El rastro del dinero
Por Horacio Verbitsky
“La Compañía argentina lo invitó a ordenar sacerdote a un hijo de su hermana y ni contestó. Luego de dos meses de espera, el Provincial lo vio para preguntarle la respuesta. Fue una reunión seca de dos minutos, en la que le echó a la Compañía toda la culpa del conflicto”, dice una de las autoridades de la Compañía de Jesús. El nepotismo que plaga el sistema político argentino no pasa de largo por la puerta de Bergoglio. Otro sobrino suyo, Pablo Narvaja, fue designado Secretario de Docencia y Postgrado y director del Instituto de Capacitación Continua de la USAL. Pero al mismo tiempo fue subsecretario de evaluación educativa y director nacional de Educación Técnico Profesional y Ocupacional bajo los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Duhalde. Bergoglio traspasó la Universidad a una sociedad civil en 1975, pero mantuvo su influencia desde las sombras. Dejó como vicerrector económico a su contador de confianza, Enrique Betta, quien también preside la Asociación Civil y el Club Náutico USAL. Una red de fundaciones como “Lapacho”, en las que Bergoglio tiene poder de decisión, sirven para perder el rastro del dinero. Pese a su fuerte endeudamiento con el Banco Francés, la USAL sostiene al Arzobispado, desde que Bergoglio asumió como coadjutor. La donación, que antes de 2002 rondaba los 40.000 dólares mensuales es entregada en forma discreta por el empleado Alejandro Iglesias, cuya esposa, Carmen La Caria, es la jefa de tesorería de la Universidad. Ambos son amigos personales del cardenal. Esta estructura ha dado lugar a transacciones que llamaron la atención de la justicia y de algunos entes administrativos que patrullan la delgada línea entre las finanzas legítimas y la criminalidad organizada. El secretario de Prevención de las Adicciones en el gobierno bonaerense de Eduardo Duhalde, Alberto Yaría es investigado en la justicia platense por enriquecimiento ilícito, ya que con un ingreso mensual de 8000 pesos, ahorraba el triple cada mes. Los diputados bonaerenses Francisco Ferro y Patricia Panzoni, denunciaron que Yaría había girado 6,5 millones de pesos de la Secretaría al instituto de drogadependencia de la Universidad del Salvador, que también dirigía. El juez Emir Caputo Tartara desdeñó la denuncia por una formalidad pero sin negar los hechos: como los contratos con la universidad jesuita habían sido firmados por Duhalde, cualquier irregularidad debía ser investigada por el Tribunal de Cuentas bonaerense. Pero a pedido de la fiscal Beatriz Castellanos, los jueces de la Sala III de la Cámara Penal Alfredo Sanucci, Carlos Silva Acevedo y Armando Correa ordenaron continuar la investigación. Entre los puntos oscuros debía explicarse por qué las remuneraciones de personas contratadas por el estado bonaerense eran pagadas por la USAL. Un profesor que estaba investigando esos hechos fue despedido. Pero además lo obligaron a subir a un auto en el que fue llevado de paseo por Buenos Aires mientras lo interrogaban, método de sombrías reminiscencias.
SALUDOS REVOLUCIONARIOS 
(Gran Papiyo)
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