Fue el centro del poder entre 1976 y 1983. El Edificio Libertador, hoy sede del Ministerio de Defensa, es algo muy diferente a lo que fue. En algunas de sus oficinas se respira el aire castrense, y otras son, directamente, un hervidero. Empleados van y vienen con fotocopias, CDs y carpetas varias. Los encargados de prensa no dan abasto para atender los llamados de teléfono. “Es que todos los periodistas me piden cosas diferentes”, dice uno de ellos.
Desde el lunes 4 de noviembre, cuando el ministro de Defensa, Agustín Rossi, brindó una conferencia de prensa para explicar lo que se había encontrado en una dependencia de la Fuerza Aérea, la cartera que conduce ya no es la misma. En ese frenesí de papeles viejos con olor nauseabundo, carpetas acumuladas y excitación por lo que se considera un hecho histórico, Veintitrés tuvo acceso a algunos de los documentos que fueron hallados en el Edificio Cóndor.
“Esto se descubrió hace una semana, el ministro estaba en una reunión, y la secretaria le avisó que lo llamaba el jefe de la Fuerza Aérea y que era urgente. Jamás el titular de un arma llama a Rossi para hablar en forma urgente, por eso él salió rápidamente de la reunión y se puso a hablar por teléfono. Cuando regresó, su rostro era otro. E inmediatamente tomó las medidas necesarias. Cuatro personas se trasladarían al lugar donde se encontró la documentación”, contó a esta revista una alta fuente del ministerio.
Una vez que se verificó que el material encontrado estaba en condiciones y que se evaluó la importancia histórica, política y judicial, el ministro se dispuso a informar a las diferentes áreas de gobierno, hasta que el lunes por la mañana se decidió que se brindaría una conferencia de prensa para informar del hallazgo.
En Gobierno, pero especialmente en Defensa, creen que este hecho constituye una bisagra en la historia política argentina, pues como lo señaló el ministro lo que develan las actas es el sustento doctrinario de la dictadura militar. No se encontrará seguramente en esas actas una orden directa de desaparición, secuestro o asesinato, pero sí la decisión política que luego terminaría en un delito de lesa humanidad.
Así ocurre, por ejemplo, con Papel Prensa, el hecho más relevante de los presuntos ilícitos cometidos por la dictadura, pero también hay otras actas de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), el organismo de facto que suplantó al Congreso de la Nación, que muestran cómo la dictadura se valía del apoyo de empresarios para llevar adelante su política.
Uno de los documentos que relevó Veintitrés es el trasfondo de la discusión por la Ley de Radiodifusión 22.285, que estuvo vigente hasta que la suplantó la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Allí se ve cómo las cámaras empresarias ATA y ARPA intervenían directamente en la redacción y aprobación del texto.
La Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA) es la cámara empresaria que nuclea a los canales privados de televisión abierta, legalmente licenciados para operar. La entidad fue fundada el 7 de septiembre de 1959. En los primeros días de 1981, apenas sancionada la ley de radiodifusión por el gobierno de facto –se sancionó el 19 de septiembre del ’80–, y con el terrorismo de Estado asentado en el país, ATA ejerció sus facultades y defendió a rajatabla sus intereses. En connivencia con la Junta Militar que había desaparecido a miles de personas, claro. Así se desprende de la reglamentación de la ley 22.285, un caso que representa las negociaciones que el terrorismo de Estado llevó adelante con diferentes sectores privados para lograr concretar diversas leyes clave para el establecimiento y desarrollo de su política criminal y económica.
En uno de los documentos hallados el jueves pasado se destaca un informe elaborado por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) y trabajado por la subcomisión 7 y 8, donde se filtran las negociaciones que la dictadura mantuvo con las telerradiodifusoras argentinas. Bajo la instrucción del teniente coronel De la Vega, en el informe se desprenden todos los pedidos que realizó ATA en la reglamentación de la normativa y que fueron acatados por la junta presidida por el genocida Roberto Viola.
Por ejemplo, ATA propuso, según se manifestó en los documentos, que “se controle la aplicación del artículo 14 de la ley”; “se eliminen los artículos 8 y 9 (vinculados a los límites del contenido nacional de los programas)”, y se opuso a que hubiera un veedor del Comfer en las reuniones de socios, tal como se disponía en el artículo 37. En un anexo “reservado”, la Junta Militar dejó escrito para la posteridad en el inciso “m” que se “eliminen” la tercera y cuarta línea del mentado artículo para congraciar a ATA. Así se hizo. Pero no fue la única. En un apartado que destaca las observaciones realizadas por los diferentes actores figuran: ATA, la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentina (ARPA), Argentores, Sadaic, y hasta el Episcopado.
En los mismos papeles se detallan los artículos cuestionados por ambas asociaciones. Por caso, ARPA pidió la eliminación del artículo 2º de la ley, incisos a) y b). Y observó junto con ATA los siguientes artículos de la ley 22.285: 1º; 3º; 6º; 8º; 14º; 15º; 21º; 22º; 24º; 25º; y 28º.
El lunes 4, Agustín Rossi abundó en precisiones y señaló la importancia del hallazgo de las actas para echar luz también sobre el tema Papel Prensa. El ministro señaló que en las trece actas originales en que se trata el asunto se vislumbra que la Junta hacía “un seguimiento exhaustivo del tema Papel Prensa”, y que queda claro que “el tema era de discusión permanente” entre los gobernantes de facto.
Para el ministro, en el acta número 19 “queda claramente demostrado que para la Junta Militar el tratamiento de los arrestos de los familiares e implicados en el caso Graiver se analizaba junto con el tema de Papel Prensa”.
El papel para diarios, la ley de radiodifusión y las listas negras de artistas y periodistas no dejan lugar a dudas: para la Junta Militar el manejo de la información y la comunicación eran temas importantes. Desplazó a Graiver del negocio, se lo cedió a privados, instrumentó una ley de radiodifusión a pedido de las cámaras empresarias y elaboró una lista para silenciar voces populares, ya fueran estos actores, cantantes o intelectuales.
Otra alta fuente del Ministerio de Defensa señaló que “esperamos que esto pueda ser el principio de algo que pueda echar más luz sobre el pasado reciente”, y señaló que “es muy probable que estas mismas actas que encontramos en el Edificio Cóndor se encuentren también en poder de las otras fuerzas”. En ese sentido, desde la cartera que conduce Rossi valoran enormemente la decisión del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Mario Miguel Callejo. “Algunos periodistas le preguntaban al ministro, el otro día, si pensaba abrir una investigación para saber por qué esto no se había informado antes. La verdad que nos parece una locura, eso sería poner a los militares otra vez en un lugar del que ahora empiezan a salir. La verdadera reconciliación de la sociedad civil con las Fuerzas Armadas se va a dar a partir del conocimiento de la verdad. Por eso es valorable la decisión de Callejo, él podría haberse callado la boca y nunca nadie se hubiese enterado de que esas actas estaban en un sótano del Edificio Cóndor”, afirmó un dirigente con llegada a Defensa.
Está claro que la dictadura, además de perseguir, encarcelar, torturar y desaparecer, gobernó para los poderosos. Cuando el ministro Rossi brindó la información el lunes pasado, mostró un bibliorato gordo, que contenía la opinión de los banqueros, que brindaban a la dictadura su opinión sobre el camino a seguir hasta 1998. Ese plan de acción de los banqueros era todo un programa político y económico, según pudo verificar Veintitrés en una rápida lectura a vuelo de pájaro por las más de 600 páginas del documento.
Aluar, Austral, Papel Prensa, Italo, todas compañías estratégicas sobre las que los militares echaron mano. A partir del estudio de las actas, podremos conocer las decisiones políticas, las discusiones y las internas de la Junta Militar.
Bisagra. La palabra utilizada por más de un funcionario en el Edificio Libertador es la que mejor define el hecho político que comenzó a materializarse el jueves 30 de octubre. Ese día comenzó a develarse otro de los misterios mejor guardados por la dictadura y sus secuaces: la burocracia, las decisiones políticas y económicas, puestas negro sobre blanco y que en la práctica se materializaba en una feroz represión para poder llevarlas a cabo. Una vez más, la historia negra toca a la puerta de los argentinos. Habrá que correr el velo, entonces, para llegar a la verdad. Esa es la tarea que les espera, durante seis meses, a los funcionarios del Ministerio de Defensa que tendrán a su cargo la lectura, estudio, clasificación y digitalización de las actas secretas de la dictadura militar.
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Iglesia y dictadura
Los vínculos entre la Iglesia y la dictadura son harto conocidos. No obstante, pocas veces fueron registrados en documentos oficiales del terrorismo de Estado. El martes 30 de junio de 1981, a las 10 de la mañana, en el Edificio Libertador General San Martín, los integrantes de la Junta Militar suscribieron el acta 184, en el que bajo el rótulo “Secreto” decidieron el relevo del entonces vicario castrense: “Ante la presunta renuncia de monseñor Tortolo al cargo de Vicario Castrense, por razones de enfermedad, en principio la Junta Militar retiene como probable sucesor al actual Pro-Vicario Monseñor Victorio Bonamín”.
En su libro Iglesia y dictadura, Emilio Mignone describió a Bonamín: “Fue el profeta del genocidio. El 23 de septiembre de 1975, el mismo mes en que los altos mandos de las fuerzas decidieron la rebelión y aprobaron el sistema de represión clandestina, Bonamín hizo el anuncio. En la homilía que ya he citado, pronunciada frente al general Viola, el jefe del estado mayor del ejército, saludó a los militares ‘purificados en el Jordán de la sangre para ponerse al frente de todo el país’. Y agregó: ‘El Ejército está expiando la impureza de nuestro país. ¿No querrá Cristo que algún día las fuerzas armadas estén más allá de su función?’”. La elección de la Junta, seis años más tarde, no fue casual.
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Stella Segado, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa
“Los documentos hallados tendrán mucho valor judicial”
La directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Stella Segado, tendrá un arduo trabajo en los próximos meses. Su área será analizar la abundante documentación producida por la última dictadura militar que fue hallada en el subsuelo del Edificio Cóndor. Se trata de 1.500 biblioratos, listas negras y carpetas con planes y decretos-leyes del gobierno de facto. Sentada en su despacho, en el décimo piso del Edificio Libertador, donde también funciona la cartera conducida por Agustín Rossi, Segado atendió a Veintitrés.
–¿Cuál es el valor histórico del hallazgo?
–El valor histórico está dado en la unidad documental que tiene el material encontrado. Esos documentos dan cuenta de todo el período 1976-1983, que nos muestra lo que fue la doctrina, los planes, la política interna, los acuerdos y desacuerdos entre las fuerzas. Hasta ahora, todo lo que había en lo referente a la reconstrucción histórica se había generado a partir de documentos aislados. El mayor valor es que, en este caso, uno puede sentarse a leer documento por documento y puede entender ese lapso histórico casi cronológicamente porque las juntas eran casi mensuales.
–¿El material puede tener valor judicial?
–Creo que va a tener mucho valor judicial, en tanto hasta ahora los querellantes, los organismos de derechos humanos, los mismos fiscales, para poder elaborar los alegatos y llevar adelante los juicios debían basarse en hipótesis. Ahora, muchas de sus hipótesis van a estar reflejadas en estos documentos. Al margen de que recién estamos haciendo un rastreo de los documentos, entrando documento por documento para ver de qué trata y en qué juicio puede servir. La idea es poder clasificarlos, catalogarlos, hacer una breve descripción. También estamos digitalizando el material. Con eso vamos a elaborar informes con copias digitales y certificadas para enviarlas a diferentes causas.
–¿Se pusieron un plazo para concluir el trabajo de análisis?
–Seis meses.
–¿En estos documentos se observa la complicidad de los civiles con la dictadura?
–Hasta ahora pudimos observar los casos de Aluar y Austral (N. del R.: en los documentos también aparece Papel Prensa). Si se ven las tratativas para las privatizaciones de estas firmas queda claro que sí había relaciones con privados. Había gente que era citada para ver cuáles eran las condiciones de compra y venta y para ver los porcentajes de las acciones. Hay mucho material y hay que estudiarlo y ver en qué devino. Cuando tengamos toda la película armada, veremos qué fue pasando con cada uno de esos casos.
–¿Cree que este hallazgo puede generar que en las otras fuerzas suceda algo similar? (N. del R.: el material fue hallado en el archivo de la Fuerza Aérea Argentina.)
–Creo que esto va a ser una bisagra, absolutamente. Alguien se animó a dar un paso. El jefe de la Fuerza Aérea (el brigadier mayor Mario Miguel Callejo, quien brindó la información al ministro de Defensa) sabe que en esos documentos habrá gente implicada que fue de su fuerza. Hasta ahora, había un espíritu de cuerpo que se sostenía de alguna manera. Se entregaba información sólo ante un requerimiento judicial. Esta fue la primera vez que un jefe de una fuerza decidió entregar una documentación de estas características. Esto va a habilitar que otras personas que sepan dónde hay documentación les digan a sus jefes. Esto va a ser un antes y un después.
SALUDOS REVOLUCIONARIOS 
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