Las tensiones crecientes entre Washington y Caracas no encontrarán por ahora más respuesta del Gobierno de Nicolás Maduro que un intento por llevar ante la Corte Penal Internacional (CPI) al expresidente estadounidense George W. Bush, al exvicepresidente Dick Cheney, al exSecretario de Defensa Donald Rumsfeld, “a los criminales que bombardearon Irak y Libia”, y a “sus esclavos”, entre quienes figuraría el antiguo dirigente del Gobierno español, José María Aznar. Al menos, es lo que se desprende de la intervención del presidente venezolano ante una multitud de partidarios concentrada este lunes por la tarde en Caracas.

La manifestación ya había sido convocada por el oficialismo desde antes. El chavismo, adicto a las efemérides, se venía preparando para celebrar este 15 de diciembre el décimoquinto aniversario del referendo que aprobó, en 1999, la Constitución vigente. Entonces, apenas un año después de haber sido electo presidente por primera vez, un bisoño Hugo Chávez daba cumplimiento a su principal oferta electoral, la de impulsar un proceso constituyente del que emanaría una nueva Carta Magna, sustituta de la de 1961.

Pero la semana pasada, el Congreso bicameral de Estados Unidos promulgó –por iniciativa de parlamentarios republicanos- una ley que impone sanciones de confiscación de bienes y congelación de cuentas en ese país a 56 funcionarios civiles y militares del Gobierno bolivariano que participaron en la represión de las protestas que tuvieron lugar en Caracas y otras ciudades venezolanas entre febrero y junio de este año. Durante las revueltas se registró un saldo de 43 muertos, 800 heridos y más de 3.000 detenidos. La ley de sanciones solo espera la firma del presidente Barack Obama para su ejecución. Su texto también prevé la deportación y anulación de visas para los individuos listados.

Como réplica, Maduro decidió que la marcha de este lunes tendría como lema “Venezuela se respeta, a Venezuela no la sanciona nadie” y serviría, así, de rechazo a la actitud “injerencista” de Estados Unidos. Sin embargo eludió en la convocatoria otro aniversario importante, pero luctuoso, asociado a la fecha. Este lunes también se cumplían 15 años de la llamada Tragedia de Vargas, una serie de deslaves masivos que la noche del 15 al 16 de diciembre de 1999 mataron en el litoral central venezolano a un número indeterminado de personas, que se calcula de 5.000 a 10.000.

“¡Agarren sus visas y métanselas por donde ya saben!”, festejó Maduro su irreverencia –calcada, en realidad, de expresiones similares emitidas con anterioridad por Chávez contra el Imperio-, ante la algarabía de decenas miles de sus seguidores. Obligado a ofrecer una demostración de fuerza, el Gobierno echó el resto para trasladar a militantes y empleados públicos a la capital y hacerlos marchar desde los cuatro puntos cardinales para confluir en la céntrica avenida Bolívar. Sin embargo, la concentración solo pareció llenar dos terceras partes de la avenida, tradicional ruedo de la política de masas en el país y escenario de algunas de las jornadas más gloriosas en la carrera de Hugo Chávez como líder.

Maduro siguió bromeando al asegurar que era “un irrespeto” por parte del Congreso norteamericano no anotar en la lista de sancionados otros nombres de líderes del chavismo, y que habría que recolectar firmas para solicitar su inclusión. Minutos antes, el orador inicial del mitin, el ex vicepresidente y excanciller José Vicente Rangel, había dicho que era un honor estar en la nómina de sancionados y que él mismo se sentía “arrecho” (o “enfadado”, en el castellano coloquial de Venezuela) por no figurar en ella.

Otra idea de Rangel que Maduro asumió en público fue la de llevar a los exjerarcas del Gobierno estadounidense –Bush, Cheney y Rumsfeld- ante la CPI. Sugirió a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, nombrar desde el parlamento una comisión de juristas que estudie los procedimientos por los que Venezuela pudiera llevar a cabo esa iniciativa ante el sistema global de justicia. Entonces el presidente puntualizó que también debería presentarse el caso del expresidente Aznar, “con las manos manchadas de sangre” por su apoyo a la invasión de Irak en 2003, por haber dirigido en 2002 “el golpe contra Hugo Chávez” y porque todavía estaría, siempre según Maduro, conspirando contra el Gobierno venezolano.

El sábado Maduro tuvo palabras similares para Aznar en el acto de clausura de un encuentro internacional de intelectuales prochavistas. Sus expresiones motivaron un comunicado de protesta de la Cancillería española. Este mismo lunes desde Bruselas, el propio ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel García-Margallo, tildaba de “absoluta y claramente inaceptables” las declaraciones de Maduro. No obstante, el mandatario venezolano aseguró durante el mitin que no se retractaba “ni un punto ni una coma” de lo dicho. “Estoy diciendo la verdad”.

Madrid y Caracas pasan por unas de sus cíclicas crisis diplomáticas desde que el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, recibió en Madrid en octubre pasado a Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, quien permanece detenido en una cárcel militar desde febrero y enfrenta desde julio un juicio por instigación y asociación para delinquir. Rajoy consideró “necesaria” la libertad de López, según dejó saber por su cuenta de Twitter después de la reunión. A comienzos de noviembre Venezuela llamó a consultas a su embajador en España.

Mientras los simpatizantes del chavismo marchaban por Caracas hacia el lugar de la manifestación, la mañana de este lunes, los papeles de deuda soberana de Venezuela y los de la petrolera estatal Pdvsa caían a mínimos históricos en los mercados internacionales. Se pagaban menos de 40 céntimos por cada dólar nominal de los papeles de la república en Nueva York, lo que equivale a un tratamiento de default, un escenario que tendría 97 por ciento de probabilidad de ocurrencia en los próximos meses, según datos de las agencias que cubren el riesgo de los bonos.

A la estampida contribuyeron las palabras de Maduro el sábado ante el mismo congreso de intelectuales, con las que, si bien negó la posibilidad de que “Venezuela caiga en default” en el servicio de su deuda externa, matizó: “A menos que así lo decidamos como parte de una estrategia de desarrollo”. El presidente venezolano denunció que su Gobierno enfrenta por estos días un bloqueo financiero “como parte de la Guerra Económica”.

Aunque durante su discurso de noventa minutos no hizo alusión directa al derrumbe de las expectativas sobre la capacidad de pago de Venezuela, Maduro admitió ante la concurrencia del mitin, y bajo un tórrido sol de diciembre, que el frente económico es el más acuciante que amenaza a su gestión. Antes de hacer un juramento colectivo frente a la simbólica Espada de Bolívar –en realidad, un trofeo de oro con brillantes engastados que Perú obsequió al Libertador suramericano en 1825- para comprometer a sus seguidores a hacer de 2015 “un año de victoria”, ofreció que el año próximo liberará su propia agenda de compromisos políticos y ceremonias “para dedicarme las 24 horas a la reconstrucción productiva y económica de Venezuela”.