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| El fallo del Consejo de Estado que revive la Unión Patriótica le ofrece otra avenida potencial a la participación política de las Farc que se discute actualmente en la Habana. Foto: AP |
El fallo del Consejo de Estado que revive la Unión Patriótica llega en un momento crucial para la izquierda. La pregunta es si servirá de sombrilla jurídica para que la coalición que se está gestando florezca o si será lo que faltaba para dividirla aún más y sepultar sus opciones de poder.
El Consejo de Estado tumbó un decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral en 2002, después de que la Unión Patriótica obtuvo 1.185 votos para Cámara, y ninguno para Senado o las presidenciales porque el partido físicamente no tenía candidatos. Más de cuatro mil de ellos habían sido asesinados. Como nadie salió elegido y tampoco consiguió los 50 mil votos necesarios para existir, el partido perdió la personería jurídica y desapareció del mapa político.
Ayer el Consejo de Estado ratificó que el partido político, que surgió en 1985 de los Pactos de la Uribe entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancur, fue sometido a una persecución sistemática y que si en 2002 no obtuvo la votación requerida fue por esas circunstancias. Y que precisamente por este contexto, el CNE ha debido utilizar un rasero diferente al que utilizaba con los demás partidos.
“Ese movimiento afrontaba una grave crisis de supervivencia debido al exterminio que por cuenta de manos oscuras al margen de la ley venían siendo víctimas sus dirigentes, militantes y candidatos”, precisó a El Espectador el presidente del alto tribunal al explicar la decisión.
La noticia fue un reconocimiento importante del Estado de que el genocidio político de la Unión Patriótica efectivamente ocurrió y la decisión es en sí misma una reparación simbólica a sus víctimas y familiares. También es un mensaje alentador para el ejercicio de la oposición política en el país.
Para el Gobierno, además, significa un peso menos en la negociación con las Farc. Revivir este partido era uno de los puntos que habían pedido las Farc en el marco de la negociación y era una petición que no era fácil de conceder. Porque requería una reforma constitucional y en todo caso, los sobrevivientes y directivos de la UP habían dicho explícitamente que no querían que nadie se apropiara de su vocería en la Habana.
Más allá de la reivindicación simbólica que representa este fallo para los militantes de la UP, la pregunta es qué implicaciones políticas prácticas tendrá, sobre todo con miras a las elecciones del 2014. La respuesta no es unánime.
Hoy por hoy la Unión Patriótica está conformada por un grupo pequeño de personas sin mayores posibilidades políticas y que además, están divididas.
Como contó La Silla a comienzos de 2011 cuando se planteó la posibilidad de que resucitara la UP, en este movimiento hay un grupo mayoritario conformado por los últimos directivos del Partido, más cercano al Partido Comunista, que querían revivir el movimiento como una forma de reparación simbólica para las víctimas del genocidio y que habían enfilado sus esfuerzos en ganarle al Estado una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está en curso.
En este grupo están Omer Calderón, el actual presidente de la Unión Patriótica, Jahel Quiroga, la directora de la ONG Reiniciar y quien ha liderado la demanda ante la Cidh; la exconstituyente Ayda Abella, entre otros.
Este grupo, en cabeza de Mario Upegui, demandó en 2003 la decisión del Consejo de Estado y la perdió en diciembre del 2010 cuando la Sección Primera del Consejo de Estado, con una ponencia del magistrado uribista Marcon Antonio Velilla, ratificó la decisión del Consejo Nacional Electoral.
La otra facción, que es minoritaria, está liderada por Sebastián Gonzáles, quien estuvo en la UP desde su fundación en 1985, pero que desde finales de los noventa se peleó con las directivas del partido y apoyó las aspiraciones de Horacio Serpa en 1998. Luego fue la cabeza de lista al Senado del ex magistrado de la Corte Constitucional Jaime Araújo y también se quemó.
En el 2010, Araújo se lanzó a la Presidencia por el movimiento Alianza Social Afrocolombiana y después de perder, decidió interponer junto con González y Jeritza Merchán, una investigadora sobre la UP, una segunda demanda ante el Consejo de Estado pidiendo revocar la decisión de quitarle la personería jurídica al partido. Araújo nunca había sido de la UP pero dijo en ese momento que interponer esa demanda era un compromiso que él había hecho durante campaña con militantes de la UP. La idea de Araújo era que el Consejo de Estado reviviera la UP a tiempo para las elecciones del Congreso del 2012.
Esa fue la demanda que se ganó ayer.
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