El juez español Baltasar Garzón instó este lunes en Bogotá a privilegiar a las víctimas del conflicto armado colombiano y destacó una iniciativa del gobierno que busca reparar a esas víctimas y devolverles sus tierras a los campesinos desplazados por la violencia.
Garzón, en su primera intervención pública en este país como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que el derecho de las víctimas a la verdad es "indispensable e imprescindible".
"La verdad, la justicia y reparación son el trípode de la sociedad moderna", dijo el juez español, llamado por el presidente Juan Manuel Santos a asesorar a Colombia en la aplicación de una ley de "justicia y paz" para la desmovilización de los paramilitares de extrema derecha y guerrilleros izquierdistas.
Colombia padece desde hace cerca de medio siglo un conflicto armado en el que confluyen las guerrillas izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como grupos paramilitares de extrema derecha sustentados en el narcotráfico.
Al participar en un debate público sobre el diseño de una legislación especial para buscar la paz en Colombia con los grupos armados, Garzón advirtió que "las víctimas deben estar en el centro del análisis, dada la inmensidad del daño".
"No todo vale al tiempo de buscar la reconciliación que tanto se anhela. Tiene que estar ahí el derecho de las víctimas", insistió, tras señalar que "existen puntos de encuentro y de coincidencia entre las necesidades de paz y los estándares mínimos de justicia".
Al referirse a los resultados que esa ley de justicia y paz ha arrojado luego de cinco años de su promulgación, dijo que se debe persistir en su aplicación pese a que no se han logrado todos los resultados esperados.
La ley de justicia y paz ha arrojado hasta ahora solo tres condenas, de las cuales solo una en firme.
Sin embargo, Garzón destacó que gracias a esa ley la Corte Suprema de Justicia ha podido abrir numerosos procesos por vínculos de políticos con paramilitares, y que cientos de cuerpos de víctimas que se encontraban desaparecidos han sido recuperados y sepultados por sus familiares.
Pero también llamó la atención sobre los "problemas logísticos" que está enfrentando la Fiscalía colombiana "a medida que se ha ido avanzando en las investigaciones", y pidió a Estados Unidos mayor cooperación para que los paramilitares encarcelados en ese país declaren a la justicia colombiana.
Trece de los principales jefes paramilitares fueron extraditados en mayo de 2008 a Estados Unidos, donde se les acusa por narcotráfico. Su salida de Colombia ha entorpecido la confesión de sus crímenes, que deberían realizar ante la justicia colombiana mediante teleconferencias, según denuncian defensores de los derechos humanos.
"El Estado debe hacer todo lo posible para que las víctimas conozcan la verdad, y su reparación no sólo debe ser material, sino inmaterial, con actos simbólicos", dijo Garzón.
El Congreso de Colombia tiene previsto realizar a partir de este martes el último debate de una ley de víctimas y restitución de tierras, que promueve el gobierno de Santos y que podría cobijar a cerca de 3,5 millones de personas afectadas por conflicto armado.
Con esa ley el gobierno colombiano busca también devolver en sus cuatro años de mandato 2 millones de hectáreas de tierras arrebatadas a campesinos desplazados forzosamente.