. “Escuchame una cosa, ¿vos viste cómo salió la votación? Entonces callate la boca, Bazze”, le respondió Rossi al radical Miguel Bazze, que gritaba desde su banca, igual que otros opositores.

Rossi siguió con la explicación y planteó que su propuesta podía llevarse adelante si era votada por la mayoría. “No vamos a votar”, “No hay acuerdo, no se puede votar”, “Tramposos”, gritaron distintos diputados. “No se bancan perder una votación”, retrucó el jefe del bloque oficialista. La peronista disidente Graciela Camaño bajó de su banca y le quiso arrebatar el micrófono a Domínguez, en varias oportunidades.

Finalmente, la sesión pudo continuar cuando el oficialismo dio marcha atrás y aceptó el reclamo opositor de votar individualmente cada artículo.

“A pesar de tener la posibilidad, pido que ahora, inmediatamente, ponga a votación artículo por artículo, sin más discusión, voto a voto, cada uno de los temas, y sin debate”, exclamó Rossi, volviendo a enardecer a la oposición. Pero el conflicto se desató en el artículo 2, que establecía la nueva composición del Consejo, con la ampliación de 13 a 19 miembros.

Pasaron los 15 segundos para que los diputados emitieran su voto y el tablero arrojó 128 votos a favor, 101 en contra, 21 abstenciones y 2 ausentes. La oposición explotó en grito exaltado. El radical Ricardo Buryaile saltaba arriba de su banca mientras Ricardo Alfonsín apuntaba a Rossi con el dedo, acusándolo de haber querido hacer trampa al proponer que se vote en particular todos los artículos. Rossi se acercó a la presidencia de la Cámara mientras el diputado Sergio Pansa, parapetado desde la última fila, lanzaba hacia el centro una botella de agua mineral. En medio del griterío, varios compañeros tuvieron que contener a Rossi, que enfilaba rumbo a las bancas de la oposición con ánimo de pelearse.

Domínguez intentaba poner orden y les pedía a dos diputados que no habían votado, Alicia Comelli y Juan Carlos Forconi, que expresaran su voto de viva voz. “Se ha alterado la sesión. Yo ya adelanté el sentido de mi voto, pero en el momento de la votación no quedó registrado”, exclamó Comelli, integrante del Movimiento Popular Neuquino, aliado habitual del oficialismo. Comelli, junto con otros diputados, había planteado dudas sobre su posición y había sido blanco de la campaña de presión encabezada por ONG vinculadas con la Justicia. Los opositores seguían gritando, no ya de alegría, sino para impedir que se modifique el resultado visualizado en el tablero electrónico. Forconi también expresó su voto a favor.

Para tranquilizar a la oposición, Domínguez propuso realizar nuevamente la votación de ese artículo, pero los radicales y otros bloques opositores ya estaban de pie, a punto de retirarse del recinto, lo que terminó sucediendo minutos después. Los restantes artículos fueron aprobados por 130 votos a favor, contra 9. Casi una hora tardó la aprobación de todos los artículos. “No hay ninguna polémica. Acá la oposición quiso utilizar de una forma canallesca la discusión del artículo segundo”, señaló el kirchnerista Edgardo Depetri. “Fue absolutamente digna y legal, es incuestionable, no hubo fraude. Se votó con todo el mundo sentado en sus bancas”, coincidió el peronista Jorge Yoma, acérrimo opositor al proyecto oficialista.