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Los líderes de la Comunidad del Caribe (CARICOM) exigen una compensación económica de Francia, el Reino Unido y los Países Bajos por “el legado perdurable de la trata de esclavos en el Atlántico”.

La CARICOM ha resuelto promover una campaña para reclamar una compensación económica por esclavitud y por genocidio de pueblos nativos, y prepararse para lo que será probablemente una prolongada batalla jurídica con los gobiernos del Reino Unido, Francia y los Países Bajos.

“El legado de la esclavitud incluye la pobreza endémica y la falta de desarrollo que caracterizan a la mayor parte de la región”, dijo Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, agregando que cualquier acuerdo deberá incluir una disculpa formal, ya que el arrepentimiento por sí mismo no será suficiente. "La principal razón del subdesarrollo en el Caribe y América Latina es el legado del genocidio nativo y la esclavitud africana (...) La disculpa es importante, pero totalmente insuficiente”, señaló el político. “Debemos obtener una compensación adecuada”.

La organización regional ha contratado los servicios de la prestigiosa firma legal británica Leigh Day, especializada en derechos humanos. Asimismo se está creando una Comisión de Indemnizaciones para ejercer presión, señaló Gonsalves, que lidera la iniciativa.

Los funcionarios caribeños no han mencionado una cifra monetaria específica, pero Gonsalves y Verene Shepherd, presidenta de la Comisión Nacional de Indemnizaciones de Jamaica, mencionaron el hecho de que el Reino Unido en el momento de la emancipación en 1834 pagó 20 millones de libras esterlinas a colonos británicos en el Caribe, el equivalente a 200.000 millones de libras actuales.

Los gobiernos de países, miembros de Caricom, acordaron unánimemente a principios de julio establecer una reunión en Trinidad y Tobago para librar una batalla jurídica conjunta contra los países que se beneficiaron con la esclavitud.

El Caricom está integrado por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guayana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, St. Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Mientras, la Coalición para las Reparaciones Panafricanas en Europa (PARCOE, por sus siglas en inglés) ha enviado una extensa carta a los líderes del Caribe señalando que su «enfoque verticalista», sin contemplar a la sociedad civil, podría «terminar frustrando las aspiraciones de compensación de las masas de descendientes africanos y ciudadanos indígenas» de la región.

Los vicepresidentes de la PARCOE, Esther Stanford-Xosei y Kofi Mawuli Klu, escribieron que el Caribe debe evitar «lo mismos errores cometidos por el Grupo de Personas Eminentes de la antigua Organización para la Unidad Africana al no realizar una consulta efectiva sobre estrategias de reparación, informarse y actuar por los mejores intereses de los diversos países africanos».

En la misiva citan el trabajo de la activista y profesora de leyes estadounidense Mari Matsuda, para quien las reclamaciones de reparaciones deben incluir a la sociedad civil, en un enfoque «desde abajo».

Y aclaran, «Al decir ‘abajo', Matsuda se refiere a la experiencia viva de aquellos individuos y grupos que denuncian la violación de derechos, en vez de aquellos que tradicionalmente han definido el alcance de las reparaciones legales, como jueces, asociaciones de abogados y otros grupos que son parte del estatus quo social, legal y económico».

Otramérica, agosto de 2013.