24 de julio de 2013, 02:09Bogotá, 24 jul (PL) La dirigente colombiana Clara López denunció la falta de garantías para el ejercicio de la oposición en el país y los atropellos de que viene siendo objeto el Partido Polo Democrático Alternativo, que encabeza.
En una misiva dirigida al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, señala que la situación es preocupante "cuando estamos a las puertas de un proceso electoral que culminará con la elección del Congreso y el presidente de la República en los meses de marzo y mayo de 2014, respectivamente".
Estamos haciéndole un llamado al presidente de la República, aduce, para que la confrontación política en el debate electoral, donde seguramente él se presentará a la reelección, se inicie de manera civilizada y respetuosa con sus contradictores.
Para eso solicitamos sus buenos oficios (los del secretario general de ONU), expresa.
En la carta, dirigida también al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, López cita, como prueba de la falta de garantías para la oposición, las recientes acusaciones de Santos y el ministro del Interior, Fernando Carrillo, contra el senador por el Polo, Jorge Enrique Robledo.
Ambos lo acusaron de estar detrás de los paros de los campesinos en el Catatumbo y de los mineros, a quienes incitaban a la violencia, reseña. Primero lo hizo el presidente aludiendo a un senador responsable de esos hechos, sin mencionar el nombre.
Minutos después, Carrillo lo hace aludiendo directamente a Robledo, precisa.
Candidata a la presidencia por el Polo en los comicios de 20014, Lopez considera esta acusación de particular gravedad, "en un país como Colombia, con múltiples ejemplos de violencia política instigada por las autoridades, particularmente contra los sectores de la izquierda democrática".
Señalamientos de ésta naturaleza, recuerda, "han llevado al asesinato de dirigentes y candidatos presidenciales de oposición a lo largo de nuestra historia republicana".
Basta señalar, añade, los casos de Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliecer Gaitán y, más recientemente, el genocidio político de los miembros de la Unión Patriótica (UP), reconocido por el Consejo de Estado en reciente fallo.
Unido a ello, el asesinato del presidente de la UP y candidato presidencial Bernardo Jaramillo, en un atentado pocos días después de los señalamientos estigmatizantes del ministro de Relaciones Exteriores de la época".
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