El writ a certioriari representa la última instancia legal en la disputa con los buitres que no participaron de los dos canjes de deuda, de 2005 y 2010. Las chances para que el caso sea discutido por los supremos norteamericanos son bajas. En octubre, ya rechazaron un pedido de revisión presentado por Argentina que contaba con el respaldo del gobierno francés y el FMI. Los condimentos geopolíticos de la disputa y las consecuencias de un fallo adverso sobre futuras reestructuraciones de deuda ofrecerían razones para que la disputa sea analizada. La posición que asuma la administración de Barack Obama podría ser determinante.

El secretario de Finanzas, Pablo López, trabajó junto con la Unidad de Reestructuración de la Deuda, que encabeza Hernán Lorenzino, y el estudio de abogados Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton en la elaboración del documento presentado ante la Corte Suprema. La posición oficial sostiene que el fallo de Griesa violenta la inmunidad soberana del Estado argentino consagrada por la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FISA, por sus siglas en inglés). Los abogados volvieron a señalar a la Cámara que los fondos que se utilizarán para pagarles los vencimientos a los acreedores son inmunes bajo la FISA. Esa posición ya recibió el respaldo del Departamento del Tesoro en otros casos. Para reforzar la argumentación en relación con las violaciones a la FISA, el Gobierno incorporó a su equipo legal al abogado Paul Clement. El exprocurador general de Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush y profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown logró que el máximo tribunal de su país acepte 41 casos suyos, un record atractivo, entre los cuales figuran una reciente defensa contra el matrimonio igualitario.

Desde la visión del equipo económico, la aplicación del fallo de Griesa supone privilegiar a los holdouts con respecto al 93 por ciento de los bonistas, que ingresaron al canje. Para demostrar la voluntad de pago en condiciones equitativas, el Gobierno ofertó la reapertura del canje que ya está aprobada por el Congreso y podría implementarse en cualquier momento si los holdouts aceptan voluntariamente las mismas condiciones que el resto.

La presentación responde a la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que el 18 de noviembre negó el último recurso de la Argentina, cuando había solicitado que la sentencia dictada por tres jueces fuera analizada por los trece integrantes del tribunal, en lo que se denomina revisión "en banc".

En febrero del año pasado, el juez Thomas Griesa emitió el fallo que le ordenó a la Argentina pagarles a los fondos Elliot, NML Capital, Dart, Aurelius, AC Paster y Blue Angel la totalidad de la deuda que reclaman, sin quita. El Gobierno apeló y el 26 de octubre de 2012 la Cámara de Apelaciones de Nueva York convalidó la demanda por la supuesta discriminación. Esa demanda fue apelada ante la Corte Suprema y el máximo tribunal decidió no tomar el caso.

Una de las especulaciones fue que el máximo tribunal de los Estados Unidos eligió mantener stand by en el caso de la Argentina hasta tanto llegue a su estrado la segunda porción del juicio, lo que ocurrió esta tarde. En esta otra etapa se define el monto y la forma en que la Argentina debe pagarles a los acreedores. Tanto el juez Griesa como un tribunal compuesto por tres jueces de la Corte de Apelaciones de Nueva York fallaron que el pago debe ser por 1330 millones de dólares, en una vez y en efectivo.