Que un país, Venezuela, con 90.000 millones de dólares de ingresos anuales por su petróleo sufra escasez alarmante de productos básicos es todo un logro. De esa situación, herencia de casi 15 años de doctrina chavista, forman parte una inflación cercana al 45% y un mercado negro en el que el dólar se paga a siete veces su cambio oficial. Fieles a una acrisolada visión conspirativa, el presidente Nicolás Maduro y sus acólitos achacan el desbarajuste a un complot teledirigido desde Washington y apoyado por el “fascismo” local (oposición y empresariado afín). Desde abril, el heredero de Chávez ha denunciado variados sabotajes económicos e industriales, guerra psicológica y hasta un plan para envenenarlo.
Maduro afronta en poco más de dos meses unas elecciones municipales vistas como un plebiscito sobre su corta gestión. Sitiado por una realidad desbocada, recurre no solo a medidas de choque, como la masiva importación de alimentos de Colombia. Idea también mecanismos imposibles, como la creación de un comisariado contra el desabastecimiento, que vigilará la producción interna, las importaciones, el transporte y la comercialización de productos, y cuyos funcionarios estarán ayudados por las denuncias telefónicas a una línea con la sugerente denominación de 0800-Sabotaje. Para evitar las colas en los supermercados, fruto en parte de la escasez de personal propiciada por nuevas medidas laborales, planea enviar a la milicia bolivariana a hacer de cajeros.
El problema de Maduro, que acaba de regresar de China con un crédito de 5.000 millones de dólares, es la cuadratura del círculo. La economía venezolana, un modelo estatista y doctrinario fracasado con Chávez, es insostenible. Pero introducir racionalidad en ese legado, si esa fuera su improbable intención, le marcaría como traidor al mito, del que se considera eterno discípulo, y abriría a la vez el cisma entre facciones chavistas.
Tema anterior
Primer 