Lanata también fue denunciado El periodista hizo su programa desde Tucumán y dijo que fue víctima de persecuciones y espionajes. Antes, lo acusaron de plagio porque en la columna que escribió sobre los Moyano en Clarín había algunos párrafos textuales de un libro de dos periodistas. La explicación del diario y la polémica en Twitter
El diario Clarín lo explicó como un “error de edición”. En Twitter no le creen y crearon el hashtag #Lanatachorro. Todo porque Jorge Lanata, en la primera nota que publicó en el diario de Ernestina de Noble, usó sin citar algunos párrafos textuales del libro “El del camión”, de los periodistas Emilia Delfino y Mariano Martín.
El propio Martín fue quien denunció el plagio en Twitter. Luego de eso, y varias horas después de que la nota fuera publicada, Clarín publicó en la una fe de erratas donde explicaba que por un “problema de edición” no apareció junto a la nota firmada por Lanata un recuadro con las citas.
"Por un error de edición, ayer quedó fuera de página en la columna de Jorge Lanata un recuadro donde se consignaba que algunos , como los referidos a la relación de Moyano con su madre, habían sido tomados del libro El hombre del camión, de Emilia Delfino y Mariano Martín, editado en noviembre de 2008 por Sudamericana", decía la aclaración.
En su cuenta de Twitter, el periodista Mariano Martín dio a entender que amigos de Clarín le confirmaron que el recuadro no incluido por un error de edición, en el que se citaba a su libro, jamás existió y fue una medida posterior para salvar lo evidente.
Presiones en Tucumán
En tanto, Lanata hizo ayer su programa Periodismo para Todos desde Tucumán, adonde viajó a Tucumán para realizar un informe sobre la situación política y social de la provincia que gobierna el kirchnerista José Alperovich, y lugar en donde se prohibió la transmisión del ciclo PPT por televisión abierta.
En ese marco, Lanata denunció persecuciones y espionaje por parte del gobierno provincial. "Desde que llegamos a Tucumán nos están siguiendo, nos preguntaron dónde íbamos a estar", explicó el conductor, que realizó el programa desde un comedor comunitario.
Luego, agregó: "Fue raro, no me gustó nada esa sensación de dictadura, se murió mucha gente y se peleó mucho para que eso dejara de pasar. Estamos en un gobierno democrático déjennos tranquilos".
Buenos Aires, 25 de noviembre (Télam).- El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anunciará mañana que asumirá la defensa de los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Veiras, Javier Vicente, Edgardo Mocca y Orlando Barone, quienes fueron denunciados penalmente por el Grupo Clarín por "incitación a la violencia colectiva y por coacción agravada".
La decisión fue difundida por medio de un comunicado de prensa firmado por su presidente, Horacio Verbitsky; su secretario, Damián Loreti, y su director ejecutivo, Gastón Chillier, en el cual se informa que mañana se hará una conferencia a las 17 en su sede ubicada en Piedras 547.
El CELS afirmó que "no es menos grave el amordazamiento de la libertad de expresión cuando lo intenta una poderosa empresa privada que si proviene del Estado", dado que "para una y otro rige la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su artículo 13, exige el respeto a la libertad de pensamiento y de expresión".
Por este motivo, el CELS -que ha representado a Eduardo Kimel, Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en causas iniciadas por funcionarios del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo- "hará lo propio ahora con los periodistas a los que el Grupo Clarín pretende intimidar por afirmaciones hechas en ejercicio de derechos constitucionales indiscutibles".
En ese sentido, la organización de derechos humanos agrega que "como han sido suprimidas las figuras de calumnias e injurias en un caso de ostensible interés público, acuden a dos tipos del Código Penal que no fueron concebidos para reprimir el pensamiento y la expresión, lo cual resalta el absurdo de la intención persecutoria" (Télam).
Figuras destacadas que trabajan en distintos medios repudiaron la presentación judicial que el Grupo Clarín realizó contra varios periodistas. “Quiero marcar mi disidencia con esta denuncia. No comparto y lo digo desde la posición de la expresión de libertad con la que contamos en este medio”, sostuvo Nelson Castro. Sus colegas Chiche Gelblung, Ernesto Tenembaum y Jorge Rial también criticaron la medida. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) reclamó que la denuncia sea retirada.
El rechazo generalizado de la prensa a la demanda que hizo Clarín contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente, Nora Veiras, Orlando Barone y Edgardo Mocca también fue expresado por voces destacadas que se desempeñan en el mutimedios. Durante su programa en Radio Mitre, Nelson Castro afirmó su “disidencia con esta denuncia”. Dijo que a pesar de haber sido “víctima de escraches, insultos en la calle y campañas de difamación realizadas por organizaciones” que responden al oficialismo, desea que la empresa “desista” con la acción legal. Chiche Gelblung coincidió: “Hay una denuncia de Clarín que yo no comparto, me parece que si uno denunciara todas las cosas...”. También hizo público su repudio el periodista Ernesto Tenembaum, quien reflexionó que “los que creemos en la libertad de expresión creemos que debe ser respetada siempre”. Concluyó que “si uno sabe la trayectoria de uno, sabe que va a repudiar o rechazar lo que hizo Clarín, trabaje para quien trabaje”.
Por su parte, el conductor de televisión Jorge Rial pidió a través de su cuenta de Twitter “que ninguna diferencia nos lleve a no repudiar las amenazas de Clarín a periodistas”. Argumentó que “la opinión es mejor que el silencio”.
Distintas organizaciones que reúnen a trabajadores de los medios condenaron el accionar de Clarín. El Consejo de Administración de Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (Dypra) consideró que “perseguir a periodistas por las opiniones” es una “inaceptable presión al libre ejercicio de la profesión”. Lo encuadraron en “una antigua práctica autoritaria y antidemocrática por parte de quienes sienten que detentan el poder real en nuestra Argentina”. Fopea emitió un comunicado donde solicita al grupo que “retire la denuncia hecha contra los periodistas” e insta a la Justicia a que “de no ser retirada la demanda, la rechace basándose en los principios de los Tratados Internacionales a los que la Argentina suscriba”.
Entre quienes salieron a repudiar la presentación, la mayoría consideró que atentaba contra la libertad de expresión. Las críticas al Grupo Clarín se centraron en que sólo buscar mantener su posición predominante en el mercado.
Ministros, gobernadores, funcionarios, legisladores y dirigentes sociales criticaron duramente la denuncia penal del Grupo Clarín contra periodistas y funcionarios, afirmando que la presentación judicial “atenta contra la libertad de expresión”, y acusan al grupo multimedios de intentar sostener por cualquier medio su “posición hegemónica”. Los dirigentes opositores, salvo escasas excepciones, prefirieron el silencio.
- Alicia Kirchner (ministra de Desarrollo Social): “Es un intento de censura por la vía judicial que atenta contra la libertad de expresión, la misma libertad de expresión que, falazmente, la empresa monopólica dice que la ley de medios coarta. Esto pone en evidencia que a Clarín no le interesa en absoluto la libertad de prensa, ni los valores republicanos. Clarín cree que puede aplicar las leyes a su antojo; tiene que entender que la época en que ponía y sacaba presidentes se terminó en 2003”.
- Agustín Rossi (bloque diputados del FpV): “Reafirma lo que venimos diciendo desde hace tiempo: al Grupo Clarín no le interesa en absoluto la libertad de prensa y de expresión. Sólo le interesa mantener la situación hegemónica que ostenta en el campo de la comunicación, a partir de su situación dominante en el sistema de medios. Quienes creemos firmemente en la democracia como forma de vida debemos estar muy atentos: Clarín está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de defender sus intereses”.
- Carlos Heller (diputado Nuevo Encuentro): “Se trata de una avanzada antidemocrática contra trabajadores de prensa, legisladores y funcionarios públicos motorizada desde un grupo económico al que, evidentemente, sólo le interesa seguir conservando un papel monopólico en el mercado de la comunicación audiovisual. Resulta absurdo que quienes debieran defender a los trabajadores de prensa sean quienes los persigan e intenten llevarlos a la cárcel simplemente por expresar sus opiniones”.
- Omar Plaini (diputado FpV-Sindicato de Canillitas-CGT moyanista): “Más allá de las opiniones de los periodistas, estamos en un Estado democrático, tenemos el derecho cada uno de los ciudadanos a expresarnos. Esperemos que la Justicia actúe rápidamente y no permita que esto avance. Desde ya, mi solidaridad con los periodistas. Este es otro atropello de la empresa, a los que estamos acostumbrados los vendedores de diarios”.
- Hugo Yasky (secretario general de CTA): “Denunciar por incitación a la violencia a quienes tienen que hacer cumplir la ley, o a los periodistas que cubren y analizan tales noticias, además de ser un ataque a la libertad de expresión constituye un exabrupto que no persigue otra cosa que seguir embarrando la cancha a medida que nos acercamos al 7D. Las denuncias judiciales del Grupo Clarín son una nueva muestra de sus arrebatos en el intento de impedir que se cumpla plenamente la ley”.
- Daniel Filmus (senador FpV): “La denuncia que acaba de realizar el Grupo Clarín contra periodistas y funcionarios desnuda que el interés de este grupo mediático es frenar la aplicación de la ley de medios y conservar sus privilegios. En un ataque flagrante a la libre expresión, lo que quiere Clarín es amedrentar a quienes piensan distinto y ejercen ese derecho desde la función pública o desde su tarea de periodistas”.
- Gabriel Mariotto (vicegobernador de Buenos Aires): “Estas medidas intempestivas, autoritarias, realmente las advierte todo el mundo. Un medio de comunicación que quiere poner presos a periodistas porque opinan distinto a su línea editorial me parece absurdo. Esta denuncia habla a las claras del concepto que tiene el grupo de democracia y de libertad de expresión. Esta acción judicial me parece absurda y muestra a las claras el perfil que tiene este grupo monopólico”.
- Sergio Urribarri (gobernador de Entre Ríos): “Estamos asistiendo a los últimos días de un imperio mediático construido desde las sombras, que ha encontrado una resistencia inconmovible en un gobierno democrático que, representando al pueblo y sus intereses, ha decidido que en la Argentina el poder está en la gente y no en los poderes ocultos, por definición, contrarios a la democracia. Esta acción indica la voluntad (del Grupo Clarín) de cercenar voces y opiniones que no sean las propias”.
- Gustavo López (subsecretario general de la Presidencia): “La denuncia efectuada por la empresa periodística por el presunto delito de incitación a la violencia pone negro sobre blanco en cuanto a que la única intención de Clarín es silenciar las voces que no puede controlar, para imponer una democracia condicionada. A la presión a la Justicia, al Consejo de la Magistratura, a los partidos políticos y a la manipulación informativa, se suma ahora la denuncia a los periodistas, que forma parte del mismo esquema: maniatar a la democracia y gobernar desde los poderes fácticos”.
- Victoria Donda (diputada Libres del Sur-FAP): “Me parece muy mala señal para el conjunto de nuestra sociedad, tanto la agresividad del gobierno nacional para el Grupo Clarín y algunos periodistas como intentar judicializar, como está haciendo Clarín con esta demanda, una simple discusión o posición política de quien sea, tanto de periodistas, funcionarios o cualquier ciudadano”.
- Mario Oporto (diputado FpV): “Desde 1983 no ha habido por parte del Estado, ni de las empresas periodísticas de la Argentina, ningún plan tan extremo para silenciar trabajadores de prensa. Hasta ahora habíamos tenido debates ideológicos públicos, pero, aun en el desacuerdo, nadie había considerado pasar de la discusión al terreno de la censura, la mordaza judicial o la cárcel. La denuncia penal del Grupo Clarín contra los periodistas es un ataque inédito a la libertad de expresión”.
Desde el punto de vista jurídico, la presentación del Grupo Clarín es confusa y sibilina a la vez. Denuncia un hecho grave, que concierne a un universo vasto de potenciales víctimas. Lo encuadra en un delito, “la incitación a la violencia colectiva”, que no requiere daño concreto o consecuencia visible alguna para tipificarse. O sea, se comete con la sola acción. En el caso, la acción es el uso de la palabra. O sea, Clarín busca criminalizar la opinión o la información.
En la Argentina, como consecuencia de décadas de lucha de militantes, periodistas y organismos defensores de derechos humanos, se han despenalizado el desacato, las calumnias y las injurias. Los abogados denunciantes quieren burlar esos avances, valiéndose de un atajo argumentativo.
Es un precedente infausto e inédito. Jamás un medio de difusión, en un período democrático, procuró condenas contra periodistas por delito de opinión. Un record para las peores páginas del Guinness.
La presentación es insostenible jurídicamente. Políticamente es una provocación y un intento de amedrentar.
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Los fines y los medios: El discurso procesal no se sostiene. Mediáticamente podría ser otra cosa.
El confuso relato de los letrados mezcla, sin plan ni seriedad, a funcionarios públicos con periodistas supuestamente oficialistas. Los ubica en un mismo rango, los entrevera. Se agregan a la alquimia dos espacios de la tevé pública que escandalizan a las corporaciones mediáticas: el programa 6, 7, 8 y el Fútbol para Todos.
Esa mescolanza de tópicos, esa versión berreta de “Cambalache”, puede servir para lanzar al aire teorías conspirativas, jugando con la aquiescencia o la distracción del público. La cadena privada de medios lo hace día tras día. Pero no basta para plasmar un cargo penal, que exige un rigor particular.
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El Gran Diario no hablaba de ti: Lo fundamental está en el expediente, es tan brutal que los adjetivos sobran. Pero es interesante una recorrida por el contexto. Clarín –que no carece de canales de tevé, radios ni diarios– guardó silencio sobre una denuncia tan resonante. Rehusó esa información a sus lectores, oyentes o televidentes. La mantuvo en la clandestinidad. Y se tomó más de 24 horas para responder desde que se conoció la noticia por la primera fuente de divulgación, el diario Tiempo Argentino.
En términos periodísticos, un día es una eternidad. La lentitud trasunta una gran dificultad para explicarse, para dibujar un argumento o un atenuante. Algo parecido (aunque el lapso de silencio fue mucho más breve) ocurrió cuando la Corte Suprema le puso término a la medida cautelar que suspendía la vigencia parcial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La reacción del sistema democrático ante sus actos lentifica al mayor multimedios del país, lo deja sin reflejos.
Las primeras respuestas, diríase defensas, de los abogados acusadores fueron pobres y confusas. Hugo Wortman Jofré atendió parte de la requisitoria periodística. No pudo salir airoso ni siquiera cuando habló de local, en una radio del Grupo. No es un as expresándose, pero su problema finca en la ausencia de razón, no de labia.
Alegó que no había denuncia a los periodistas sino que pedía que se los citara como testigos. Pero, ay, el texto del escrito lo desmiente. Los colegas están mencionados en plan de paridad con funcionarios, legisladores y militantes kirchneristas a quienes se sindica como autores de la campaña.
Wortman adujo que si los periodistas testificaran que expresaron opiniones desistirá a su respecto. La incongruencia es patente. De la declaración testimonial no podría desistir, ya que estaría cumplida. Y de la denuncia, si sus dichos son veraces, no tendría cómo... porque nunca la formuló. En fin, es difícil justificar lo injustificable y borrar con la voz lo que está agregado al expediente.
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El infierno está en los detalles: Volvamos a un detalle, nada menor. Los letrados, profesionales de larga trayectoria, pretenden ser ambiguos en algo esencial: los mencionados ¿son testigos o sospechosos? Wortman Jofré pareció decir (no es tan sencillo traducirlo al castellano coloquial) que se les pediría testimonio y ahí se vería. Pero el derecho penal tiene sus bemoles. No se puede juguetear con la ambigüedad. Si el juez les hiciera caso a los abogados denunciantes, enfrentaría una encrucijada con solo dos malos desemboques posibles. Si convocara a los periodistas como imputados, les estaría atribuyendo un delito de opinión. Si los citara como testigos (con juramento de decir la verdad bajo apercibimiento de falso testimonio) los pondría en riesgo de autoincriminarse. De violar, nada menos, la garantía de no estar obligado a declarar en su contra.
Aunque su lenguaje es abstruso, la denuncia tiende a ubicar a los periodistas (tanto como a los funcionarios) en el rango de imputados. Atribuye la peligrosa campaña a “instigadores” y “determinadores”. No hay motivo para usar esas dos palabras, legalmente son sinónimos. “Propaladores”, que es como se sindica a los periodistas, solo puede equipararse a los instigadores en la jerigonza de la denuncia.
Todas las manifestaciones de los compañeros periodistas que reseña el escrito son, permítase la expresión, puras palabras. Ninguna propone hecho de violencia alguno.
Ni siquiera el alucinado escrito acusatorio propone que incurrieron en algún comportamiento que excediera la enunciación de ideas.
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Acechanzas y trayectorias: Es un deber expresar la solidaridad con todos los compañeros periodistas. Algunos de ellos, Roberto Caballero, Orlando Barone y Javier Vicente, trabajan en otros medios. Edgardo Mocca colabora asiduamente en este diario. Este cronista comparte con Sandra Russo y Nora Veiras, desde hace una pila de años, el orgullo y el desafío cotidiano de laburar en la redacción de Página/12. Un diario que sólo se editó (que sólo es concebible) en democracia. Que bregó siempre en defensa de los derechos humanos, por la búsqueda de verdad y justicia, contra la penalización de los delitos de opinión. Y que sigue defendiendo esas causas, la lucha contra la violencia policial y de género, la batalla por el aborto legal y gratuito para todas las mujeres, sin agotar la nómina. Vale dedicarles desde esta columna un abrazo especial a Sandra y Nora, tanto como a la casa que nos da espacio, libertad e inspiración. También subrayar la importancia institucional y la trayectoria formidable del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que albergó ayer un gran momento de las luchas democráticas (ver nota principal).
Para todos los colegas, laburantes ellos, es duro y hasta doloroso afrontar una acusación penal. Intimida, preocupa a las familias, los compañeros y los amigos. Es flagrantemente injusto y prepotente. El juez y el fiscal de la causa tienen a mano la posibilidad (el deber, por mejor decir) de archivar la causa cuanto antes. Y la potestad de sancionar la malicia de los denunciantes. Si lo hacen, por una vez, los tribunales impartirán justicia.
La sala de conferencias del CELS quedó chica ante la gran asistencia. Horacio Verbitsky anunció que el organismo asumirá la defensa jurídica de los denunciados. Esperan que el juez Rodríguez determine que no hay delito.
Por Ailín Bullentini
“Nunca nos pareció esta sala tan pequeña como hoy”, graficó el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el periodista Horacio Verbitsky, la muy excedida capacidad de la sala de prensa del organismo. Decenas de hombres y mujeres quedaron afuera del espacio en el que Verbitsky y el secretario de la entidad, Damián Loreti, confirmaron que los periodistas de Página/12, Tiempo Argentino, el programa 6,7,8 y un relator de Fútbol para Todos que fueron denunciados por el Grupo Clarín –en una demanda presentada ante la Justicia el jueves pasado por el delito de incitación a la violencia y coacción agravada– contarán con la defensa jurídica del CELS “porque consideramos la intimidación al periodismo y a la libertad de expresión igual de grave si la ejerce el Estado que si la ejerce Clarín”. Ante representantes de organismos de derechos humanos, y con el apoyo de varios colectivos de trabajadores de prensa que fueron leídos durante la conferencia, Verbitsky calificó la “aclaración” que el abogado del multimedios Hugo Wortman Jofré se encargó de realizar en programas radiales matutinos ayer –en los que insistió en que los periodistas no habían sido demandados sino citados como testigos (ver recuadro)– como “una marcha atrás, un retroceso”: “Los periodistas están denunciados. Hay una contradicción flagrante entre esta desmentida y la denuncia judicial”, concluyó.
“No hacemos otra cosa que continuar con una tradición del CELS”, rompió el hielo el presidente del organismo, flanqueado por Loreti, el director ejecutivo de la entidad, Gastón Chillier, y los periodistas denunciados Sandra Russo, Nora Veiras, Roberto Caballero, Orlando Barone, Edgardo Mocca y el relator Javier Vicente. Verbitsky hizo referencia a casos en los que, años atrás, el organismo defendió a periodistas como Eduardo Kimel, Jorge Fontevecchia o Héctor D’Amico en casos similares. En esta ocasión es una empresa y no el Estado, como en aquellos casos –el Poder Judicial en el caso de Kimel; el Poder Ejecutivo en el de Fontevecchia y D’Amico–, quien demanda, y los delitos implican muchos más años de prisión, con el desacato y la calumnia e injuria fuera de juego cuando se trata de cuestiones de interés público.
“Pensamos que la intimidación al periodismo y a la libertad de expresión es igual de grave si la ejerce el Estado que si la ejerce una gran empresa, en este caso el Grupo Clarín”, remarcó el columnista de Página/12, quien adelantó que la entidad que preside representará la defensa de los periodistas denunciados. “Denunciados”, dijo, pese al intento de desmentida que significó la recorrida del abogado Wortman Jofré por programas radiales matutinos. “El Grupo Clarín dice que no ha pedido un castigo contra los periodistas, que no están imputados sino sólo citados como testigos. Esto es claramente una marcha atrás, un retroceso”, respondió Verbitsky ayer durante la conferencia de prensa.
De acuerdo con la lectura que el CELS hizo de la demanda que el grupo presentó ante el juez federal Luis Rodríguez, “los periodistas son mencionados como propaladores del mensaje oficial, colocados en pie de igualdad con funcionarios del gobierno nacional como Carlos Zannini, Martín Sabbatella, el diputado Edgardo Depetri, el legislador porteño Juan Cabandié y militantes, el director del Haroldo Conti, Eduardo Jozami, denunciados por incitadores a la violencia y coacción agravada. Hay una contradicción flagrante entre esta desmentida y la denuncia judicial”, entendió Verbitsky. Por su parte, Loreti agregó: “En la denuncia, los periodistas y funcionarios aparecen en los mismos párrafos y en los mismos capítulos, en las mismas condiciones y características”.
Russo, Veiras, Caballero, Barone, Mocca y Vicente figuran en la denuncia tanto como los dichos por los que se los denuncia, punto en el que radica justamente el objetivo del grupo empresario, según el presidente del CELS. “Las citas concretas en el propio escrito de Clarín son la mejor prueba de que lo que hoy dijo el abogado de Clarín es mentira. Los han citado, los han denunciado. Están acusados y por eso defenderemos a los compañeros de esta intimidación, los acompañaremos a su declaración y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que no se pueda concretar el objetivo intimidatorio de esta denuncia”, mencionó. Sin embargo, la estrategia, por ahora, será esperar. “Creemos que es importante agotar todas las instancias judiciales para que el juez diga que acá no hay ningún delito ya que criminalizar esto sería avanzar contra la libertad de expresión”, sostuvo Chillier.
“A poco de leer los propios dichos que les atribuyen a los compañeros en la denuncia es absolutamente idóneo que ninguno de ellos haya dicho nada que pueda parecerse a una incitación a la violencia ni que tampoco de lo dicho resulte que haya un caso de amenazas agravadas o coacción agravadas, que es obligar a otro a hacer algo en contra de su voluntad limitando su capacidad de autodeterminación y su libertad”, explicó Loreti en referencia a la posibilidad de que alguno de los periodistas denunciados esté efectivamente violando los artículos 212 o 149 bis del Código Penal (incitación a la violencia o coacción agravada, respectivamente) citados en la denuncia. “Lo que hay son comentarios sobre la realidad cotidiana, lo cual implica la puesta a disposición de la Justicia de dichos de periodistas por su sola visión de quienes profesionalmente opinan o informan, lo cual es particularmente grave en el estado de derecho en el que vivimos”, concluyó el especialista en derecho a la información.
Tras la explicación de sus, desde ayer, defensores, los denunciados expresaron de diversas maneras un mensaje de agradecimiento. Primero, al CELS por asumir su defensa. Pero el gracias se hizo extensivo porque la presencia y el apoyo también lo fueron. Tati Almeyda y Marta Vázquez, de Madres de Plaza de Mayo; Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo; Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas; y Padres de Plaza de Mayo estuvieron presentes en la conferencia. Varios colectivos de trabajadores de medios de prensa, incluidos los de TN y Canal 13, enviaron adhesiones de solidaridad y rechazo a la denuncia de Grupo Clarín.
Vicente devolvió el gesto. Veiras entendió la respuesta mancomunada como la demostración de que por más que enfrente estén corporaciones más que poderosas, cuando se defienden cuestiones con racionalidad y con fundamentos, esos supuestos poderosos, con sus poderosos abogados y todo, “deben retroceder y hacer papelones públicos como el de ayer”, en referencia a las declaraciones de Wortman Jofré. Russo, en tanto, opinó que “por primera vez la corporación chocó contra el periodismo y esto tiene que ver con la libertad de todos”. “Los que querían usar el Código Penal como garrote para disciplinar la opinión nuestra hoy (por ayer) han sido derrotados en esta conferencia de prensa”, sostuvo Caballero. Mocca, en tanto, finalizó: “Tenemos fuerza, esto nos revela que estamos más fuertes hoy que antes de la denuncia”.
Mucho menos fácil debe ser para los esclavos de clarin....claro está..., nunca escuché la voz de la izquierda inmanente alzada a favor de la libertad de prensa que les compete...también a ellos.
No represento a nadie, pero sé que somos muchos, muchísimos los escritores y escritoras, periodistas e intelectuales que sentimos la necesidad de subrayar nuestro absoluto e incondicional repudio a la sin dudas inconstitucional y antidemocrática demanda penal que ha presentado el Grupo Clarín contra los colegas Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente, por su apoyo a la aplicación de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Parece mentira, pero en la así llamada Justicia de nuestro país hay jueces –y no son pocos– que son capaces de aceptar este tipo de demandas que, en rigor de verdad y sensatez, deberían ser rechazadas in limine y hasta con severos llamados de atención a los presentantes.
Pero ya sabemos cómo funciona la administración de justicia en la Argentina, cómo es permeable al influyentismo y cómo una gran mayoría de bufetes de abogados opera con los mismos estrictos principios y valores morales que tendrían un gato de tejado o un pedazo de piedra lunar.
Ante esta demanda, habría que subrayar que el apoyo explícito a la que se conoce popularmente como ley de medios no es exclusivo de los tres periodistas mencionados y de otros colegas allí incluidos como Nora Veiras, Orlando Barone o Edgardo Mocca solamente. En realidad, ese apoyo es compartido por una abrumadora cantidad de profesionales de la palabra oral y escrita. Por lo que cabría proponer y exigir, entonces, que Clarín nos demande a todos y todas los que de muy diversas maneras, en infinitos textos y alocuciones, hemos expresado nuestro apoyo a la vigencia plena de la ley de medios sancionada por el Congreso de la Nación.
No se trata en este punto de seguir discutiendo la desmonopolización de la comunicación en nuestro país. Ni de responder los chicaneros argumentos de que mejor un monopolio privado que un posible monopolio estatal.
De lo que se trata ahora es de rechazar de la manera más firme esta ridícula imputación a una supuesta “instigación a la violencia” por parte de periodistas que tienen nada más y nada menos que criterios personales y no están al servicio de sus ocasionales patrones.
En previsión de que acaso alguna absurda decisión judicial (que dado el presente tribunalicio argentino no sería imposible) condenara a estos colegas a entre tres y seis años de prisión, como hipotéticamente manda el Código Penal, sería bueno que el Congreso por un lado, y por el otro cada uno de los partidos políticos, se pronunciaran expresa y públicamente sobre este caso. Que para la paz social de nuestro país siempre es bueno saber quién opina qué sobre asuntos de altísimo riesgo institucional.
Por cierto en mi caso, que no soy kirchnerista pero apoyo el rumbo general y los trazos gruesos del gobierno nacional, hace casi dos meses he tomado la decisión de no aceptar las invitaciones para visitar ciertos programas de televisión. Me he excusado reiteradamente ante los convites de Código Político, Palabras más palabras menos y algunos otros, así como de diversos programas radiales, incluido el de Jorge Lanata y varios más de Radio Mitre, tanto de Buenos Aires como de Córdoba, del mismo modo que renuncié hace varios meses a escribir en el diario La Nación, porque no quiero ser funcional a espacios que trabajan por la no aplicación de la ley de medios.
Desde mi humilde y solitaria trinchera intelectual, prefiero postergar mis críticas y reparos ante políticas y decisiones gubernamentales con las que no acuerdo, y sobre todo con las que abierta y profundamente discrepo, y que no son pocas. Ya habrá oportunidad de expresarlas, sea el Gobierno capaz de escucharlas o no. Pero ahora, en estas tensas jornadas que vive la República –y en la que insólitamente vemos compatriotas que celebran cada traspié y se alegran por los ataques neocolonialistas– me parece más urgente y necesario expresar mi incondicional solidaridad con los colegas y así aportar a la paz y el fortalecimiento democrático. Que eso es sencillamente lo que hace la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas que trabajan duramente, en todo el vasto territorio nacional, todos los días y sin especulaciones, dolarizaciones ni mitomanías.
Perdón, creo que los kirchneristas de este grupo no entienden, los aprietes de Clarín a la prensa, por demás de repudiables, no justifican los del gobierno y lo que yo denuncio en este video es que Victor Hugo, que ahora dice que este gobierno quiere democratizar la palabra, hasta hace no mucho tiempo atrás pintaba un gobierno muy autoritario, intolerante y persecutorio, por lo que lo que dice ahora se torna poco creíble.
A pesar de la audiencia de conciliación por la denuncia penal presentada por el CEO de Clarín contra el locutor y periodista, Víctor Hugo Morales señaló que Héctor Magnetto se negó a participar de la audiencia y se quedó en una sala contigua. "Me quedé con las ganas de saber qué tiene para decir el hombre que defiende sus intereses en nombre de la libertad de expresión, cuando es él el que hace una denuncia contra un periodista", señaló Morales. Dirigentes de derechos humanos, políticos y comunicadores se concentraron frente al juzgado para brindar su respaldo al conductor radial.
"A través de mi persona, Magnetto, le dice al periodismo lo que le espera si se meten con él", resumió Morales al salir de una audiencia y sostuvo que los ataques que recibió en los últimos tiempos de los diarios Clarín y La Nación tienen su origen en "la furia con la Ley de Medios".
Magnetto, que llegó pasadas las 12.30 acompañado por más de cuatro guardaespaldas y su abogado Hugo Wortman Jofré, se negó a compartir la audiencia con el periodista, y se retiró pasadas las 17 con sus custodios y personal de la Policía Federal, que lo acompañaron hasta abordar su vehículo, en medio de abucheos de los manifestantes que le gritaban "asesino".
Víctor Hugo se presentó más temprano, a las 15.30, en medio de aclamaciones y manifestaciones de apoyo de miles de personas que se congregaron desde el mediodía en la cuadra de Carlos Pellegrini cortando la calle y estableciendo una radio abierta en la que repudiaron al CEO de Clarín.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el titular del sistema de Medios Públicos, Tristán Bauer; el diputado nacional Héctor Recalde; el periodista Roberto Caballero; el historiador Hernán Brienza; el actor Arturo Bonín; e integrantes de Teatro por la Indentidad, acompañaron la manifestación en la que se pudieron ver también nutridas columnas de la organización barrial Tupac Amaru.
En ese marco, Carlotto indicó que su presencia era "para acompañar a un gran amigo y un gran periodista" y recalcó que la manifestación fue además "para defender la democracia y la libertad prensa". "No podemos permitir la infamia y el ataque a un hombre que no se vendió jamás", señaló Carlotto. "Las Abuelas sabemos bien quien es Magnetto, lo que nos ha hecho sufrir", sentenció.
Al salir, en diálogo con la prensa aseguró sentirse "desencantado" por "no haber podido estar cara a cara con Magnetto, ya que según nos informaron sus abogados, no iba a comparecer", señaló e indicó que el CEO de Clarín "se quedó en una sala contigua".
Por su parte, el CEO de Clarín se retiró del edificio rodeado de sus custodia personal y efectivos de la Policía Federal, que lo acompañaron hasta abordar su vehículo, en medio de abucheos de los manifestantes que le gritaban "asesino".
“Conmigo quieren disciplinar al resto del periodismo”
Víctor Hugo Morales fue invitado hoy en el programa "Territorio Comanche", en Radio Nacional Rock, donde dialogó con Daniel Tognetti sobre la mediación que tuvo con Héctor Magnetto. Las claves del ataque que recibe el relator.
Por: INFOnews
"Yo quería el mano a mano con él, quería verle la cara. Necesitaba verlo. Quería ver los ojos que describe Lidia Papaleo, que lo hace muy bien. Quería ver si me daban miedo", con estas palabras describe Víctor Hugo Morales sus impresiones durante "el no encuentro" en la mediación con Héctor Magnetto.
"Era un desafío personal que tenía. Quería saber qué me iba a pasar cuando estuviera Magnetto ahí. Me quedé sin saberlo, porque uno se quiere someter a experiencias extremas. Yo quería pasar por la experiencia estar mano a mano con un hombre que le ha marcado el paso a presidentes de la dictadura, a presidentes de la democracia y que cree que puede elegir el próximo presidente", continuó relatando Morales.
"El juicio que me hacen es un juicio civil, muy pesado por injurias, por calumnias. Ojala fuera penal. Ojalá me mandara preso y Magneto estuviera afuera porque es una metáfora de la injusticia del mundo que yo he visto desde muchacho. En todo esto va mi honor en esto, no me molestaría ir preso", sentenció Víctor Hugo.
“Conmigo quieren disciplinar al resto del periodismo, para ellos yo soy un caso perdido", agregó el periodista en referencia a la denuncia por daños y perjuicios que le realizó el empresario de medios.
Víctor Hugo contó que llegó con su abogado, Eduardo Barcesat, minutos antes de la audiencia que estaba prevista para las 15, mientras que Magnetto lo hizo horas antes acompañado de sus abogados.
“Era una experiencia estar mano a mano con un hombre que le ha marcado el paso a presidentes de la dictadura, a presidentes de la democracia, que cree que puede elegir al próximo presidente, y que está en eso", señaló Víctor Hugo.
En ese sentido, agregó que Magnetto "traiciona a todos los políticos que utilizó todos estos años, para que sentados en TN despotricaran contra un gobierno que a él no le sirve, sobre todo por una cuestión de intereses".
En ese marco, Víctor Hugo detalló que "nos recibió la doctora Mara Orlanda, que es una mujer muy agradable, y nos contó que Magnetto no quería el encuentro conmigo, ante lo que Barcesat dijo que eso no podía ser ya que quien lo solicitó había sido él".
"Yo quería el mano a mano con él, quería ver los ojos que describe tan bien Lidia Papaleo. Quería ver si me daba miedo, yo pensaba que no, era un desafío", expresó durante la entrevista en Radio Nacional.
El periodista aseguró que presentará una "contrademanda", y especificó que la denuncia en su contra presentada por Magnetto es "por haber dicho que tiene las manos ensangrentadas, lo que ha recogido de Tiempo Argentino sobre las reuniones con Gallino, 7 y 9 de abril de 1977, un día y medio antes que Lidia Papaleo haya sido sometida a los peores vejámenes para sonsacarle más".
"Sobre el tema Papel Prensa, todo eso está escrito por Gallino, documentado por Tiempo Argentino", aseguró Víctor Hugo.
Por último, con respecto a la demanda que él iniciará, indicó que "no es chiste lo que vamos a presentar, son mil páginas escritas por tres diarios de un período que comienza en enero de 2010, ya que el 11 de septiembre de 2009 me presenté a la audiencia por la Ley de Medios y a partir de ese momento Clarín, La Nación y Perfil empezaron a escribir de todo sobre mí".
Ex trabajadores del Grupo Clarín se solidarizan con Víctor Hugo Morales
El ex delegado de Canal 13, José Carbonelli, se solidarizó hoy con el periodista ante la denuncia por daños y perjuicios iniciada por el titular del Grupo Clarín, Héctor Magnetto.
Por: INFOnews
“Le he ofrecido dar testimonio en la causa en la cual fue demandado, y entregarle todas las pruebas que he presentado en la Justicia que comprueban el accionar mafioso y delictivo de los dueños del Grupo Clarín”, señaló el ex delegado de Canal 13, José Carbonelli, quien ayer participó de la manifestación en apoyo a Víctor Hugo frente a los tribunales.
En ese contexto, Carbonelli reclamó a la Justicia que actúe en la causa iniciada por los ex trabajadores de Canal 13 contra Magnetto, "con la misma celeridad" que lo hizo en la causa en la que el CEO de Clarín demandó al periodista y relator de fútbol.
El ex delegado y otros despedidos del Grupo Clarín denunciaron a Magnetto “junto a Ernestina Herrera de Noble, Lucio Pagilaro y el ex presidente Carlos Menem, entre otros, por el encubrimiento del delito de terrorismo de Estado y por los desfalcos millonarios contra el Estado y los trabajadores en la apropiación irregular del Canal 13 de televisión”.
Además -mediante un comunicado de prensa- reclamó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación “que sentencie en forma urgente haciendo cumplir la Ley de Medios Audiovisuales al Grupo Clarín, para que desinvierta sus empresas, que fuera aprobada por una abrumadora mayoría por el Congreso Nacional”.
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Por Ailín Bullentini
, nunca escuché la voz de la izquierda inmanente alzada a favor de la libertad de prensa que les compete...también a ellos.
