El peritaje confirmó que el incendio del depósito de Iron Mountain fue intencional

Fuego - Comenzó en los depósitos 7 y 8, a metros de la línea de edificación sobre la calle Benito Quinquela Martín, Barracas.

El incendio que en 2014 consumió un depósito de la empresa Iron Mountain en el barrio porteño de Barracas, donde murieron diez personas entre bomberos y rescatistas, fue provocado en forma intencional, según el peritaje concretado por la Policía Federal. El año pasado, cuando aún no estaba confirmada la intencionalidad del siniestro, Tiempo reveló que durante la catástrofe, las llamas destruyeron información que pudo ser clave para avanzar en causas por presunto blanqueo de activos que se siguen contra el BNP Paribas y el JP Morgan Chase Bank, entre otros.
El peritaje de la División Siniestros de la PFA determinó que en el lugar "se encontraron rastros de sustancias combustibles y se estableció que el foco del fuego se produjo por dispositivos colocados al efecto, ya que también se encontraron restos de conductores y transformadores de energía, que no se correspondían con partes de equipos del lugar". Por medio de un comunicado difundido por la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 37, a cargo de Marcela Sánchez, los peritos concluyeron que el incendio ocurrido el 5 de febrero de 2014 "fue intencional" y que "el fuego comenzó entre los depósitos N° 7 y N° 8, aproximadamente a siete metros de la línea de edificación de la calle Benito Quinquela Martín".
El comunicado también aseguró que "en igual sentido se expresaron los especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)", aunque consignó que "aún resta el informe del equipo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)". La investigación del hecho, donde interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 18, a cargo del juez Pablo Ormaechea, empezó con la carátula de "incendio" y luego cambió a "estrago". Por su parte, el inspector Edgardo Castro, quien en 2008 pidió la clausura del galpón de Barracas, marcó a la agencia Télam que los peritajes evidencian el mismo análisis que efectuó el año pasado. "La única forma en que se pudo generalizar así el fuego es si hubo intencionalidad", definió. Castro criticó las demoras en las pericias y responsabilizó a la fiscal Sánchez "de querer proteger al gobierno de la Ciudad". Según el inspector, "el gobierno porteño tiene una relación de negocios, premios y subsidios con Iron Mountain, por lo que hay un tendencia definida de proteger a la empresa".
Dos días después de la tragedia, una investigación ordenada por la presidenta Cristina Fernández –articulada entre la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)– encontró evidencias de que la documentación que resultó destruida por las llamas era clave para avanzar en investigaciones por presunto lavado de dinero que involucraban a los bancos Patagonia, HSBC, JP Morgan y BNP Paribás. En mayo pasado, la AFIP llevó a cabo  tres allanamientos simultáneos junto con la Policía Federal en oficinas de la firma Iron Mountain por instrucción del juzgado federal Nº 12, a cargo de Sergio Torres. Los procedimientos se concretaron a raíz de la denuncia que el organismo recaudador radicó en la justicia a partir de la sospecha de que la multinacional realizó operaciones vinculadas con el lavado de dinero. El legislador porteño Gabriel Fuks (FPV) resumió en declaraciones al canal C5N las principales líneas de investigación, cuatro en total: "La primera es la investigación en sí del incendio", comenzó. "La segunda, creo que fueron 49 empresas que tenían depositada documentación allí, y 29 de ellas estaban siendo investigadas por distintas situaciones. (En tercer lugar) la propia empresa Iron Mountain estaba siendo investigada por la AFIP por evasión. Luego hay otra línea de análisis, que investiga si el gobierno de la Ciudad tenía o no convenios o algún tipo de contratación para la guarda de documentación", enumeró. "En la Legislatura, nosotros hemos efectuado un pedido de informes inmediatamente después de que sucedió esto… el gobierno de la Ciudad nos respondió recién el jueves pasado", narró Fuks, y en ese contexto, consignó: "De lo que he leído, en forma prima facie encontramos que la última inspección fue en el año 2011." «