Los expresidentes de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, José Gregorio Hernández y Carlos Gaviria Díaz, se mostraron en contra del fallo del Procurador, Alejandro Ordóñez , que ordenó la destitución el alcalde de Bogotá, Gustavo Pedro, por las irregularidades que rodearon el cambio en el esquema de la recolección de basuras.
Para Carlos Gaviria el Procurador Ordóñez carece de competencia para retirar del cargo a un funcionario elegido por voto popular.
“Yo considero que el Procurador General de la Nación no tiene potestad para destituir a funcionario que han sido elegidos popularmente” sostuvo Gaviria.
Aseguró que alrededor del fallo se van a dar discusiones sobre la conveniencia o inconveniencia jurídica y otras sobre los fundamentos jurídicos que el Procurador haya invocado.
Según el exmagistrado Alfredo Beltrán el poder disciplinario que la Constitución le asigna al Procurador tiene que tener como límite institucional el valor de los votos depositados en las urnas.
Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente dejó sin efectos una decisión de la Contraloría de Venezuela que había destituido e inhabilitado a un alcalde de Caracas.
“Creo que el Procurador General de la Nación no tendría la competencia para proceder como lo hizo y en cuanto se atribuya la facultad de evaluar decisiones administrativas para que si la Procuraduría no se encuentra conforme con ellas pueda constituirlas como faltas, es una discusión bastante amplia en la que habría que ver si la discrepancia tiene que ver con faltas reales o si simplemente se trata con discrepancias con decisiones administrativas”, indicó Beltrán.
José Gregorio Hernández calificó el fallo como una vía de hecho porque a su juicio “una falta disciplinaria no puede estar constituida por una decisión de gobierno”.
“La circunstancia de considerar que el alcalde violó la ley –según el Procurador- por el hecho de haber asignado a entidades públicas una función que le corresponde al Estado eso ya nos muestra que estamos frente a una decisión injusta y desconsiderada”, precisó.
A su turno, el constitucionalista Juan Manuel Charry, quien admitió que no conoce el texto del fallo, dijo que la decisión del Procurador es legal y que se debe cumplir.
“Pero si el proceso reviste la gravedad de que se ha dicho, en el sentido de que ha habido gravedades en la constitución, que se han afectado distritales, que no ha habido eficiencia en la prestación de los servicios yo creo que el fallo es razonable y es consecuente”, subrayó.
El concejal de Bogotá Carlos Vicente de Roux cuestionó que una falla gerencial en la operación del nuevo esquema de recolección de basuras se convirtiera en una falla disciplinaria para destituir al alcalde Gustavo Petro. “Si el procurador sanciona por una falla gerencial todos los alcalde del país deben ser destituidos”.
De Roux defendió que la modificación en el esquema de aseo era el único camino para incluir los recicladores, como lo determinó la Corte Constitucional. “Si no lo hubiera hecho, lo hubieran destituido por desacato”, señaló en Caracol Radio.
Cuestionan poder del Procurador para destituir funcionarios
Luego de conocerse la destitución de Gustavo Petro, el ministro de Justicia de Colombia, Alfonso Gómez Méndez, dijo que debe revisarse la norma para destituir a funcionarios elegidos por voto popular.
Por: Elpais.com.co I EFELunes, Diciembre 9, 2013 - 2:20 p.m.
Algunas personas llegaron hasta la Plaza de Bolívar de Bogotá para rechazar la medida del procurador de destituir a Gustavo Petro, alcalde de Bogotá.
Elpais.com.co | Colprensa
El ministro de Justicia de Colombia, Alfonso Gómez Méndez, manifestó este lunes que debe revisarse la norma que faculta al titular de la Procuraduría General (Ministerio Público), para destituir a funcionarios que han sido elegidos por voto popular.
Gómez Mendez hizo el comentario tras conocerse que el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y lo inhabilitó por quince años para ejercer cargos públicos por su supuesta mala gestión del servicio de recolección de basuras de la capital colombiana.
"Yo quiero decir que mi posición como ministro de Justicia, y en eso no voy a echar marcha atrás, es la de que tenemos que revisar esta norma constitucional que le permite a un funcionario poder inhabilitar a personas que han sido elegidas por voto popular", señaló el Ministro a periodistas.
El abogado, profesor universitario, exmagistrado y político colombiano Carlos Gaviria Díaz aseguró que la decisión tomada por la Procuraduría refleja problemas de orden constitucional, ya que, a su criterio, el Procurador General no tiene derecho a destituir a los funcionarios elegidos por voto popular.
"A mi parecer hay una inconveniencia en la decisión y el Procurador no tiene ese facultad para destituir a un funcionario público elegido por voto popular", insistió Gaviria.
hace 2 días - Videos; Fotos; Comunidad; Herramientas ▽ ...DISCURSO: Gustavo Petro habló tras su destitución... Capital presentan las declaraciones del burgomaestre tras su destitución. ...Alcalde Gustavo Petro se pronuncia frente a decisión de la ... Es cierto que se está abrogando el derecho a sentirse martir es ...
El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, criticó fuertemente el sistema judicial que aplica la Procuraduría General de la Nación en sus procesos administrativos, pues dijo que no es un modelo garantista sino que, por el contrario, se trata de "un monopolio".
Según Montealegre, la diligencia se realizó en la mañana de este miércoles luego de conocerse la decisión del Ministerio Público de sustituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por el escándalo del sistema de las basuras de la ciudad.
“Inspección judicial para mirar qué tipo de pruebas se practicaron después del pliego de cargos contra el Alcalde, y para mirar los argumentos que tuvo la Procuraduría para tomar esa decisión”, dijo Montealegre quien calificó la destitución como "inquisidora".
Las declaraciones se dieron luego de conocerse la decisión del Ministerio Público de sustituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por el escándalo del sistema de las basuras de la ciudad.
El Fiscal dijo que hay que reabrir el debate sobre las competencias del procurador Alejandro Ordóñez para destituir funcionarios que tienen origen popular. “Es altamente antidemocrático que un funcionario elegido popularmente sea destituido a través de un proceso que no es garantista y por un funcionario que no tiene naturaleza judicial”, dijo el jefe del organismo investigador.
En ese sentido, Montealegre explicó que el sistema actual con el que cuenta la Procuraduría no es garante y no permite avanzar en la filosofía de control.
“Modelos inquisitivos, modelos que están superados en un derecho sancionador democrático. No puede ser posible que en el derecho disciplinario, el mismo funcionario abra investigación, formule el pliego de cargos, realice la audiencia, dicte la sentencia de primera instancia y la misma Institución falle en segunda instancia”, explicó Montealegre.
Por ello, el Fiscal criticó fuertemente el modelo judicial del Ministerio Publico del que dijo “es un modelo medieval, inquisitivo, es un monopolio carente de garantías. Estamos frente a un derecho pre moderno” precisó.
Ratificó que las destituciones de funcionarios populares sería contradecir “las convenciones que tiene el país en el sistema interamericano (…) tenemos que cambiar el diseño actual de la Procuraduría frente a los procesos penales”.
Finalmente, Montealegre explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuenta con las facultades para anular cualquier decisión del Procurador General. “La Corte Interamericana tiene todos los poderes para ordenar que haga reformas constitucionales y que ajuste el texto constitucional a los principios y valores de los derechos humanos”, afirmó.
Añadió Montealegre que “si la Corte dice que un funcionario de elección popular solo puede ser inhabilitado por un juez, pues a pesar de la norma constitucional nuestra, Colombia estaría en serios aprietos frente al sistema interamericano”.
Las declaraciones las hizo el Fiscal General al intervenir en la conferencia de Fraude Corporativo que se realizó en la mañana de este miércooles en el Club el Nogal, al norte d ela capital del país.
Alcaldes suramericanos ven en destitución de Petro un peligro para democracia
Actualizado el miércoles, 11 de diciembre de 2013 12:26
Esperan que la decisión sea revertida en su integridad.
Los alcaldes de la Red de Ciudades Suramericanas (Redcisur) manifestaron hoy su apoyo y solidaridad a su homólogo bogotano, Gustavo Petro, destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer funciones públicas, sanción que consideraron "peligrosa" para la democracia.
"Consideramos muy grave este hecho ya que asesta un duro golpe a la gobernabilidad de nuestra hermana ciudad de Bogotá y significa una peligrosa señal para nuestras democracias", manifiestan los firmantes de la carta, divulgada hoy por la Alcaldía de Bogotá.
La misiva está firmada por los alcaldes o intendentes de Lima, Susana Villarán de la Puente; Río de Janeiro, Eduardo Paes; La Paz, Luis Revilla; Santiago de Chile, Carolina Tohá Morales; Montevideo, Ana Olivera; Asunción, Arnaldo Samaniego; Quito, Augusto Barrera, y Buenos Aires, Mauricio Macri.
En la carta, divulgada con motivo del foro internacional "Hacia una seguridad humana urbana en América Latina", que se celebra hoy en Bogotá, los alcaldes expresan su "preocupación" por la drástica sanción impuesta a Petro por un caso de supuesta mala gestión administrativa.
"Cuestionamos de igual forma que una acción de una autoridad administrativa destituya a un gobernante elegido por voto popular de manera legítima", agrega el mensaje.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó el lunes a Petro por considerar que gestionó mal una crisis de basuras desatada en diciembre de 2012, cuando el alcalde no renovó los contratos a las empresas privadas que recogían los residuos y puso en manos de compañías públicas esa labor, en un proceso que el mandatario local ha calificado de "desprivatización".
"Esperamos que, una vez apelada, la decisión sea revertida en su integridad restituyendo la tranquilidad y el respeto al buen gobierno de una de nuestras ciudades miembros que ha sido colocada en una situación de riesgo e incertidumbre", concluye la misiva de los alcaldes suramericanos.
La Redcisur, de la cual forman parte quince grandes ciudades latinoamericanas, tiene como objetivo promover un espacio de integración en el continente y fue creada justamente por iniciativa de Petro, quien fue elegido alcalde de Bogotá en las elecciones de 2011 para el periodo 2012-2015.
Emilio Tapia Aldana es uno de los testigos estelares de la Fiscalía en el caso del carrusel de la contratación en Bogotá. / Luis Ángel
Emilio Tapia, el testigo estrella de la Fiscalía en el expediente del carrusel de la contratación, le reveló a El Espectador cómo supuestamente se fraguó un complot para sacar al alcalde Gustavo Petro de su cargo. Según él, los operadores privados que venían prestando el servicio de recolección de basuras se concertaron para generar el caos que vivió Bogotá el 18 de diciembre del año pasado. Caos que terminó con la destitución de Petro. Así despachó sus verdades Emilio Tapia.
El procurador acaba de destituir al alcalde Gustavo Petro, uno de los principales denunciantes del cartel de la contratación, del cual usted hizo parte. ¿Qué opina del fallo?
Cuando tomé la decisión de asumir mi responsabilidad y de colaborar con la justicia, hice un compromiso con la verdad. En ese sentido me parece desmedida la decisión del procurador. Si bien es cierto que hubo omisiones o errores en el tema de las basuras, hay un antecedente muchísimo más grave: el exalcalde Samuel Moreno y otros exfuncionarios del Distrito que hoy incluso están privados de la libertad o han sido condenados por corrupción en la contratación. Por eso creo que hay una desproporción en la situación actual de estos exfuncionarios y el fallo de 15 años de inhabilidad que le impusieron al alcalde Petro.
Dice que la situación del exalcalde Samuel Moreno, acusado de ser la cabeza de un cartel que saqueó a Bogotá, no se compadece con el escenario de Petro, pero Moreno fue sancionado a 12 meses y Petro a 15 años. ¿Cómo explica eso?
La decisión contra el alcalde Petro fue a contrarreloj y no se compara en ningún momento con todos estos antecedentes que le acabé de mencionar.
¿Cree que el desangre a Bogotá del carrusel fue mucho más grave que el caos provocado por el nuevo esquema de basuras?
Claro. Es cierto que hubo unas irregularidades y lentitud en la prestación del servicio de aseo en ese momento, pero también hay que decir que todo ese caos estaba premeditado y de eso puedo dar fe yo. Así se lo manifesté en su momento a un fiscal delegado ante la Corte en mi marco de colaboración con la justicia, donde intervino además el representante de las víctimas en el caso del carrusel. En esa reunión comenté algunas cosas del tema de las basuras.
¿Exactamente de qué irregularidad fue testigo?
Hubo un complot contra el alcalde de Bogotá. Por los intereses que tenían los operadores privados en su momento, éstos se juntaron para no aceptar del distrito la última prórroga que se les iba a hacer al contrato, con el fin de que se generara un caos en la recolección de basuras, caos que efectivamente se dio. Todo esto fue premeditado por los operadores privados.
¿Y cómo supo de ese complot?
Desde la administración de Samuel Moreno yo estaba en el ejercicio de organizar la licitación de recolección de basuras. Obviamente interactué con las empresas que estaban participando en ese negocio que valía unos $2,4 billones. Una vez llega el alcalde Petro, ante su idea de quitarles a los privados ese negocio, éstos tomaron la decisión de no aceptar una nueva prórroga. Fíjese que mientras el alcalde ultimaba los detalles para entregarle al Distrito esta operación, necesitaba que los privados continuaran prestando el servicio. Por eso prorrogaba esos contratos. Entonces qué se hizo: los privados dijeron que no aceptaban otra prórroga y la estrategia era después mandar los camiones de basura a mantenimiento con el fin de provocar un caos. No era fácil para el alcalde buscar 700 vehículos recolectores de un día para otro. Al alcalde lo pusieron contra la pared.
¿Lo que hicieron los privados fue concertarse para generar este caos?
Claro, lo que querían era forzar al alcalde para que sacara una licitación en la que ellos pudieran seguir participando del negocio de las basuras. Lo que se buscaba era seguir manteniendo el negocio por otros 7 años. Así se obligaba al alcalde a que se entregara incluso un contrato de mayor duración a estos privados. El alcalde no se prestó para eso, porque se enteró de la situación (el complot) y por eso intentó reaccionar ante este escenario. Pero ninguna herramienta jurídica le permitió hacer nada distinto de lo que hizo.
¿Cómo es posible que los privados paren su servicio y no existan alternativas para evitar un caos así?
Como ellos eran conocedores de la normatividad ambiental, de la ciudad y del mercado que manejaban, sabían que no existía en Bogotá una capacidad de camiones con estas características para atender la necesidad de ese servicio. ¿Qué se pensó? Una estrategia: “la ciudad no aguanta tres días de basura. Con esto se tumba al alcalde”. Y hoy vemos ese resultado.
¿Estuvo en alguna reunión en la que los privados dijeron eso: “El alcalde no aguanta tres días de basura”?
Nosotros estábamos estructurando el proceso de licitación para dárselo a los privados. Pero el alcalde Petro cambió el modelo y dijo que ese negocio lo tomaría Aguas de Bogotá, es decir pasó del tema privado al tema público. Como nosotros lo que queríamos era que esa licitación saliera igual a la que venía prorrogándose a los privados y el alcalde se atravesó, la estrategia fue ponerlo contra la pared. Pero ni así el alcalde cedió. Al no ceder la estrategia fue: “vamos a tumbar al alcalde porque el alcalde no aguanta tres días de basuras, la ciudad no lo aguanta”. Yo me enteré de todo esto porque yo hacía parte de la estructuración de ese proceso licitatorio.
O sea, usted sabía meses antes que el 18 de diciembre de 2012 Bogotá iba a vivir un caos de basuras.
Por supuesto, porque yo hacía parte de eso en ese momento. Pero luego hice mi compromiso con la verdad y empecé a colaborar con la justicia. Ahí salí de ese escenario e incluso se logró prevenir al alcalde.
¿Se enteró el alcalde del complot?
Sí, porque eso lo conté en la Fiscalía y en esa reunión estaba el abogado de las víctimas del carrusel (en representación de Petro). Yo conté de esa estrategia para tumbar al alcalde.
¿Qué hizo el alcalde con esa información?
Supongo que empezó, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), a verificar o a llamar de manera informal a los representantes de los operadores para saber si le iban a hacer ese ‘paro’ y, efectivamente, en conversaciones con el abogado de las víctimas me enteré que habían corroborado esa información.
Soldado avisado no muere en guerra. ¿Por qué el alcalde, si sabía, no evitó el caos?
Creería que no existió la herramienta jurídica para poderlo hacer. La otra opción era que los privados siguieran con el servicio, es decir, abrir una licitación para ellos y eso era lo que el alcalde no quería, que cuatro grupos empresariales se siguieran enriqueciendo. Él buscó bajar los costos y optimizar la prestación del servicio.
¿Es decir, esos contratos de recolección de basura sí eran leoninos para el Distrito?
Claro, las utilidades eran muy importantes y la política del alcalde era optimizar ese recurso. Y al manejarlo el Distrito creo que la optimización era muy alta. Había un ahorro importante para el Distrito.
¿Podría decirse que los privados le ganaron la batalla al alcalde?
Sí, lograron su objetivo. Como el alcalde no permitió la continuidad del modelo, la estrategia fue tumbarlo, como ocurrió.
Pero eso también sería concluir que el procurador se está inventando unas irregularidades que sí ocurrieron hace un año.
No soy quién para juzgar al procurador. Como ciudadano respeto sus decisiones, pero sí debo decir que ésta fue la génesis del problema que hoy está viviendo la ciudad.
¿Considera que la destitución de Petro fue una medida extrema?
Sí. No me cabe la menor duda de que, como los operadores eran conocedores de las normas en las que el procurador terminó basándose, sus cálculos les resultaron afines a su estrategia.
¿Está consciente de que esos operadores privados van a salir a desmentirlo? ¿Qué pruebas tiene de que se concertaron para tumbar al alcalde?
Todo esto que estoy comentando se señaló antes de que pasara. Lo dije en reuniones con la Fiscalía ante un fiscal delegado ante la Corte y allí estuvieron representantes de las víctimas. Y ellos, como cercanos al alcalde, hicieron un seguimiento de todo lo que dije. Además, sabía que la información que había dado, ellos la corroboraban con el comportamiento de los operadores privados. Yo advertí varias veces lo que iba a suceder.
¿Usted le vaticinó al alcalde todo este enredo?
Así es. Además, hay otra persona que tiene un compromiso con la verdad, que está colaborando con la justicia y es Manuel Sánchez. Él tuvo conocimiento de todo esto. Para mí el alcalde está destituido por no permitir que personas que hicieron parte del carrusel en el tema de las basuras continuaran con el mismo método de contratación, es decir, por impedir que se les entregaran los $2,4 billones por un periodo de siete años.
Esa es una acusación muy grave. ¿Hay pruebas de que estos operadores privados sí cohonestaron con el carrusel?
Esa respuesta se la daré cuando me lo permita la Fiscalía, debido a que tengo restricciones de confidencialidad en materia de colaboración.
¿En la Fiscalía no se ha tocado formalmente aún el tema de la recolección de basuras?
No.
Resulta una paradoja que Petro fuera su principal verdugo pero que hoy usted esté defendiéndolo como lo hace...
Mi compromiso es con la verdad. Independientemente de que fuera el alcalde la primera persona que denunciara el carrusel y que me señalara como uno de los protagonistas, eso no me impide decir la verdad. Mi compromiso de vida fue decirle la verdad a Bogotá y al país y esto hace parte de esa verdad.
¿Por qué los procesos en el carrusel van tan lentos?
Los que hemos colaborado con la justicia hemos puesto todo el empeño y la Fiscalía ha hecho un trabajo incansable. Pero el sistema de justicia es el que vuelve lento el proceso. Es indiscutible el trabajo que hemos hecho con la Fiscalía, que está tratando de hacer una labor ejemplarizante, pero falta mucho por saberse.
¿Esas mafias de la corrupción siguen vivas en Bogotá?
Creo que muchas de esas mafias siguen vivas y todas éstas fueron las que entraron a entorpecer la administración del alcalde Petro. Ahí es donde veo excesiva la decisión de la Procuraduría, porque si bien es cierto que quizá el alcalde improvisó por falta de experiencia, también lo pusieron contra la pared. Yo que revisé los números y utilidades de ese y otros contratos sé que el alcalde tenía razón en lo que hizo. Esto lo digo por mi compromiso con la verdad. Sí se orquestó una estrategia para lograr un resultado como se vio el lunes.
¿Qué porcentaje del Distrito manejó el cartel?
Se tenía el manejo de todas las entidades del Distrito. Con respecto al tema del control político, es decir el Concejo, se trabajaba con la coalición de gobierno.
¿Qué tanto se conoce del carrusel y qué tanto falta?
Estamos en la mitad. Falta la mitad de todo esto.
“Hay que decir la verdad”: Manuel Sánchez
El Espectador se comunicó con el abogado Manuel Sánchez, quien según Emilio Tapia conoció detalles del supuesto complot en contra del alcalde Gustavo Petro. De acuerdo con Sánchez, “en los pasillos de los entes de control y en el Concejo de la ciudad se hablaba de una estrategia promovida por los operadores privados que manejaban el negocio de basura. Dicha estrategia pretendía generar un caos sanitario y al mismo tiempo que se liderara una investigación en la Procuraduría para lograr el objetivo, hoy cumplido, de la destitución del alcalde”.
El testigo, quien junto con Tapia, el contratista Julio Gómez, el exsecretario de Salud Héctor Zambrano y otros, ha venido colaborando con el expediente del llamado carrusel de la contratación, también manifestó que en este proceso es necesario contar toda la verdad y “verdad fue que se armó una tramoya para sacar de la administración a quien se atrevió a denunciar el carrusel”.
"La decisión de la Procuraduría con Gustavo Petro inside en las negociaciones de paz en La Habana. Estoy seguro que es una de las jugadas sucias del uribismo al Proceso de paz". Más información.
Piedad Córdoba, exsenadora y fundadora de Marcha Patriótica, es ahora una gran defensora del alcalde Petro. Aquí, en una manifestación en su favor en la Plaza de Bolívar. Foto: Juan Pablo Pino.
Hace poco más de un mes, frente al tema de la revocatoria, el secretario de Gobierno de Bogotá Guillermo Alfonso Jaramillo dijo en La Silla que el alcalde Petro saldría a la plaza pública a buscar que su mandato se lo ratifique el pueblo. “La estrategia es mostrarle a la gente nuestras ejecutorias desde el Gobierno y decirle a la gente cómo la revocatoria es la defensa de la corrupción”, agregó semanas después el exsecretario de Gobierno Guillermo Asprilla, también en entrevista con La Silla.
La estrategia de Petro de refrendar su mandato en el pueblo ya comenzó con cuatro asambleas populares en distintas localidades. Y uno de los respaldos clave para estas concentraciones lo está dando la Marcha Patriótica, el movimiento de izquierda radical que busca “una segunda independencia”, como lo contó La Silla, y cuyo futuro político depende de los diálogos de paz con las Farc.
La Marcha no sólo le está marchando a Petro organizando y participando activamente en la “primavera petrista” que promueve Guillermo Asprilla. El movimiento también espera que su solidaridad con Progresistas trascienda y logren acuerdos con miras a las elecciones del año entrante, tanto las del Congreso como las de presidente.
El problema podría estar en que por ahora los progresistas oficialmente sólo están hablando de acuerdos electorales con el Partido Verde, como se lo aclaró ayer a La Silla su vocero Antonio Navarro. Aunque Asprilla dijo, por aparte, que el propósito del progresismo es impulsar una confluencia de todos los sectores de la izquierda “incluyendo a los verdes”.
Resulta difícil imaginar a los sectores verde de Alfonso Prada y Enrique Peñalosa, el mockusiano de John Sudarsky, el de Alonso Salazar, y al de ‘Lucho’ Garzón (quien es alto consejero del Gobierno Santos) en una alianza con la Marcha Patriótica. Y viceversa.
Todo comenzó un 9 de abril...
Guillermo Asprilla lidera los acercamientos con la Marcha y otros sectores.
Carlos Lozano es el Presidente del Partido Comunista y miembro de la Marcha. Foto: Juan Pablo Pino
Los coqueteos entre la Marcha Patriótica y los progresistas comenzaron poco antes de la marcha por la paz, del pasado 9 de abril, en apoyo a los diálogos Gobierno-Farc en La Habana.
Carlos Lozano, presidente del Partido Comunista (que es uno de los componentes principales de la Marcha Patriótica), le contó a La Silla que su partido hizo las gestiones iniciales para que Petro sumara su apoyo a la manifestación.
“En esos primeros acercamientos decidimos que trabajaríamos sobre tres temas comunes: el apoyo al proceso de paz, la defensa de las garantías democráticas y la defensa de lo público”, nos explicó por su parte Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista y también parte activa de la Marcha.
Efectivamente, Petro (y, claro, todo el Gobierno Nacional) apoyó la manifestación de ese día, que resultó multitudinaria al menos en Bogotá en parte por la capacidad de movilización que demostró la Marcha Patriótica.
Esa misma capacidad de movilización es la que espera demostrar la Marcha ahora en las asambleas populares en apoyo a Petro y en rechazo a los dos riesgos que se ciernen sobre su administración: una revocatoria que está andando y un juicio disciplinario en la Procuraduría que podría terminar con su suspensión o destitución.
El fin de semana del 13 y 14 de julio se realizaron las primeras asambleas pro Petro en Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño. Una persona de Progresistas que asistió nos dijo que la más concurrida fue la de Ciudad Bolívar, con unos 500 asistentes. A las otras dos fueron entre 100 y 200 personas, según la misma fuente. En la de Ciudad Bolívar fue protagonista Piedad Córdoba (fundadora de la Marcha Patriótica), quien con micrófono en mano defendió con ahínco la administración de Gustavo Petro.
Ya Piedad se había subido a la tarima para defender al Alcalde en la primera reunión de la “primavera petrista” que se realizó en la Plaza de Bolívar, a fines del mes pasado.
“Piedad no ha estado en todos los eventos, pero sí muchachos de la Marcha que llegan con sus pancartas a apoyar al Gobierno”, agregó otro asistente a las asambleas.
“Más que la defensa del Alcalde, esta solidaridad tiene que ver con la defensa del Estado social de derecho frente a los planes de la extrema derecha”, dijo Lilia Solano, de los movimientos Colombianos por la Paz y Marcha Patriótica.
La Marcha Patriótica también hace parte de la convergencia de fuerzas cuyos líderes se reúnen todos los martes a las 5 de la tarde para programar las asambleas populares. Ahí también están miembros de la CUT, de la CGT, de la Alianza Social Independiente, del Partido Comunista, del movimiento Poder Ciudadano, de los recicladores, de los animalistas, del Polo y el secretario general del Partido Verde, Néstor Daniel García Colorado, quien ha asistido a varios encuentros y pertenece al sector de Opción Centro del verde, afín a Petro. Por supuesto, también están los Progresistas en cabeza de Guillermo Asprilla.
La reunión de hoy martes será en la sede norte de la Asociación Distrital de Educadores y la asamblea de este fin de semana será en la localidad de Tunjuelito.
La alianza en ciernes
Marcha Patriótica no se limita a participar en las manifestaciones y en su organización. Hace dos domingos estuvo presente en la vereda La Granada de Sumapaz, a donde llegaron varios miembros del Gobierno Petro a rendir cuentas a delegaciones de campesinos y a hablar de la Zona de Reserva Campesina del Sumapaz, cuyo proyecto asumió como propio Petro.
Desde entonces, el impulso a la Zona de Reserva Campesina del Sumapaz se ha convertido en uno de los puntos comunes entre la Marcha Patriótica y Progresistas.
Otro punto común es la paz. La Marcha defiende los diálogos de paz de La Habana y Petro es hijo de otro proceso de paz, el del M-19. Aunque los procesos están muy distantes en el tiempo y en las condiciones para alcanzar la paz, la administración de Petro es una señal positiva para que las guerrillas se desmovilicen porque de muestra que pueden llegar al poder por la vía electoral, y que para Petro ser testigo de que hacer la paz vale la pena es un activo a la hora de enfrentar una revocatoria.
Por esa confluencia de intereses no sería una sorpresa que estos dos movimientos terminen aliados para las elecciones.
“Más allá del problema específico de Bogotá, estamos trabajando con los progresistas en una convergencia y hemos hablado de la posibilidad de recoger firmas para una lista unificada al Congreso. Estarían progresistas y otros movimientos como el Partido Comunista y País Común, de Feliciano Valencia (líder indígena)”, dijo Jaime Caicedo, de la Marcha.
Pero la alianza no es tan fácil. Primero, porque ya están avanzados los acercamientos de los Progresistas y los Verdes: si ya es difícil que el sector peñalosista de los verdes acepte una alianza con el movimiento de Petro, lo será mucho más si éstos vienen unidos con o están en proceso de acercarse a la Marcha Patriótica.
Y segundo, porque no todos los miembros de la Marca y del progresismo están alineados en esa alianza. Por ejemplo, en una entrevista reciente con La Silla, en referencia a las coaliciones que quieren buscar los Progresistas, Antonio Navarro dijo que no sabía si la Marcha estaría ahí, pues aún no ha definido si jugará en las elecciones de 2014.
Si la alianza electoral Marcha-progresismo se concreta, Petro se recupera de su mala racha en la Alcaldía y hay proceso de paz, el Polo Democrático podría ver amenazado su lugar central dentro de la izquierda, toda vez que ese partido ha dejado entrever que sólo va a aceptar coaliciones alrededor de él.
Bogotá Humana · Objetivos de la política pública · Estrategias y programas ... Desde Washinton, el alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que si las ...
En un primer trino el mandatario escribió "la Procuraduría violó los derechos políticos, que son los derechos humanos, de 732.00 ciudadanos y ciudadanas bogotanas y los míos". Más información.
El exconstituyente Álvaro Echeverri Uruburu envió una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la que le expone algunas “consideraciones de orden jurídico que eventualmente pudiesen contribuir a darle solución a una de las situaciones que en los actuales momentos afectan gravemente la institucionalidad democrática del país”, refiriéndose a la decisión tomada por la Procuraduría en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, según la cual los destituye de su cargo y lo inhabilita para ejercer cargos públicos por 15 años.
En la misiva, Echeverri cita el “Artículo 323 de la Carta Política que dispone: "En los casos taxativamente señalados en la ley, el presidente de la República suspenderá o destituirá al Alcalde Mayor"”, además del 44 del Estatuto Orgánico del Distrito Capital, que “agrega como condición para que proceda la suspensión o destitución del alcalde Mayor por parte del presidente de la República, el que tales medidas sean solicitadas por el procurador General de la Nación”.
Igualmente, el exconstituyente cita que “en el caso presente de la "destitución" del alcalde Mayor, Gustavo Petro Urrego, dispuesta por el Procurador General de la Nación, corresponde a éste, si verdaderamente actúa en derecho y de manera imparcial, declarar la nulidad de su proveído por incompetencia, a fin de subsanar la vía de hecho en la cual incurrió con su ilegal decisión”.
Carta completa
Doctor Juan Manuel Santos Calderón Presidente de la República E.S.D.
Estimado Señor Presidente:
En mi condición de exconstituyente y de simple ciudadano me dirijo a Usted para exponerle algunas consideraciones de orden jurídico que eventualmente pudiesen contribuir a darle solución a una de las situaciones que en los actuales momentos afectan gravemente la institucionalidad democrática del país que como sin duda la constituye la "destitución" ordenada por el Señor Procurador General de la Nación, Dr. ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO, en contra del Alcalde Mayor de Bogotá. DR. GUSTAVO PETRO URREGO. Dichas consideraciones se contraen a lo siguiente:
1. - EL Artículo 323 de la Carta Política dispone: "En los casos taxativamente señalados en la ley, el Presidente de la República suspenderá o destituirá al Alcalde Mayor" (subrayado fuera de texto)
2. - A su vez, el Artículo 44 del Estatuto Orgánico del Distrito Capital, agrega como condición para que proceda la suspensión o destitución del Alcalde Mayor por parte del Presidente de la República, el que tales medidas sean solicitadas por el Procurador General de la Nación.
3. - Los textos normativos anteriores tiene su justificación en el querer del constituyente de darle al Distrito Capital de Bogotá, su propio régimen de organización y funcionamiento, particular y distinto al que rige para el resto de los municipios y distritos del país.
En tal virtud, las discutibles atribuciones del Procurador General de la Nación para sancionar con destitución a gobernadores y alcaldes elegidos por el voto popular, no operan con respecto al Alcalde Mavor del Distrito Capital, pues esa competencia, por virtud de su régimen organizativo diferencial con respecto a los demás municipios y distritos, el constituyente la radicó demanera exclusiva e inequívoca en cabeza del Presidente de la República de conformidad con el indiscutible mandato del Artículo 323 Constitucional.
Al Procurador General de La Nación se insiste, tan solo le cabe la competencia de formular la solicitud de suspensión o destitución del Alcalde Mavor de Bogotá ante el primer mandatario de la nación.
4. - En el caso presente de la "destitución" del Alcalde Mayor, Gustavo Petro Urrego, dispuesta por el Procurador General de la Nación corresponde a este, si verdaderamente actúa en derecho y de manera imparcial,declarar la nulidad de su proveído por incompetencia, a fin de subsanar la vía de hecho en la cual incurrió con su ilegal decisión.
5.- Ahora bien. Si de todas formas dicho funcionario considera que existe mérito suficiente para la sanción de destitución en contra del Alcalde Mayor y con fundamento en el material probatorio existente en el proceso disciplinario adelantado por su Entidad deberá solicitar al Presidente de la República según lo ordenado por el Artículo 44 del Estatuto Orgánico del Distrito Capital.
6.- Sin embargo, tanto para el Procurador General de la Nación como para el presidente de la República, surge un obstáculo jurídico insalvable, para el primero con respecto a solicitar la destitución, así como para el segundo el de imponerla. Dicho obstáculo surge de la inexistencia de una ley que previamente hubiera establecido de manera taxativa cuales son las faltas en las que pudiese incurrir el Alcalde Mayor para hacerse acreedor a las sanciones de suspensión o destitución según el caso.
No puede considerarse que dicha ley corresponda al Código Disciplinario Único, por cuanto este tiene su ámbito de aplicación para todos los funcionarios públicos, pero no para el Alcalde Mayor de Bogotá, pues el Constituyente buscó circunscribir y limitar las sanciones imponibles al Alcalde Mayor a unas precisa v determinadas conductas, que es lo que en sentido gramatical y lógico significan las expresiones "casos taxativamente señalados en la ley" contenidas en el Artículo 323 superior.
7.- Por tanto la imposición de la sanción de destitución en contra del Alcalde Mayor Gustavo Petro Urrego en las actuales circunstancias, esto es, que exista ley que defina taxativamente que conductas dan lugar a tal medida disciplinaria, constituiría ostensible violación a uno de los elementos esenciales del principio del Estado de Derecho, cual es el de la legalidad de los delitos y de las penas. Tal vulneración agravaría todavía más la crisis institucional que en distintos órdenes padece el país y que Usted como presidente de la República está obligado a superar, según lo ha manifestado en recientes declaraciones.
Finalmente, abstenerse de imponer al Alcalde Mayor la sanción de destitución por las razones jurídico-constitucionales no significaría cosa distinta de parte suya que el estricto acatamiento a la Constitución que juró cumplir y defender en su acto de posesión, en los términos del Artículo 188 de la misma.
William Vélez Sierra es uno de los mejores ejemplares de una nueva elite colombiana. Él hace parte de un reducido grupo que entró a las 'grandes ligas' del capital en los últimos siete años. Su fortuna -que algunos consideran comparable con las de Santo Domingo y Ardila Lülle- creció exponencialmente impulsada por los contratos públicos, durante el gobierno de su amigo Álvaro Uribe. Más información.
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