LA HABANA, Cuba, agosto, www.cubanet.org -La Habana y sus habitantes duelen mucho. Aquella ciudad alegre en constante expansión en 1959 solo se encuentra en los cuentos de los abuelos. Las joyas de la arquitectura colonial y las más novedosas corrientes de la primera mitad del siglo XX brotaban rápidamente del fértil beneficio del azúcar y el inquieto puerto acunado por la formidable bahía de bolsa en la ruta de tránsito entre América y Europa, entre Cuba y Estados Unidos. En el regazo de la república entorpecida por apetencias nacionales y foráneas, la población de La Habana era laboriosa, honesta, decente y considerada con sus vecinos, como la del resto de Cuba.
De pronto había que erradicar todo lo de la “seudo república”, para construir una capital y un país como merecíamos los cubanos. Por ilusión sincera o fe ciega la mayoría de la población creyó y apoyó las expropiaciones que con el pretexto de recuperar el patrimonio nacional comenzó con las empresas extranjeras, fundamentalmente norteamericanas, y hasta abarcó a ciudadanos laboriosos que habían mejorado su situación económica o hecho fortunas, así como las instituciones religiosas como la Iglesia Católica. Sus bienes supuestamente pasaron al pueblo, pero en realidad se convirtieron en propiedad del Estado. Las mansiones fueron ocupadas por el grupo que llegó al poder, que se cubría destinando cierta cantidad a los planes de becas y las residencias de protocolo. Formidables edificios y casas se destinaron a ministerios, empresas estatales, oficinas del Partido Comunista, sus organizaciones juveniles y de masas (UJC, CDR, FMC, ANAP), el Poder Popular y otras instituciones, hasta nivel de barrio. El ¨Estado¨ no se ocupó del mantenimiento y prohibió a los moradores reparar y adquirir materiales –como en todo el país. Tampoco se preocupó por el estado de las vías, las conductoras de agua y electricidad, con el resultado del deterioro progresivo de calles anegadas, y la pérdida de agua y electricidad a raudales. Sólo antes de los grandes aniversarios y congresos de la llamada revolución se asfaltaban las calles y pintaban los edificios por donde circularían las delegaciones y los dirigentes cubanos, costumbre mantenida también en las áreas de turismo.
Al unísono progresaron las prohibiciones para todo lo humanamente concebible, sobre todo desde la Ofensiva Revolucionaria de 1968, que confiscó hasta la chaveta del zapatero y el cepillo del limpiabotas. El calor de La Habana ya no permitía la risa espontánea habitual, pues no había donde adquirir ni agua, aunque los paseantes caminaran sobre charcos. Según se fue deteriorando el valor adquisitivo de los salarios y pensiones, proliferó la ¨bolsa negra¨ junto a la degradación ética, de valores y buenas costumbres ciudadanas. Durante decenios la vida de sus habitantes, población flotante y visitantes de todo el país transcurrió entre la simulación y la ilegalidad, pues hay que hablar lo que dicta la ¨revolución socialista irrevocable¨ y luchar para sobrevivir.
La asamblea del Poder Popular de La Habana analizó las irregularidades en el cumplimiento de las normas establecidas, el 9 de agosto, según el periódico Juventud Rebelde. Entre ellas se mencionaron ilegalidades en la circulación de autos o camiones sin licencia operativa y en lugares sin permiso y sitios no autorizados, contratación de trabajadores sin licencia, subdeclaración de ingresos, arrendamiento ilegal, no pago de espacios autorizados y evasión de impuestos, acaparamiento de productos, cadenas de reventa y venta de ropa importada. Las deudas a la ONAT llegaron a 49 300, las multas a 19 400, de ellas 7 000 por el mal uso del transporte privado, 2 000 boteros y bicitaxis ilegales, y se retiraron 929 licencias.
Asimismo se abordaron las transgresiones de las normas de convivencia, tranquilidad y bienestar de la población, para lo que se orientó la realización de juicios públicos ejemplarizantes en los casos connotados de indisciplinas, ilegalidades y corrupción, así como la profundización de los controles y la fiscalización. Entre los problemas citados se encuentran robo de contenedores de basura, microvertederos, salideros de agua y ruidos, transitar sin camisa por la vía pública en centros de servicios, actos impúdicos y maltratos. Según la información, se pusieron 57 600 multas, ascendentes a 11 millones de pesos con el objetivo de enfrentar la indisciplina social en los sectores estatal y privado, hechos vandálicos contra el ornato público y la higiene comercial, el ruido por encima de lo permitido, y propagación de epidemias, en lo que se destaca negativamente el vertedero de Avenida 100 y Autopista.
Con los años se ha incrementado la atronadora bulla del vecino, que impone al barrio su música preferida, habla a gritos o termina una discusión con una bronca a piñazos. Debido a la endémica carencia de transporte público se ha podido llegar al trabajo a tiempo durante decenios gracias a los particulares taxis-almendrones, y actualmente hasta distinguidos funcionarios utilizan sus autos privados y a veces estatales para botear, porque el mísero salario no alcanza a nadie. En los últimos años ha sido posible comprar frutas y vegetales porque los jóvenes han sacado sus licencias y venden en carretillas, pero no pueden detenerse, tienen que caminar empujando la pesada carga bajo el fuerte sol, con deterioro de la mercancía, so pena de recibir una multa, perder los productos o la licencia, ante el delirio de persecución del gobierno, ventajosa para la nube de inspectores y policías acompañantes. Muchos de ellos llevaban años sin estudiar, vagaban por las esquinas tomando ron de pésima calidad y jugando dominó, o han perdido sus trabajos por las restricciones de plantilla del casi único empleador, el Estado.
Las deformaciones sociales y morales ocasionadas por el gobierno de 54 años pueden comenzarse a enmendar si se reconoce sus causas y la responsabilidad de quienes las originaron. Resulta muy difícil y llevará mucho tiempo recomponer la sociedad cubana, y deberá partirse del empoderamiento de los ciudadanos para que expresen sus opiniones y ejerzan sus responsabilidades ciudadanas. Asimismo, se requiere la apertura económica en un contexto jurídico adecuado que permita el ejercicio de la iniciativa personal, entendida la propiedad privada y la libre creatividad.