El mundo castrense tiene sus propias reglas, actitudes disciplinarias y normas de convivencia al margen de la sociedad civil. En España, este statu quo llega al punto de excluir a los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) del Convenio Europeo de Derechos Humanos para mantener un poder que la autoridad militar conserva desde la dictadura franquista.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero elevó en 2007 una reserva para el estamento militar en los artículos 5 y 6 del convenio, que regulan el “derecho a la libertad” y el “derecho a un proceso equitativo”, recorte que los siguientes Ejecutivos han mantenido. En la práctica, esta reserva permite a los mandos imponer arrestos por vía administrativa a sus subordinados sin necesidad de acudir a la justicia militar.

Tras tres décadas de espera y dos años de negociación, el Senado dio luz verde a la Ley Órganica del Régimen Disciplinario Militar el pasado mes de noviembre. En ella, pese a las reclamaciones de las principales asociaciones de uniformados y de la oposición, el Gobierno mantuvo el arresto como medida disciplinaria con el apoyo del PSOE y los votos en contra de la Izquierda Plural, UPyD, CiU, ERC, PNV y BNG.

Además, en la línea del recorte de los derechos de manifestación que ha seguido la Ley de Seguridad Ciudadana, el texto también permite suspender concentraciones de militares o guardias civiles cuando las convoquen haciendo uso de su condición.

Justicia sin jueces

La ausencia de la figura del juez en las sanciones disciplinarias provoca que los mandos de las Fuerzas Armadas puedan lesionar derechos fundamentales de los oficiales de rango inferior, así como de la tropa, con “medidas que rozan lo autoritario y dictatorial”, denuncian fuentes de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).

En su caza de brujas para descubrir al soldado que filtró a Público la información sobre los entrenamientos de soldados como fuerza antidisturbios, el Ejército ha sancionado administrativamente a dos soldados con seis días de arresto, y a otros dos con tres, por dejarse fotografiar con el equipo de represión de masas. El objetivo es que estos soldados delaten al filtrador para librarse del castigo.

Oficialmente, la razón arguida por sus mandos es “inexactitud en el cumplimiento de las órdenes recibidas”, presente tanto en el antiguo como en el nuevo Régimen Disciplinario (art. 6.2) de las Fuerzas Armadas. Este artículo se ha convertido en un “cajón de sastre” por el cual los mandos pueden llegar a sancionar por “llevar sucias las botas o mal ajustada la corbata”, explican estas fuentes. Además, permite utilizar el arresto como una “medida de presión”, que según la falta y el mando que lo imponga, puede durar hasta 30 días.

La denuncia también está penada

Hablar con la prensa para denunciar estas injusticias en el seno de las Fuerzas Armadas también puede salir caro. En concreto, “hacer peticiones, reclamaciones, quejas o manifestaciones contrarias a la disciplina” en “medios de comunicación social” está regulado como una falta grave: hasta 60 días de arresto en un centro disciplinario.

Los propios miembros de la AUME han sufrido las consecuencias del implacable régimen disciplinario. En julio de 2013, al presidente de la asociación, Jorge Bravo, la crítica de los recortes del Ministerio de Defensa en una cadena de radio le valió 31 días de arresto. Semanas más tarde, el delegado de la AUME en Murcia cumplió 33 días por el mismo motivo.

El mantenimiento de los ocho centros disciplinarios repartidos por la geografía española, con al menos 25 militares trabajando en cada uno de ellos, saca de las arcas del Estado cinco millones de euros al año, denuncia el teniente Luis Gonzalo Segura en este medio.

El propio Segura afrontará la pena máxima de 60 días de arresto por la falta grave de denunciar estas situaciones ante la prensa. Relata que, pese a que ningún juez los ha condenado, son “tratados como criminales” en estos centros: “Hay que pedir permiso para todo. Incluso para salir al patio hay que pedir un permiso por escrito y cuando te lo conceden hay que pedir autorización verbal para poder salir y pasear solo. Es peor que si fuéramos delincuentes”.

Carlos del Castillo/Público