El fiscal pide 3 años y medio de prisión para 23 obreros por un piquete de huelga
La compañía denunció a los trabajadores por coaccionar a a sus
compañeros que no secundaban una huelga convocada para pedir mejoras
laborales y salariales
La Fiscalía pide penas de hasta tres años y seis
meses de prisión a 23 trabajadores de Aluminios Baux por “insultar e
intimidar a 30 trabajadores” que no secundaron una convocatoria de
huelga en la empresa en 2007, según CGT. Siempre según el sindicato, la
empresa ubicada en Segorbe (Castellón), denunció a los trabajadores por
tratar de coaccionar a sus compañeros que no secundaron la huelga
indefinida, convocada para pedir mejoras laborales y salariales.
El sindicato asegura que los denunciantes accedieron y salieron del
puesto de trabajo sin problema alguno, aunque “recibieron una sonora
pitada. Los directivos pidieron la presencia de la Guardia Civil en su
salida de la fábrica ante el temor a ser agredidos. Aluminios Baux es
propiedad de Federico Serratosa Caturla, que se enriqueció, con gran
parte de su familia, con la venta de Valenciana de Cemento a Cemex, una
multinacional mejicana.
El sindicato asegura que la
dirección de esta empresa ha decidido llevar hasta el final el proceso,
negándose en todos estos años a retirar los cargos contra los
trabajadores a pesar de la insistencia de CGT y CC.OO, así como de los
diferentes Comités de Empresa de la compañía.
En
opinión de CGT, “estas acusaciones falsas perjudican a personas
trabajadoras” y tienen como objetivo “atacar al sindicalismo organizado y
amedrentar al resto de la plantilla para que en futuras acciones dejen
solo al Comité de Empresa”. De los 23 trabajadores que serán juzgados
este mes sólo 5 siguen en Aluminios Baux. “El resto fue despedido poco a
poco, sin armar mucho ruido”, según CGT.
Argomento precedente
Primo 