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30 de julio de 2013, 12:24Por Orlando Oramas Leon
 La Habana, 30 jul (PL) "Se trata de un asunto bilateral entre Estados Unidos y Cuba". La frase, devenida muletilla, resulta el argumento principal con que los funcionarios del gobierno estadounidense pretenden justificar el bloqueo contra La Habana.
Esas pocas palabras esconden o disfrazan el cerco económico, comercial y financiero más largo de la historia, más de medio siglo, con el que la Casa Blanca ha pretendido doblegar a la pequeña y vecina isla.
Así se pretende evadir el masivo y contundente rechazo mundial a una práctica que castiga también a terceros países, empresas y ciudadanos por sus nexos con la isla del Caribe.
Para muestra un botón: en noviembre pasado la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución de condena al bloqueo con el respaldo de 188 países.
Solo Estados Unidos, Israel y Palau votaron en contra y apenas Islas Marshall y Micronesia se abstuvieron.
Se evidenciaba que Washington se aísla cada vez más en su política de hostilidad permanente contra La Habana.
No habría que argumentar mucho sobre el voto israelí, el aliado y punta de lanza de la mayor potencia del planeta en el Medio Oriente.
Palau, Islas Marshall y Micronesia son pequeños territorios insulares dependientes del poder estadounidense y sometidos a presiones y chantajes.
Por el contrario, numerosos oradores en representación de organismos como el Movimiento de Países No Alineados, el Grupo de los 77 más China, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, MERCOSUR y la Conferencia de la Cooperación Islámica explicaron su voto a favor del texto.
Muchos otros países lo hicieron a nombre propio: Venezuela, México, Ecuador, Chile, Bolivia, amén de voces de diversos continentes.
Llamó la atención el discurso del embajador boliviano, quien comparó la política de asfixia de Estados Unidos con la solidaridad practicada por Cuba contra otros pueblos, incluido el suyo.
"Es un asunto bilateral", repitió a falta de razones el representante estadounidense, quien obvia que el bloqueo califica como acto de genocidio en virtud de la Convención de Ginebra de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Basta decir que un país pequeño como Cuba ha sufrido perdidas por un billón 66 mil millones de dólares, según cifras conservadoras.
Además, la resolución aprobada subrayó la importancia del respeto estricto de los principios de la Carta de la ONU, entre ellos la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales.
También mencionó las declaraciones de las cumbres iberoamericanas sobre la necesidad de eliminar la aplicación unilateral de medidas de carácter económico y comercial contra otro Estado que afecten al libre desarrollo del comercio internacional.
Asimismo, expresó preocupación porque Estados miembros de la ONU continúan la promulgación y aplicación de leyes y disposiciones como la llamada Ley Helms-Burton de 1996.
En tal sentido exhortó a abstenerse de promulgar ese tipo de normas que tienen efectos extraterritoriales y afectan la soberanía de otros países, los intereses legítimos de entidades o personas bajo su jurisdicción y la libertad de comercio y navegación.
Por el contrario, el gobierno estadounidense, cual juez y verdugo mundial, aprieta cada vez más las tuercas del cerco a Cuba a través de la Oficina para el Control de los Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado.
Cual expresión de la extraterritorialidad de su política anticubana, la OFAC multó a uno de los bancos más importantes de Italia, el Intesa Sanpaolo S.p.A, que debió pagar casi tres millones de dólares por procesar transferencias bancarias a Cuba entre los años 2004 y 2008.
No es este el único ni el último caso de castigo a terceros, cual confirmación de que Washington dedica cuantiosos recursos humanos y materiales a perseguir los nexos de Cuba con el mundo.
Como si fuera poco, el pasado 22 de julio la OFAC volvió a multar a otra entidad por violar el bloqueo contra Cuba, esta vez con 5 millones 226 mil 120 USD, la mayor en lo que va de año.
La punición fue para American Express Travel Related Services Company, una de las principales agencias turoperadoras de aquel país.
Para esta firma se trata de la segunda multa en menos de un mes y la quinta, en lo que va de año.
La explicación es obvia: Estados Unidos vigila y castiga a sus propios ciudadanos por viajar a la vecina isla.
En el afán insatisfecho de dañar a los cubanos, el gobierno norteamericano desoye el clamor internacional, incumple sus obligaciones internacionales y llega al extremo de afectar los derechos de los estadounidenses y de ciudadanos de todo el mundo.
No se trata entonces de un asunto entre dos.
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