Un año antes de cumplirse el 50 aniversario de la histórica resolución de Naciones Unidas que reconoce un conflicto de soberanía entre Argentina y Gran Bretaña por las islas Malvinas, un grupo de legisladores de la oposición le envió una carta a la presidenta Cristina Fernández donde se le sugiere que Argentina vuelva a presentar en la Asamblea General de la ONU de septiembre próximo una resolución sobre la cuestión Malvinas.

  La última presentación en ese sentido se realizó en 1988. Y luego el tema fue trasladado al Comité de Descolonización, donde Argentina presentó sistemáticamente su reclamo, fue avalada por la totalidad de sus integrantes (una veintena, rotativa), lo que siempre fue rechazado por los ingleses, que se niegan a tratar el tema.

  La propuesta, impulsada por el senador Rubén Giustiniani (PS) y los diputados Ricardo Alfonsín (UCR), Federico Pinedo (PRO) y Adrián Pérez (FR), apunta a llevar el planteo a la Asamblea General, la máximo instancia de la ONU, donde participan cerca de 200 países, donde se presume que tendría mayor jerarquía y resonancia que en el Comité de Descolonización, donde todos los años Argentina recibe apoyo por unanimidad.

  La resolución de 1965, que reconoce el conflicto por la soberanía de Malvinas, es el instrumento jurídico más relevante con que cuenta Argentina en la perspectiva de dar una pelea argumental. El año próximo dicha resolución cumplirá 50 años e Inglaterra se ha negado sistemáticamente a reflotar su tratamiento, haciendo uso y abuso de su poder de veto en la ONU. Para que un tema sea tratado en el Consejo de Seguridad debe pasar el filtro de los “cinco grandes”, EEUU, China, Inglaterra, Rusia y Francia, miembros permanentes del Consejo —máximo organismo—, integrado por 15 países. Diez de ellos rotativos y sin derecho a veto.

  El reclamo por Malvinas, retomado con fuerza en la etapa kirchnerista, tuvo su punto culminante en la histórica intervención de CFK, en junio de 2012, cuando por primera vez un presidente argentino habló en el Comité de Descolonización, y dijo cosas como éstas: “Si uno es miembro permanente del Consejo de Seguridad puede respetar o no respetar una resolución de Naciones Unidas. Si uno no es miembro de ese Consejo, seguramente si no respeta alguna resolución o viola derechos humanos; mejor dicho, si viola derechos humanos en países con petróleo, porque cuando se violan los derechos humanos en países que no tienen petróleo ni ningún tipo de recursos o que juegan algún ajedrez especial en el sistema internacional, no pasa nada, señor presidente”.

  Los legisladores que firmaron la carta (miembros de la comisiones de Relaciones Exteriores) dijeron que “Malvinas dejó de ser una cuestión exclusivamente argentina. Hoy los países de América latina, el Caribe, Africa y la mayoría del mundo no aceptan la vigencia de enclaves coloniales”.

  En una charla con LaCapital, Rubén Giustiniani expresó su convicción sobre la importancia estratégica de volver a llevar a la Asamblea el tema Malvinas luego de que “la gestión de Menem-Cavallo decidiera no seguir presentándose a partir de 1989. Nos parece difícil que Argentina pierda una votación en la Asamblea por Malvinas”, completó el senador rosarino.

  Argentina cuenta a su favor que el tema Malvinas mantiene sus fueros en la Asamblea debido a que todos los años ha sido presentado un pedido formal por la mantención de los mismos, para evitar de que el tema “caiga”, lo que constituiría una dificultad adicional para el país.

  La Capital pudo saber que el canciller Héctor Timermann reconoce que la permanencia de los fueros del tema en la Asamblea “es como tener la mitad del problema resuelto”.

  Los fueros en la Asamblea podrían equiparse al “estado parlamentario” que conservan, o no, los proyectos de presentados por los legisladores en el Congreso.