Un nuevo aparato de espionaje 

La oscura muerte del fiscal Alberto Nisman ha ocupado, desde la madrugada de este 19 de enero, los titulares de todos los diarios, los espacios centrales de la TV y la radio, convirtiéndose en el tema obligado de cada charla en la calle y el café. A las alternativas inquietantes que brinda el caso “policial”, se suma una crisis política que golpea al gobierno y las instituciones del Estado. Quedó al descubierto una “guerra de servicios” que involucra a agentes secretos, funcionarios, jueces y fiscales de nuestro país, pero también a gobiernos y agencias imperialistas. La podredumbre del aparato de espionaje, y su relación con el régimen político se hacen evidentes para millones.

Después de una semana de dichos y contradichos, donde el gobierno había abonado la teoría del suicidio para luego girar hacia la acusación de un crimen con intereses “destituyentes”, la Presidenta debió apelar este lunes a una cadena nacional para anunciar “la disolución de la SIDE y la reformulación de todos los sistemas de inteligencia” y aportar nuevos elementos a la versión oficial del crimen de Nisman.

Un relato sobre impunidad, víctimas y responsabilidades

La Presidenta comenzó la cadena reivindicando el accionar de la gestión de Néstor Kirchner - y la propia - por “su compromiso para combatir la impunidad en los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA”. A partir de allí, relató la versión oficial sobre las responsabilidades en la investigación de la Causa AMIA, desde la creación de la Unidad Especial de Investigación – AMIA, hasta los hechos que rodearon a la muerte de Nisman.

Al referirse a la creación de la Unidad Especial, la Presidenta sorprendería con su versión del nombramiento de los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Burgos: “no es cierto que los haya nombrado el Poder Ejecutivo”, sino la Procuración General. El primer dato sorprendente es que Cristina revele que el procurador Esteban Righi, el hombre elegido por Néstor Kirchner para dirigir los fiscales del Estado, no pudo firmar la resolución porque era abogado del jefe de la SIDE del menemismo, Hugo Anzorreguy. El “Señor Cinco” era uno de los acusados por el encubrimiento del atentado a la AMIA; un escándalo. El otro, es la negación por parte de la Presidenta de la responsabilidad de Néstor en el nombramiento de Nisman. El hecho ha sido reivindicado, oportunamente, por medios y funcionarios oficialistas, y destacado por el propio Nisman en la última entrevista antes de morir.

Luego de intentar deslindar a toda la gestión kirchnerista en las operaciones que permitieron la impunidad en la causa AMIA, la Presidenta mostró que su gobierno ha acusado recibo de las consecuencias de su pragmatismo en política internacional. Si el "Memorándum" con Irán fue una de las claves de su enfrentamiento con una fracción de los servicios de inteligencia locales, y a través de ellas con la CIA estadounidense y el Mossad israelí, Cristina Kirchner se encargó de remarcar su apoyo a la “pista iraní”, recordando que su gobierno nunca ha dejado de impulsar el “reclamo por ciudadanos iraníes, y su participación en la AMIA”. Como era de esperar, evitó cualquier crítica a las agencias internacionales con las que sus servicios operaron en la causa.

En un tramo de su discurso, la Presidenta denunció que “a partir de 2013 integrantes de los servicios de inteligencia comenzaron a bombardear el acuerdo, y se intensifica la serie de denuncia contra esta Presidenta, con un ritmo de vértigo, con la complicidad de jueces, fiscales y periodistas”. Otra declaración que sorprende.

Primero, porque la Jefa del Estado, que dirige a través de sus hombres de confianza los organismos de “inteligencia” que operan permanentemente contra adversarios políticos y militantes populares, se ubica exclusivamente como víctima de ese aparato del Estado que tutela y financia. Segundo, porque el gobierno sigue realizando acusaciones mediáticas contra Stiusso y sus “socios”, pero no denuncia penalmente a ninguno de los hombres que estaría operando para destituirlo.

¿Nuevos paradigmas?

Trazado el relato oficial sobre las responsabilidades en la causa AMIA y la situación de la ex SIDE, la Presidenta anunció la presentación de un proyecto para “reformar el sistema de inteligencia nacional”, que será remitido esta semana al Congreso Nacional, previa convocatoria a sesiones extraordinarias. El proyecto, según anunció, “contemplará la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia”.

La Presidenta aseguró que con el nuevo sistema de inteligencia "se cambian y se establecen paradigmas totalmente diferentes", ya que tendrá "un marco jurídico en que desarrollará sus actividades de acuerdo a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de Derechos Humanos". Entre otras cosas, el nuevo sistema se basará en "la reunión y análisis de información referida a hechos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación ", entre ellos la "prevención de amenazas internacionales, narcotráfico, tráfico de personas, ciberdelitos y delitos de orden económico y financiero".

Para darle un tono más progresista, la Presidenta aseguró que en la nueva Ley, “quedará prohibido reservar datos en razón de la religión, raza, militancia política, sindical o laboral”.

Una reforma para seguir “vigilando y castigando”

Antes que nada, notemos que en su anuncio la Presidenta debe reconocer que la SIDE es una mafia y debe ser “disuelta”. Es una confesión de parte, para quien dirige el Estado desde hace 7 años. Sin embargo, hay que entender que el proyecto oficial es básicamente una reformulación del sistema de espionaje estatal. El “paradigma” esencial – para usar palabras de la Presidenta – se mantiene intacto: la existencia de un aparato clandestino, dentro del Estado, destinado a espiar, operar y perseguir adversarios políticos.

La reforma puede afectar intereses de los servicios que este y todos los gobiernos han sostenido. No pueden descartarse reacciones “corporativas” y nuevos capítulos de la "guerra de servicios". Sin embargo, por sus intereses de clase y las debilidades propias de un gobierno en retirada, los cambios no atacan los pilares sobre los que sostiene el “poder en las sombras” de los espías.

Por ejemplo, algunas de los fundamentos planteados como novedosos por la Presidenta son principios formales ya incluidos en la Ley de Inteligencia Nacional vigente, impuesta por el gobierno de Fernando de la Rúa. Allí se plantea que “el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional deberá ajustarse estrictamente a las previsiones contenidas en la Constitución Nacional”, y a la “protección de los derechos y garantías de los habitantes de la Nación”. También, formalmente, la actual Ley prohíbe “producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, laborales…”. Bajo esos mismos principios formales, violados sistemáticamente en la realidad, han actuado los organismos en todos estos años.

Las reformas aseguran que la nueva Agencia no podrá “pinchar” más teléfonos. Usted puede quedarse tranquilo: de ahora en más, las pinchaduras que realizaba la “Ojota” (Sistema de Observaciones Judiciales) serán llevadas adelante por el Ministerio Público Fiscal, un organismo controlado por el gobierno de turno.

Según el proyecto, habrá mayores penalidades para quien intercepte conversaciones telefónicas. O sea: el espionaje y las “pinchaduras” estarán bajo monopolio gubernamental; un intento de controlar a las camarillas que actúan dentro y fuera de los servicios que por la naturaleza de los mismos parece condenada al fracaso. También podrían ser penados aquellos funcionarios que se contacten con un agente de la AFI sin autorización del Director o Subdirector general. Cadena de mandos se le dice en el ámbito castrense.

El anuncio habla de la creación “un banco de protección de datos y archivos”. Cabe preguntarse: ¿quién será el poderoso “gerente” de ese banco? También habla de un nuevo sistema de “clasificación de información”: confidencial, secreto o público. Sin embargo, la documentación en manos de la SIDE y los otros organismos no será desclasificada. Por ejemplo, los secretos que los espías han reunido en décadas de operaciones y persecuciones contra miles de adversarios políticos y militantes, en gobiernos militares y constitucionales.

Nada se dice de los nombramientos de los ¿nuevos? agentes, aunque es “norma de la casa” que sólo una parte figure como empleados, y la mayoría de los agentes opere “en negro”, a tono con las operaciones en las que están ocupados.

Otro dato poco mencionado por los primeros análisis de los medios es el traspaso de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, hoy bajo el área de la Secretaría de Seguridad, a la órbita de la nueva Agencia Federal de Inteligencia. O sea: los agentes de la Gendarmería (como la gendarme Calisaya , infiltrada en las marchas de Kraft como parte del Proyecto X) cambian de Jefe pero siguen laburando de lo mismo. Lo mismo que el Coronel Galeano, infiltrado en las marchas de Lear. También se mantiene intacta la sección Reunión de Información, dependiente de la Policía Federal, que como expuso el caso del pseudo-periodista Américo Balbuena, realiza espionaje político.

Sin embargo, mientras sigamos profundizando el análisis de la letra de los anuncios, el principal límite para el discurso reformista del gobierno es la propia práctica de la última década. Como señalaron los diputados Nicolás del Caño y Christian Castillo (PTS/FIT), “es absurdo pensar que este nuevo organismo, creado por un gobierno que ha montado el Proyecto X para perseguir a los trabajadores combativos como denunciamos desde el PTS, y que ha designado a un imputado por genocida a cargo del Ejército y su inteligencia, será cualitativamente democrático en relación a lo que lo que hemos conocido hasta ahora”.