Reino Unido da otra vuelta de tuerca con la privatización de servicios carcelarios

Posted: 18 Feb 2015 07:01 AM PST

La semiprivatización de servicios públicos en Gran Bretaña, que comenzó con el gobierno de Margaret Thatcher en los años ochenta, ha cobrado ahora un nuevo impulso bajo la administración conservadora de David Cameron.

En un polémico plan que generó mucha oposición en el país, fue puesto en marcha a partir de este mes para la rehabilitación de reos por medio de contratistas privados.

La normativa, que afecta a los prisioneros que hayan cumplido sentencias de menos de un año de duración, permite que las compañías privadas sean pagadas por resultados, ganando más si el exprisionero no reincide.

El gobierno de coalición británico sostiene que el sistema previo, por el cual los reclusos de corta duración eran liberados sin ninguna supervisión, presentaba problemas.

El ministro de Justicia, el conservador Chris Grayling, consideró que los cambios “tenían que pasar”, y ahora que se han puesto en marcha “creará un sistema más efectivo” para reducir el número de presos reincidentes.

El Ministerio de Justicia indicó en un comunicado que en el Reino Unido son cometidos más de 500 mil delitos por año por personas reincidentes.

Las autoridades sostienen que aquellos que pasaron menos de 12 meses en prisión tienen más chances (hasta un 57,5%) de volver a cometer un delito una vez que quedan en libertad.

Pero ahora, las personas que cumplieron con sentencias de menos de un año serán supervisadas durante 12 meses después de su liberación. “Hay demasiadas víctimas del delito por año porque no proveemos de apoyo y guía a aquellos que salen de prisión. Lo que estamos haciendo es crear un sistema que sea más efectivo. Estamos tratando de cambiar las cosas”, admitió.

El nuevo sistema contará con contratistas privados como Sodexo e Interserve. El portavoz de la Asociación Nacional de Oficiales de Libertad Condicional, Ian Lawrence, afirmó que la principal preocupación es que la tarea “quede en manos de contratistas privados sin entrenamiento”.

“Nos preocupa también la velocidad con la que se hicieron estas reformas. Nunca fueron testeadas en un plan piloto y no hay evidencia alguna de que vaya a funcionar”.

En ese sentido, los activistas por la reforma penal creen que los cambios son “un desastre”, ya que denunciaron están sustentados por la ideología de la privatización.

Frances Crook, directora ejecutiva de la Liga Howard para la Reforma Penal, afirmó que el nuevo programa del gobierno “fue introducido por la puerta de atrás” y está basado “más en emociones que en consideraciones serias”.

El lanzamiento del nuevo plan coincide con un anuncio por separado del gobierno para que los prisioneros sean obligados a coser bolsas de arena, instalar postes de luz y ayudar en el armado de equipos para el Ejército, como parte de una iniciativa “para enseñarles los valores del trabajo duro”.

Las autoridades indicaron que dicho plan “le ahorrará dinero al Ejército y le dará a los presos experiencia laboral”. “Al proveer de este nuevo servicio, los prisioneros devolverán algo al país, al tiempo de aprender nuevos conocimientos”, destacó el ministro Grayling.

El gobierno quedó en medio de un escándalo por el tema de las compañías privadas de seguridad, tras la renuncia del inspector jefe del servicio de libertad condicional en Inglaterra y Gales. Paul McDowell estuvo involucrado en un “conflicto de intereses”, luego de que la compañía privada de su esposa ganó un gran número de contratos en ese sector.

McDowell, que había sido nombrado por el ministro Grayling, renunció al puesto por el que percibía 135 mil libras esterlinas ($ 202 mil), para supuestamente dejar claro que no había ningún conflicto interno.

La renuncia ocurrió luego que el periódico The Guardian reveló que la esposa de McDowell, Janine, era la directora de la empresa Sodexo, la cual ganó gran cantidad de contratos para proveer servicios al sector de justicia, incluyendo la supervisión de decenas de miles de delincuentes en Inglaterra y Gales.

Sodexo se hizo cargo de los contratos en conjunto con Nacro, el grupo benéfico por la reducción del delito, del cual McDowell era exdirector ejecutivo.