Germán Saltrón Negretti

Los partidos de la oposición venezolana y las ONG de Derechos Humanos venezolanas y extranjeras, financiadas todas ellas por el gobierno de EEUU, vienen presentando denuncias infundadas ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lograr deslegitimar todas las instituciones del Estado venezolano. El candidato perdedor, Henrique Capriles Radonski, viene amenazando al gobierno venezolano, con la presentación del caso de la nulidad de las elecciones venezolanas celebradas el 14/04/2013, ante todas las instancias internacionales.
Esta Corte antes del gobierno del presidente Chávez, supo de un solo caso venezolano, conocido como El Amparo. Cuando en nuestro país se infringieron todos los derechos humanos durante los 40 años de los gobiernos de los partidos Acción Democrática y COPEI. La Comisión archivó el caso del Caracazo, ocurrido el 27/02/1989, donde durante siete días, el pueblo venezolano de menores recursos, se rebeló contra un paquetazo económico impuesto por el presidente Carlos Andrés Pérez y el Fondo Monetario Internacional.
Durante esta insurrección popular fueron asesinados centenares de personas y heridos miles de ellas. La Comisión envió este caso a la Corte Interamericana el 07/06/1999, después del triunfo electoral del presidente Chávez. Pasaron diez largos años de complicidad entre los comisionados y los presidentes de la Corte Interamericana, muchos de ellos venezolanos. Durante los catorce años de gobierno democrático del presidente Chávez, donde se han respetados todos los derechos humanos de las personas, la Corte Interamericana ha condenado al Estado venezolano en trece ocasiones evidenciando la parcialidad absoluta de la Comisión, y de la Corte Interamericana contra nuestro país.
Venezuela asistirá a un último caso en la Corte. Se identifica como Allan Brewer Carías vs Venezuela, se realizará entre los días 3 y 4 de septiembre de 2013. Este asunto judicial no debió ser admitido por la Comisión, porque el peticionario no ha agotado los recursos internos, de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana, en el artículo 46.1a. Pero, la Comisión, violando el artículo arriba mencionado, lo admitió, porque según los “ilustres” comisionados, en Venezuela no existe independencia de los poderes públicos, ni Estado de Derecho, y por tal motivo, no se le garantiza el debido proceso al abogado Brewer Carías.
Resulta que, el Estado venezolano ha probado que el peticionario, al ser imputado por la Fiscalía, como uno de los varios presuntos redactores del decreto presidencial leído por el empresario Pedro Carmona Estanga, durante el golpe de Estado realizado del 11 de abril de 2002, donde intentaron disolver de manera arbitraria todos los poderes públicos del país. Luego de haber sido acusado Allan Brewer Carías, por el Ministerio Público, él voluntariamente decidió huir del país, y no se presentó a la audiencia preliminar, convocada por el tribunal. Su rebeldía injustificada e ilegal tiene paralizado su juicio. Nuestro Derecho Procesal Penal no permite, que el juicio contradictorio en el tribunal, se realice sin la presencia del acusado.
Una sentencia de la Corte Interamericana, que acogiera este criterio absurdo de la Comisión, ocasionaría graves consecuencias para el país, pues serviría de excusa para que órganos jurisdiccionales externos, y por otra parte, podría ser invocada como legitimación para los actos insurreccionales de la oposición venezolana, o justificar intervenciones de potencias extranjeras.
La audiencia se realizará entre los días 3 y 4 de septiembre de 2013, en San José de Costa Rica. La República Bolivariana de Venezuela quedará liberada el 07/09/2013, de los deberes de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero, todas y todos los venezolanos y las personas que residen en la República Bolivariana de Venezuela quedan protegidos todos sus derechos humanos por nuestra Constitución, la más avanzada del mundo en materia de derechos humanos. Además, Venezuela ha firmado y ratificado los tratados internacionales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Debemos destacar que la Convención Americana de Derechos Humanos sólo reconoce Derechos Civiles y Políticos y se firmó en la ciudad San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Existen nueve países que no han ratificado esta Convención, entre ellos Estados Unidos y Canadá. Resulta que estos países imponen sus deseos al resto de los miembros de la Organización de Estados Americanos. Solo porque financian, la casi totalidad del presupuesto de la Organización de Estados Americanos, así como de la Comisión y de la Corte. Cumpliéndose el adagio popular mexicano, que dice: “quien paga los mariachis escoge las canciones”.
Para leer todo el escrito del Estado venezolano, presentado a los Magistrados de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde exponemos todas nuestras razones políticas y jurídicas, que justifican plenamente nuestra salida de la Convención Americana de Derechos, favor acudir al enlace:
www.todosobrederechoshumanos.blogspots.com