Por: Eberto Díaz Montes Jueves, 29 Agosto 2013 04:33

“Tanto va el cántaro al agua, hasta que por fin se rompe”. Este dicho que ha pasado de generación en generación, pudiese aplicarse a la realidad que han tenido que soportar por décadas los millones de mujeres y hombres que habitan el campo colombiano, que día a día hacen que de la tierra y los surcos brote la vida y los sueños reprimidos de multitudes de pueblos ignorados, marginados socialmente y sus voces cientos de veces aplastadas por la bota del poder dominante.

El estallido del paro agrario y popular del pasado 19 de agosto, se convierte en ese sentido en una respuesta contundente e incontenible ante la exclusión histórica de la mayoría del pueblo y del desconocimiento por parte del Estado de las propuestas e iniciativas, particularmente de las comunidades campesinas, indígenas y negras de nuestra nación.


Tal como lo reza uno de los aportes del Mandato Nacional Agrario, “no nos basta de ninguna manera el rechazo a las políticas imperantes y la oposición a los lesivos planes y medidas del Gobierno, construimos unitariamente una política propositiva, para abrir caminos y futuros y demostrar que somos parte de la solución a los problemas claves del sector y del país”.


Ahora, el incumplimiento de miles de acuerdos con las comunidades y organizaciones rurales por parte de los distintos gobiernos, la implementación de políticas aperturistas hacia el libre mercado, la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y la Unión Europea, de igual modo la reconcentración de la propiedad de la tierra cuyo índice es uno de los más altos de América Latina, en general la profundización de las políticas neoliberales, que han conducido rápidamente a distintos sectores de la producción agropecuaria a un callejón sin salida, en últimas son el detonante que ha encendido la chispa de la rebeldía y los levantamientos de las masas que habitan en los territorios y que han visto lesionados sus intereses.


En efecto la conjugación de la crisis afecta a los pequeños caficultores, paperos, lecheros, paneleros, cacaoteros y demás productores de la economía campesina, a la que se suma la situación de los pequeños y medianos mineros artesanales y de hecho los camioneros por los altos costos de peajes y combustibles, que de una u otra manera también tienen que ver con los alimentos agropecuarios y de millones de consumidores que abarrotan las grandes ciudades. De esa manera, sin tener un pliego unificado, coincidieron en la necesidad de un llamamiento a paro nacional agrario y popular que le abra paso a la solución de los grandes problemas que afectan a la mayoría del pueblo colombiano.


Importantes sectores campesinos y sus organizaciones nacionales y regionales que se articulan en la Mesa de Interlocución Agropecuaria y de Acuerdo Nacional (MIA), han presentado un pliego de exigencias de seis puntos al Gobierno Nacional, dirigidos a dar una salida estructural a la crisis del sector agropecuario y particularmente la situación que viven los pequeños y medianos campesinos.


La respuesta del gobierno y su aparato militar a las justas exigencias del campesinado se inicia con la estigmatización, señalamientos a los líderes del paro, que el presidente Juan Manuel Santos ha tratado de decir que se trata de una insignificante acción de desadaptados sociales, de jóvenes anarquizados, de vándalos y de protestas infiltradas, justificaciones que buscan dar rienda suelta a la represión y judicialización de sus principales líderes y voceros como ha sucedido con la captura y judicialización de más de 200 campesinos y dirigentes, uno de ellos, Hubert Ballesteros, vocero de la MIA, miembro del comité ejecutivo de la CUT y Fensuagro y dirigente de Marcha Patriótica, todo ello ante la imposibilidad de detener la avalancha de los millares de manifestantes que se han volcado a las principales vías y carreteras de más de 20 departamentos del país.


El paro agrario nos deja varias enseñanzas: primera y una de las más importantes, es la urgencia de avanzar hacia un mayor proceso de articulación y unidad entre los sectores sociales y populares que se oponen al actual régimen y a sus políticas neoliberales; segunda, fortalecer puntos de exigencias convergentes hacia una plataforma de país, de cara a la construcción de un frente amplio; tercera, alcanzar un profundo dinamismo entre el discurso y la práctica. De tal manera que las fuerzas del nuevo bloque de poder sean concurrentes a la dialéctica del momento histórico que vive en país; y cuarta, articular la lucha social con la lucha por la solución política y la paz con justicia social.


Ahora los de ruana y sombrero han hecho sentir su voz, es la voz de la rebelión de los excluidos.


En la imagen, concentración de campesinos, estudiantes, profesores y trabajadores en la Plaza de Bolívar de Tunja, el pasado 24 de agosto. Foto Winston Porras.


Semanario VOZ