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22 de septiembre de 2013, 10:58Por Nestor Marin
 Quito, 22 sep (PL) Lograr una gestión pública más eficiente mediante el otorgamiento de mayores poderes a los territorios es uno de los objetivos que persigue la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador (Senplades).
Apostamos por la idea de tener un Estado profundamente descentralizado y desconcentrado, pero sin olvidar aquellos elementos que ayudan a mantener la unidad nacional, explicó a Prensa Latina el director de la institución, Pabel Muñoz.
El funcionario apuntó que el modelo que aplica Senplades desde 2008 se basa en la desconcentración -traspaso de la capacidad de decisión de un ministerio a un territorio- y la descentralización, que es la entrega de recursos y competencia a los gobiernos autónomos.
De acuerdo con Muñoz, esta política se traduce hoy en que los alcaldes tienen que venir cada vez menos a Quito a pedir recursos para sus territorios.
Ellos ya no piden recursos porque la Constitución establece que las transferencias son previsibles y automáticas, independientemente del partido político que representen, aseveró Muñoz.
El modelo fue premiado recientemente por la Organización de Estados Americanos, y según Muñoz, constituye un reconocimiento al trabajo del gobierno del presidente Rafael Correa, por haber propuesto una lógica de transformación del Estado amplia, significativa y revolucionaria.
El novedoso sistema de planificación diseñado por la Senplades divide la geografía ecuatoriana en nueve zonas, las que contienen 140 distritos, y estos a su vez están divididos en mil 134 circuitos territoriales.
Muñoz aclaró, no obstante, que las zonas no reemplazan a las 24 provincias existentes, ni los distritos sustituyen a los 221 cantones del país.
Se trata, dijo, de tener una mejor planificación, y de acercar los servicios a la ciudadanía.
En ese sentido, destacó que el Plan Nacional para el Buen Vivir que impulsa el gobierno central tiene como uno de sus principales compromisos erradicar antes de 2017 la pobreza extrema provocada por bajos ingresos y necesidades básicas insatisfechas.
El programa Pro-saneamiento tiene destinado cinco mil millones de dólares para que en cuatro años todas las alcaldías del país busquen garantizar un 95 por ciento de cobertura de agua potable a la ciudadanía, afirmó.
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