La Asociación de Empleados de la rama judicial, Asonal-Judicial, denunció el incremento de las amenazas y descalificaciones contra los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, quienes pidieron investigar a varias personas por posibles nexos con paramilitares.
El fallo de los magistrados fue emitido hace dos semanas en un proceso que excluyó a siete miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, y en cuyas investigaciones los jueces recibieron información sobre probables nexos de algunas personas con paramilitares, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, empresarios y varios militares.
El presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro Calle, confirmó que el magistrado Rubén Darío Pinilla ha recibido esas graves amenazas por su fallo y temen por su integridad y la de su familia, por lo cual reclamó del Gobierno nacional la aplicación de una mayor seguridad para estos y todos los jueces y fiscales amenazados en Antioquia y el país.
Para nosotros es muy preocupante que los fallos judiciales sigan siendo deslegitimados y sobre todo que se presten para que sean objetos los funcionarios de amenazas, y creemos que es indispensable que las autoridades que les presten la colaboración y la seguridad. Por eso rechazamos las manifestaciones que hemos escuchados que condena a los jueces y magistrados que han llevado rigurosamente sus investigaciones para que se conozca todo lo que ha sido este surgimiento y mantenimiento del paramilitarismo en Colombia”, declaró a Caracol Radio el presidente de Asonal Judicial.
El presidente de la agremiación de jueces y fiscales insistió en que el Gobierno nacional debe prestarle “toda la atención a esto, porque lo que han hecho los magistrados es recopilar toda la informaciones que se ha obtenido en la sección de Justicia y Paz, para efectos de que las autoridades judiciales esclarezcan los delitos denunciados dentro de este marco”.
“Allí no se juzgó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, simplemente se recolectaron unas pruebas y se le está pidiendo a su tribunal natural, que es la Cámara de Representantes, que investigue las conductas en que posiblemente haya podido incurrir el expresidente, al igual que otras autoridades, en especial vinculadas con la Policía Nacional, como también a la clase dirigente, no sólo de Antioquia sino de Colombia, que está vinculada a la financiación del paramilitarismo”, añadió el presidente de Asonal Judicial.
Reiteró que le piden al Gobierno nacional que “se respeten las decisiones judiciales, que se acaten por parte de todas las autoridades y que el Gobierno nacional y el Consejo Superior de la Judicatura le brinde la seguridad necesaria a los funcionario judiciales para que ellos puedan desarrollar su trabajo en forma independiente y autónoma y no estar sometidos a ningún poder que pueda vulnerar esta posibilidad”.
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