Uruguay conmemora este jueves el aniversario
número 40 del golpe de Estado de 1973, encabezado por el entonces
presidente Juan María Bordaberry (1972-1976), un hecho que dio pasó a
una férrea dictadura durante los siguientes 12 años, hasta 1985,
caracterizada por la persecución política y desapariciones de personas
que pensaran distinto al régimen militar.
Diferentes movimientos sociales, organizaciones defensoras de los
derechos humanos y familiares de víctimas de la dictadura marcharán por
las calles de Montevideo, para exigir “cero impunidad” con los
responsables de los crímenes cometidos durante esa época.
Las actividades programadas para este jueves se llevarán a cabo en
memoria de la huelga general decretada por los sindicatos uruguayos el
mismo día del golpe, la cual duró quince días y fue seriamente reprimida
y condenada por el Gobierno de facto.
Al final de la tarde, en la puerta del Teatro Solís, aledaño a la
sede de la Presidencia uruguaya, se estrenará la serie de documentales:
"Huellas. A 40 años del golpe", realizados por diversos cineastas
uruguayos. La proyección será simultánea en otros auditorios de la
capital.
En tanto, la Televisión Nacional de Uruguay lanzará un ciclo de
documentales sobre el tema, así como también se reestrenará la obra
teatral "Antígona Oriental", protagonizada por expresas políticas y que
intercala el texto clásico de Sófocles con testimonios de víctimas de la
dictadura y sus familiares.
Durante las últimas semanas se han realizado numerosas conferencias y
mesas redondas, donde se ha analizado el golpe impulsado por
Bordaberry, que suprimió las dos cámaras del Parlamento, dando paso a la
dictadura militar y a la persecución política, asesinato y
desapariciones de opositores.
Hasta la fecha, solamente 15 personas han sido procesadas por
crímenes cometidos durante la dictadura, mientras los abogados de las
víctimas rechazan e intentan revertir una reciente decisión de la
Suprema Corte de Justicia (SCJ), que considera que “esos delitos
prescribieron”.
El Parlamento aprobó en 1989 la Ley de Caducidad, una especie de ley
de amnistía para los que cometieron crímenes en aquella época. La norma
fue ratificada por la población en dos referendos, en 1989 y 2009.
A inicios de este año, la SCJ declaró inconstitucional esa ley, pero
solamente para un caso concreto, afirmando que viola el principio de no
retroactividad establecido en la Constitución, pues el delito de lesa
humanidad fue incorporado a la legislación uruguaya recién en 2006.
Desde entonces, en la mayoría de los casos pendientes, la defensa de
los militares acusados ha presentado recursos ante la SCJ para que se
pronuncie de la misma forma, hecho que ha retrasado las investigaciones
en curso.
En 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Uruguay
investigar y juzgar los delitos de la dictadura, cuestionando la
reciente decisión de la SCJ uruguaya.
La dictadura
La dictadura uruguaya se extendió desde el 27 de junio de 1973 hasta
el 28 de febrero de 1985, con un Gobierno de facto que decretó la
prohibición de los partidos políticos, la ilegalidad de los sindicatos y
la persecución y encarcelamiento de los opositores.
Entre 2000 y 2003, la Comisión para la Paz investigó los crímenes de
la dictadura y determinó que la dictadura dejó 38 desaparecidos, aunque
en Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de ciudadanos
uruguayos; en Chile ocho más; en Paraguay otras dos, y en Brasil una.
Asimismo, la Comisión reveló que la mayoría de los crímenes iban
ligados a detenciones masivas y prolongadas de miles de opositores, pues
se contabilizaron al menos seis mil presos políticos.
Tema anterior
