La primera cadena perpetua de Jorge Rafael Videla, el dictador responsable de la desaparición de 30.000 argentinos y el robo de medio millar de niños, duró cinco años. Condenado en 1985, fue indultado en 1990 por el entonces presidente argentino, Carlos Menem. La segunda cadena a perpetuidad, de 2010, le ha durado hasta la muerte, este viernes, a los 87 años. Entre una y otra hay un largo camino judicial y político que ahora recuerdan algunos de sus protagonistas para EL PAÍS.
Baltasar Garzón, impulsó desde la Audiencia Nacional los juicios en Argentina
Tras el indulto de Menem llegó el turno de España. En 1996, el juez Baltasar Garzón imputó a Videla, Leopoldo Galtieri y otros 99 militares, policías y médicos argentinos, en aplicación del principio de jurisdicción universal. Hoy sigue alegrándose de que aquellas investigaciones en España sirvieran para impulsar los juicios en Argentina.“Las leyes de amnistía, olvido o punto final no son aplicables a los crímenes de lesa humanidad. España hizo un gran esfuerzo en la aplicación del principio de jurisdicción universal y conseguimos coadyuvar a que la acción de la justicia se llevara a Argentina”, recuerda.
“Videla jamás pidió perdón, jamás mostró arrepentimiento y ha muerto en la cárcel, que es lo que correspondía. Se opuso a reparar a las víctimas. Si en Argentina se ha cumplido el derecho a la verdad no ha sido por la colaboración de los victimarios, sino por el esfuerzo de las víctimas y de un país que decidió en 2003, desde las instituciones políticas y judiciales, que tenía que repararlas. Uno no se alegra del fallecimiento de nadie, pero cuando me he enterado de la muerte de Videla me he acordado de las víctimas argentinas, que se llevan la reparación de saber que la justicia se aplicó con todas las garantías; que no ocurrió como con Pinochet, al que la muerte le llegó sin haber sido sometido a un juicio. Y también he pensado en las víctimas de aquí, las del franquismo, porque allí realmente se hizo justicia, pero en España la justicia ha fracasado estrepitosamente”.
En Argentina el dictador ha muerto en la cárcel, y en España, lamenta, “se estaba haciendo un homenaje a la División Azul que luchó con Hitler”. "En España hubo un pacto de silencio y nunca ha habido voluntad de reparar a las víctimas, ni siquiera con la ley de memoria histórica porque el esfuerzo no era compartido y hubo partidos, especialmente el PP, que no estuvieron a la altura".
Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los siete juristas que anuló las leyes de amnistía argentinas
El camino para meter al dictador Videla en la cárcel “fue muy largo y accidentado”, resume Eugenio Raúl Zaffaroni, de 73 años, uno de los siete miembros de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que redactó la sentencia que acabó con las dos leyes —de Obediencia Debida y Punto Final— que amnistiaban los crímenes cometidos durante la dictadura. “El país salió de la dictadura pero estaban vigentes todas las estructuras. No juzgo en lo personal la decisión de Raul Alfonsin en su momento [bajo su Gobierno se aprobaron ambas leyes]. No quisiera estar nunca en la disyuntiva entre hacer algo contra mis principios o salvar los principios y correr el riesgo de provocar cientos o miles de muertes. La critica de las leyes de amnistía no es una critica personal a Alfonsin, del que conservo una imagen intachable. Siguieron años en los que paulatinamente las estructuras dictatoriales se debilitaron y, por fin, hubo una clara decisión política de [Néstor] Kirchner que permitió llegar a este resultado".
Preguntado por los argumentos jurídicos que utilizaron para tumbar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Zaffaroni se va a la Audiencia Nacional. "Cuando España pidió la extradición de ciudadanos argentinos por delitos cometidos en nuestro territorio en función del principio universal, los jueces nos encontramos en la disyuntiva entre enviarlos a que los juzgase una jurisdicción extranjera o juzgarlos nosotros. En el primer caso, estaríamos dejando al país en la situación de una tribu y a todos sus ciudadanos en el riesgo al menos de ser procesados o investigados por cualquier país. No podíamos interpretar la Constitución en este sentido, porque nunca una Constitución puede ordenar que cedamos la jurisdicción territorial que es un atributo de la soberanía. La única solución era asumir la jurisdicción propia y juzgarlos conforme a nuestras leyes y por nuestros tribunales".
Al conocer la noticia de la muerte de Videla, Zaffaroni pensó en el personaje, y en "lo difícil que deber ser llegar al final de la vida y tener la duda, que no pudo dejar de alimentar, acerca de la falsedad de las racionalizaciones con que preservaba su integridad mental, como tampoco el efecto de ver cómo lo habían usado quienes cuando no les fue más útil le soltaron la mano. En el fondo, creo que el mayor castigo [para Videla] no debe haber sido la cárcel, que me gusta poco a decir verdad, sino haber abrigado la fundada sospecha de que fuerzas e intereses mucho más poderosos lo habían usado y abandonado".
Zaffaroni insiste, como Garzón, en que "en ningún caso son amnistiables delitos contra la humanidad" y asegura que no entiende por qué no se juzgaron los crímenes del franquismo. "No me explico mucho lo que sucede en España, porque han pasado muchos más años, en casi la totalidad de los casos lo único que interesa es un derecho a la verdad y las estructuras no mantienen la fuerza de los años de la Transicion. España ha cambiado, veo muchos libros discutiendo la llamada guerra civil en sus librerías... no entiendo la resistencia a investigar la verdad. Es algo así como la actitud de los turcos respecto de los armenios, pero acaso mas inexplicable, porque esto, por más que hayan intervenido los nazis y los fascistas, en definitiva fue entre españoles y es tiempo de cerrar la herida en serio, lo que solo se consigue con la verdad. En cuanto a la no admisión de la amnistía para delitos contra la humanidad, creo que esta vigente desde antes de los tratados, por efecto del derecho internacional consuetudinario, el llamado jus cogens, por lo cual tampoco creo que se trate de una aplicación retroactiva del derecho".
Carlos Slepoy, abogado personado en la primera causa desde España y en el 'caso Pinochet'
Carlos Slepoy, abogado argentino en aquella causa contra Videla que impulsó Baltasar Garzón desde España, personado también en el caso Pinochet y actual defensor de las víctimas españolas que se han querellado contra los crímenes del franquismo desde Argentina, está convencido de que lo que ha permitido que el dictador Videla muera en la cárcel ha sido la sociedad argentina. “Hubo un sector que nunca se resignó a la impunidad. En España, habiendo muchas más víctimas, 150.000 frente a las 30.000 de la dictadura argentina, también se pactó la impunidad, pero la sociedad empezó a moverse 30 años después de la muerte de Franco. Y de la misma manera que las víctimas argentinas vinieron una vez a España, ahora son las españolas las que van a Argentina a buscar justicia”.
En Argentina, recuerda, pese a las leyes de Obediencia Debida y Punto final, "nunca se dejaron de investigar los robos de niños". "En España ni siquiera se ha planteado investigar los cerca de 30.000 que les arrebataron a madres republicanas", lamenta.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para Latinoamérica
Vivanco cree que el momento más importante de esta larga lucha judicial fue, “sin ninguna duda, el juicio durante la presidencia de Raúl Alfonsín”, en 1985. “Fue devastador. Se hizo en audiencia pública, delante del mundo entero”. “No hay un precedente igual de dictadores sentados en un banquillo con todas las garantías. Ese fue el golpe de gracia. El punto de quiebre que dejó en su sitio a Videla y compañía que actuaron con una crueldad pocas veces vista”. Ese precedente no pudo ejercer toda su potencia, sin embargo, por “el paso de los militares en la sociedad argentina” que llevó al indulto del presidente Menem. Aquel indulto “fue un error histórico, pero la vocación no era reivindicar a la Junta Militar, sino desactivar los temores de los líderes políticos sobre la estabilidad del modelo democrático”. Cuando la Corte Suprema derogó las leyes de amnistía, se pudo “retomar la tarea que se asumió en los ochenta”.
Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina
Gaston Chillier es director del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, uno de los organismos impulsores de las causas por las que fue condenado el dictador y quienes plantearon “la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final” a raíz de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que anuló en 2001 la autoamnistía de Alberto Fujimori en Perú. Pero no solo esa. Ese caso se sumó a partir de mediados de los 90, destaca Chillier, al “desarrollo del derecho penal internacional y la constitución de los tribunales especiales de Yugoslavia y Ruanda, que avanzaron en los principios de que en los casos de lesa humanidad los Estados tienen obligación de castigar a los responsables”. La condena que más le enorgullece de las que cayeron sobre Videla fue la última, en 2012, por “el plan sistemático del robo de niños”. La condena “acredita la responsabilidad de Videla como presidente en una de las prácticas más atroces de la dictadura”.
Ricardo Gil Lavedra, diputado y miembro del tribunal que condenó a Videla en 1985
Este diputado cree que aquella condena es la base de todo lo que vino después. En la historia judicial de Videla, “el momento más importante es el fundacional, no solamente porque lo viví”. Lo que cambió Argentina “fue la decisión histórica del presidente Alfonsín de someterlos a juicio”. “Esa condena siempre fue válida”, recuerda Gil Lavedra. “Lo que ocurre es que Menem le indultó el cumplimiento de la pena”. La descripción del terror sistemático estaba en aquella sentencia. “Establecía que había un plan criminal para secuestrar personas, torturarlas y matarlas. Esos son los desaparecidos".
Diego García-Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Cuando la Corte Suprema argentina anuló las leyes de punto final y obediencia debida citó como precedente la sentencia de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que anuló la amnistía de Fujimori y dijo que los delitos de lesa humanidad no prescribían. Gracias a aquella sentencia “hoy día hay una jurisprudencia sobre amnistías y autoamnistías que ha echado profundas raíces en America Latina”, dice el actual presidente de la CIDH, Diego García-Sayán. “No puedo criticar lo que pasó en España, pero la realidad ha cambiado”, decía en una entrevista reciente con EL PAÍS. “Es muy difícil pensar en situaciones en las que se pueda repetir un abandono de investigaciones en base a amnistías de graves afectaciones a derechos de las personas”. García-Sayán destaca, además, que aquella decisión de la Corte sobre las amnistías “no dio curso a procesos que expresaran la venganza de una sociedad, sino a una justicia con todas las garantías a la defensa y a la pluralidad de instancias. Eso manda una señal de que las sociedades tienen memoria y, a la vez, la señal civilizada y democrática de que frente a esos hechos no se responde con la misma medicina”.
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