El juez Carlos Rozanski, titular del Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata, criticó duramente al fiscal Carlos Stornelli, quien para convocar a la marcha prevista para el próximo 18 de febrero afirmó que podría “haber más muertos” después del fallecimiento de Alberto Nisman.

"Una cosa es la opinión que pueda tener un político y su voluntad de participar de esta marcha y otra el funcionario o fiscal que sabe que tiene que tener límites en lo que dice porque puede tener efectos. Me parece grave y serio lo de Stornelli y es un mensaje mafioso: el efecto que puede tener sobre la sociedad no es bueno", planteó Rozanski en diálogo con CN23.

En ese sentido, el juez remarcó: "Es patético venir a hablar de más muertos; no son declaraciones gratuitas porque eso tiene un efecto".

"Si Stornelli sabe que va a haber más muertes que diga cómo, cuándo y por qué lo sabe. Creo que no tiene ningún asidero, eso lo va a responsabilizar de tirar una información que genera alarma. En este momento de transición democrática necesitamos tranquilidad y escuchar propuestas en lugar de generar alarma", subrayó Rozanski.

La marcha de los fiscales del #18F

"Los tiempos de la ciudadanía son responsables pero los tiempos de la Justicia hay que respetarlos. Lo que menos se puede hacer es presionar. En el caso de la marcha si lo que se busca es Justicia, tienen que dejar trabajar a la Justicia. Desde una parte de la Justicia están presionando con un supuesto silencio, así que el fin evidentemente es otro". De esta manera se refirió el juez Rozanski a la marcha opositora prevista para el 18 de este mes, convocada entre otros por el fiscal Stornelli.

"Estas personas representan al sector que no es el más progresista y que no está dispuesto a democratizar la Justicia, la deuda más grande de los últimos 40 años. Lo están haciendo bajo el rótulo del silencio pero es un silencio violento. La marcha va a interferir en un sentido que no sabemos, hay que preocuparse por eso", concluyó. 

El grupo de fiscales que la semana pasada oficializó la convocatoria a una movilización en homenaje al fallecido fiscal Alberto Nisman, el 18 de febrero, a un mes de su muerte, cuenta en su haber con denuncias en su contra por su actuación en el marco de la causa AMIA, además de otras irregularidades.

El anuncio del llamado 18F fue encabezado por Guillermo Marijuan, José María Campagnoli, Ricardo Sáenz, Germán Moldes, Carlos Rívolo, Raúl Pleé y Carlos Stornelli. En los últimos días, se sumaron, con marcado oportunismo electoral, varios opositores políticos, que incluso convocaron a marchar a la población. También sobrevino la adhesión del gremio judicial, que conduce el moyanista Julio Piumato.

Según consignó Tiempo Argentino, la nómina de fiscales que encabezó el anuncio también coincide con quienes desde Comodoro Py se opusieron de modo tenaz tanto a las iniciativas del gobierno nacional de democratización del Poder Judicial, como a la gestión que lidera la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

UN LARGO HISTORIAL. Los datos llamativos surgen del propio accionar de los fiscales en distintas causas: Stornelli, a cargo del expediente Hotesur, también fue investigado por sus vínculos con la barra brava de Boca Juniors, club del que era jefe de seguridad. Y por no investigar a la diputada opositora Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito. 

Sáenz es apuntado por haber dictaminado a favor de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, además de por una escandalosa liberación de un acusado por narcotráfico. Está involucrado judicialmente en escuchas por tráfico de influencias con la Policía Bonaerense. Tuvo un rol central en una organización de lobbystas en el Poder Judicial relacionada con el Grupo Clarín, que pagó viajes a Miami para jueces que debían fallar sobre la constitucionalidad de la -finalmente constitucional- Ley de Medios.

Marijuan dejó en el letargo una de las causas más importantes por presunto lavado de dinero centrado en el testimonio del ex vicepresidente de JP Morgan, Hernán Arbizu y apuntó contra Gils Carbó hasta pedir su indagatoria.

Campagnoli fue a juicio político por irregularidades en el marco de la causa por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez. Todos tienen un denominador común: se opusieron a cualquier intento de reforma del Ministerio Público, embistieron contra la jefa de los fiscales y buscaron imputar a funcionarios del gobierno en causas resonantes.

Pleé fue denunciado en 2013 por el CELS y Memoria Activa por haber demorado la acusación contra los acusados de encubrimiento de la voladura de la AMIA, que deberían ir a juicio oral y público este año. Esta organización señaló no solo a Pleé, sino al fiscal de Cámara y otro impulsor del 18F, Germán Moldes.

El CELS consignó que "sin explicación, (...) Pleé dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia". Memoria Activa había señalado que la "ausencia" de los fiscales parecía "intencional" en el devenir de la causa.

El punto central del señalamiento contra los fiscales estaba relacionado a su conocimiento con el ex juez federal Juan José Galeano, primer instructor de la causa AMIA y quien fuera responsable del pago de los US$ 400.000 a Carlos Telleldín para inculpar en la pista a un grupo de policías bonaerenses como nexo local de la voladura.

NO ACUSA. Pleé volvió a estar ausente en ocasión de realizarse la audiencia que convocó la Sala II de la Cámara de Casación para analizar la responsabilidad penal del Galeano, llevada a cabo el 18 de junio de 2013, con más de seis años de demora, y por orden de la Corte Suprema. "Nisman sostuvo que el fiscal (...) Moldes dio la orden de no apelar porque compartía los fundamentos del juez y carecía de autorización para hacerlo por su cuenta", sostuvieron desde el CELS en referencia a los sobreseimientos dictados por el juez Ariel Lijo que favorecieron al ex ministro del interior Carlos Corach y a un grupo de secretarios del ex juez Galeano.

Ningún representante de la fiscalía apeló por el ex ministro. En soledad, lo hizo la querella, que el 15 de diciembre de 2014 logró que la Cámara Federal ad hoc para el caso AMIA revocara el sobreseimiento de Corach y le impusiera a la Fiscalía de Nisman condiciones estrictas para el avance de la causa.

El CELS recordó que, "en 1997, Moldes había propuesto a la sobrina de (N.de R.: el ex jefe de la SIDE menemista y señalado como pieza clave del encubrimiento, Hugo) Anzorreguy como fiscal adjunta de la Cámara Federal, quien fue finalmente nombrada".

REBELION. Moldes también fue señalado como uno de los artífices de la rebelión de Comodoro Py contra la designación de los fiscales subrogantes de Gils Carbó, finalmente detenida a través de una medida cautelar orquestada a través de la Asociación de Magistrados. La resolución de la jefa de los fiscales establecía que el nuevo Código Procesal Penal fijaba la creación de dos Fiscalías de Cámara adicionales. Moldes hizo sentir su protesta ante lo que fue leído como un intento de licuar su poder. Hoy es el único representante del Ministerio Público que puede o no sostener un recurso de apelación.

En tanto, Pleé había sido desplazado a comienzos de la gestión de Gils Carbó al frente de la Unidad Fiscal antilavado, por tener magros resultados. En su lugar creó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Carlos Gonella. Este fiscal se convirtió así en la presa preferida de Comodoro Py, donde fue acusado en múltiples oportunidades, imputado, y hasta procesado en el marco de las causas con resonancia política. Marijuan y Stornelli fueron sus verdugos. 

A Pleé se le achacaron vínculos con Juan Félix Marteau, ex representante de la Argentina ante el GAFI, y hoy asesor de empresas con problemas por lavado, entre las que está Grupo Clarín. La hija de Pleé, María Celeste, trabaja en el estudio de Marteau, pero además, el fiscal y el abogado comparten un curso de posgrado en la UBA que dirige Marteau, participan en la Fundación de Investigaciones de Inteligencia Financiera, donde Marteau es el presidente y Pleé forma parte del Consejo Consultivo.

Los antecedentes de Pleé se remontan a haber sido relator de la Cámara del Crimen de la Capital Federal, durante la dictadura. Ya desde 1988, como fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones de San Martín, llevó adelante la causa por el intento de copamiento del cuartel de La Tablada. Organismos de Derechos Humanos habían acusado a Pleé de reunir evidencias y aceptar testimonios obtenidos a través de torturas a los militantes detenidos. 

Además, lo acusaron de pasar por alto denuncias sobre torturas y ejecuciones sumarias concretadas por militares cuando el intento de copamiento ya había sido rechazado. En 2007, luego de que se declararon inconstitucionales la Obediencia Debida y el Punto Final, Pleé fue, junto con el ex fiscal Juan Martín Romero Victorica y el ex juez Alfredo Bisordi, uno de los acusados de obstaculizar, en Casación, el avance de las causas por lesa humanidad.

Una oposición tenaz a las reformas

En los últimos tiempos, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN) se plantó como una agrupación opositora a la Rosada y a decisiones de la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Las primeras críticas se conocieron con el juicio político al fiscal José María Campagnoli. A fines de 2013, la agrupación encabezada por Carlos Donoso Castex declaró su "consternación" cuando el cuestionado funcionario fue suspendido y llevado jury. "Resulta inaceptable y preocupante", sostuvo su Asociación.

La AFFUN ya había mostrado distancia con Gils Carbó al rechazar la propuesta de Justicia Legítima para que los fiscales comenzaran a pagar el Impuesto a las Ganancias.

La reforma judicial impulsada por el gobierno generó un nuevo quiebre. Si bien hubo críticas internas a la modificación del Código Procesal Penal, la Asociación decidió en una votación no manifestarlo públicamente.

A comienzos de este año, la disputa se produjo por los nombramientos de fiscales por parte de la procuradora. "Hubo una ola de designaciones y concursos que avanzaron y se designó a mucha gente muy novel y sin experiencia", declaró Castex al criticar la "politización" en esos nombramientos.

Versus Gils Carbó

Guillermo Marijuan es uno de los principales opositores a la gestión de Alejandra Gils Carbó: imputó a la procuradora y hasta pidió su indagatoria por las designaciones que hizo para cubrir puestos clave en el Ministerio Público. Cercano a Sergio Massa, fue uno de los firmantes de la denuncia en conjunto de los fiscales federales contra el supuesto espía Héctor Bogado, que figuraba en la denuncia de Alberto Nisman sobre un plan criminal para desvincular a los iraníes del atentado a la AMIA. Recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide y Marijuan, en lugar de excusarse, decidió impulsar la acción e imputar a Bogado para avanzar en la causa. Pero el fiscal cuenta en su haber con un dato llamativo: mientras que impulsó la investigación por presunto lavado contra Lázaro Báez y cuestionó el accionar de su par antilavado, Carlos Gonella –al punto de denunciarlo–, "planchó" la causa, que desde 2008 intenta dilucidar si se perpetró una de las mayores denuncias por lavado que protagonizó el JP Morgan. En ese expediente –donde apenas realizó algunas medidas de rigor– aparecen centenares de empresas de primera línea –entre las que figuran accionistas de Clarín– y no pidió imputación alguna a partir del testimonio, en sede judicial, del arrepentido Hernán Arbizu.

Entre sus antecedentes, figura que, en 2013, seis organismos de Derechos Humanos, entre ellos las Abuelas de Plaza de Mayo, lo denunciaron por "mal desempeño" y lo acusaron de poner en riesgo los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fue cuando Marijuan embistió contra los nombramientos para cubrir fiscalías que deberían abocarse al juzgamiento de represores.

La paradoja de Campagnoli

José María Campagnoli es, paradójicamente, otro de los impulsores al 18F, pese a que precisamente fue uno de los que se enfrentó a miembros de la Secretaría de Inteligencia desde que participó de la gestión de Gustavo Béliz. El fiscal de Saavedra fue suspendido y enviado a juicio por haber duplicado una investigación contra Lázaro Báez que llevaba la justicia federal. En medio de presiones y amenazas, el juicio contra Campagnoli debió ser suspendido antes del veredicto y nunca se clarificó si uno de sus dictámenes había sido manipulado por el estudio de abogados que representa al Grupo Clarín, principal difusor de la denuncia contra Báez.

La marcha convocada por algunos fiscales y aprovechada por sectores de la oposición, suma rechazos en el ámbito judicial. Primero fueron los miembros de la agrupación Justicia Legítima y ahora se sumó el fiscal general Jorge Auat para quien “hay una propuesta de crispación”.

“¿A quien le hacemos creer que no hay una motivación política en la marcha?”, se preguntó el funcionario que está al frente de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en el programa 678, de la Televisión Pública. Luego agregó:  “La marcha tiene básicamente un fuerte contenido político y un aprovechamiento en una coyuntura muy concreta”.

Horas antes, la presidenta de Justicia Legítima, la camarista María Laura Garrigós de Rebori, le dijo a Radio América que "bajo el objetivo de homenajear al doctor Nisman, lo que se está pretendiendo es medir fuerzas para demostrarle al sector progresista del Poder Judicial cuántos son y cuánto trabajo va a costar la reforma de la Secretaría de Inteligencia y del Código Procesal Penal".

Respecto a las motivaciones del #18F, Auat señaló: “Si la marcha tiene realmente un objetivo de recogimiento frente al dolor es muy difícil criticarla desde ahí porque el dolor tiene una dignidad", pero si “alguien se apropia del dolor y hace del dolor una mercancía, y esa apropiación la convierte en una discusión”.

"Esa marcha va a servir para otra cosa, no creo que para homenajear a Nisman, pero sí va a servir para saber quién está de qué lado, los que quieren la transparencia y los que no quieren la transparencia", agregó Garrigós de Rebori. 

A menos de diez días de su realización la convocatoria al denominado 18F, en el que marcharán dirigentes opositores y algunos miembros del poder judicial, sigue sumando polémica. Con la defensora de la dictadura militar Cecilia Pando como nueva incorporación, la movilización genera divisiones en el campo político.

En las últimas horas también se sumaron losdirigentes sindicales opositores Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. En tanto, desde la CTA de Pablo Micheli no se efectuó todavía una declaración oficial, aunque en el entorno del líder gremial no se ve con buenos ojos la apuesta de sus momentáneos socios de la CGT.

Aquí un resumen de quiénes expresaron su decisión de participar o no de una marcha cada día más partidizada.

Ellos van

* Políticos: Sergio Massa, Mauricio Macri, Elisa Carrió, Laura Alonso, Julio Cobos, Hermes Binner, Ernesto Sanz, Hugo Moyano, Luis Barrionuevo, Cecilia Pando. 

* Fiscales Ricardo Sáenz, Guillermo Marijuán, Carlos Rívolo, José María Campagnoli.

* Fiscales denunciados: Raúl Plee, Germán Moldes.

* Jorge Gorini, presidente del tribunal del juicio por el encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA.

* Familiares y Amigos de las Víctimas (a titulo personal, no con banderías políticas).

* DAIA

Ellos No Van

* Memoria Activa (familiares y amigos de víctimas del atentado a la AMIA)

* Agrupación 18J (liderada por Sergio Burstein)

* Dirigentes del oficialismo (lo explicitaron Aníbal Fernández y Jorge Capitanich)

* Partidos de Izquierda (Partido Obrero, PTS, MST)

* Jueza María Laura Garrigós de Rébori (Justicia Legítima)

* Fiscal Carlos Gonella

Diana Malamud es integrante de Memoria Activa, la organización de familiares y víctimas del atentado a la AMIA que denunció a Germán Moldes y Raúl Plee. Ambos fiscales convocan a la marcha del #18F, a un mes de la muerte de Alberto Nisman. 

Diana Malamud

“No queda claro el motivo de la convocatoria porque si los que deben hacer justicia piden justicia; llama la atención”, explicó Malamud a INFOnews quien agregó que justamente son esos funcionarios quienes deben tener por objetivo lograr la verdad.

Respecto a la marcha del 18F opinó que “hay una inversión de roles”. “¿Quién es la víctima?”, se preguntó y cuestionó al Poder Judicial porque “no hizo su trabajo como corresponde”.  Andrés, el esposo de Malamud es una de las 85 víctimas de la tragedia de la voladura de la AMIA. 

Pleé fue denunciado en 2013 por el CELS y Memoria Activa por haber demorado la acusación contra los acusados de encubrimiento de la voladura de la AMIA. Esta organización también señaló al fiscal de Cámara Germán Moldes.

El juicio por encubrimiento debería comenzar el segundo semestre de este año. Sin embargo, en comunicación con el programa Inimputables de Radio América Jorge Gorini, presidente del tribunal del juicio por el encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA, dejó entrever que es posible que el jucio se demore un poco más. En esa misma entrevista Gorini también indicó que participará de la marcha del 18F.

“A Plee y Moldes los denunciamos en 2013 y 2014, que hayan convocado a la marcha me dejó anonadada”, se sorprendió Malamud.

A diferencia de Gorini, la integrante de Memoria Activa se manifestó optimista con el inicio del juicio por encubrimiento: “Creemos que el 1 de julio va a dar comienzo. Ahí se verán las responsabilidades. Han encubierto y eso se verá en este juicio”.

Por su parte, desde la AMIA/DAIA informaron la adhesión a la marcha que se realizará el 18 de febrero.

“La muerte del fiscal Alberto Nisman y el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon ese terrible hecho son una cuestión de Estado y de todos los argentinos, y por lo tanto adherimos a una convocatoria muy clara: en silencio, sin consignas partidarias, por la memoria, la verdad y la justicia”, ratificó hoy, lunes, el presidente de la DAIA, Julio Schlosser, en diálogo con la Agencia Judía de Noticias (AJN).

Quienes también informaron que asistirán a la manifestación fueron representantes de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado, aunque indicaron que lo harán a título personal y sin banderías políticas.

Desde otro punto de vista, el dirigente de la Asociación 18J Sobrevivientes, Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA Sergio Burstein criticó la convocatoria.

“Cuando veo quienes convocan, como el fiscal Moldes, que no sé cuánto tiempo cajoneó, demoró y que estuvo de acuerdo en el primer dictamen que hizo el juez Lijo respecto de Corach y los otros que estaban siendo investigados por encubrimiento al atentado a la AMIA y los dejó afuera de la causa por encubrimiento… Recuerdo las conversaciones con Alberto Nisman sobre Pleé. Nisman estaba sumamente preocupado por la demora del fiscal Pleé en el tema del encubrimiento del atentado a la AMIA que lo cajoneaba, no respondía y no avanzábamos. ¿Cómo no preocuparse?”, indicó Burstein.

La marcha del silencio convocada por los fiscales se realizará el 18 de febrero a las seis de la tarde e irá desde el Congreso hasta la unidad especial UFI-AMIA, lugar donde trabajaba Alberto Nisman.

La jueza que sigue la causa de la muerte del fiscal Alberto Nisman ordenó cotejar un nuevo perfil genético.

Esto sucede porque se halló en el piso del departamente de Le Parc en Puerto Madero donde vivía Nisman un ADN de otra persona que aún no ha sido identificado.

La decisión la tomó la magistrada Fabiana Palmaghini. Argumenta que "en esa misma finca se obtuvo una muestra correspondiente a un perfil genético distinto al del referido Nisman, ignorándose aún a quien corresponde".

Hace dos semanas se confirmó que el ADN hallado en la ropa y el arma coincide con el perfil genético de Nisman. Así lo habíainformado la fiscal Viviana Fein en un comunicado.

Nuevo giro en la causa Nisman