Arnaldo Pampillón, Afp y DyN

Argentina cambia la sede de pago y todo va de maravillas. Nunca hubo tal opción. La ortodoxia, los economistas de la deuda, quisieron mostrar que el oficialismo planteó así las cosas. Entonces, cuando no llega el paraíso, se podría pensar que la otra opción –la vuelta al endeudamiento– no sería tan mala. Si se habla de una deuda infernal, no existe el paraíso. Tampoco están planteadas otras opciones. Desde la oposición, lo único propositivo ha sido hasta ahora lo que dijo el macrismo de que hay que pagar en los términos de Griesa, o sea, tirar por la borda la reestructuración de la deuda y de vuelta al sobreendeudamiento. Pero, más que una opción, esa propuesta del macrismo es tomar partido por los fondos buitre. Macri se mantiene en esa dualidad, de un lado o del otro, y eligió del otro. Las demás fuerzas de la oposición sólo han dicho banalidades en un tema tan grave y que tiene tantas proyecciones hacia el futuro en todos los aspectos imaginables. Cada partido tiene la libertad de expresarse como le parezca, pero en este tema también tiene la obligación de hacerlo.

El único escenario limpio hubiera sido no estructurar la economía alrededor de un endeudamiento fenomenal administrado por el sistema financiero, según el diseño que comenzó José Alfredo Martínez de Hoz con la dictadura y terminó de cerrar Domingo Cavallo, en los ’90. En el medio, con pujas, disidencias y disciplinas, todos los partidos, desde el PJ y la UCR, hasta los progresistas de la Alianza, quedaron involucrados en esa deconstrucción nacional. A partir de allí todos los escenarios fueron difíciles y tienen costos y beneficios. No hay nada gratis. Tampoco se puede decir que la intención del Gobierno haya sido prometer el paraíso. Una cosa es no volver al infierno y otra prometer el paraíso. Es el cuadro de situación.

Cuando Néstor Kirchner comenzó la reestructuración de la deuda, habló de salir del infierno. La representación concreta que tuvo esa frase para él fue lograr una quita del 75 por ciento y desendeudarse pagándole al FMI. Pero salir del infierno no implicó el paraíso porque el país tenía otras obligaciones de deuda, más juicios en el Ciadi y un default todavía reciente.

Con la reestructuración de la deuda, el escenario fue mejor que el de 2001. De hecho, el crecimiento alcanzó marcas históricas. En ese sentido le fue mejor que nunca. La negociación fue correcta, pero aun así el país tenía problemas para acceder al mercado de capitales. No estaba bloqueado como si se mantuviera el default, pero los intereses que debía pagar eran mucho más altos que las tasas corrientes. Hubo un escenario mejor, pero al mismo tiempo problemático.

Otra opción era no pagar, o declarar ilegal un tramo de la deuda como hizo Ecuador. Tampoco son escenarios idílicos. Tienen costos y beneficios también. Néstor Kirchner consideró que tenían más costos y menos beneficios y optó por negociar una quita considerable con los acreedores. Y para atenerse a las normas internacionales que encuadran la reestructuración de deudas soberanas debió consensuar con más de las dos terceras partes de los acreedores. En todo ese tramo, el protagonista principal fue Néstor Kirchner, pero el ministro de Economía, aun con discusiones y pulseadas, fue Roberto Lavagna, luego candidato presidencial del radicalismo y ahora asesor de Sergio Massa. Si el radicalismo hubiera considerado que esa reestructuración había sido mala, seguramente Lavagna no hubiera sido su candidato. Y lo mismo para Sergio Massa, quien además formaba parte del gobierno en ese momento. Ni el radicalismo ni el massismo pueden ahora mirar para otro lado sin dejar la sensación de que sólo están para las buenas y no para los problemas. La UCR y el Frente Renovador ya anunciaron que no respaldarán el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso.

Las dos fuerzas políticas respaldaron la reestructuración de la deuda que se logró en el 2005 –que incluyó la cláusula RUFO–, pero rechazan ahora el proyecto de ley para cambiar al organismo pagador. Es una posición contradictoria porque una cosa es consecuencia de la otra. La necesidad de cambiar la sede de pago proviene de la forma en que se hizo la reestructuración. Es más, este proyecto de ley es parte del proceso de reestructuración que comenzó en 2005.

El fallo de Griesa a favor de los fondos buitre hace dos años fue una derivación inesperada. El juez de Nueva York aprovechó un intersticio legal para contraponer su fallo a todos los antecedentes internacionales de reestructuración de deuda. En el desarrollo de la estrategia que planteaba Kirchner en el 2005 hubo negociadores de línea que daban forma técnica a esos planteos. Uno de los más importantes fue Guillermo Nielsen. Si es que hubo un error técnico al no prevenir el fallo de Griesa, uno de los responsables sería el mismo Nielsen. Antes de que se propusiera el cambio de sede, el ex secretario de Finanzas fue el único que planteó una propuesta diferente a la del Gobierno y a la de Macri-Griesa. Nielsen propuso que se depositara el dinero de los bonistas sólo para ser cobrado a fin de año, cuando venza la cláusula RUFO y pueda hacer efectivo el fallo de Griesa para pagarles a los fondos buitre. En ese camino habría que afrontar otros 200 juicios para pagar, además de los 1600 millones de NML y Aurelius, una cifra cercana a los 15 mil millones de dólares de los otros holdouts. Estos montos estaban dentro de los márgenes de negociación del Gobierno.

La objeción al plan de Nielsen fue que cualquier negociación con los fondos buitre para pagarles más que a los demás pondría en zona explosiva a la cláusula RUFO. No hay garantía en ese camino de que además de los 200 juicios y los 15 mil millones, no llovieran encima otras centenas de juicios por 250 mil millones de dólares de los bonistas que entraron en la reestructuración. El Gobierno descartó la propuesta porque no quiere dejar el mínimo resquicio que pueda abrir esa puerta. Además los bonistas tampoco estarían cobrando a término porque tendrían sus depósitos posdatados.

El camino que eligió el Gobierno también está lleno de obstáculos. La sola organización de los pagos es una tarea sumamente compleja que tendría que estar lista para el próximo vencimiento del 30 de septiembre. Y el juez Griesa ya anunció el jueves que se trata de una medida ilegal que será declarada como tal cuando esté en funciones, con todos los problemas legales que implicaría esa situación más la dificultad que todavía tiene de tomar deuda.

No es el paraíso, es un escenario difícil, pero la opción es el infierno si se cae la reestructuración de la deuda, lo que sucedería si se acata el fallo de Griesa y se les paga a los fondos buitre. El no hacerlo ya es ponerse por fuera de la ley. O sea que la ilegalidad por el cambio de sede no le agrega nada. Más allá de cualquier disquisición patriótica o de soberanía, la caída de la reestructuración de la deuda significaría ajustes, desempleo, pobreza y el fin de la salud y la educación pública. El país quedaría hipotecado por varias décadas sin poder decidir su propio destino.

Los movimientos en el conflicto de la deuda requieren todo el consenso posible. El radicalismo plantea que la ley no es necesaria y Nielsen la criticó por considerarla puramente política. Es una medida política como las que siempre reclaman las medidas económicas. El cambio de sede será más efectivo cuantos más bonistas lo acepten. Y para aumentar esas probabilidades se necesita mostrar el mayor consenso interno. Las desavenencias tienden a de-sanimar a los bonistas que quieran aceptar la nueva sede. Es discutible si se puede hacer sin el respaldo del Congreso. Pero ese respaldo es necesario, además, para hacer más efectiva la medida. Sería ingenuo pensar que con esta ley se cierra el conflicto con Griesa, los tribunales neoyorquinos y los fondos buitre. La disputa seguirá y la posición argentina deberá buscar una forma de reponerse de la situación tan desfavorable donde la dejaron los fallos de Griesa. De todos modos, pagar ahora sería catastrófico y, para doblegar a la posición argentina, los fondos buitre tienen que demostrar que no pagar sería peor aún, lo que es bastante difícil. En cualquier negociación se llega a un punto intermedio, a no ser que, más que ganar, se quiera perjudicar a la parte contraria.

Es un tema que atravesará varias gestiones. El radicalismo y el Frente Renovador ya dijeron que votarán en contra. Esa decisión ha provocado disidencias en los dos partidos, los que al mismo tiempo no han presentado ninguna propuesta. El massismo prometió que lo haría pero no cumplió. No es un tema para especulaciones electorales. Lo que se decida ahora tendrá repercusiones importantes en el futuro.