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General: 30.000 los niños robados de Franco .. en investigación ...
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| De: Ruben1919 (message original) |
Envoyé: 13/11/2010 19:58 |
El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha decidido inhibirse en favor del juzgado del suspendido Baltasar Garzón, el número cinco de la Audiencia Nacional (actualmente dirigido por el juez Pablo Ruz), respecto a una denuncia por robo de niños durante el franquismo. El juez madrileño es el sexto que considera que los casos de Memoria Histórica deben corresponder a este tribunal, con competencia en toda España. Otros dos jueces a favor de los cuales se había inhibido Garzón durante su investigación sobre los crímenes de la guerra civil y la dictadura también devolvieron sus casos a la Audiencia, y tres magistrados de su Sala de lo Penal -Ramón Sáez, Clara Bayarri y José Ricardo de Prada- expresaron en un voto particular que era este tribunal el que tenía que enjuiciar esos hechos.
seis jueces han redactado resoluciones asegurando que es Garzón quien debe investigar los crímenes del franquismo, el Tribunal Supremo le ha abierto juicio al considerar que, al aceptar el caso, cometió prevaricación, lo que provocó en mayo su suspensión por el Poder Judicial. El juez se encuentra actualmente de servicios especiales en La Haya (Países Bajos) donde trabaja como asesor de la fiscalía del Tribunal Penal Internacional.
El abogado de las víctimas, Fernando Magán, se va a dirigir de nuevo ahora a la Audiencia Nacional para pedir que se investiguen los casi 80 casos de robo de niños que ha documentado. En su escrito, el letrado recuerda que algunas de las víctimas han fallecido mientras sigue sin investigarse lo que el juez Garzón calificó como crímenes de lesa humanidad. Las asociaciones de víctimas van a depositar en el juzgado una lista de testigos que conocieron los hechos y otra de responsables institucionales en las fechas en que ocurrieron para que sean llamados a declarar. El cálculo total de casos, que Garzón recogió en uno de sus autos, asciende a 30.000 niños robados.
La inhibición del titular del juzgado 21 de Madrid todavía no ha llegado a la Audiencia Nacional. Cuando lo haga, el juez que sustituye a Garzón al frente del juzgado Central de Instrucción 5, Pablo Ruz, tendrá que decidir si acepta el caso al considerarse competente para investigarlo. En caso contrario, planteará la cuestión a la Sala de lo Penal del Supremo -la misma que investiga a Garzón- para que esta decida cual de los dos órganos judiciales debe encargarse de los niños robados de Franco.
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seis jueces han redactado resoluciones asegurando que es Garzón quien debe investigar los crímenes del franquismo, el Tribunal Supremo le ha abierto juicio al considerar que, al aceptar el caso, cometió prevaricación, lo que provocó en mayo su suspensión por el Poder Judicial. El juez se encuentra actualmente de servicios especiales en La Haya (Países Bajos) donde trabaja como asesor de la fiscalía del Tribunal Penal Internacional. |
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"Una de las sorpresas que me encontré a la vuelta de un largo exilio fue el ver que mis estudiantes (gente joven, despierta y curiosa intelectualmente, horrorizados por las barbaridades realizadas por las dictaduras chilenas y argentinas -tales como el robo de niños de padres asesinados por aquellas dictaduras-) desconocían que todos aquellos horrores habían ocurrido también en España durante la dictadura franquista, incluyendo el robo de niños de madres republicanas asesinadas por el Ejército golpista." |
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Mientras en Argentina el proceso de los niños robados durante la dictadura es apenas por mas de treinta ... en España los niños robados suman la increible suma de mas de treinta mil menores .- Todos los secuaces del generalísimo genocida al fin serán conocidos por el mundo .... los actuales poseedores de mala fé de los bienes de los patriotas republicanos deberán ser condenados a devolverlos y a pagar sus intereses |
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Trueque de niños en San Ramón
Una monja le dijo a Carmen que para darle un bebé debía llevar una embarazada a cambio: "Explicó que lo hacían así para que las madres no dieran la lata buscándolos"
NATALIA JUNQUERA / JESÚS DUVA - Madrid - 07/03/2011
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María del Carmen Rodríguez Flores, la madre adoptiva de David Rodríguez, es una mujer valiente. Es una de las pocas que, una vez destapada la trama de robo de niños y adopciones irregulares, ha accedido a contar su experiencia públicamente. En su caso, acudió en 1981, por recomendación de unos amigos, a ver a una monja que decían que "daba niños", después de que en la Diputación de Madrid les hubiesen dicho que tenían pocas posibilidades. "Sor María nos dijo que para que ella nos diera a un niño nosotros teníamos que llevar a otra mujer embarazada a cambio y que ella nos entregaría el de la madre que hubiese llevado otro matrimonio. Cuando yo le pregunté por qué no podía quedarme yo con el de la embarazada que tenía que llevarle, dijo que lo hacían así para que las madres no tuvieran pistas y no dieran la lata buscándolos".
ENTREVISTA DIGITAL - 07-03-2011- 18:00h.
Niños robados - Autora de 'Si a los tres años no he vuelto'.
Enviar pregunta
"Nos dijo: 'Vengan mañana y traigan el dinero. Son 50.000 pesetas por el parto"
"Estate tranquilo. No sois hijos de fulanas, sino de gente bien", le dijo el doctor Vela
En plena redada policial, el doctor Vela citó al padre adoptivo en su coche
"El trueque era para familias con poco dinero. Como niños en rebajas"
Carmen y su marido salieron desanimados de la entrevista con sor María. ¿Dónde iban a encontrar a una embarazada que quisiera dar a su hijo en adopción? "Pero preguntando por todos los sitios, me pusieron al habla con una chica jovencita, de provincias, que se había quedado embarazada de un chico que no era su novio. Ella quería dar al bebé. Y le di la dirección de sor María". Hecho el contacto, Carmen esperó.
"Cada dos o tres días llamaba a sor María para ver cómo iba la cosa. Supongo que ella nos investigó antes de entregarnos al niño. Hasta que un día me informó: 'Ha habido un parto gemelar de dos niñas, y otro de un varoncito. Había pensado que el primero que me llamara le daría el varoncito. ¡Y sois vosotros!' Parecía una tómbola. Luego me enteré que las gemelas se las había quedado un matrimonio de Málaga. La monja nos anunció a mi marido y a mí: 'Vengan mañana a por él y traigan el dinero. Son 50.000 pesetas por los gastos del parto'. Tengo papeles de todo, menos de aquella factura", relata Carmen.
Para su sorpresa, cuando llegaron a la clínica Santa Cristina, donde trabajaba sor María, esta les condujo a otro hospital, el de San Ramón, donde había nacido el niño. "Allí nos recibió el doctor Eduardo Vela. Nos contó que la madre era una chica joven y sana y que el niño era prematuro y por eso había tenido que estar un día en la incubadora, que nos cobraron aparte. También nos dijo que teníamos que ir a ver a Maribel de la Vega, una asistente social, para que nos arreglara los papeles. Nada nos pareció raro. Todo nos parecía maravilloso".
A los tres meses, el doctor Vela telefoneó al marido de Carmen y le dijo que tenía que llevarle unos documentos. "Al llegar a la clínica, Vela abordó a mi marido y le urgió: 'Aquí no'. Y lo llevó a su coche. Le dijo que las aguas estaban muy revueltas". Y tanto. Por aquellos días se había producido una redada por compraventa de niños que salpicaba a la clínica San Ramón. Vela ni siquiera fue interrogado. La investigación policial se cerró rápida y sorprendentemente sin ahondar más.
"Recuerdo que con aquello de la redada me llamó una amiga mía y me dijo: '¿Te has enterado de esto? ¿Tendrás algún problema tú?' Yo le contesté que no, que tenía todos mis papeles en regla, con notario y todo, y que aquello no iba con nosotros. ¿Cómo iba a pensar yo...? En aquel momento no sospeché nada. Hoy no sé qué decir", relata. "Nada me parecía raro. Sor María era una de las vías que había para adoptar un niño y cuando quieres una cosa, vas a por ella hasta conseguirlo".
Carmen y su marido también habían acudido a una casa de ayuda para madres solteras para ver si allí podían adoptar un niño. "Allí se quedaban chicas embarazadas que querían quedarse con los niños pero a veces también había alguna que quería darlo... y por eso fuimos. Se quedaron con nuestros datos y casualmente nos llamaron cuando David tenía tres o cuatro meses. Cogió el teléfono mi marido y la persona que llamaba, al oír llorar a nuestro niño, cortó la conversación: 'Me parece que lo que le vamos a ofrecer ya no lo quieren'. Era un niño de una chica que había decidido no quedarse con él". Carmen y su esposo confesaron a David que era adoptado cuando contaba cinco años. "Al día siguiente fue gritándolo al colegio, según me contó su profesor, y los otros niños le decían: ¡Qué suerte!", recuerda Carmen.
Cuando cumplió los 18 años, David quiso buscar a su madre biológica. "Pedí a mis padres los papeles. Pusieron mala cara, pero me los dieron. Al principio me equivoqué y fui a otra clínica, la de Virgen del Mar. Al pronunciar el nombre del doctor Vela, me abordó un médico diciendo: 'Tú naciste en San Ramón. Eres adoptado. Yo que tú dejaría de buscar porque todo aquello se hizo por el bien de los niños". A partir de ahí David empezó a ver cosas raras. "Intenté hablar con la asistente social, Maribel de la Vega, pero fue imposible. En Santa Cristina me dijeron que sor María no había dejado allí muy buena fama y en San Ramón, que no tenían archivos. Así que fui a ver a sor María. Me hizo gracia porque cuando le dije por qué estaba allí, ella zanjó: 'Uuuuy... estoy muy mayor, tengo mala memoria....' Pero a continuación me preguntó en qué año había nacido. Se lo dije, y me respondió con una lista de 15 nombres. Ninguno era el de mis padres".
Tampoco le sirvió de mucho la visita, hace un año, al doctor Vela, que sigue con consulta abierta y que no ha querido ofrecer su versión a este diario. "Me pareció un hombre afable. Cuando le hablé de por qué estaba allí me dijo que él hacía esas cosas para evitar abortos, porque las chicas se iban a abortar a Londres o a barcos en aguas internacionales. Le pregunté por el acta de renuncia de mi madre biológica [documento que debería haber estado y nunca estuvo en su expediente] y me respondió que a los seis meses las quemaban. También me dijo que estuviera tranquilo: 'Ninguno de vosotros es hijo de ninguna fulana' . Según él, todos éramos hijos de gente bien. Lo dijo de tal manera que parecía que éramos todos hijos bastardos de la nobleza. Me insinuó que era mejor dejar de buscar y no remover el pasado".
David fue el verano de 2009 a una residencia para madres solteras en Los Molinos (Madrid). "La madre superiora me contó que la monja que se ocupaba de aquello, María Isolina, había muerto el año anterior. Dijo que en 1985 'debido a la persecución del Gobierno socialista a la Iglesia' tuvo que quemar los expedientes, que había casos de niñas de 13 años embarazadas por una violación y que no podía darme datos porque las chicas daban a los niños en secreto de confesión. Las monjas, como supe más tarde, no tienen secreto de confesión".
Desde entonces, David ha pagado de su bolsillo, a razón de 500 euros cada una, dos pruebas de ADN con una mujer que dice que le robaron a su hijo y otra que asegura que la coaccionaron a darlo. Las dos han sido negativas. Al hablar con unos y con otros, el hoy portavoz de la Asociación de Afectados de la Clínica San Ramón, Santa Cristina y Belén asegura que solo ha encontrado otro caso como el suyo. "Lo del trueque que le hicieron a mi madre, esto de 'traernos a otra embarazada', solo lo he visto en otra persona. Creo que lo utilizaban con familias con menor capacidad adquisitiva, como si fuéramos una especie de niños en rebajas".
David ya no sabe qué pensar: "Por eso yo me he preparado para cualquier desenlace. Me da igual si soy robado, si me dieron, si a mi madre la coaccionaron...".
Buscar los orígenes
- El primer paso para confirmar que una persona es adoptada consiste en solicitar una copia literal del certificado de nacimiento en el Registro Civil. Al ser adoptados, estos documentos son declarados de publicidad restringida para proteger la intimidad, por lo que solo les serán entregados al titular o a sus padres adoptivos. Para localizarla hacen falta los nombres completos y el nombre del sanatorio donde se produjo el parto, así como la fecha en la que ocurrió.
- El artículo 12 de la Ley 54/2007 garantiza el derecho de los adoptados a conocer sus orígenes biológicos. Literalmente establece: "Las personas adoptadas, alcanzada la mayoría de edad o durante su minoría de edad representadas por sus padres, tendrán derecho a conocer los datos que sobre sus orígenes obren en poder de las Entidades Públicas españolas, sin perjuicio de las limitaciones que pudieran derivarse de la legislación de los países de que provengan los menores. Este derecho se hará efectivo con el asesoramiento, la ayuda y mediación de los servicios especializados de la Entidad Pública de Protección de Menores u organizaciones autorizadas para tal fin. Las Entidades Públicas competentes asegurarán la conservación de la información de que dispongan relativa a los orígenes del niño, en particular la información respecto a la identidad de sus padres, así como la historia médica del niño y de su familia".
- Quienes buscan sus orígenes han solicitado al Gobierno la creación
de un banco de ADN. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha ofrecido pruebas gratuitas siempre que haya una autorización judicial. Mientras tanto, los afectados de las clínicas San Ramón, Santa Cristina y Belén ya han
contactado para tal fin con el laboratorio ADF Tecnogen
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España debe respaldar al juez Garzón en la aplicación del derecho internacional
Investigación de crímenes cometidos en la Guerra Civil y la dictadura
Washington D.C., 26 de abril de 2010
CEJIL muestra su preocupación por la decisión del magistrado instructor del Tribunal Supremo español de 7 de abril de 2010, de enjuiciar por prevaricato al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por investigar los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil española y posterior dictadura. La decisión se basa entre otras razones, en la prescripción de los delitos y la existencia de la ley de amnistía 46/1977 de 15 de octubre de 1977 que el juez instructor considera aplicable.
CEJIL considera que las autoridades españolas no pueden criminalizar las acciones judiciales que, con fundamento jurídico en el derecho internacional, estén encaminadas a investigar crímenes de lesa humanidad, entre los que se encuentra la desaparición forzada de cientos de personas en España.
Si bien jueces y fiscales deben aplicar la ley vigente interna, no pueden ignorar el derecho internacional y las obligaciones asumidas por el Estado español, que son de cumplimiento también para funcionarios judiciales. La propia Constitución española establece que las normas relativas a los derechos fundamentales, se interpretarán de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados y convenios internacionales ratificados por España.
En este sentido, la comunidad internacional, de la que forma parte España, ha reconocido la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la imposibilidad de que los mismos sean objeto de leyes de amnistía u otras eximentes de responsabilidad, y el derecho a la verdad que asiste a los familiares de las víctimas.
La Asamblea General de la ONU, en Resoluciones 2583 de 1969 y 3074 de 1973, resaltó la importancia de la “investigación rigurosa” de los crímenes de lesa humanidad, afirmando que éstos serán objeto de investigación, “dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”, y que “las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas”. Por su parte, el Secretario General de la ONU, en su informe sobre el establecimiento del Tribunal Especial para Sierra Leona, señaló que “las Naciones Unidas mantienen sistemáticamente la posición de que la amnistía no puede concederse respecto de crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o las infracciones graves del derecho internacional
humanitario”.
Igualmente, bajo el derecho internacional existe reconocimiento expreso de que la desaparición forzada es un delito de carácter continuado o permanente en tanto no se esclarezca el paradero de la persona desaparecida. Por tanto, no sólo se trataría de delitos que no han prescrito, sino que el Estado español tiene el deber de investigarlos para esclarecer los hechos e identificar a los culpables. Así lo ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en jurisprudencia constante y vinculante para España, y así pareció reconocerlo dicho Estado al ratificar en septiembre de 2009 la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la cual recoge similares principios.
A pesar de ello, el magistrado instructor señala que el juez Baltasar Garzón continuó con el procedimiento penal que había iniciado a pesar “de su falta de competencia y de que los hechos denunciados ya carecían de relevancia penal al tiempo de iniciar el procedimiento”. Además, se acusa al juez de atribuirse competencia para investigar a pesar de tener conocimiento de que los sujetos eventualmente responsables podrían haber fallecido.
Vale señalar que las desapariciones forzadas se perpetúan, en ocasiones, por la complicidad y el encubrimiento de personas que no participaron de la detención inicial de las víctimas, lo que puede llegar a acarrear responsabilidades penales hasta la actualidad.
Adicionalmente, consideramos que la interpretación del juez instructor ignora de manera palmaria el derecho a la verdad que asiste a las víctimas respecto a sus familiares desaparecidos, en tanto la suerte de éstos no se esclarezca. Dicho derecho fue reconocido por Resolución 1463 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 3 de octubre de 2005, vinculante para España, así como en el “Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha contra la Impunidad”, emitidos por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1998.
En este sentido, las investigaciones penales de graves violaciones de derechos humanos son consideradas como clave para la satisfacción de tres objetivos fundamentales: el esclarecimiento de los hechos, el establecimiento de responsabilidades individuales y la reparación de las víctimas. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el derecho a conocer la verdad de los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos se enmarca en el derecho de acceso a la justicia”, y que la obligación de investigar es una forma de reparación. En similares términos se ha pronunciado el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, quien destacó al respecto la “relación cercana entre el derecho a la justicia y el derecho a la verdad, debido a que los mecanismos judiciales juegan un rol prominente en asegurar que se esclarezcan los hechos” (E/CN.4
/2006/52 de 23 de enero de 2006).
Más aun, incluso si los presuntos responsables hubieran fallecido, en otras jurisdicciones, se han llevado a cabo procesos judiciales que, pueden tener entre sus fines el satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas. De esta manera, en Argentina se llevaron a cabo los llamados “juicios de verdad”, que tenían como fin único “satisfacer la obligación de investigar el destino final de los desaparecidos entre 1976 y 1983, descubrir la verdad de lo sucedido y de esta manera dar respuesta a los familiares y a la sociedad” (Resolución 18/98 de la Cámara Federal de La Plata, de 21 de abril de 1998).
Con base en lo anterior, consideramos que la investigación iniciada por el juez Garzón para combatir la impunidad por crímenes de lesa humanidad y promover la búsqueda de la verdad para las víctimas afectadas, está sustentada en el derecho internacional. Por ello, las discrepancias sobre la competencia del juez o los posibles conflictos entre la ley internacional y la interna deben ser debatidos jurídicamente en el proceso, pero no deben implicar en ningún caso la penalización del juez.
De lo contrario, España estaría tomando un paso que, más allá de contravenir sus obligaciones internacionales, constituiría un retroceso para la justicia internacional, y crearía un peligroso precedente en la lucha contra la impunidad por graves violaciones de derechos humanos en España y en otras partes del mundo. Por tanto, CEJIL hace un llamado a las autoridades españolas para reconsiderar su decisión en el presente caso.
Contacto de prensa:
Mauricio Herrera Ulloa
Director de Comunicación
Tel: (202) 319-3000
mherrera@cejil.org
www.cejil.org
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.
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Entrevista a Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción y defensor de la memoria histórica
“La Ley de Amnistía no es aplicable a los implicados en el robo de niños”
El ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo explica en DIAGONAL que el delito por el secuestro de menores no prescribe y qué relación tienen los últimos casos sobre el robo de niños en las maternidades con anteriores sustracciones de menores.
DIAGONAL: ¿Qué relación existe entre los casos de robos de niños en maternidades en los años ‘60, ‘70 y 80 y las sustracciones de menores llevadas a cabo durante la Guerra Civil y la posguerra?
CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO: Todo estos casos tienen mucho en común, como se refleja en el auto de fecha 16 de octubre de 2008 del juez Baltasar Garzón en el que se detalla que los 30.000 niños robados del Franquismo fueron arrebatados de los brazos de sus madres. Mujeres demócratas cuyos hijos eran robados con un móvil político, que fue sistemático y con un plan perfectamente trazado.
Estos hechos se llevaron a cabo por funcionarias de prisiones y por monjas de las órdenes religiosas que estaban a cargo de las prisiones, bajo la llamada asistencia espiritual en las cárceles. Además, había una trama de médicos, religiosos y responsables políticos que con total impunidad robaban a los menores.
Esos delitos estaban perfectamente tipificados en los códigos penales de la época, como por ejemplo en el de 1963, que contemplaba una sanción por sustracción de menores.
D.: ¿Cómo actuaban los implicados y qué tenían en común estos hechos?
C.J.V.: En todos los casos se repetían las mismas conductas. Se llevaban a cabo desde sectores sociales con un nivel relevante entonces, tanto desde el punto de vista social, como religioso. Se sustraían a los menores en la más absoluta clandestinidad, con la garantía de que nadie iba a denunciar estos hechos ante las autoridades policiales y judiciales competentes.
Eso les daba una seguridad en la previsión de las conductas y permitía la continuidad de las sustracciones. Entonces, miles de niños fueron robados a sus padres. Sólo se podrían haber producido esas actuaciones bajo un régimen dictatorial que amparaba esas conductas, porque, evidentemente, las autoridades políticas de eso tenían conocimiento.
La segunda parte de los secuestros de niños no tuvo un carácter político, ni tan masivo que en la primera etapa. No obstante, sí que fue organizado. En las maternidades, durante los años ’60, ’70 y los ’80, cuando se produjeron muchos de los casos de robos de bebés que ahora están saliendo a la luz, y en otros casos, en los partos de madres solteras, estas mujeres fueron cohibidas o coaccionadas por religiosos, médicos e incluso por la propia familia, en muchos casos. Era imposible que los jueces y fiscales tuvieran conocimiento si los hechos no eran denunciadados. En esos años, sí que los jueces y fiscales llegamos a otros delitos tan graves como la tortura, porque era más fácil conocerlos al tener acceso a los detenidos.
D.:¿La implicación conocida ahora de médicos del Opus Dei en los robos de niños en las maternidades hasta entrada la democracia, pone de manifiesto que esos médicos han contado, y aún cuentan, con mucho poder?
C.J.V.: Sí. Esos médicos de entonces han seguido manteniendo mucha influencia y en clínicas pequeñas se ha utilizado el mismo móvil que en el Franquismo. Evidentemente, esas personas que tuvieron tanta relevancia política y social en los años iniciales de la democracia siguieron ocupando puestos destacados. Habría que ver exactamente los nombres de esas personas e investigar los robos de niños. Si son hechos que fueron cometidos de forma continuada, con un concierto previo y de forma sistemática, sería un delito perfectamente perseguible.
Bajo ningún concepto les sería aplicable, si alguien lo ha planteado, o lo piensa, la Ley de Amnistía de 1977. Aquí no había un móvil político, la Amnistía es sólo para funcionarios y políticos y no está acreditado que las monjas y médicos fueran autoridades políticas.
D.:El fiscal general del Estado, Candido Pumpido ha determinado que el robo de bebés se tiene que investigar pero remite los casos a las fiscalías territoriales. ¿Se corre el riesgo de que se dispersen los hechos?
C.J.V.: El fiscal general del Estado en todo lo que afecta a la memoria histórica está cometiendo errores muy graves. Por ejemplo, se ha opuesto a que se tramite la recusación de la sentencia que condenatoria a muerte de Miguel Hernández y sus tesis han llevado al Tribunal Supremo a asumirlas y rechazar la condena de Miguel Hernández. Por otra parte, se ha negado una fiscalía especializada para coordinar todo lo relativo a la exhumación de las fosas comunes con los miles y miles de fusilados que hay todavía en las cunetas en toda España.
Ahora, el fiscal general del Estado vuelve a reenviar los casos de niños robados a las fiscalías territoriales, sin crear lo que tenía que haber hecho antes. Es decir, una fiscalía dentro de la Fiscalía General del Estado. No sería la primera vez que se crea una fiscalía especializada en una conducta delictiva. Si no se centraliza la investigación, estamos condenados otra vez a una dispersión de esfuerzos, a una falta de control sobre un terrible delito que se repitió en toda España. El robo en las maternidades debe investigarse de forma centralizada, tienen que sentarse las bases para una investigación sistemática de los hechos. Al final, los enjuiciados van a ser los miembros del Tribunal Supremo, por no adoptar las medidas oportunas. Es igual que en el caso de Garzón, ya está condenado.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-Ley-de-Amnistia-no-es-aplicable.html
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"LA OTITIS, NUNCA UNA CAUSA DE MUERTE"
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REPORTAJE: Vidas robadas
Una exmonja denuncia el tráfico de niños
Mercedes Sánchez culpa a la exdirectora de la casa cuna de Tenerife de adopciones ilegales - Revela cómo operaba la red y cómo se maltrataba a los menores
NATALIA JUNQUERA / JESÚS DUVA - Madrid - 27/03/2011
Trabajó en la casa cuna de Tenerife -denunciada por robo de niños- desde el 16 de junio de 1963 hasta el 5 de septiembre de 1967. Menos de cuatro meses después, dejó de ser monja. Hoy, a sus 73 años, Mercedes Sánchez García confiesa por qué.
"La madre de Liberia gritaba el nombre de su hija agarrada a las rejas de la casa cuna"
"Dijo que inventara un nombre para el bebé por si me paraba la Guardia Civil"
"Ella iba a recoger bebés a Bilbao en avión y los distribuía en Tenerife"
Mercedes acabó expulsada de la orden tras enfrentarse a su jefa
"Reuní las fuerzas para hablar al leer en EL PAÍS la historia de Liberia Hernández [robada en la casa cuna de Tenerife a los ocho años] y las explicaciones que daba la superiora, sor Juana Alonso, negando haber conocido a esa niña. Yo recuerdo perfectamente a la madre de Liberia agarrada a las rejas del patio preguntando por su hija. Cuando yo empecé a trabajar allí ya habían dado a Liberia en adopción, pero el resto de niñas me explicó que aquella mujer que iba a las rejas era su madre. Estuvo años yendo a la casa cuna a preguntar por su hija. No la abandonó. Sor Juana la despachaba diciéndole que se olvidara, que Liberia estaría mejor con las personas que estaba".
Mercedes también confirma los malos tratos en la casa cuna que Liberia denunció en EL PAÍS. "Al principio, las niñas adoraban a sor Juana Alonso. De hecho, cuando la trasladaron a la casa cuna de Bilbao, pidieron por carta que volviera. En Bilbao conoció a doña Mercedes (Herrán de Gras, propietaria de una red de pisos nido para madres solteras). Cuando volvió, sor Juana era otra persona distinta. Las niñas se arrepintieron mucho de haberle hecho regresar. Les pegaba. Yo la pillé una vez dándole una paliza a una adolescente. Se la había llevado a un lugar apartado, para que nadie la viera, y la chiquilla, que tendría 15 años, le gritaba: 'Por favor, sor Juana... por favor'. Yo le dije que aquello que hacía era inmoral".
No fue el único enfrentamiento entre ambas monjas, pertenecientes a la congregación de las Hijas de la Caridad. "Sor Juana siguió yendo a ver a doña Mercedes. Iba a Bilbao en avión a recoger recién nacidos para darlos en adopción en la casa cuna de Tenerife, donde hacía la distribución. Ahora pienso que probablemente esos niños no sepan que son adoptados", recuerda Mercedes.
La exreligiosa cuenta una vivencia personal: "A mí también me envió una vez a Valencia a por un bebé. Fue en el verano de 1967. Antes de salir me dijo: 'Invéntate un nombre para el niño por si te para la Guardia Civil. Tienes que decir siempre el mismo'. Al llegar a la clínica que me había indicado, en pleno centro de la ciudad, una monja me pidió un sobre que me había dado sor Juana. No sé si era un talón, porque no vi lo que había dentro, pero a ella le pareció bien y me entregó al niño. Había nacido ese mismo día y era precioso. Era tan bonito que dije: '¿Pero la madre lo ha visto?'. La monja se enfadó y me contestó que la madre no tenía por qué verlo porque había renunciado a él y que yo tenía que sacar al bebé de allí enseguida".
Sor Juana había dado a Mercedes un día de asueto para visitar a su familia aprovechando el viaje para recoger a aquel niño de Valencia. "Al verme con el bebé, un familiar me preguntó por su documentación. Le dije que a mí no me habían dado nada más que al niño y me contestó que aquello no era legal, porque debía estar inscrito en el sitio en el que había nacido, es decir, en Valencia".
Cuando Mercedes regresó a Tenerife, le expuso a sor Juana las dudas que le había transmitido su familia. "Se enfadó muchísimo. Me gritó: '¡20 años llevo haciendo esto y viene el último mono a reprochármelo. Ahora bese usted el suelo y váyase!'. Me quedé anonadada. Al día siguiente, cuando fui a ver al niño que había traído, ya no estaba. Había sido dado en adopción. Y cuando pregunté por él, me dijo: 'Está en buenas manos".
Para entonces, Mercedes ya tenía muchas dudas sobre lo que estaba ocurriendo en aquella casa cuna. "Entre nosotras [las 23 monjas que trabajaban en aquel hogar infantil] lo comentábamos, pero solo eran rumores porque sor Juana era muy taimada, hermética, y lo hacía todo por su cuenta. Yo nunca vi dinero y en la comunidad no repercutía nada. Pero a los niños los traía y llevaba de Bilbao en avión".
"En la entrevista en EL PAÍS", prosigue Mercedes, "sor Juana hablaba de un bebé que habían dejado abandonado en el torno de la casa cuna con un papelito de su madre diciendo que no se podía hacer cargo de él. Lo recuerdo perfectamente porque a aquel recién nacido lo cogí yo. Lo sé porque entonces solíamos despertar a los niños hacia las doce y media de la noche para llevarlos al baño y que no se hicieran pis en la cama y sobre esa hora sonó la sirena del torno. Era un bebé precioso, pero al día siguiente, cuando fui a verle, ya no estaba. Sor Juana se lo había entregado a alguna familia". La propia sor Juana confesó a EL PAÍS: "Preferíamos dar al niño siempre recién nacido. Si las madres no venían, como mucho a los pocos meses se daba al niño y como teníamos fama de darlos bien, ninguno se nos hacía mayor en nuestro centro. Se los llevaban antes".
Sor Juana, superiora de la casa cuna de Tenerife durante 19 años [lo normal en su congregación eran cuatro prorrogables a seis] nunca perdonó a Mercedes que hubiera cuestionado su autoridad y sobre todo, la legalidad de las adopciones que llevaba a cabo. "A partir de aquel día me hizo la vida imposible. Se inventó cosas sobre mí. Me acusó de lo peor que se puede acusar a una monja. ¡Yo ni conocía a aquel hombre!".
Como primera medida, sor Juana Alonso sacó a Mercedes de la casa cuna. "Me envió a Sevilla con otras Hijas de la Caridad para que reflexionara. La superiora de Sevilla me dijo que estaba a tiempo de arrepentirme y me ofreció quedarme allí a cuidar de los cerdos y las gallinas que tenían. Pero yo no tenía nada de lo que arrepentirme y le contesté que además ni mi misión ni mi vocación era la de cuidar cerdos y gallinas. Le escribí una carta angustiada a William Slattery, superior de las Hijas de la Caridad, en París, contándole lo que me había pasado. El 17 de diciembre de 1967, justo el día de mi cumpleaños, llegó la respuesta", relata enseñando la misiva. "Me liberaba de los votos de pobreza, castidad, obediencia y servicio a los pobres, y lo hacía, según decía, atendiendo a unos informes que había recibido sobre mí y en los que estoy segura que sor Juana tuvo mucho que ver".
El impacto de aquella carta y de todo lo que había visto en la casa cuna de Tenerife fue brutal para Mercedes. "Tuve una crisis de fe gordísima. Dejé de creer en los curas y en las monjas y decidí dejar de serlo yo misma", relata. Hoy va a misa todos los días y piensa en lo distinta que habría sido su vida si aquella mujer no se hubiera cruzado en su camino: "Sor Juana era soberbia. Se comportaba como un semidiós. Hacía y deshacía las vidas de la gente y tenía la conciencia muy laxa. No creo que hoy se arrepienta de nada de lo que hizo".
Mercedes sí lamenta algo. No haberse acercado a aquella mujer que se agarraba a los barrotes de la casa cuna gritando el nombre de su hija: Liberia.
Frentes abiertos
- Exhumaciones de cadáveres. Desde que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, recibió el pasado 27 de enero las denuncias de 261 posibles casos de robo de niños en toda España, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), ha reunido 1.000 más. Pumpido decidió remitir cada denuncia a las respectivas fiscalías provinciales y nombrar a la fiscal de sala Elvira Tejada como coordinadora de las investigaciones. Tejada ha dado orden a los fiscales provinciales de que no se archive ningún caso en tanto que no avancen las investigaciones de la policía. Algunas fiscalías planean ya pedir a los jueces que exhumen varios cadáveres en cementerios para comprobar si los restos corresponden a los niños a cuyas familias les dijeron que habían muerto y que ahora sospechan que en realidad fueron dados en adopción. Solo en Madrid, donde ya han empezado a declarar las víctimas, hay 81 denuncias por robo de bebés. En Cataluña, Anadir ha anunciado que añadirá 40 más a las 36 ya presentadas. Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, también ha nombrado a un fiscal, Ángel Núñez, como asesor de las asociaciones de afectados. Al reunirse con Mar Soriano, coordinadora de una de las plataformas de víctimas, y su abogado, el pasado jueves, se comprometió a remover obstáculos para que tengan acceso a los registros oficiales y puedan solicitar toda la documentación necesaria para denunciar sus casos.
- Apoyo político. Todos los partidos condenaron el robo de niños y pidieron que se persiga y castigue a los culpables. Lo hicieron el pasado 15 de marzo en la Comisión de Justicia del Congreso tras escuchar durante toda una mañana a los portavoces de las principales asociaciones de afectados por el robo de niños. Portavoces de todos los grupos también se comprometieron ante las víctimas a remover obstáculos y presionar a las instituciones.
- Asociaciones. Plataforma de Afectados de Clínicas de Toda España. Causa: niños robados; Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir). Asociación de Afectados Clínica San Ramón; Adoptados.org
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Sor Juana es la quinta por la izquierda, en la segunda fila. Mercedes tiene la mano apoyada en el muro.- |
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Apoyo político. Todos los partidos condenaron el robo de niños y pidieron que se persiga y castigue a los culpables. Lo hicieron el pasado 15 de marzo en la Comisión de Justicia del Congreso tras escuchar durante toda una mañana a los portavoces de las principales asociaciones de afectados por el robo de niños. Portavoces de todos los grupos también se comprometieron ante las víctimas a remover obstáculos y presionar a las instituciones." |
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13 abril, 2011 a 0:11 (Derechos Humanos, Franquismo, Medios de comunicación, Niños robados, Opinión)
Carlos Rodríguez Braun atribuye las denuncias a una campaña de la izquierda contra la iglesia. Anadir denuncia ante la Justicia 281 nuevos casos de bebés robados.
PÚBLICO.ES Madrid 12/04/2011
Carlos Rodríguez Braun, en una imagen de su columna.
Los niños robados durante el franquismo y los primeros años de la democracia en clínicas de toda España, la mayoría ligadas a la Iglesia, son una falacia. Sencillamente, “no hubo”. El economista y opinador del diario La RazónCarlos Rodríguez Braun publica este martes una columna, titulada Niños robados, en la que niega el robo de niños. “Un momento, señora:¿usted se dejaría robar un hijo? Es imposible“, se pregunta y responde a sí mismo.
En contra de lo que sostiene Braun, las denuncias por supuestos casos de niños robados en clínicas y hospitales de toda España siguen aumentando mes a mes: la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) ha remitido 281 nuevos casos a las fiscalías provinciales, que ya investigan los 261 denunciados desde enero.
En total, 542 personas han denunciado su historia sólo a través de Anadir, sin contar los cientos de casos que llevan otras organizaciones o los que lo han hecho de forma individual. Los casos más numerosos se dieron en maternidades de Madrid (48 nuevos denunciantes); Barcelona, (31); Guipúzcoa (26) Álava (22) y Sevilla (21).
“Sospecho que se trataba de solteras embarazadas queentregaron a sus hijos a instituciones religiosas para que los dieran en adopción”, argumenta Rodríguez Braun, que aplaude a las mujeres que, según su teoría, se deshicieron de sus pequeños porque “hicieron algo importantísimo:permitieron que sus hijos vivieran“.
Conspiración de la izquierda
A juicio del economista, el incremento de denuncias de niños robados y madres que sospechan que se quedaron con sus bebés nada más dar a luz para entregarlos a otras familias con la excusa de que habían muerto, se debe a una nueva campaña de la izquierda para echar “las culpas sobre la Iglesia e ignorando hipócritamente qué sucedería con algunos o muchos de esos embarazos no deseados en nuestros tiempos, tan progresistas”.
“¿Qué pasaría hoy con esos niños?”, vuelve a plantearse Rodríguez Braun, que también vuelve a responderse él solo: “Venga, si es elemental, si ya lo dijo Bibiana Aído: no son seres humanos. Por lo tanto… pues eso”.
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http://www.publico.es/espana/370872/un-columnista-de-la-razon-dice-que-no-hubo-ni-un-caso-de-ninos-robados
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17 marzo, 2011 a 1:32 (Derechos Humanos, Estado, Franquismo, In-Justicia, Memoria histórica, Niños robados, Política)
ADOPCIONES IRREGULARES.
Comparecencia del presidente de Anadir y la portavoz de Afectados de Clínicas en la Comisión de Justicia.
16/03/2011 EL PERIÓDICO
Los grupos del Congreso respaldaron ayer que se llegue al fondo del caso de los niños sustraídos a sus padres biológicos para darlos en adopción, a ser posible antes de que acabe la legislatura, a mantener una relación permanente con las víctimas y a controlar la respuesta de la Administración.
Esta fue la decisión que adoptaron tras escuchar al presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), el aragonés Antonio Barroso, y a la portavoz de la Plataforma de Afectados de Clínicas de toda España de la Causa de Niños Robados, Mar Soriano, que comparecieron en la Comisión de Justicia.
“Luchen con nosotros para que se haga justicia pase lo que pase y pese a quien pese”, subrayó Barroso, quien pidió que “se señale a los culpables y se les juzgue por sus inmensos daños”. Según los datos que maneja Anadir, en España existen 300.000 niños afectados por esta situación y en Aragón se han denunciado de momento nueve casos, si bien se sospecha que la trama de adopciones irregulares es mucho más extensa.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=655344
Los “ladrones de niños” se servían de las instituciones para las que trabajaban, falsificaban documentos públicos y pervertían los registros inscribiendo a personas con identidades falsas, según relató. “Queremos pedir que se nos permita reconstruir documentalmente nuestras vidas”, agregó Barroso.
El presidente de Anadir solicitó a los diputados que legislen para que, sin perjuicio de la Ley de Datos en vigor, las víctimas puedan consultar informes médicos, registros de pacientes, informes de autopsias, historiales clínicos, partidas de nacimiento y defunción y legajos de aborto.
El abogado de Anadir, Enrique Vila, elogió al fiscal general por ordenar a las fiscalías provinciales que investiguen y pidió que la ayuda del Estado a los afectados sea “inmediata”. Por su lado, Mar Soriano explicó las respuestas denegatorias de hospitales y administraciones a las peticiones de información, con el argumento de la protección de datos o la necesidad de una orden judicial.
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14 marzo, 2011 a 21:55 (Corrupción, Derechos Humanos, Franquismo, Justicia, Memoria histórica, Niños robados, Opinión, Política)
ALMUDENA GRANDES 14/03/2011
No hay nada en esta historia de la que sentirse orgulloso. Pero el adjetivo “ejemplar” no solo califica la excelencia. También designa a los prototipos, los modelos originales de un proceso. Y este lo es, porque ejemplifica como muy pocos la relación entre el pueblo español y las instituciones que rigieron su destino durante 40 años.
Los juzgados de Cádiz están desbordados. No serán los últimos. El caso de los niños robados a sus padres primero por la fuerza, luego con mentiras, para darlos en adopción a ejemplares familias franquistas, no ha hecho más que empezar. Los aguafiestas que llevamos años empeñados en la fastidiosa pretensión de barrer debajo de la alfombra, esperábamos esta explosión desde hace mucho tiempo. Yo no me alegro. Hay demasiada angustia, demasiado dolor en esta historia, como para celebrar que hayan saltado las tapas de las alcantarillas. Pero el detalle de que tramas criminales originadas en las cárceles de mujeres de los años cuarenta lograran traspasar la barrera de la democracia debería impulsar una reflexión postergada durante más de 30 años.
Una dictadura no se elimina con la simple voluntad de olvidarla. Los regímenes viles envilecen a sus súbditos, y crean mecanismos jurídicos, psicológicos y morales que les sobreviven. En la posguerra, las presas republicanas perdían lo único que tenían, sus hijos, en un proceso sistemático destinado a extirpar el izquierdismo de este país. Aquella operación de limpieza se convirtió después en un negocio asentado en la convicción de que los españoles, sujetos al terror, privados de derechos, no eran nada, basura. Sin aquellos antecedentes, nunca se habría llegado a estas consecuencias. Todos los niños robados son víctimas del franquismo. Archivar su caso convertiría a la justicia española en cómplice moral del crimen más duradero de la dictadura.
http://www.elpais.com/articulo/ultima/Caso/ejemplar/elpepuopi
/20110314elpepiult_1/Tes
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14 marzo, 2011 a 13:39 (Estado, Franquismo, Justicia, Memoria histórica, Opinión, Política)
Tags: Juez Garzón
14 de Marzo de 2011
El Yomiuri Shimbun considera que un posible juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del Franquismo supondría en sí mismo un proceso al propio Tribunal Supremo y a la madurez de la democracia en España”. En el texto también valora la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007.
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De: Picaro |
Envoyé: 30/04/2011 17:18 |
Tenemos parte de las cosas con las cuales la derecha no tiene moral para hablar de alternativas. Ahora bien, si ellos le llaman “alternativa” el alimentar a los rico y enterrar a los pobres, entonces, si se les puede crear.
Me supongo que se te olvido que la izquierda de Stalin tenia una moral muy sabrosa. Llename de lo bueno que son todo los extremistas de izquierda. A esos que no tiene compasion ni tubieron compasion para fusilar por todo los lao muchos ni siquiera sin juicios. |
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"Una de las sorpresas que me encontré a la vuelta de un largo exilio fue el ver que mis estudiantes (gente joven, despierta y curiosa intelectualmente, horrorizados por las barbaridades realizadas por las dictaduras chilenas y argentinas -tales como el robo de niños de padres asesinados por aquellas dictaduras-) desconocían que todos aquellos horrores habían ocurrido también en España durante la dictadura franquista, incluyendo el robo de niños de madres republicanas asesinadas por el Ejército golpista."
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Jesús Duva / Natalia Junquera
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Las pruebas de ADN deberán confirmar que una residente en León y otra adoptada en Valencia son hermanas.- Los médicos y monjas de la maternidad donde nacieron dijeron a los padres que una de ellas había muerto
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Carmen lleva 42 años buscando a la persona que nació cinco minutos después que ella en el hospital de la calle O'Donnell (Madrid). Es mucho tiempo, pero todavía es incapaz de mencionar el nombre de su hermana gemela, Susana, sin romper a llorar. "Yo siempre he vivido con una sensación extraña, como si ...
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13 MAR 2011
"Una señora adinerada se llevó a mi hermano". Pepi Rodríguez Ibáñez no tiene la menor duda de que hay "por ahí" un niño -un hombre ya- que es su hermano mellizo, al que lleva buscando "desde hace 40 años".
Hasta los años 50 ocurrió en las cárceles franquistas y en los hogares de maquis o mujeres destacadas en la República como un método más de represión política. A partir de entonces y durante 40 años más, el robo de niños se perpetró en clínicas de toda España, la mayoría ligadas a la Iglesia.
El País analiza las tramas por las que médicos, monjas y curas decidieron quién tenía derecho a tener un niño y quién no. Dónde, cómo y por cuánto. Estas son las razones de los que manipulaban vidas. Las justificaciones de los que se hicieron con ellas. Y el sobrecogedor relato de algunas víctimas.
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Efemérides
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17 de Julio
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Golpe militar de Franco contra la República
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Un día como el de hoy, pero del año 1936 , los militares  españoles más conservadores del Ejército, se levantan contra el gobierno de la República. El alzamiento comienza antes de lo planeado en Melilla y pronto se extiende a Tetuán y a Ceuta. Prácticamente todo el Marruecos español estará en manos de los golpistas antes de que Franco, procedente de las Canarias, se ponga al mando de las tropas sublevadas. Al día siguiente, el levantamiento se extenderá a la Península. El triunfo, en las Elecciones de Febrero del Frente Popular, había generado un importante revuelo en los cuarteles, que no vieron con buenos ojos a la coalición liderada por Azaña. Pero los golpistas no recibirán el apoyo total y necesario para alcanzar su objetivo y además deberán enfrentar la resistencia heroica de los sindicatos, los partidos políticos de izquierda, y todos los hombres y mujeres dispuestos a combatir al fascismo. Estallará, entonces, una lucha fraticida que enlutará a España a lo largo de tres sangrientos años. La Guerra Civil Española será un acontecimiento más dentro de la desestabilización europea. Por entonces, el viejo continente galopaba de manera dramática hacia una nueva guerra mundial de proporciones aún mayores a la que se había sufrido entre 1914 y 1918. Franco irá ganando poder entre los sublevados hasta ser nombrado Generalísimo. Será el principal responsable de la muerte de medio millón de españoles y logrará la victoria sobre los Republicanos gracias a la ayuda y apoyo que le brindarán tres líderes europeos, tan criminales como él (Hitler, Salazar y Mussolini). Perpetrada la masacre, el dictador gobernará España hasta su muerte, acaecida en 1975.
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SALUDOS REVOLUCIONARIOS  
(Gran Papiyo) |
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El Parlamento aprueba por unanimidad estudiar los casos de robos de bebés
Descarta entre sus objetivos proponer "medidas de reparación" para los afectados
La Cámara ha aprobado por unanimidad esta mañana la creación de una comisión de estudio en torno a los casos de bebés robados. La iniciativa, impulsada por el parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, ha sido modificada para alcanzar la resolución final que ha sido aprobada por todos los grupos, de manera que algunos de los objetivos planteados inicialmente, como la creación de “medidas de reparación para los afectados”, no tendrán cabida en el grupo de trabajo que surgirá a raíz del acuerdo alcanzado hoy.
La comisión estudiará los casos entre 1940 y 1990 y elaborará un plan de trabajo en el que se podrán incluir comparecencias de afectados, responsables políticos y expertos, entre otros. El objetivo será el “análisis y estudio pormenorizado de toda la normativa” en torno a las adopciones y “proponer todas aquellas reformas y modificaciones legislativas que coadyuven tanto el esclarecimiento de los hechos como a evitar cualquier resquicio legal que pudiera dar cauce a la comisión futura de estos hechos”.
El debate ha coincidido con el encuentro del lehendakari, Patxi López, con portavoces de la asociación SOS Bebés Robados.
El impulsor de la iniciativa parlamentaria ha recordado que el propio Ararteko planteó la necesidad de crear una comisión de estas características. La portavoz del PP, Marimar Blanco, que la pasada semana registraba una iniciativa similar a la de EA, ha señalado que “esta causa nos compete a todos” y ha apostado por “dejar de lado cualquier postura partidista” para tratar de ayudar a los afectados por supuestos robos de bebés.
La parlamentaria socialista Miren Gallastegui ha mostrado su satisfacción porque esta comisión pueda trabajar de forma paralela a las iniciativas impulsadas por el Gobierno para que las “familias consigan las certezas que les permitan vivir más tranquilas”.
Más críticos han sido Ezker Anitza y Aralar. El parlamentario del primer partido, Mikel Arana, ha sido especialmente duro al señalar que “hemos ido detrás de los ciudadanos”, “llegamos tarde, empezamos mal”. Y es que, a la iniciativa de Agirrezabala presentada en 2011, partidos como PNV, PSE y PP registraron enmiendas a la totalidad rechazando la creación la comisión que hoy aprobaba la Cámara por unanimidad.
La razón es que entre la presentación de la iniciativa y su debate pospuesto hasta hoy, nuevos indicios y los resultados de las tres exhumaciones en Euskadi han dado fuerza al relato de los afectados, que ya en octubre acudieron al Parlamento a explicar su situación y sus dificultades para tratar de aclarar sus sospechas. La propia portavoz socialista ha señalado que los casos de bebés robados parecían “en un primer momento algo más etéreo” y añadía que ahora está situación ha cambiado, tomando un “cariz concreto y lamentable”.
Desde Aralar, Mikel Basabe ha criticado que el estudio de la comisión empiece en 1940 y no dos años antes, en 1938, ya que en enero de ese mismo año fue cuando empezaron a llegar a la cárcel de Saturrarán mujeres que en algunos casos fueron despojadas de sus hijos. “La oportunidad de crear una trama [de bebés robados] la dio el franquismo”, ha añadido.
El debate ha coincidido con la reunión del lehendakari, Patxi López, con portavoces de la asociación SOS Bebés Robados y con la familia Losa Ocáriz, una de las primeras que han vivido una exhumación en la que no se han encontrado restos de su hermana. La portavoz del Gobierno y titular de Justicia, Idoia Mendia, ha calificado la reunión como “muy clarificadora e interesante” y ha resaltado la importancia de la ventanilla única que el Ejecutivo ha puesto en marcha para atender a los afectados. “Nos va a permitir incluso ver cosas que ahora no podemos ver”, ha explicado.
Con respecto a las ayudas económicas que solicitan las asociaciones, Mendia ha señalado que deberán presentar proyectos para optar a las líneas subvencionales del Gobierno y ha reiterado que también hay ayudas en otros niveles institucionales, ya que en diputaciones y ayuntamientos los “regímenes son menos constreñidos”. Asimismo, la portavoz ha explicado que el PSE de Bilbao ya ha planteado una moción para que el Ayuntamiento conceda un local a las asociaciones, otra de sus demandas, y que Antonio Basagoiti pedirá al Ayuntamiento de Vitoria que habilite un recurso similar. En Irún, la Diputación y el Ayuntamiento están en conversaciones para hacer lo propio.
En referencia a la comisión de estudio, Mendia ha señalado que “la investigación compete a los poderes judiciales” pero ha reconocido que los trabajos de los parlamentarios “van a complementar” a la vía judicial. Desde la familia Losa Ocáriz han valorado la creación de la comisión y el respaldo que han obtenido hoy del lehendakari y han pedido que “no se proteja a las instituciones” que niegan información a las familias afectadas. Desde SOS Bebés Robados, Flor Díaz se ha referido a la comisión como un paso “muy positivo” porque “hasta ahora los afectados se han sentido muy solos”.
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