Por: Movice Viernes, 30 Agosto 2013 06:37

Mientras el presidente Juan Manuel Santos asegura que le preocupan los campesinos, agentes de la Fuerza Pública abren fuego contra manifestantes que ocupan las calles en diferentes municipios del país. Igual que en la región del Catatumbo, uniformados de la Fuerza Pública han disparado durante este Paro Nacional contra manifestantes de Boyacá, Cundinamarca y otros departamentos, quienes al ver quebrantada la sostenibilidad económica en sus hogares se congregan en las calles de sus municipios y veredas como forma de protesta.

En aquellos lugares los campesinos afirman que la Fuerza Pública los señala de pertenecer a grupos insurgentes. Algunas expresiones que ellos han escuchado son: “los vamos a matar por hacernos venir a este sitio” y “podemos hacer lo que se nos dé la gana porque ustedes están desprotegidos (…) ni siquiera la prensa viene por aquí” [1]. Adicionalmente miembros de la Policía y el Esmad han amenazado con violar mujeres, han ingresado a viviendas campesinas golpeando niños, niñas, mujeres y ancianos, y destrozado sus bienes.


Un joven asesinado, medio centenar de personas heridas y al menos 175 detenidas, dejaron los ataques de la Fuerza Pública durante la primera semana del Paro.


Los campesinos registraron con teléfonos celulares los múltiples atropellos que agentes policiales y sobre todo del Esmad efectúan cerca a sus viviendas y han denunciado a través de redes sociales una serie de hechos como los que muestra el video titulado Recopilación videos: abuso de autoridad en Colombia, agosto de 2013.


Esas situaciones lamentables revelan como un grupo de policías golpea a un joven en Tunja y como otro policía tras desenfundar su pistola, dispara varias veces contra pobladores del municipio de Paipa a plena luz del día, sin preocuparse demasiado por quien graba su actuación. Todos estos abusos y atropellos contra la población, han generado mayor rechazo social hacia la fuerza pública.


Para el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado es inaceptable que Esmad, Fuerza Disponible y otros policías propinen golpizas a campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad en absoluta indefensión.


El gobierno de Juan Manuel Santos vive momentos contradictorios desde todo punto de vista. Mientras sostiene un discurso político sobre la necesidad de llegar al fin de conflicto armado, al mismo tiempo actúa de manera represiva contra la población civil, dando un tratamiento de orden público a conflictos eminentemente políticos.


Negar expresiones masivas de inconformidad, es por supuesto negar la existencia de las razones que motivan a miles de manifestantes a bloquear las calles.


Peticiones


Que la comunidad internacional vigile la actuación de la Fuerza Pública evitando más víctimas y que los organismos de control hagan seguimiento a los casos de detenciones arbitrarias ocurridas con ocasión de las protestas campesinas.


Que el presidente Juan Manuel Santos detenga la violencia estatal desencadenada contra los manifestantes en todo el país y le otorgue un tratamiento político a las justas peticiones de los campesinos.


Que la Procuraduría adelante investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos y miembros de la Fuerza Pública que han cometido actos de violencia contra la población.


Que se liberen inmediatamente a los campesinos que han sido detenidos arbitrariamente por la Fuerza Pública.


Que renuncie a su cargo el ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón por instigar a la Fuerza Pública a reprimir y dar un tratamiento violento a las protestas.


El Movice por su parte, seguirá atento a las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, medios alternativos y comunidades, las cuales serán sistematizadas en la base de datos de criminalidad estatal, Colombia Nunca Más [2]


Notas


[1]  Esmad y Policía dispara con armas de fuego, detiene, tortura y destruye bienes de la población civil. Informe que recoge denuncias de los manifestantes, durante la primera semana del Paro Nacional.


[2] Colombia Nunca Más es un proyecto que forma parte de nuestra estrategia contra la impunidad y que documenta crímenes de Estado ocurridos a lo largo de la historia en Colombia.