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13 de junio de 2013, 06:01Por María Julia Mayoral
Managua, 13 jun (PL) Más de 800 mil familias nicaragüense tienen hoy la total tranquilidad de que seguirán exentas de nuevas tensiones financieras por cobro de electricidad, aunque los precios internacionales de los hidrocarburos van en ascenso.
El Parlamento decidió ayer mantener el subsidio eléctrico para todos los hogares con consumos mensuales inferiores a los 150 kilovatios-hora, equivalentes en estos momentos a más de 800 mil clientes residenciales.
Con el voto en contra de la opositora Bancada Democrática, la Asamblea Nacional fue escenario de un intenso debate que concluyó con la aprobación de las iniciativas propuestas por el presidente Daniel Ortega a favor de los sectores más empobrecidos en esta nación centroamericana.
El Legislativo suscribió las reformas a las legislaciones sobre Estabilidad Energética, Industria Eléctrica y para la Distribución y el uso responsable del servicio público, así como modificaciones inherentes al tema dentro del Código Penal.
Dos diputados liberales y la bancada en pleno del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hicieron posible la decisión con su voto favorable.
Por las normativas aprobadas, las distribuidoras privadas de energía (Disnorte y Dissur) quedaron obligadas a invertir 75 millones de dólares en cinco años, a fin de mejorar el servicio, reducir las pérdidas técnicas en la transmisión de electricidad y las originadas por robo de corriente.
También las disposiciones plantean mantener en la facturación eléctrica la rebaja al impuesto sobre el valor agregado (IVA) para otros hogares con bajos consumos: los que gastan menos de 300 kilovatios-hora mensuales seguirán eximidos del gravamen, y los ubicados entre 300 y 700 solamente pagarán el siete por ciento, cuando el IVA a escala nacional asciende a 15 puntos porcentuales.
Las reformas respaldan sanciones administrativas y penales para los ciudadanos que obtienen energía de forma ilícita; pero las medidas carcelarias solo serían para aquellos con robos probados, cuyas facturaciones mensuales estimadas superen la suma de tres salarios mínimos del sector industrial.
En este último caso estarían los que lleguen a ilícitos calculados en diez mil córdobas al mes (poco más de cuatrocientos dólares), equivalentes unos mil cien kilovatios-hora en ese espacio de tiempo.
Las medidas administrativas para los consumidores menores que incurran en violaciones prevén un llamado de atención en la primera oportunidad y en la segunda deberán abonar un mes de factura adicional en calidad de multa, precisó el diputado Edwin Castro.
Cuando por tercera vez se compruebe la sustracción ilícita de corriente, al implicado se le facturan tres meses juntos y después te pueden cobrar un año entero de multa, explicó.
Según alertó la presidenta de la Comisión de Infraestructura del Parlamento, Jenny Martínez, diputados opositores al FSLN pretenden engañar al pueblo al afirmar que la ley busca llenar las cárceles de ladrones de energía eléctrica.
"Primero, no se crea ningún nuevo delito", estaba tipificado en el Código Penal vigente, lo que se crea ahora es la aplicación de esta figura a un nuevo sujeto: el coautor; es decir, un tercero que te ayuda a realizar la conexión ilegal de energía, esclareció.
Para sancionar con prisión, tiene que comprobarse antes que la sustracción de electricidad sea mayor a los diez mil córdobas (más de cuatrocientos dólares); o sea, la mayoría de la población nunca llega a esos montos, comentó.
Martínez recordó que alrededor del 84 por ciento de los consumidores en el país están en el rango de hasta 150 kilovatios-hora al mes, apenas un cinco por ciento registra facturas superiores a los diez mil córdobas.
Al decir del ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, el subsidio denota la política del gobierno sandinista en favor de los sectores más desprotegidos y una forma concreta de la intervención del Estado en la transferencia de recursos para sustentar el desarrollo económico y social.
Para el funcionario, la medida también debe servir de incentivo al ahorro de electricidad, pues la gente sabe que quienes consumen menos seguirán teniendo un trato preferencial, mediante una tarifa invariable pese al encarecimiento de los costos productivos por el alza del petróleo en el mercado internacional.
En recientes declaraciones a la prensa, Acosta valoró el hecho como un gran aporte a la inclusión económica y a la paz social, en contraposición a concepciones neoliberales que en este caso significaría trasladar automáticamente a los consumidores el incremento financiero asociado a los precios de los hidrocarburos.
ls/mjm |
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