EL PAIS › OPINION

Malvinas no es sinónimo de derrotas

Por Edgardo Mocca

El conflicto entre nuestro país y los fondos buitre ha ido alejándose progresivamente de su carácter judicial. La decisión de Griesa de bloquear el pago de los compromisos de Argentina con sus legítimos acreedores ha creado un laberinto jurídico de difícil solución. Nuevos actores involucrados, nuevas potenciales demandas de distintos grupos que se vieron perjudicados por la situación, una absoluta incertidumbre sobre cómo piensa el anciano juez continuar con esta saga, rechazos de influyentes liderazgos políticos y financieros globales, todo indica la creciente inviabilidad política del tipo de “solución” arbitrado por Griesa. De modo que la cuestión, de ahora en más, es absolutamente política.

Desde ese punto de vista, en el frente interno argentino hay una intensa puja que gira en torno de una sola cuestión: el endeudamiento externo argentino. La derecha mediático-política usa y abusa de diferentes argumentos jurídico-políticos: las deudas hay que pagarlas, el fallo judicial ya saldó la cuestión, el país debe ofrecer “seguridad jurídica” y otros de parecida consistencia. De lo que no se habla es de las consecuencias de la anhelada firma de las autoridades al pie del designio del juez neoyorquino. De modo más bien escaso y excepcional ha habido referencias a cómo podría el país encarar los efectos de un derrumbe de la renegociación de la deuda pública de 2005 y 2010: en tales casos aparece la idea de que nuestro país, ahora confiable para el mundo, se convertiría en una suerte de lugar privilegiado del planeta sobre el que lloverían dólares generosos del mundo para “invertir” en Argentina, modo eufemístico de aludir a un nuevo ciclo de megaendeudamiento externo y de sacrificio plenario de la soberanía estatal. De manera que sale a la luz, aunque sea con modesta intensidad y escasa claridad, el tipo de país que están pensando para el futuro: una nueva ola de neoliberalismo, seguramente ataviado con alguna ropa nueva. El endeudamiento gigantesco y la relación de subordinación a los organismos internacionales de crédito no son un factor secundario del proyecto neoliberal, son su núcleo esencial. Quien quiera saber las razones de nuestro desastre de 2001 haría bien en seguir esta pista.

Las cartas políticas están sobre la mesa, aunque uno de los dos polos que se enfrentan eluda sistemáticamente la discusión. El gobierno ha construido un inédito antecedente de claridad conceptual en un conflicto externo de alto riesgo, ha mostrado desde el principio los límites de la negociación: no se firmará nada que eche a perder el esfuerzo del país en los últimos años, es decir que vuelva la situación a un punto anterior al de la renegociación de la deuda, engrosada fundamentalmente entre los años 1976 y 2001, y que entró en default ese último año. Los cálculos sobre el monto por el cual podrían demandar en la Justicia los acreedores que entraron en los acuerdos, pero ninguno de ellos queda por debajo de los 200.000 millones de dólares. Hay quienes, en su argumentación sobre la conveniencia de pagar, relativizan las posibilidades de éxito de esas demandas, como si los fallos en Estados Unidos no estuvieran ilustrando de manera inmejorable el grado de imparcialidad y de equidad al que pueden llegar los estrados amigos de los especuladores.

El conflicto político se define dentro del país. Se va a volver a intentar llevarnos a la zona del rumor, de la maniobra financiera, de la siembra sistemática del terror sobre la población, de los aumentos preventivos de precio y toda la batería de estos años y de toda la historia argentina de las últimas ocho décadas. El conflicto con los fondos buitre no está cerrado. No podría cerrarse en las confusas condiciones creadas por el fallo. Existen muchos recursos posibles para salir de este original estado de cosas en que el Estado argentino paga y a los acreedores –que tienen todos los papeles en regla– no los deja cobrar el fallo de un juez. Desde las posibilidades de acuerdos entre privados o la negociación para encontrar un sitio de pago alternativo, fuera del alcance del juez Griesa (es decir de los buitres) pasando por las herramientas jurídicas de las que se dispone, componen un cuadro de fluidez y de complejidad, lejos del carácter definitivo que pretenden asignarle ciertos sectores del establishment. En el frente interno se disputa entre los temores y la incertidumbre que siembra intensamente la cadena mediática de la desestabilización y la comprensión de la situación a favor de una solución viable para nuestro país del conflicto.

Para que esa solución pueda encontrarse se necesita tiempo y también serenidad. A primera vista parece relativamente fácil la estrategia de la apuesta al “mal peor”, es decir la presión sobre el Gobierno a favor de la claudicación en la negociación y la promoción de un clima de ingobernabilidad. Sin embargo hay un problema en esa línea: es el costo de una sobreactuación del miedo y una radicalización del comportamiento antinacional, en el caso en que se encuentre un camino de solución para el país en el conflicto. Los voceros del establishment agitan el fantasma de la malvinización; se trata claramente de un intento por neutralizar el fuerte acompañamiento que hasta aquí ha tenido en la población el manejo del conflicto por parte del Gobierno, según encuestas “confiables” aún cuando sea justo el rechazo a la atribución de un rol de arbitraje en el conflicto social a las estadísticas circunstanciales difundidas por una consultora de opinión. ¿Qué quiere decir “malvinizar”? Está claro que la referencia es al uso político que hizo la dictadura de Galtieri del desembarco en Malvinas. Ahora bien, la palabra malvinizar tiene una potencia semántica irreductible a la evocación de la guerra provocada por una dictadura cívico-militar y por la decisión de los dos socios principales de la OTAN. La palabra Malvinas en la retórica de la derecha significa derrota. Y derrota acompañada de desinformación y de extorsión unanimista de la opinión pública con la utilización de slogans nacionalistas. Sin embargo la palabra Malvinas también puede tener otra interpretación dentro de otro contexto discursivo.

La demanda de los buitres convalidada por los jueces de Estados Unidos carece de toda razonabilidad: nadie puede reivindicar esa demanda y esa sentencia en términos de justicia. Acaso el fallo sea una muestra de los desvaríos a los que puede llevar la radicalización hasta las últimas consecuencias del culto liberal de los individuos y del contrato. Un fundamentalismo liberal que no se desarrolla en el siglo XVIII o XIX, en tiempos propicios a la utopía del comercio mundial libre como garante de la paz mundial, sino en el siglo XXI después de las masacres masivas de la última centuria y en medio de grandes interrogantes sobre la gobernabilidad mundial de la globalización capitalista. Para el juez no hay estados. No hay reestructuración de deuda. No hay compromisos legales asumidos por los países. Están los individuos, unos papelitos comprados a precio vil, después de un default y una renegociación abrumadoramente mayoritaria. Se falla a favor de esos individuos con bonos y en contra de un país entero y de una comunidad mundial que está expresando mayoritariamente la perplejidad.

Hasta aquí los buitres. No es tan sencilla la trama de la demanda argentina en el caso de Malvinas. Pero es igualmente evidente que el sostenimiento del statu quo en las islas no es un subproducto del derecho, de la moral o de la Justicia, sino que es la materialización de una relación de fuerzas, una pura y simple cuestión de poder. Así lo demuestra el comportamiento de británicos y estadounidenses en los foros que la ONU habilita para el tratamiento del conflicto: absoluta negación de las normas que emanan de un organismo cuyo control ejercen. Malvinas y los fondos buitres forman parte de un hilo de sentido, son dos signos diferentes que expresan el mundo en el que vivimos y nos interrogan sobre nuestro lugar en ese mundo. Esta vez, Argentina no ha invadido a nadie. No ha tratado de convencer a nadie de que “estamos ganando”, no ha inventado batallas favorables y, por sobre todo, no ha sostenido sus razones en la fuerza de las armas, sino en la de los argumentos. No hay nadie que pueda situarse en este conflicto de época sobre la base de condenar nuestro autoritarismo. Argentina no habla hoy el lenguaje irracional de las armas ni acude a misteriosos determinismos de un destino de grandeza. Habla un lenguaje mucho más simple. Dice que quiere pagar sus compromisos, aún cuando denuncia el origen espurio de gran parte de ellos. Quiere pagar y paga. Confía en el orden jurídico y en la política. Cuestiona el orden global sin dejar de cumplir sus reglas; tanto en el reclamo de Malvinas como en el litigio con los buitres y con la Justicia norteamericana.

No hay, por lo tanto, necesidad de desmalvinizar nada. Lo que hace falta es aceptar lo que es muy evidente: en el conflicto jurídico con los buitres y en el diferendo con el Reino Unido está en juego la manera de mirar el mundo. Por un lado está la mirada “pragmática” –más justo sería llamarla resignada y colonizada– que aspira a un lugar bajo el sol en el mundo de las guerras preventivas, el pensamiento único y la omnipotencia imperial, y por otro lado hay una nueva alianza entre la voluntad emancipadora y el sentido común. Ese sentido común –si se quiere moderno y capitalista– que dice que todos somos iguales ante la ley.

NOMIA › EL MINISTRO DE LA CORTE RAUL ZAFFARONI HABLA DEL ENFRENTAMIENTO CON LOS BUITRES

“Esto es un escándalo jurídico”

Preocupado por lo que ve como un avance de los poderes económicos sobre las instituciones, critica duramente a sus colegas de EE.UU. y propone que la administración fraudulenta de negociaciones internacionales sea imprescriptible.

No tiene problema en admitir que lo que está pasando en Estados Unidos, donde una “Corte provincial” puede arruinar la vida de millones de personas, le provoca miedo. Y avisa de la bancarrota de un sistema legal muy influenciable por el dinero. Raúl Zaffaroni sabe que lo van a criticar, pero propone que administrar los asuntos públicos haciendo cosas como entregar la jurisdicción al extranjero o armando una arquitectura financiera para beneficiar a otros sea un delito imprescriptible, tratado como un caso de derechos humanos.

–Como jurista y no como ministro de la Corte, ¿qué reflexión le merece la situación que plantean los llamados fondos buitre?

–Veo esto con un poco de miedo. Para decir la verdad, con mucho miedo. Como diría Galeano, todo parece patas arriba. Si trajésemos a alguien que hubiese dormido unas décadas, no podría entender nada. Tengo miedo por el mundo, esa es la verdad. El poder político, el de los Estados, está sobrepasado por el poder económico de oligarquías, de pequeños grupos de personas que manipulan a su gusto los medios de comunicación y el poder económico, que hacen lobby y pagan honorarios a profesionales de altísima especialización en estas maniobras. Lo digo más claramente: siempre ha habido y es inevitable que haya vínculos y acuerdos entre los poderes político y económico, pero ahora el primero tiende a desaparecer o a ser manejado completamente por el segundo transnacionalizado. Este mundo comenzó hace cien años cuando un adolescente con una pistola mató a un príncipe aprovechando el error del chofer, que se metió por la calle equivocada, y eso sirvió de pretexto para que las industrias bélicas destrozasen la opereta de uniformes vistosos y coronas y sacrificasen a decenas de millones de jóvenes y población civil en una guerra de devastación de Europa. Como cantaba Gardel en “Silencio”, se mataron y nació un mundo nuevo, en donde el poder económico, después de un siglo, va ocupando por completo al político.

–¿Se refiere a que la decisión del juez Griesa está condicionada y al margen del gobierno de Estados Unidos?

–Aquí está la cuestión. ¿El gobierno de Estados Unidos es Obama? Se trata de un país cuyo gobierno conserva la separación de poderes de Montesquieu. Tuvo el mérito de hacer hace doscientos años lo que los europeos habían pensado y no habían hecho: la república. Bien. Griesa parece ser un personaje omnipotente, cuando en realidad es un juez casi municipal, de trocha muy angosta. No es un juez federal siquiera, sino algo así como un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y salta a la fama mundial como el único ogro de la historia. Esto plantea dos cuestiones diferentes. Primero, el actor principal de todo esto no es Griesa, sino el Poder Judicial norteamericano, en última instancia, su Suprema Corte. Fue la famosa y muchas veces citada Suprema Corte de Estados Unidos la que hizo el despropósito jurídico de patear una cuestión que pone en jaque a un país entero. Ni siquiera tuvo el coraje de darle la razón a Griesa, sino que simplemente, en el equivalente a lo que nosotros en la jerga llamamos “un 280”, dijo “esto no me interesa tratarlo”. ¿Cómo me explica alguien que la famosísima Corte, tan respetuosamente citada porque siempre “queda bien”, haya dicho que no le interesa el destino de una negociación de muchos miles de millones de dólares que compromete a un país y quizá el destino de unos cuantos más? Esto es un escándalo jurídico. Si lo hubiese hecho la Corte argentina nos insultarían en todos los tonos y con razón. Nos dirían que somos una burocracia irresponsable. Y, por cierto, la Suprema Corte norteamericana es parte del gobierno de los Estados Unidos.

–¿Considera que los lobbies han operado sobre la Corte norteamericana?

–No conozco ni puedo afirmar nada al respecto, pero tampoco me extraña nada, porque la Suprema Corte norteamericana no necesita muchos lobbies para incurrir en despropósitos jurídicos. Tengo la suerte de pertenecer a una Corte Suprema que en su historia se ha equivocado muchas veces, pero ni de lejos alcanzó el nivel de aberraciones de la Suprema Corte norteamericana. Por suerte, nuestra Corte nunca declaró constitucional la esclavitud y precipitó una guerra civil, tampoco y mucho más cercanamente declaró la constitucionalidad del apartheid, ni dijo que estaba bien que los negros fuesen en un vagón y los blancos en otro, ni consideró adecuada a derecho la prohibición de matrimonios entre negros y blancos, ni tampoco legitimó –con el voto del famosísimo juez Holmes– la esterilización de discapacitados. Seguramente esa no es la jurisprudencia de esa Corte que suele citarse con reverencia, pero está. Es un tribunal cuya historia tiene más sombras que luces.

–¿Cómo se explica que nos hallemos hoy en esas manos?

–Esa es la segunda parte de la cuestión y respecto de la cual tenemos que pensar en el futuro. Nuestros propios gobiernos cedieron la soberanía nacional, sujetándonos a un tribunal provincial extranjero y a una Suprema Corte que declara no interesarle nada, en favor de unos especuladores con capacidad para pagar abogados y hacer lobbies. Si alguien administra las propiedades de una viuda o de un huérfano y lo hace en su perjuicio, va preso, conforme a nuestro Código Penal, por el delito de administración fraudulenta, la vieja Untreue alemana, que introdujimos en nuestra ley hace unos cincuenta años. Pero si administra toda la economía de la Nación y entrega la jurisdicción, que es expresión consustancial de la soberanía. ¡Ah! Entonces da cátedra y consejos. ¿A qué punto hemos llegado? ¿Le podemos seguir exigiendo a la ciudadanía que crea en el derecho y lo respete? ¿No nos damos cuenta de que estamos socavando la base ética elemental del derecho? Creo que lo primero que debemos hacer con miras al futuro es reformar la ley y declarar imprescriptible la administración fraudulenta en perjuicio de los intereses nacionales en toda negociación internacional que comprometa sustancialmente la economía nacional. Sé que me colgarán cualquier cartel para descalificar esta opinión, pero el mundo penal internacional viene pensando estas cosas desde hace algún tiempo.

–¿Cree que es viable?

–Más que viable, creo que es urgente. En la literatura penal de los últimos años se habla mucho de esto. Cito, por ejemplo, un pequeño gran libro muy reciente de Naucke, que no es ningún improvisado, sino un respetado profesor emérito, que lleva por título Una aproximación al hecho penal político-económico. Naucke dice que hace un siglo, cuando se quiso responsabilizar penalmente al emperador alemán al final de la Primera Guerra, muy respetados juristas dijeron que era una aberración, y hoy nos parece natural la responsabilidad penal de jefes de Estado por delitos de lesa humanidad, más allá de que escapen o no a la Justicia. Señala con razón que nuestro derecho penal se formó con la Ilustración, en contra del poder arbitrario de los estados, pero que hoy el poder arbitrario es económico, y no hay instrumentos penales para contenerlo. El camino a seguir será análogo al que siguieron los delitos contra la humanidad cometidos por los políticos abusando del poder de los estados. Se trata de hechos políticos abusando del poder económico y también pueden causar muchos millones de muertos.

–Sería una innovación completa en el derecho...

–En algún sentido, no tanto. El propio Naucke lo recuerda. Lo que el denomina “hecho penal político-económico” en cuanto a responsabilidad de los particulares, es una cuestión que se abrió con los juicios de Nuremberg. Aunque no todos fueron condenados, se sometió a juicio a quienes se beneficiaron de la mano de obra esclava o a quienes contribuyeron a las masacres, fuera de sus actividades empresariales normales, incluso a los que vendían el gas para matar en los campos de exterminio.

–Pero eso parece ser algo diferente.

–Sí, lo es, pero abrió el camino jurídico. Muchos años más tarde, después de la caída del Muro de Berlín, se acusó a los jerarcas de la República Democrática Alemana, en particular a su presidente, Honecker, no sólo por las muertes en la frontera interalemana, sino también por administración fraudulenta en perjuicio de la propiedad socialista y el quebrantamiento de la confianza, definidos en el propio Código Penal de la Alemania comunista de Honecker, lo que sin duda era una acusación por delito político-económico. Unos años después, en 2010, fue acusado el ex primer ministro de Islandia por equivocadas decisiones financieras de gobierno, porque omitió lo necesario para evitar la crisis, y en este caso ni siquiera por conducta dolosa o intencional, sino que se lo acusó por negligencia. Estas cuestiones están llamando muchísimo la atención de los penalistas de todo el mundo. El mes próximo, el grupo de los llamados “jóvenes penalistas” de la Asociación Internacional se reúne en San Pablo para discutir el problema del abuso del poder económico, y me invitaron a pronunciar la conferencia de apertura. Hace tres meses apareció en Barcelona un libro colectivo sobre el tema, coordinado por Iñaki Rivera Beiras. Me parece que el tema está explotando en el mundo penal.

–¿En el anteproyecto de Código Penal no lo incluyeron?

–No, la nuestra es una comisión austera. Los técnicos no podemos proponer decisiones fundamentales de política criminal internacional. Eso lo debe decidir el poder político. Podemos asistirlos, asesorarlos, pero nos marcamos como límite ordenar y racionalizar un poco lo que hay en las leyes vigentes, agregar cosas indispensables, que se caían por maduras, como los delitos ecológicos, pero este tema exige debate político y decisión responsable de esos poderes.

–¿Propone algo respecto de lo que haya que hacer en la situación actual?

–En primer lugar, no es mi función asesorar al Gobierno y, en segundo término, no es mi materia y, aunque pasé por la política, no me acostumbré a hablar de lo que no sé. Lo que podría decir es por mera intuición jurídica.

–¿Y le dice algo su intuición jurídica?

–Bueno, si me apura, le diría que me indica que habría que explorar la posibilidad de demandar a los fondos buitre. En principio, parece claro y hay pruebas de que no son adquirentes originarios de bonos, sino que los compraron para interferir o desbaratar negociaciones como medio extorsivo. Esto no será delito, pero en sede civil es una conducta dolosa. No hay buena fe en la compra, es una compra con propósito avieso, doloso, malintencionado, en síntesis, inmoral. Cualquier estudiante sabe que la buena fe es el presupuesto jurídico de toda transacción. El daño de esta conducta inmoral se produce en el país. No sé si se podría demandar aquí, en Estados Unidos o en algún otro lado. Le reitero que no es mi materia, pero la intuición me indica que habría que explorar esta posibilidad. Insisto en que esto es mera intuición, pero creo que deberían analizarla los que saben de estas cosas.

EL PAIS › ENCUESTA EXCLUSIVA LA MAYORIA DE LOS ARGENTINOS RESPALDA AL GOBIERNO FRENTE A LOS BUITRES

Pájaros non gratos

Para seis de cada diez consultados, la situación actual es culpa del juez Griesa y de los especuladores, mientras que el gobierno nacional está haciendo las cosas “de manera correcta y responsable”. Las imágenes positivas.

Por Raúl Kollmann

Seis de cada diez personas considera que en la negociación con los fondos buitre “el Gobierno está haciendo las cosas de manera correcta y responsable”. Y en la misma proporción mayoritaria, los ciudadanos afirman que “los fallos del juez Griesa demuestran los vínculos entre el capital financiero y la Justicia norteamericana”. Detrás de estos datos y el notorio crecimiento de la imagen positiva de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (ver aparte) –verificada por todas las encuestas– está el hecho de que la gente percibió que la Argentina no cambió de postura desde el principio, que existe una especie de ataque de un pequeño grupo de poderosos financistas y que la firmeza del Gobierno no ha llevado, ni por asomo, a una situación similar a la de 2001. También pesa de forma importante la percepción de la gente de que la Presidenta no se mueve en esta batalla sobre la base de intereses electorales.

Las conclusiones surgen de una encuesta realizada en forma exclusiva para Página/12 por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que encabeza el sociólogo Roberto Bacman. En total se entrevistaron 437 ciudadanos en la noche del jueves y durante el viernes, en Capital Federal y los 19 distritos del Gran Buenos Aires, respetándose las proporciones edad, sexo y nivel económico-social. Bacman sostiene que la muestra es representativa de la opinión pública a nivel nacional porque agrupa casi a la mitad del electorado y combina dos distritos que en 2013 tuvieron comportamientos distintos en las urnas.

“Acá la clave es que, desde el punto de vista comunicacional, el Gobierno ha logrado hacer prevalecer su mensaje. O, dicho en otros términos, a la gente le parece cierto y razonable el mensaje del Gobierno –resume Bacman–. Por ejemplo, cree que del otro lado, acosando a la Argentina, hay un pequeño grupo de fondos buitres, que son apenas el uno por ciento de los bonistas, que son un grupo indeseable en términos del sentido común y que hay una especie de agresión contra el país. En una palabra, así como otras veces no aceptaron algún enemigo señalado por el Gobierno, esta vez hay una sólida mayoría que tiene la misma visión que la Casa Rosada y piensa que hay una alianza buitres-juez Griesa-poder financiero que constituye un real enemigo.”

Para Bacman hay muchos términos técnicos e incluso jurídicos que la gente no entiende, pero percibe el grueso de la situación. “Yo veo en la encuesta que la gente le cree a la Presidenta cuando dice que no va a firmar cualquier cosa que comprometa el futuro y que acordar con los fondos buitre algo mejor que con el 93 por ciento de los bonistas compromete el futuro, que eso nos mete otra vez en una gigantesca deuda. La nota escrita por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna coincidiendo con ese punto de vista, también hizo que se disolviera mucho el discurso opositor. El massismo bajó el tono; Macri, que en los días anteriores había dicho que se debía pagar sin dar vueltas, se encerró en el silencio; el radicalismo nunca fue claro. O sea que en la oposición sólo quedaron los titulares de los diarios adversos al Gobierno.”

Según sostuvieron varios encuestadores –y también publicó este diario–, hace un mes el ciudadano común estaba preocupado por el peligro de un default y una situación parecida a la de 2001. Las encuestas daban casi una situación pareja entre quienes opinaban que el Gobierno manejaba bien la situación y los que sostenían que la manejaba mal. Había unos puntos de diferencia: 51 por ciento aprobaba el tratamiento del conflicto con los fondos buitre y más del 40 por ciento se manifestaba en desacuerdo. En estos 30 días se fue instalando un espíritu de mayor tranquilidad y a lo largo del jueves y el viernes –cuando se concretó la encuesta del CEOP– se asentó la idea de que el panorama es serio pero que no hay una catástrofe como pronosticaban algunos a través de los medios. También se entiende que el Estado cuenta con fondos, con reservas, que no existe una cesación de pagos como en 2001, sino una ofensiva de ese adversario –buitres-Griesa– señalado por el Gobierno. Eso explica que la aprobación del manejo del choque con los holdouts haya subido a más del 60 por ciento y el desacuerdo haya bajado al 33 por ciento. Pero, además, la gente marca, por amplia mayoría, la responsabilidad en la situación: el 60 por ciento sostiene que no se llegó a un acuerdo por culpa de los buitres, la Justicia norteamericana y el juez Griesa, mientras que apenas la mitad, el 30 por ciento, afirma que no se llegó a un acuerdo por culpa del Gobierno.

“Yo creo que jugó un papel importante el discurso del jueves de la Presidenta –sostiene Bacman–. Fue breve y eso es importante cuando se trata de cuestiones bastante técnicas. Insistió en la idea de que el Gobierno ratifica lo que viene diciendo desde el primer día: que hay un pequeño grupo de buitres atacando al país desde afuera. También reiteró el concepto de que se busca un país previsible y sustentable. A mí me parece que en todo esto pesa que el ciudadano común no ve lo que hace CFK como una jugada electoral. Se sabe que no hay reelección y la postura de que no va a firmar cualquier cosa que endeude al país, cae muy bien. Hay una parte de la población que sabe que si la Presidenta acuerda con los buitres, el pago sería con bonos que pagarán los próximos gobiernos y que la famosa cláusula RUFO también será motivo de juicios que deberán afrontar los próximos gobiernos. O sea que supuestamente para ella sería fácil salir del paso firmando y en la encuesta se valora que CFK se mantenga firme contra viento y marea.”

El sondeo del CEOP muestra un aspecto en que el Gobierno ha hecho eje: no se puede llamar default a la situación actual. Una amplia mayoría (64 por ciento) está de acuerdo con esa postura y sostiene que la Argentina “no está en default, viene pagando la deuda desde hace años”. Esta idea redondea la postura de la gente respecto de lo que está pasando: perciben un ataque de afuera, injusto porque sólo es el uno por ciento de los acreedores y protagonizado por un puñado de individuos oscuros. El hecho de que la sede de la controversia sea Nueva York, Estados Unidos, le agrega el condimento del país poderoso ejerciendo el poder en forma despiadada.

raulkollmann@hotmail.com

La negociación

El juez Griesa

¿Quién es responsable de que no haya acuerdo con los buitres?

epigrafe

El default

La soberanía

ECONOMIA › OPINION

No es un default

Por Alfredo Zaiat

El inédito acontecimiento financiero derivado de la orden del juez Thomas Griesa de bloquear el cobro del vencimiento de intereses de deuda soberana a bonistas del canje no es un default. No lo es en términos jurídicos, financieros y económicos. No se trata de un debate semántico, aunque sí político, como queda reflejado en cada una de las opiniones del elenco estable de economistas mediáticos. Para eludir la soberbia de los cultores de la ignorancia, es necesario precisar por qué y cuándo un país está en default.

La actual situación es extraordinaria, lo que ha habilitado un debate político o de bajo vuelo con fines electoralistas, como se expresa en la mayoría de las coberturas periodísticas, siendo los grandes medios promotores de esa campaña de desinformación. También ha gatillado los lugares comunes de la prensa internacional en la descripción del destino económico argentino. El default es una definición que excede la especulación de si es una estrategia política del Gobierno, que la vulgaridad analítica menciona como la pretensión oficial de negar la realidad o de convertir la situación en una gesta épica, o si es una excusa para concretar habituales negocios en el mercado financiero, como las sentencias de calificadoras de riesgo o las apuestas con los seguros contra default. Pese a la insistencia con títulos catástrofes o evaluaciones interesadas de hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica, no se está en presencia de una cesación de pagos de la deuda argentina. No lo es porque lo que está sucediendo a partir del fallo y la orden de cumplimiento de la sentencia Griesa, no ingresa en esa categoría. No existen antecedentes históricos de semejante extravagancia.

Es un evento que no reúne las condiciones de un default, a las que es fácil describirlas en base a antecedentes de la historia financiera mundial: en lo jurídico, incumplimientos en el contrato de emisión de bonos del deudor con el acreedor; en lo financiero, no pago de intereses y capital al vencimiento; y en lo económico, insolvencia del deudor. Nada de eso ha sucedido.

Las calificadoras de riesgo, el comité financiero de la asociación de swaps (por los seguros contra default), economistas locales y analistas internacionales seguirán insistiendo con la existencia de un default. Incluso ahora empezaran a atemorizar con la posibilidad de que los bonistas del canje puedan solicitar la “aceleración” del cobro del total de la deuda. Es el derecho que tienen, según el prospecto de emisión, si hay incumplimientos de parte del deudor. Si eligen ese camino, terminarán judicializando toda la deuda con legislación extranjera (28 mil millones de dólares) y no cobrarán nada porque Argentina defenderá en Tribunales lo que es obvio: no hubo default. Esos bonistas no deberían seguir consejos que están siendo alentados por analistas más interesados en la política doméstica electoral que en la lógica de las finanzas. Cualquiera que conozca cómo funciona el mercado de bonos sabe que el principal objetivo de los acreedores es cobrar los intereses y el capital; no litigar. A esto último se dedican los fondos buitre.

Como lo han mencionado en más de una oportunidad el ministro de Economía, Axel Kicillof, y la presidente CFK, e ignorado en tantas otras por los publicistas del fantasma del default, Argentina ha pagado en tiempo y forma los intereses del bono Discount bajo legislación argentina, estadounidense, japonesa e inglesa. El dinero lo han recibido los agentes encargados de distribuirlo entre los bonistas. Esos dólares ya no son de Argentina; pertenecen a los bonistas del canje. Por ese motivo la dupla Griesa-Singer no puede embargarlos porque, si bien hasta ahora ha estado afectando derechos de terceros, despojarlos de esos dólares tendría consecuencias no deseadas para esa sociedad juez-buitre.

En términos jurídicos de un contrato entre deudor y acreedor, Argentina ha cumplido con su parte. El default no es un concepto abstracto sino un término preciso, definido en el contrato de fideicomiso que vincula con la Argentina con el fiduciario, el Bank of New York Mellon, y los bonistas. No pagar teniendo los recursos y forzando una cesación de pagos voluntaria es una situación que no está contemplada en la legislación argentina, lo que sería contrario al orden público y una clara violación a los prospectos de emisión de deuda. No existe una causa jurídica para gatillar el default de los bonos. Es tan elemental el caso que ni los bonistas perjudicados ni las entidades financieras afectadas por Griesa-Singer hacen sus reclamos al país deudor, sino que las dirigen hacia el juez.

El 26 de junio pasado, Argentina ha pagado los servicios de capital e intereses de esos títulos de deuda bajo ley extranjera por el equivalente a 832 millones de dólares, de los cuales 539 millones están depositados en las cuentas números 15.098 y 15.002 del Bank of New York Mellon en el Banco Central argentino. El deudor ha girado los fondos para que sean recibidos por el acreedor. Por una orden judicial esa transferencia financiera ha quedado incompleta. Los bonistas locales y extranjeros con legislación argentina han recibido los dólares cursados a través de la Caja de Valores y del Citibank-Euroclear, respectivamente. El resto no pudo por una orden de Griesa que impide a los agentes pagadores entregarlos, ampliando su jurisdicción de Nueva York a Europa. El juez es tan expansivo que en la audiencia de anteayer reclamó que dejen de hablar en público funcionarios de un gobierno que no es el de Estados Unidos, extendiendo también su jurisdicción a la libertad de expresión de otro país.

En términos financieros, Argentina giró los dólares pero los bonistas no los tienen acreditados en sus cuentas. Es una irregularidad provocada por el juez, no por el deudor. Eso no es un default. Queda aún más evidente cuando se observa el recorrido de las cotizaciones de los títulos públicos, que apenas tuvieron leves caídas. Esos activos se desploman a unos pocos centavos cuando no se pagan. La explicación buitre es que esa caída no se produjo porque el mercado está a la expectativa de un acuerdo entre privados, o que en el 2015 deja de estar vigente la cláusula RUFO, lo que permitiría solucionar el tema, o que le queda poco tiempo al gobierno de CFK. Son sólo descargos para no reconocer que en términos financieros es grotesco denominar default el bloqueo Griesa.

Además de esos aspectos jurídicos y financieros mencionados, otro aún más relevante para caracterizar lo insólito de esta situación es que Argentina tiene solvencia económica para hacer frente a los vencimientos de deuda. Pagó el correspondiente al bono Discount, hizo lo mismo hace pocos días con la primera cuota del plan de refinanciación con el Club de París y tiene los recursos para los futuros vencimientos, con reservas en divisas en el Banco Central por más de 29 mil millones de dólares.

En términos económicos, Argentina tiene solvencia para pagar sus deudas. Como se sabe, la insolvencia del deudor es lo que provoca el default. Este requisito básico de la cesación de pagos no se cumple en este caso.

Ninguna de las condiciones (jurídicas, financieras y económicas) para definir un default están presentes en el caso argentino. Otro aspecto relevante es que tampoco existen las circunstancias del ciclo económico doméstico que hacen necesario interrumpir el pago de la deuda. Los defaults han permitido reestablecer el curso de la acumulación del capital a lo largo de toda la historia del capitalismo (de 1946 a 2006 hubo 169 cesaciones de pagos de países, según la investigación de Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart). Este recorrido está marcado por períodos de intensa acumulación, que llevan a la sobreexpansión empujada por el crecimiento del crédito y el aumento de los flujos de capitales. Las crisis bancarias se deben a que las fases alcistas son seguidas por crisis de sobreproducción, con violentas caídas de los precios. La acumulación de deudas por parte de los gobiernos, y su posterior liquidación violenta, no es ajena a esta dinámica, puesto que los defaults de las deudas externas de los países forman parte de la desvalorización de capitales que acompaña toda crisis. El repudio de las deudas es la vía para esas desvalorizaciones. Por eso para reestablecer la acumulación del capital se necesita del default y posterior reestructuración de las deudas. Eso es lo que ha sucedido en Argentina en 2001. Y eso hoy no es necesario en Argentina 2014, economía que no sólo no vive en una burbuja especulativa de deuda, sino que desde 2005 ha desplegado una intensa estrategia de cancelación neta de pasivos externos.

Entender la lógica de los defaults en la historia financiera mundial permite eludir a los promotores de la ignorancia, especialistas en construir la economía del miedo para que sectores vulnerables caigan en la trampa de defender intereses que no le son propios. Los defaults son el último eslabón del ciclo económico del auge económico y posterior manía especulativa. A fines de los sesenta, la relación entre el PBI mundial, o sea las riquezas en bienes y servicios generadas en un año en la economía, y el circuito monetario era de un ratio 1 a 1. Había correspondencia entre la producción y la masa de recursos financieros. Con la desregulación financiera global y la cada vez más sofisticada ingeniería especulativa, esa relación se distanció en una proporción de 1 a 10 hasta el estallido de la última crisis internacional. Esto significa la existencia de un considerable capital ficticio en circulación, que no tiene ninguna reciprocidad con la cantidad y valor de bienes y activos físicos. Ese capital se multiplica en la esfera de las finanzas por la tasa de interés o la valorización de activos bursátiles sin ser acompañado de una expansión similar de la inversión y de la actividad productiva. Un default viene a destruir ese dinero ficticio-monetario sin contrapartida en el valor de bienes tangibles. La depreciación de parte de ese capital ficticio hasta alcanzar un nuevo equilibrio es un proceso donde se precipitan quiebras, default de deudas, depresión de cotizaciones de acciones y bonos e inflación de bienes y activos refugios, como el oro u otros metales preciosos.

Por definición jurídica, financiera y económica, y fundamentalmente por el propio funcionamiento del ciclo económico del capitalismo, el acontecimiento financiero provocado por el juez Griesa en alianza con fondos buitre y el ejecutador de la sentencia Daniel Pollack es cualquier otra cosa menos un default.

PAIS › COMO JUEGAN LOS APOYOS INTERNACIONALES Y POR QUE AUN NO LE TORCIERON LA MANO A GRIESA

La Argentina consigue más aliados mientras los buitres operan

Los cien economistas y la palabra fuerte de Stiglitz se añadieron al apoyo que recibió la Argentina de los gobiernos de Francia e Italia y de la Unasur, Celac y Mercosur. Cuáles son las apuestas en Estados Unidos. Los distintos sectores que actúan en Washington. El papel de Paul Singer.

Por Martín Granovsky

El manifiesto de los cien economistas contra el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa y el artículo del Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz en The New York Times afirmando que Estados Unidos está “tirando una bomba sobre el sistema económico global” se sumaron estos días a los apoyos políticos que recibió el Estado argentino en la pelea contra los fondos buitre. Pero hasta ahora la acumulación de pronunciamientos no bastó para torcer la decisión de Griesa ni la posición del Departamento del Tesoro.

“Si bien un default es siempre lamentable, no creemos que tenga mayores consecuencias sustantivas afuera, en una base mucho más amplia”, dijo Lagarde. La economista francesa formada en el sector financiero norteamericano advirtió que “el resultado de las decisiones legales que se están tomando en Nueva York en este momento tienen la mayor importancia”, y afirmó que “los principios de la reestructuración de la deuda y la eficiencia de las cláusulas de acción colectiva deberán ser revisadas”.

Ya después del fracaso de la negociación en Nueva York, el ministro de Finanzas de Brasil, Guido Mantega, negó directamente en línea con el discurso del gobierno argentino que se trate de un default: “No creo que Argentina esté en un default pues está pagando su deuda. Les ha depositado a sus acreedores, le pagó al Club de París, pero enfrenta una situación sui generis, que es excepcional, porque quien le impide pagar es un juez estadounidense”.

“Desearía expresar el apoyo de la Comisión Europea a los esfuerzos realizados por la República Argentina hacia la normalización de sus relaciones con los inversores internacionales tras el default en 2001”, escribió el presidente de la Comisión Europea, el portugués Joao Durán Barroso, en una carta que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió el lunes 28 de julio.

En la reunión de Caracas del Mercosur, donde la Argentina recibió la presidencia pro tempore de manos de Venezuela, el bloque integrado por la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela respaldó a Buenos Aires en su litigio con los buitres. Luego cada uno de los presidentes emitió declaraciones específicas. Lo hizo Nicolás Maduro, lo hizo la brasileña Dilma Rousseff y lo hizo incluso el uruguayo José “Pepe” Mujica, presidente de un país con el que la Argentina mantiene diferencias dignas de una guerra fría. La Unión Suramericana de Naciones y el Consejo de Estados de Latinoamérica y el Caribe no dudaron en ponerse del lado argentino ante el ataque de los fondos buitre.

Antes, Francia y Brasil, entre otros países, se habían presentado ante la Corte Suprema de Estados Unidos como amigos del tribunal y en ayuda de la Argentina. Como se sabe, al final la Corte optó por no analizar el caso, con lo cual dejó en firme tanto el fallo adverso de Griesa como la confirmación de segunda instancia.

Matteo Renzi, primer ministro italiano y presidente de turno de la Unión Europea, dijo en carta a la Presidenta que “he registrado con satisfacción su reafirmación acerca de la voluntad argentina de continuar el pago de su deuda, que es un punto clave de gran valor para los mercados”. Escribió que el gobierno italiano brinda su “disponibilidad para profundizar en las sedes europeas e internacionales los aspectos y las implicancias” de la reestructuración de la deuda argentina y definió que “la certeza y la transparencia de los mecanismos internacionales de reestructuración y de pago de la deuda” representan “valores de gran importancia”.

En su carta al Congreso de Estados Unidos del 31 de julio, cien economistas, que incluyó al Nobel Robert Solow, dijeron que el fallo de Griesa, “y especialmente la decisión que bloquea a la Argentina en el pago al 93 por ciento de los bonistas, podría causar daños innecesarios al sistema financiero internacional, a los intereses de Estados Unidos, a la Argentina y a quince años de la política bipartidaria norteamericana de alivio de la deuda”.

En su papel de vocero de los cien, Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación en Economía y Política de Washington, dijo que “es opinión compartida entre los economistas que el intento de la Justicia de forzar a la Argentina hacia un default que no quiere nadie, ni el deudor ni los acreedores, que representan más del 90 por ciento, es equivocado y perjudicial”.

Al explicar el default de 2001, dicen los economistas que “por distintos motivos los gobiernos a veces se encuentran en situaciones en las que no pueden continuar pagando su deuda soberana”, pero que después de años de negociaciones “la Argentina alcanzó un acuerdo de reestructuración con el 93 por ciento de los bonistas defaulteados y llegó a un acuerdo de pago con ellos”.

Según los economistas, la actitud de la Justicia podría poner en riesgo la utilización de Nueva York como centro de operaciones financieras para los mercados emergentes.

También elogiaron a la Argentina por su “voluntad de negociar”, que para ellos estaría expresada en el acuerdo alcanzado con el Club de París.

Además de Solow y Weisbrot, firmaron entre otros Dani Rodrik, de Princeton, Branko Milanovic, del Banco Mundial, Kyung Sup Chang, de la Universidad Nacional de Seúl, Michael Cohen, de la New School de Nueva York, Jayati Ghosh, de Nueva Delhi, Luis Niemeyer, de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, y John Roemer, de Yale University.

¿Bomba por descuido?

Consultado por Página/12 sobre el nivel de apoyo internacional, el economista Mariano de Miguel, de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, dijo a Página/12 que fue importante y “básicamente político”. Para De Miguel, no bastó porque “la Argentina no logró recibir el apoyo de Estados Unidos”. En su opinión, “en los hechos concretos el gobierno de Barack Obama ni condicionó ni buscó condicionar desde la política la negociación con los holdouts, incluso previendo una omisión de la Corte Suprema”.

“Por un lado, se puede afirmar que a la Corte Suprema no le hubiera costado nada pedir opinión al procurador, dilatar los plazos y anunciar recién el 1o de enero que no tomaría el caso de los holdouts y la Argentina”, dijo De Miguel. “Pero por otro lado están los juristas que sostienen que el apoyo del gobierno de Francia, por ejemplo, cuando se dirigió a la Corte de Estados Unidos utilizó un tono duro del tipo del que la Corte está acostumbrada a rechazar. Muchos expertos sostienen que los fallos y la omisión de la Corte fortalecieron a Nueva York como el sitio paladín de la seguridad jurídica para las transacciones financieras. Cuando Stiglitz dice que el fallo de Griesa y sus consecuencias son una bomba descargada sobre el sistema financiero mundial tiene razón. Pero, ¿es una bomba lanzada por descuido o por decisión?”

En un reportaje concedido el viernes a Infobae TV, Weisbrot recordó un antecedente importante de cuando la Corte Suprema debía decidir si se expedía o no sobre el caso de la Argentina y los buitres: “No creo que la Casa Blanca haya querido que la Corte Suprema rechazara el caso. Sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no permitió que el FMI se presentase como amicus curiae de la Argentina, por lo que la Corte puede haber visto esta decisión como la opinión del gobierno norteamericano en general y por eso decidieron no revisar el fallo”.

Jacob Lew, el secretario del Tesoro desde febrero de 2013, viene de ser jefe de Gabinete de la Casa Blanca y director de la poderosa Oficina de Presupuesto.

Lew está vinculado al corazón del Partido Demócrata y, como judío ortodoxo, está ligado a la sociedad America Friends of Luvabitch, Amigos Norteamericanos de Luvabitch. El presidente de la organización Chabad Luvabitch en la Argentina es el empresario inmobiliario y agrícola Eduardo Elzstein, de IRSA.

El comentario de Weisbrot alude a los mecanismos de decisión en el Fondo Monetario. Las políticas se adoptan con una mayoría calificada del 70 por ciento y para algunas la calificación es aún más restrictiva, del 85 por ciento. Como Estados Unidos tiene el 16,4 por ciento de los votos, puede influir para que no se alcance el 70 por ciento o directamente ejercer su poder de veto cuando la mayoría requerida es del 85 por ciento.

Barack Obama no tiene un panorama fácil. Cuando faltan sólo tres meses para las legislativas de medio mandato del 4 de noviembre, los republicanos impusieron en la Cámara de Representantes (diputados) la media sanción de un permiso para hacerle juicio al presidente porque presuntamente se extralimitó al modificar la Ley de Salud. La aprobación fue con 225 votos contra 201.

Mr Singer

En una situación política cada vez menos proclive a un acuerdo centrista entre demócratas y republicanos, Paul Singer está demostrando cada vez más que no es un actor marginal de la política norteamericana o de las finanzas. Su papel es central como operador financiero, como articulador de políticas dentro de la extrema derecha del Partido Republicano, que busca polarizar el tablero e impedir arreglos, y como dueño del paquete accionario de empresas importantes.

El 24 de julio compró el 6,7 por ciento de Interpublic Group, que nuclea a grandes agencias de publicidad como McCann y FCB. La movida tiene que ver con el diagnóstico según el cual las agencias quedarán cada vez más ligadas al desarrollo de Facebook y Twitter, y para esto deberían a la vez concentrarse y aliarse con las grandes productoras como Time Warner y 21 Century Fox.

El viernes último, Estados Unidos difundió las últimas estadísticas de empleo y crecimiento. El mercado laboral creció en más de 200 mil personas por mes durante seis meses seguidos por primera vez desde 1998. En el segundo trimestre la economía registró un aumento del Producto Bruto Interno del 4 por ciento, contra el 2,5 por ciento del primer trimestre de 2014. Los consumidores duplicaron sus gastos en abril, mayo y junio y lo multiplicaron por más en algunos rubros. La compra de electrodomésticos se incrementó un 14 por ciento, fenómeno que no ocurría desde 2009. Ese año mostró el cimbronazo de la crisis de 2008, cuando se desplomó el banco Lehman Brothers.

Justo cuando la tendencia comienza a cambiar, Singer advierte contra el riesgo de inflación. “Hay aumentos sustanciales inflacionarios en los bienes y esto erosiona a la clase media”, dijo. Y lo peor es que, aunque la inflación es un problema en muchos tramos de la economía global, “la inflación actualmente no está reconocida o registrada por las estadísticas tradicionales con las que se maneja la Fed”.

La Fed es la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos.

La inflación allí no es del 25, el 35 o el 40 por ciento. De junio de 2013 a junio de 2014 alcanzó sólo el 2,3 por ciento.

Como una paradoja, la crítica de Singer a la Fed es por izquierda. Afirma el donante de la extrema derecha republicana que la Fed no toma en cuenta en sus estadísticas cómo la inflación golpea a la clase media. “Los presidentes de los bancos centrales se ven a sí mismos como los maestros del universo”, ironizó. “Creen que el mundo les delegó la monumental tarea de lograr la estabilidad y la prosperidad continuas, pero así no es cómo funcionan los mercados libres. Los mercados se mueven según ciclos de dolor y ganancia. Si no hay dolor, no habrá ganancias.”

El punto clave, para Singer, es que “como la confianza en el papel moneda, en los banqueros centrales y en los líderes políticos es injustificable y está fuera de la realidad, la pérdida de esa confianza podría suceder en cualquier momento y llevaría a la siguiente corrida en el sistema financiero global”. Su idea, por el contrario, es la que sigue: “En realidad, sólo los mercados pueden determinar cuándo el tiempo se acabó; no los políticos ni los presidentes de los bancos centrales”.

Si los lectores reemplazan la palabra “mercados” por la palabra “Singer” y luego realizan la operación de reemplazar “Singer” por “mercados”, podrán comprender mejor qué sectores tienen delante suyo no sólo la Casa Rosada sino la Casa Blanca y preguntarse qué impacto tendrá en la pelea con Griesa la enorme distancia entre una y otra.

El mundo financiero

Arnaldo Bocco, un ex director del Banco Central en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que suele leer con detalle cada transcripción de las audiencias de Nueva York, destacó el “amplio apoyo” recibido por la Argentina, incluyendo el pronunciamiento de los cien economistas y manifestaciones explícitas como la del gobierno italiano. “El problema es que estamos discutiendo con el mundo financiero, donde lamentablemente no tienen peso ni la Celac ni la Unasur”, dijo Bocco a Página/12. Y aclaró: “No digo esto para minimizar los apoyos políticos, porque permiten pensar en qué margen de acción tenemos en otros ámbitos. Griesa ya permitió un pago en Europa, y eso supone que tiene in mente problemas que podrían llegar a desbordarlo. Los apoyos también inscriben a la Argentina en un debate que está dando Stiglitz cuando sostiene que el mundo carece hoy de un lugar donde resolver las controversias financieras. El tema le importa, entre otros países, a Brasil, porque un problema grave en la Argentina, que es su principal socio, puede afectarlo, porque no crece como antes y porque hay elecciones en octubre”.

Bocco es uno de los subrayan que no se puede evaluar erróneamente las posiciones concretas de Estados Unidos. “La Argentina está recibiendo del Banco Mundial menos dinero del que pone, y ése es un dato político”, dijo.

El economista Mario Burkun, que en la UBA fue profesor de Axel Kicillof y hoy es director de Posgrado de la Universidad Nacional de Moreno, recomendó comparar el rechazo internacional a los buitres con el rechazo a las operaciones militares del ejército israelí en Gaza. “No hablemos de Estados Unidos sino de gobiernos como el de Siria, el de Jordania o el de Egipto”, dijo. “Todos se manifestaron en contra de las incursiones, pero no fueron más allá de las declaraciones para no asumir costos que hoy no están dispuestos a pagar. Más allá de las decisiones finales, en el caso de los separatistas prorrusos de Ucrania, los europeos y los norteamericanos discutieron hasta la adopción de sanciones comerciales a Rusia. También existen formas de protesta diplomáticas como el llamado de atención de un embajador extranjero. Esto no sucede para Gaza y, por motivos distintos, tampoco sucede para Estados Unidos en el caso de los buitres. Incluso la agencia evaluadora de riesgo china decretó el default, que por otra parte sería un problema si realmente se discutiera la entrada argentina en el grupo de los Brics: no aceptan que alguien tenga problema con sus pagos. Obviamente no es un default como el de 2001 porque es muy parcial y pequeño en dinero, y además puede pasar todavía que bancos como el JP Morgan u otros les compren la acreencia a los buitres y luego la negocien con la Argentina.”

Burkun interpreta la dureza del Fondo en su negativa a ser amicus curiae y la del Departamento de Estado en no apoyar activamente a la Argentina en que ambos organismos “quieren el disciplinamiento, y por eso no aflojan”. Igual que “para Griesa los argentinos somos los rebeldes”, y “no importa si uno ejerce la rebeldía o no porque lo que les importa es que para ellos uno termina generando incertidumbre y ellos no quieren la incertidumbre sino la disciplina”.

Agregó Burkun: “Se llame como se llame y sea voluntario o no, el default es tomado como una declaración de guerra. Aunque en este caso la Argentina pague y otro interrumpa el pago. Y es tomado como declaración de guerra porque empresas y países están al borde de hacer lo mismo. Es un leading case para el disciplinamiento así como el caso testigo europeo fue Grecia. A Grecia primero la quebraron y después la rescataron. A la Argentina no la quebraron porque trabajó para pasar la deuda de dólares a pesos. Pero ni el Departamento de Estado ni el Departamento del Tesoro quieren que esto dificulte el crecimiento del 4 por ciento en su país. Están reduciendo la emisión de bonos y títulos para generar demanda. Mientras tanto, todo el mundo busca dinero: Bolivia, Ecuador, nuestras provincias... Los bancos querrán prestar en Londres a una tasa baja o, como los chinos, a una tasa internacionalmente alta del 12 por ciento. ¿Cuál es el mensaje del sistema financiero? Estamos con la Argentina, pero pónganse en vereda. En el mundo hay mucha liquidez a baja tasa y pocos sitios donde poner el dinero. La incertidumbre, real o percibida, les arruina el negocio a los banqueros de afuera y a los locales. El punto es que a nosotros también nos conviene llegar a una solución, que por supuesto debe ser digna”.

El incremento anual es de más del 30 por ciento

CFK anunció un aumento en las jubilaciones

El incremento será del 17,21 por ciento, por lo que la mínima pasará a ser, a partir del 1º de septiembre, de 3.231 pesos.

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- Foto:Telam

Télam

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció hoy que las jubilaciones tendrán a partir del 1 de septiembre un aumento del 17,21%, con lo que la mínima se situará en 3.231 pesos, y destacó que ‘la erogación más importante del presupuesto nacional es para los jubilados‘.

La jefa del Estado recalcó que con el aumento de septiembre -que se suma al 11,31% de marzo para sumar un 30,47% anual-, se pagarán 375.720 millones de pesos anuales en jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas.

Al encabezar un acto en el Salón de las Mujeres en la Casa de Gobierno, la jefa de Estado dijo que ‘midan los precios con el índice que quieran, del país que quieran, y del lugar que quieran. Si además le sumamos la cantidad de gente que pudo sumarse (al sistema jubilatorio), estamos ante una inclusión y una ampliación de derechos como nunca antes se había visto‘.

De acuerdo a lo anunciado hoy, a partir del 1 de septiembre próximo los haberes mínimos jubilatorios se incrementarán 17,21%, elevando el piso de la mínima a 3.231 pesos y el haber medio a $ 6.746,15, lo que representa un aumento del 2.054% en los últimos doce años.

En ese marco, Cristina aseguró que ‘la plata no la sacamos de las baldosas, salen de los impuestos de los argentinos y creemos que esta es una distribución importante‘, al explicar la composición de aportes que derivan en el aumento del 17% anunciado para las jubilaciones.

‘El 60% de los ingresos totales de la Anses son los aportes patronales y de los trabajadores, y casi todo el restante 40% es de impuestos que pagan todos los argentinos, como el IVA‘, añadió.

Asimismo destacó que ‘la política hacia los jubilados debe ser una política de Estado que debe trascender a este Gobierno‘ y explicó que ‘la ley de movilidad jubilatoria ha demostrado que desde 2009 ha habido siempre aumentos a los jubilados así que desconfiar de nosotros en la defensa de los sectores más vulnerables es inmerecido‘.

Respecto a las jubilaciones, la Presidenta detalló que ‘de cada 100 pesos que ingresan a la ANSES, 77 se destinan al pago de jubilaciones y pensiones, más de dos tercios del total‘.

‘Para desmitificar el tema de la ANSES‘, dijo la jefa de Estado, al explicar que 9,90 pesos se destinan a pensiones no contributivas, 4,96 a la Asignación Universal por Hijo, 4,85, a asignaciones familiares y 2,56, a gastos administrativos‘, señaló.

‘Frente a lo que cobraban las AFJP obvia todo comentario‘, afirmó Cristina, al hacer alusión a que las administradoras de fondos de jubilación y pensión llegaban a cobrar hasta el 30 por ciento de gastos administrativos y comisiones.

Sumado al 11,31% otorgado en marzo de este año, la medida significa un incremento anual del 30,47% en los haberes, y un aumento en la inversión previsional adicional de $ 93.126 millones, según detalla el Anses mediante un comunicado.

El titular del Anses Diego Bossio sostuvo que ‘todas las jubilaciones y pensiones crecieron un 368% desde la puesta en marcha de la Ley N 26.417 de Movilidad Jubilatoria en febrero de 2009, que cumple su sexto año, que ya otorgó doce aumentos‘.

La Ley 26.417 establece para el cálculo de la movilidad dos componentes: el aumento de salarios del último semestre y el aumento de los recursos del sistema previsional.

Desde la Anses se explica que si se hubiera aplicado la fórmula de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en lugar del Índice de Movilidad Jubilatoria entre marzo de 2009 y septiembre 2014, el aumento para las jubilaciones hubiera sido de 303% en vez de 368%; y la mínima sería en septiembre de $ 2781,31 en lugar de $ 3231.

Seguro que para Zaffaroni ésto no es un escándalo jurídico:

PAIS / MUNDO

LA ALAMEDA DENUNCIA PROSTIBULOS EN 6 DEPARTAMENTOS DE ZAFFARONI

Por el esclarecimiento total de la cuestión

Martes, 9 de agosto de 2011

La Alameda presentó, el pasado 28 de julio, una denuncia en la justicia y una lista de tres prostíbulos, a los que se agregaron tres departamentos donde se ejercería el comercio sexual en condiciones de esclavitud, de mujeres menores de 21 años oriundas de Paraguay y República Dominicana.

Según consta en la presentación, la red prostibularia funciona en departamentos del magistrado Eugenio Zaffaroni (foto). El ministro de la Corte Suprema de Justicia dijo que quienes lo acusan de ser propietario de varios departamentos donde se ejerce la prostitución lo quieren "desequilibrar emocionalmente".

A lo largo de la semana, Zaffaroni admitió ser titular de 15 inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, que nunca ocultó en su declaración jurada. Pero sostuvo que los alquila, a través de una inmobiliaria, y no conoce a los inquilinos ni ejerce control de las actividades que se realizan en ninguno de ellos.

Hablamos con Gustavo Vera, titular de La Alameda, quien amplió la denuncia contra el magistrado. Advirtió que podríamos estar ante la presencia de una red de prostitución que opera en los departamentos del magistrado. Hay pruebas presentadas por La Alameda que probarían que “en dos departamentos propiedad de Zaffaroni funcionaban prostíbulos con proxenetismo”. Además La Alameda pide que “se investigue la posible comisión del delito de trata de personas porque en tres de los seis departamentos había migrantes jóvenes de la República Dominicana y de la República de Paraguay”. En relación a la posible implicación del juez de la Corte Suprema, Gustavo Vera afirmó que “Si el Dr Zaffaroni fue engañado brutalmente en su buena fe lo que debe hacer como hombre de derecho es denunciar penalmente a su apoderado que es Ricardo Montivero que es quien manejaba las propiedades y tenía contacto directo con las personas que regenteaban los prostíbulos.”

AUDIO 1 GUSTAVO VERA (Entrevista emitida en Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1)

En la disputa político/mediática en la que se ataca o defiende al magistrado Eugenio Zaffaroni se oculta y tergiversa la verdad de lo que sucede con las verdaderas víctimas que son las mujeres y niñas esclavizadas.

Esta denuncia amplía la realizada en diciembre de 2009 en la que se detallaba la existencia de 613 prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires. Al momento de hacer la denuncia La Alameda desconocía que entre los locales implicados se encontraban 2 departamentos del Dr Zaffaroni. Según Gustavo Vera la Justicia no investigó en profundidad las cuestiones denunciadas en aquella oportunidad. Durante el 2011 fueron conociéndose la existencia de la totalidad de los 6 departamentos del magistrado en los que se practicaba el proxenetismo y posiblemente la trata de personas.

Según puede leerse en el sitio web de La Alameda:

“Después de dos años de radicada la denuncia, sólo una pequeña porción de los mismos fue allanada y clausurada y la mayoría siguió impunemente funcionando en situaciones de proxenetismo y trata, incluidos los departamentos que son propiedad del Dr Zaffaroni donde se explotaba sexualmente a mujeres argentinas y extranjeras.

Se supone que una investigación básica de los organismos mencionados en cruzar los datos de los prostíbulos denunciados con los propietarios de los inmuebles, por tanto alguno de estos organismos tuvo que haber tenido conocimiento que en departamentos que alquilaba el Juez de la Corte Zaffaroni, había prostíbulos funcionando ostensiblemente. También se supone que las quejas de los vecinos de los consorcios de los tres departamentos que se quejaron numerosas veces por los ruidos, las trifulcas y la inseguridad que provocaba el ingreso y egreso constante al edificio de gente desconocida que muchas veces provocaba disturbios llegaron a los oídos directo de quienes se encargaban de administrar los bienes del Dr Zaffaroni y estos a su vez pondrían en autos al Ministro de la Corte.

Es inexplicable que los mismos hayan seguido funcionando sin que nadie los allane, ni clausure, pese a que estaban denunciados y que hacían propaganda pública. También es inexplicable que el Dr Zaffaroni no haya tomado conocimiento de esos ilícitos. Por otra parte, las respuestas que el Dr Zaffaroni dio públicamente ante estas denuncias, generan más dudas que certezas porque conociendo ahora el ilícito que se comenten en su propiedad mediante los diarios no actuó inmediatamente denunciándolo y sólo se preocupo por deslindar responsabilidad en quienes le administraban el bien.”

Esa denuncia es del año 2011 y ya fue aclarada, por mi parte pienso que el doctor zaffaroni es una eminencia jurídica en la argentina , en el exterior y también pienso que es un señor.

Dejá de ensuciar antigusano que cada vez te enterrás más y queda feo.

Lo mismo hicieron con el doctor garzón en españa, una vergüenza, por suerte ahora lo tenemos nosotros.

Tal vez el Anti-gusano forme parte de los buitres y tenga algún bonito de la deuda pendiente de cobro.

A esta altura, ya nada me sorprende de este ex-comunista.

SALUDOS REVOLUCIONARIOS