Preocupado por la alta asistencia de público, el Ministerio de Cultura advierte a los cines privados que 'deben cumplir la política cultural de la revolución'.
Funcionarios gubernamentales afirmaron este domingo que la exhibición de cine en 3D, por parte de privados, es una "actividad ilegal" que podría "regularse", pero bajo "los principios de la política cultural de la revolución".
"Los principios de la política cultural de la revolución cubana, que rigen las instituciones culturales, son los mismos que existen para vendedores de CD-DVD, propietarios de paladares que contratan o invitan a artistas para que actúen en sus establecimientos, para quienes hacen películas, y para los cuentapropistas en general", advirtió Fernando Rojas, viceministro de Cultura.
Según el comisario, dicha política "debe ser cumplida sin excepciones, porque es para todos: para el vecino del barrio que pone música en su casa, para el que 'quema' discos..., independientemente de que ahora sea mayor el acceso a las nuevas tecnologías".
"¿Qué hacer entonces: prohibir o regular? Creo que se trata de regular, a partir de una premisa fundamental: el cumplimiento por todos y todas de lo que establece la política cultural", advirtió Rojas, según el diario oficial Juventud Rebelde.
Después de criticar el "pésimo gusto" de las exhibiciones en 3D, cuestión en la que el régimen pretende seguir decidiendo, dijo que el Ministerio de Cultura "está trabajando" en regulaciones.
El organismo, según Rojas, tiene el "convencimiento" de que "se promueve mucha frivolidad, mediocridad, seudocultura y banalidad, lo que se contrapone a una política que exige que lo que prime en el consumo cultural de los cubanos sea únicamente la calidad".
No puedo, pero no dejo
Roberto Smith, presidente del ICAIC, dijo que "los cuentapropistas pueden distribuir los filmes como vendedores de discos, legalmente reconocidos, aunque realizan una actividad ilegal, pues no pagan nada a sus productores por las copias piratas".
"La proyección de 3D por cuenta propia es un proceso en el que aún no hay nada definido y, por tanto, esa actividad no es legal, pero tampoco se toman medidas contra las personas que lo patrocinan. Todo debe estar regido por el principio de la política cultural", advirtió.
En conferencia de prensa, Marta Elena Feitó Cabrera, viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, explicó que no existe autorización para la proyección de películas, "sean en 3D o en otro formato".
"En los años 90 se restringió este tipo de actividad por las implicaciones que en ese momento tenían para la seguridad del país, y por la posible proyección de materiales pornográficos, entre otros", dijo la viceministra, apuntando a la causa real del miedo gubernamental.
Feitó Cabrera sugirió que podría implementarse "la posibilidad de descargar las películas de algún servidor". Es decir, un servidor con las películas que el Gobierno apruebe.
Roberto Smith insistió en que el ICAIC "defiende al cine como valor y expresión cultural que no puede arruinarse con la política de mercado, modus operandi de estas salas por cuenta propia".
"Sin ser categórico, diría que no creo que pueda existir un reconocimiento legal a una actividad que viole la política cultural de la revolución, lo que no quiere decir que no pueda haber formas de producción no estatal relacionadas con la exhibición de cine".
Sobre la posibilidad de tener 3D en los cines estatales, Smith dijo que los equipos diseñados para proyectarlo tienen precios muy altos.
"Nuestras salas de cine, por su amplitud, requieren equipos de más calidad y volumen que los caseros. Entonces la inversión es grande y precisa de tiempo y recursos", indicó el presidente del ICAIC.