El partido comunista es hegemónico en Cuba hace 55 años, y nada sugiere que no vaya a seguir siéndolo. El Estado todavía controla la economía, pero algo sustantivo está ocurriendo en la isla como para que EE UU haya atemperado su beligerancia contra el castrismo, la UE decidiera aparcar la posición común de 1996, que condiciona las relaciones a la promoción de la democracia y al respeto de los derechos humanos, y haya desaparecido del malecón habanero la vieja consigna miliciana: “Señores imperialistas, no les tenemos ningún miedo”. Lo que está ocurriendo en Cuba es que, por primera vez, y pese al inmovilismo político, convergen liberalizaciones socioeconómicas y un pragmatismo impensables hace ocho años.
“Se suceden las conversaciones secretas entre Cuba, Washington y los europeos, y parece que todos han llegado a la conclusión de que Raúl Castro va en serio”, dice una fuente diplomática latinoamericana. “Hasta ahora solo vemos reformas económicas, pero la apuesta es que su trascendencia social lleve a medio plazo a la apertura política”. La progresiva descentralización y reducción del tamaño del Estado, el surgimiento de 455.000 cuentapropistas, la compra venta de vehículos y viviendas, y otros cambios estructurales no agotan la lista de las reformas, algunas de complejo y errático desarrollo.
“Si nos damos cuenta de que una vez puestas en marcha hace falta introducir correcciones, lo hacemos”, dice en su despacho el economista Hugo Pons, que participó en la preparación de apertura a la iniciativa privada aprobada por el VI Congreso del Partido Comunista, en el año 2011. “Tenemos pendiente la eliminación de la doble moneda. La unificación puede estar concluida en el 2016”. Un total de 68.000 emprendedores reciben clases de administración y economía de mercado bajo la asesoría de Pons.
Algo está ocurriendo dentro y fuera de en La Habana como para que Cuba decidiera no acoger al analista de la CIA Edward Snowden, perseguido por EE UU, que a su vez reaccionó discretamente cuando confiscó un barco norcoreano cargado con armamento cubano. Tampoco el régimen saltó a la yugular de Obama después de que el presidente norteamericano se fotografiara con destacados miembros de la oposición cubana.
El deshielo es de doble dirección. La reforma migratoria y la eliminación de la tarjeta blanca para salir del país, el acceso a la telefonía móvil e Internet, aunque con limitaciones, la excarcelación en el 2010 de 130 presos políticos, así como la autorización a viajar al extranjero y volver a Cuba de los disidentes, son otros avances tenidos en cuenta por EE UU y la UE para reanudar discretas conversaciones.
Los aeropuertos, mientras tanto, reciben a diario vuelos charter procedentes de Miami, en un tráfico aéreo inusitado. Y quienes ahora salgan de Cuba podrán permanecer dos años en el extranjero sin perder sus bienes en la isla. Solo en el año 2012, más de 400.000 cubanos con residencia en EE UU pudieron viajar a la isla, al igual que otros cientos de miles domiciliados en Europa, Canadá y América Latina. Buena parte de la inversión de los emprendedores que abren cafeterías, restaurantes, talleres o peluquerías procede de sus familiares en el extranjero.
Paralelamente, adinerados hombres de negocios y directivos norteamericanos llegan a La Habana para reunirse con funcionarios y sondear las posibilidades de invertir. Uno de ellos es Alfonso Fanjul, miembro de una dinastía azucarera prerrevolucionaria, activista contra el castrismo en Miami, que ha viajado a Cuba en dos ocasiones. Empresarios extranjeros con muchos años de estancia aseguran en privado que “los dirigentes del partido más reacios a la normalización con EE UU han perdido influencia”.
La Administración Obama relajó algunas de las restricciones y crece el turismo norteamericano encubierto, camuflado en supuestos viajes académicos, culturales o religiosos a La Habana. Por su parte, la mayoría de los países latinoamericanos, de perfil socialdemócrata, no objeta el régimen cubano, con el que mantiene fluidas relaciones diplomáticas y comerciales, e ignora cualquier iniciativa dirigida al aislamiento de Cuba. Piden el levantamiento del embargo impuesto por Washington en los años sesenta, pero su eventual terminación no depende del Ejecutivo norteamericano sino de un difícil acuerdo bipartidista en el Congreso.
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