El presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien un mes atrás afirmó que acataría cualquier medida dictada por la CIDH sobre el caso Petro, optó por mantener en firme la decisión del procurador y notificar al alcalde bogotano de su remoción del cargo por haber cambiado el modelo de recolección de basura en esta capital, a finales de 2012, en perjuicio de poderosos inversionistas privados.

La profesora de ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad de Los Andes, Sandra Borda, sostiene que la destitución de Petro, aún en contravía de la CIDH, demuestra que en Colombia “el espacio para las propuestas políticas diferentes a los de los partidos políticos tradicionales es muy pequeño y, además, es un espacio que no tiene garantías”.

Gustavo Petro, exguerrillero del M-19 que se desmovilizó en 1989 para hacer política en la legalidad, ganó la alcaldía de Bogotá en reñidas elecciones en 2011 con una propuesta centrada en el fortalecimiento de la política social y el desmantelamiento de las “mafias” que controlaban los contratos de obra pública –a las cuales él mismo denunció cuando fue senador– y las concesiones de los servicios públicos como el de la recolección de basura.

Durante toda su carrera política se ha perfilado como un fuerte adversario de los poderes tradicionales.

De acuerdo con el abogado y expresidente de la Corte Constitucional colombiana, José Gregorio Hernández, desde el comienzo de su gestión como alcalde, en enero de 2012, Petro “sufrió los ataques de sus adversarios, en particular de las elites y la clase política tradicional, que buscaron por todos los medios sacarlo del cargo y acabar con su carrera política”.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla de Colombia –y la cual mantiene acercamientos con el gobierno para iniciar negociaciones de paz– también expresó su rechazo a la destitución del alcalde y en un comunicado público se preguntó: “¿Qué garantías tienen unos acuerdos entre la insurgencia y el gobierno (ante) la intolerancia del poder para aceptar en las instituciones posturas críticas y al servicio de los excluidos, alcanzados por las vías constitucionales?”.

La destitución de Petro se concretó el pasado 19 de marzo, cuando el fallo del procurador fue firmado por Santos. Un día antes, la CIDH solicitó al presidente la suspensión inmediata de la decisión de Ordoñez a fin de garantizar los derechos políticos del alcalde y permitirle “cumplir con el periodo para el cual fue elegido (2012-2015)”.

Para Hernández, el procurador Ordoñez –un ultratradicionalista católico de la secta lefebvrista—“ha venido acumulando un excesivo poder, un poder contra todos, en parte porque se lo otorga la Constitución, y en parte por el abuso de las atribuciones existentes mediante interpretaciones expansivas, como lo demuestran este caso (de Petro) y el de Piedad Córdoba (exsenadora inhabilitada por 15 años para ocupar cargos públicos).

El mensaje es claro: funcionario que no comulgue con los criterios personales del procurador, en materia política, administrativa, económica, filosófica o religiosa, está perdido”.

De acuerdo con el artículo de 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Colombia es país suscriptor, los derechos políticos de los ciudadanos sólo pueden ser suspendidos por “condena, por juez competente, en proceso penal”, lo cual no aplica en el caso de la Procuraduría colombiana, que es una institución administrativa.

Sandra Borda, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Minnesota, considera que Petro cometió errores administrativos en el cambio del modelo de recolección de basura de Bogotá, que pasó de privado a mixto en diciembre de 2012. Pero quizá el elemento que más pesó en ese proceso que provocó un caos en la ciudad durante tres días por las toneladas de desechos que quedaron al aire libre, fue el poderío de los intereses económicos privados que resultaron afectados con los cambios decretados por el alcalde.

“Asesinato político”

Gustavo Petro, maestro en Economía de 53 años de edad, asumió su destitución como una persecución ideológica por parte de las elites que han dominado históricamente al país y han recurrido “a la eliminación de sus oponentes, de manera física o política. Yo fui víctima de un asesinato político”.

De acuerdo con el destituido alcalde, –quien inició una gira por todo el país en busca de respaldo a una Asamblea Nacional Constituyente para realizar las reformas estructurales que el país requiere en materia política y social–, Colombia está dominada “por una extrema derecha que se acostumbró a gobernar el país, que no quiere la paz, que se ha enriquecido con la guerra y que le teme a la democracia”.

Las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que sostienen un diálogo de paz con el gobierno en La Habana, deploraron la destitución de Petro y señalaron que el procurador y Santos dieron un “golpe de mano” que empaña esas negociaciones.

La destitución “afecta de manera grave la confianza y nos plantea muchas dudas e interrogantes en torno a la eficacia de lo acordado parcialmente (en la mesa de negociaciones, a finales del año pasado) en torno al tema de participación política (de la guerrilla tras un eventual pacto de paz)”, dijo el negociador de las FARC, Iván Márquez.

El abogado José Gregorio Hernández considera que “el proceso irregular y la arbitraria sanción del procurador (contra Petro) envían un pésimo mensaje a quienes buscan salir del conflicto armado para acogerse a la democracia”.

Para el senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Jorge Robledo, el hecho de que el presidente Santos se haya negado a acatar las medidas cautelares a favor de Petro –las cuales hubieran detenido su destitución– sienta “un gravísimo precedente en Colombia porque nuestra misma Corte Constitucional ha establecido que las medidas dictadas por la CIDH son vinculantes y ese principio debió ser respetado”.

Robledo considera que Santos responde a un “cálculo político” al estimar que la mayoría de bogotanos apoyará su decisión, lo que beneficiaría su votación en esta capital en los comicios presidenciales a realizarse en mayo próximo y en los cuales el mandatario buscará su reelección.

Intolerancia

El presidente del Concejo de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, considera que Santos actuó “en plena legalidad porque acató las decisiones de la justicia colombiana y el alcalde tuvo todas las garantías para defenderse desde que el procurador ordenó su destitución (en diciembre pasado) hasta que se le agotaron las instancias”.

El concejal del cogobernante Partido Liberal asegura que Petro fue destituido “por inepto, por ineficaz, por mal administrador”.

Su administración, sigue, “se caracterizó básicamente por improvisar, por no saber ejecutar –la tercera parte del presupuesto de 2013 no fue ejercida ese año– y por no tener capacidad de gestión”.

Uribe Turbay reconoce que fue “muy severa la sanción” del procurador contra el destituido alcalde, pues lo condena a quedar inhabilitado durante 15 años, “pero ese tipo de sanciones se han aplicado a muchos alcaldes y funcionarios electos en este país, no sólo a Petro. Y si no nos gusta habría que reformar la Constitución y restarle facultades al procurador”.

Ordoñez ha destituido y sancionado a 800 alcaldes, 18 gobernadores y 23 congresistas de todos los partidos, desde que asumió el cargo en 2008.

El profesor de la Universidad Nacional, Carlos Mario Perea, afirma que cuando se revisan con detenimiento esas cifras queda claro que las sanciones más rigurosas han sido contra funcionarios de izquierda o de centroizquierda, como el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, a quien inhabilitó por 12 años en 2012 en una decisión revocada el pasado jueves 27 de marzo por el Consejo de Estado.

“En cambio, el procurador ha sido muy indulgente con los políticos implicados con grupos paramilitares”, dice.

Borda considera que si Ordoñez aplicara los mismos criterios que aplicó con Petro, como ineptitud, mala administración y atentar contra la libre competencia, a todos los funcionarios del Estado “nos quedaríamos sin funcionarios. Además, no hay un solo cargo de corrupción en contra de Petro. Ahí la cosa sería distinta”.

La profesora de la Universidad de Los Andes manifiesta que la destitución del alcalde bogotano demuestra lo intolerantes que pueden llegar a ser las elites colombianas ante opciones políticas distintas, en particular de izquierda. Expresa también “cómo su paranoia puede ir tan lejos que no les importa pasarse por las alto el derecho internacional con tal de mantener el control del país”.

De acuerdo con Petro, el modelo de recolección de basura que objetó el procurador y que se puso en marcha en diciembre de 2012 le ahorró a la ciudad 25.3 millones de dólares el año pasado en detrimento de las utilidades que devengaban los operadores privados que salieron del negocio o que acotaron su participación con el nuevo esquema.

El exalcalde siempre aseguró que los contratistas perjudicados con el nuevo modelo de limpia pública estuvieron en forma permanente “detrás de toda esta campaña y la Fiscalía tiene testimonios, confesiones, indicios, de cómo fueron la operación, las reuniones, la entrega del dinero para lograr que el alcalde fuera destituido utilizando al procurador”.

El abogado Hernández sostiene que a pesar de que en Colombia “hay quienes afirman que en este país no hay complots, como sucede con las brujas, de que los hay, los hay. Y muchas veces los complotados logran sus propósitos”.

Santos designó como alcalde temporal de Bogotá al ministro del Trabajo, Rafael Pardo, mientras analiza una terna propuesta por el partido de Petro, los Progresistas. De ahí deberá nombrar a un alcalde que se hará cargo de la ciudad en tanto la Registraduría Nacional convoca a nuevas elecciones para que los votantes elijan al sucesor del exguerrillero del M-19.

 

Por, Rafael Croda Proceso (México)