desenmascaramiento de las politicas del miedo - LA CUBA DEL GRAN PAPIYO

>> El debate sobre la seguridad nuevamente ha invadido a la dirigencia política y social. Los linchamientos a sospechosos de intentos de robos expresaron un fenómeno que la mayoría de la sociedad rechaza como un retroceso enorme en el estado de derecho que nos costó tanto a los argentinos construir.

Sin embargo, las razones o causas que se expusieron en muchos casos mostraron la superficialidad de las elites políticas, oportunismo electoral, corrimiento de parte del arco político hacia la derecha y recurriendo al viejo baúl de la demagogia punitiva y la mano dura.

La vacuidad de la derecha argentina que recurre a slogans también rebaja un debate serio, pero su efectividad comunicacional muchas veces arrincona a quienes expresan otras tendencias y no solo dentro del oficialismo sino otras voces en la propia oposición que temen por su suerte electoral ante las frases “bravas” de políticos con pocos escrúpulos.

Las acciones violentas y criminales de estas personas que actúan como turbas no pueden explicarse unidireccionalmente con razones tales como la falta de un estado presente o la manipulación de los medios. El tener verdades parciales no significa que cuando se analiza el fenómeno de la inseguridad (o cualquier otro) mirar por un ángulo sesgado de alguna de ellas pueda dar cuenta de la complejidad del fenómeno.

La vacuidad de la derecha argentina que recurre a slogans también rebaja un debate serio, pero su efectividad comunicacional muchas veces arrincona a quienes expresan otras tendencias y no solo dentro del oficialismo sino otras voces en la propia oposición que temen por su suerte electoral ante las frases “bravas” de políticos con pocos escrúpulos.

Varias perspectivas hay que sumar y articular para acercarse a una visión sobre las causas, tanto de los hechos de linchamientos –algunos casos un poco exagerados por los medios de comunicación- y más en general, de los problemas de inseguridad y violencia que vive la sociedad argentina.

El neoliberalismo, la desestructuración social y el estado gendarme

El proceso económico que vivió la argentina en las últimas décadas que entre otros momentos contó con el programa económico de Martínez de Hoz, la hiperinflación, el neoliberalismo, la convertibilidad, la destrucción del aparato productivo, la aceptación de las ideas económicas en cuanto a que la riqueza se logra sobre la base del movimiento del capital (financiero) reemplazando a la riesgosa producción, entre otras cuestiones fundamentales, expulsó de la producción, la educación y la posibilidad de construir certeza sobre sus vidas, a varias generaciones de jóvenes argentinos. Hijos que veían a sus padres adultos perder el trabajo sin oportunidad de lograr otros nuevos, las madres saliendo a parar la olla, ruptura de la utopía argentina afirmada en que los padres nos rompemos el alma trabajando pero nuestros hijos a través del estudio podrán tener un futuro mejor, es reemplazada por la distopía de que los hijos van a estar peor que los padres.

La constitución del otro peligroso joven, morocho, de barriadas del conourbano y las periferias o del sur de la ciudad de Buenos Aires, está enraizada en tres décadas y a ello contribuyó el Estado, los medios de comunicación masiva, la cultura del capitalismo salvaje, del individualismo extremo basado en un darwinismo social y también una parte importante de la sociedad.

Los lazos de comunidad se ven profundamente dañados. Varias generaciones fueron privadas de la cultura del trabajo, la idea de pertenencia a un grupo social y que los logros individuales están ligados al desarrollo colectivo, fueron duramente cuestionados. La sociedad cambió, más desigual, con menos justicia, una sociedad más violenta.

Sobre el neoliberalismo de los ´90 se ha sostenido que el estado se retiró de las funciones que tenía durante la forma que tomó el Estado de Bienestar en nuestro país. Sin embargo, no es un estado débil lo que surgió, sino un estado fuerte concentrado en su papel de garantizar la estabilidad de la transferencia de la riqueza de los sectores del trabajo y producción, al capital financiero, un estado al servicio del control social y político de los segmentos sociales excluidos, empobrecidos. Un estado gendarme. La legitimación de este último se logró construyendo un enemigo difuso y presente: joven, morocho, de las barriadas empobrecidas. Que por su sola presencia impulsa el accionar del aparato punitivo.

Ese sistema demandó cada vez más de la misma “medicina”; una vez que ante la opinión pública quedaba en evidencia su ineficacia para resolver los problemas que reclamaba, la solución era la profundización de ese estado policial. Así los institutos de niños y jóvenes, y las cárceles, se llenaron de pobres. El estado y en gran parte la sociedad habían decidido -aunque no quieran hacerse cargo- que esos “peligrosos” son los que deben estar presos.

La constitución del otro peligroso joven, morocho, de barriadas del conourbano y las periferias o del sur de la ciudad de Buenos Aires, está enraizada en tres décadas y a ello contribuyó el Estado, los medios de comunicación masiva, la cultura del capitalismo salvaje, del individualismo extremo basado en un darwinismo social y también una parte importante de la sociedad.

La cabida que tienen en significativos segmentos de nuestra sociedad actual los mensajes de miedo emitidos por los medios de comunicación o los mensajes simplistas de la derecha política, se fue construyendo a lo largo de años. Por supuesto que el proceso siempre fue en tensión con las concepciones democráticas profundas que anidan en nuestro pueblo, en muchos de sus representantes y en parte de las elites de poder.

Delito callejero y delito complejo. Y la prisión preventiva masiva.

Es habitual que se mezclen dos categorías de delitos, por un lado los delitos callejeros que en muchos casos son los que engrosan las cifras negras (no denunciadas) tales como el hurto, el arrebato de bolsos y celulares, los robos al boleo, que varían en la violencia que aplican. Por otro, el delito complejo que implica redes delictivas, con capacidad organizativa y planificación, en muchos casos con penetración en las agencias estatales. Estas organizaciones en muchos casos reclutan en los segmentos sociales más vulnerables y empobrecidos para las tareas menores, personas prescindibles e intercambiables dado que las acciones estatales no dañan a la organización delictiva que ya tiene asumida esa posibilidad.

El modelo de saturación de fuerzas como eje de estos planes de seguridad no sólo nos lleva a una sociedad militarizada, sino que es ineficaz para el crimen organizado, aquel cuyos jefes no viven o trabajan en villas o barrios carenciados, sino en los barrios cerrados de lujo, en oficinas de Puerto Madero o en algunos bancos.

Esta confusión en comunicadores especializados o en dirigentes políticos sólo puede entenderse en el privilegio de concentrar los esfuerzos estatales punitivos hacia los sectores vulnerables. La derivación, querida o no, es la subestimación del delito complejo, la deuda inexplicable de transformación, democratización y modernización de las policías. Para esas misiones a la que se ve restringida la acción estatal bastan estas policías bravas. Las propuestas y acciones de la derecha se caracterizan por sostener que la solución es establecer un dominio del territorio por parte de las fuerzas de seguridad: más policías, más gendarmes, cuadrículas de presencia policial, centros de monitoreo y cámaras. El modelo de saturación de fuerzas como eje de estos planes de seguridad no sólo nos lleva a una sociedad militarizada, sino que es ineficaz para el crimen organizado, aquel cuyos jefes no viven o trabajan en villas o barrios carenciados, sino en los barrios cerrados de lujo, en oficinas de Puerto Madero o en algunos bancos. Las estadísticas mundiales demuestran que más policías no es sinónimo de menos delito. Por el contario cuando se toman en cuenta la capacidad de investigación criminal y eficacia judicial en sociedades más igualitarias baja la impunidad y el delito.

Hay que desenmascarar algunas de las pretendidas nuevas propuestas reiteradas desde los tiempos de Ruckauf, tomemos dos ejemplos: reglamentaciones punitivas preventivas sobre los que usan motos, por cierto que apuntan a las motos de baja cilindrada, las que usan los sospechosos de siempre, los jóvenes pobres. Además de burda y anticonstitucional, el mensaje refuerza el arquetipo del enemigo tanto hacia la sociedad como hacia las fuerzas policiales. La otra insistencia es la limitación de las excarcelaciones, es decir, extender la aplicación de la prisión preventiva en forma aún más masiva de la que actualmente se utiliza y que por supuesto también está dirigida a los mismos grupos sociales vulnerables. Las bandas delictivas complejas tienen estudios de abogados especializados, allí se respetan las garantías procesales y el derecho a defensa, que la demagogia punitiva niega a los empobrecidos.

Una parte de los grupos políticos que no comparten estos criterios sobre las modificaciones a los códigos procesales provinciales pero que dejan que avancen, sostienen en su justificación que son inocuas y que sólo son medidas con espectacularidad mediática. La realidad desmiente esto, tanto por la crisis carcelaria que vivimos, la violencia institucional en nuestros barrios, en comisarías y cárceles. Son un mensaje a los jueces, que extorsionados por el posible escarnio público están sometidos a aceptar que no tomen resoluciones a derecho sino de acuerdo a la directiva del poder político, social o mediático.

Armas y violencia

Una de las cuestiones positivas de los últimos años han sido las políticas tendientes al desarme, aunque con enorme dificultad para tapar los agujeros por donde se escapan armas desde las fuerzas de seguridad y la justicia hacia el mercado negro.

El problema de las armas sigue siendo grave y todavía hay mucho terreno para avanzar. Estas campañas furibundas del miedo también generan la idea de que armándose las personas se pueden enfrentar el delito. Además del riesgo para las propias personas, lo que provoca es más violencia en el delito futuro. No actúa como un disuasorio, por el contrario ejerce una presión para que el delito, incluso el menor, también sea armado.

En el mismo sentido actúa la idea de que las personas detenidas no deben tener ningún beneficio, que se deben limitar las excarcelaciones y las medidas alternativas a la prisión, sumadas al hacinamiento, condiciones de vida infrahumanas y violencia tanto desde los servicios penitenciarios como la utilización de internos para gobernar la cárcel. Así, ir a la cárcel no es cumplir una condena sino caer en un pozo de no derecho, de tortura y vejaciones. Ese tipo de unidades penitenciarias también revierten sobre la sociedad cuando ante la posibilidad de ser detenidos hay quienes pueden ejercer violencia extrema para no volver.

Las políticas de Estado no solo presuponen el diálogo, sino que exige contar con la suficiente correlación de fuerzas en la sociedad y la política para llevar adelanta cualquier proceso de reformas. Es fácil proclamar el consenso cuando de lo que se trata es de volver más ricos a los ricos, o de sostener el modelo de seguridad y justicia dando más poder arbitrario a las policías y al sector conservador y reaccionario de la justicia. Lo difícil es lograr consenso y sostenerlo para lograr una mejor distribución de la riqueza o transformar las estructuras policiales y de seguridad que permitiría mejorar en serio la prevención y la persecución del delito, rompiendo los lazos de las cajas ilegales que unen a aquellas con la política.

Las dificultades para una estrategia estatal sostenida pluralmente en el tiempo

La democracia está en deuda, incluido el gobierno actual, en la transformación democrática y modernización de las fuerzas de seguridad. Los procesos reformistas nacieron más de una crisis de envergadura que de acordadas políticas de consenso. Fue durante el gobierno de Duhalde en la provincia de Buenos Aires, después del asesinato de José Luis Cabezas donde había participación de la bonaerense, de que creciera la sospecha de participación policial en el atentado a la AMIA, de que los medios de comunicación visibilizaran la trama económica y delictiva que se dio en llamar la maldita policía, y debilitado por la derrota en las elecciones intermedias del 1997, que comenzó un proceso reformista encabezado por León Arslanian. La concepción de la reforma fue profunda e implicaba modificaciones estructurales, pero necesitaba mantenerse en el tiempo para conseguir modificar las columnas que daban sustento al modelo policial. Para lograrlo tenía que mantener el consenso tanto en las fuerzas de la oposición como en el propio oficialismo.

Desde el radicalismo como del propio PJ surgieron los cuestionamientos y resistencias al proceso que, con límites pero con rumbo correcto, se había iniciado. Por supuesto que hubo también resistencias policiales y judiciales, pero el punto clave, para frenar el proceso y luego ensayar la contrarreforma, fue la trama de intereses entre la política y el modelo policial vetusto.

Incluso los gobiernos nuevos –por el signo político o por nuevas tendencias dentro de partidos tradicionales- que en su inicio no están comprometidos con los viejos pactos, a poco de andar bajo la presión y el chantaje de zonas liberadas, y por la presión social al no tener resultados inmediatos, primero frenan cualquier posición transformadora y en muchos casos aceptan aquellos acuerdos de zonas grises y oscuras. Justificados en la necesidad de gobernabilidad son rehenes de una inestabilidad más profunda. Los ejemplos pueden rastrearse en las experiencias provinciales y municipales de distintos signos políticos.

Más allá de la discusión sobre el contenido del anteproyecto de reforma del código penal, lo que se muestra es que una comisión pluralista y con saberes técnicos saludada por todos en su fundación, una vez presentado su trabajo como propuesta, disparó el cuestionamiento incluso de los mismos partidos que habían prestado a sus especialista o sus espadas políticas, los abandonaron después de mucho trabajo ante el temor que Massa les “robara” los votos desde posiciones inescrupulosas.

Las políticas de Estado no solo presuponen el diálogo, sino que exige contar con la suficiente correlación de fuerzas en la sociedad y la política para llevar adelanta cualquier proceso de reformas. Es fácil proclamar el consenso cuando de lo que se trata es de volver más ricos a los ricos, o de sostener el modelo de seguridad y justicia dando más poder arbitrario a las policías y al sector conservador y reaccionario de la justicia. Lo difícil es lograr consenso y sostenerlo para lograr una mejor distribución de la riqueza o transformar las estructuras policiales y de seguridad que permitiría mejorar en serio la prevención y la persecución del delito, rompiendo los lazos de las cajas ilegales que unen a aquellas con la política.

La emergencia de seguridad en la Provincia de Buenos Aires

El gobernador Scioli respondió a una nueva demanda de mejorar la seguridad y por lo tanto de mejorar el estado, con las viejas recetas del punitivismo. Algunos de los críticos sostienen quealgo había que hacer y de última solo son medidas administrativas para acelerar los procesos de compra de armas, chalecos y otros insumos, sin embargo no es así, por el contrario –incluso más allá de la declaración de la emergencia que poco dice- algunas de las medidas anunciadas agravarán los problemas que ya tiene la seguridad pública de la provincia.

Analicemos algunas de ellas;

La reincorporación de los retirados de la bonaerense y el servicio penitenciario. Salta a la vista de cualquier conocedor de la historia reciente, que realizado sin el control necesario eso puede significar el retorno de personal que ha sido parte de los problemas de la policía bonaerense. Sin embargo la cuestión más profunda es la idea casi única y excluyente de la seguridad tanto preventiva como de persecución delictiva, de saturación de fuerza en el territorio. Sin transformación de la bonaerense, sabemos que ello significa más poder para la regulación del delito, el control social y algunos sueñan con el control político. Una fuerza sin la capacitación suficiente y destinada centralmente a trabajar sobre la flagrancia, es decir el delito de poca monta, es de nuevo seleccionar sobre quienes caerá el remanido “peso de la ley”. Los jóvenes convertidos en sospechosos son las primeras víctimas cuando se le exige a la policía resultados inmediatos apurados por los candidatos al 2015 y se le da carta blanca para proceder.

A estos argumentos hay que sumar la última rebelión policial, donde más allá del reclamo salarial había quienes querían profundizar el conflicto para convertirlo en desestabilización. Sin ninguna reforma, nuevamente se insiste en el remedio de darle más poder a la bonaerense.

Construcción de nuevos establecimientos Carcelarios. La propuesta de crear nuevas cárceles es un mensaje para la sociedad, y también para la policía y la justicia, es decir, la orden de tres mil presos más utilizando la prisión preventiva masiva y seleccionados entre los sectores vulnerables. La provincia de Buenos Aires duplica la media de la tasa de encarcelamiento del país, aporta más del 50% de los presos de argentina, el 60% de los cuales son procesados sin sentencia firme, y la enorme mayoría son jóvenes acusados de delitos contra la propiedad. Si se une esta decisión de nuevos establecimientos con las otras propuestas, se comprende que se va a agravar la tendencia hiperclasista de nuestro sistema penal y de seguridad provincial.

Restricción de las excarcelaciones. Una vez más se intentan limitar las excarcelaciones y se ordena exacerbar las prisiones preventivas masivas. Esta concepción fue probada largamente en la provincia con una inflación de reformas procesales penales que derivaron en una crisis carcelaria de envergadura en la que hasta la Corte Suprema de la Nación debió intervenir. Ya hemos explicado largamente a quienes están dirigidas estas reformas inconstitucionales. Aquí solo queremos marcar que dada la experiencia realizada en las épocas de Ruckauf, podemos afirmar que estas medidas no actúan referidas a los temas que sus propaladores esgrimen, no bajan el delito ni tienen ligazón con la reincidencia. En aquellos momentos, la combinación de estas medidas y más poder arbitrario a la policía y una delegación en ella del tema de la seguridad pública, el delito creció o se mantuvo, y crecieron aquellos delitos vinculados a las zonas grises entre delincuencia y policía, además del gatillo fácil, la tortura y la violencia sobre los detenidos.

Scioli, por convicción o por no dejarse correr por Massa y Macri, recurre a las viejas recetas punitivistas. Que a su vez dirán que apoyan, pero esperan el momento para decir que no son suficientes. Exigirán nuevos endurecimientos, más cámaras y más policías. Volverán a sostener que los garantistas y los derechos humanos ideologizados les atan las manos en la santa lucha por la seguridad. Y acometerán por nuevos poderes arbitrarios para esas policías bravas. ¿Cuál será la respuesta del gobernador en marcha hacia su candidatura presidencial?

En el marco de sus anuncios el Gobernador mencionó a la policía judicial, ley votada hace un año y que su gestación se encuentra en lentísima preparación. Todos sabemos que uno de los graves problemas del sistema es su grado de impunidad, de la baja capacidad de investigación de la policía bonaerense, de los armados de causas, o de la desviación de las investigaciones, tal cual lo testimonia el análisis del Senado provincial sobre el secuestro y asesinato de Candela. Uno de los remedios a esa situación es poner en marcha el cuerpo de investigación civil que significa la policía judicial, ¿por qué el carácter administrativo de la declaración de emergencia no se concentró en lograr de manera acelerada este instrumento real? Para comenzar así a cambiar el paradigma de la investigación penal en la provincia, para separar a la bonaerense de los delitos complejos o cometidos por funcionarios y dotar al nuevo cuerpo de las capacidades para iniciar su misión en forma acelerada, y comenzar a quebrar las impunidades que el viejo modelo prohíja y así contactar con un reclamo social masivo en un camino correcto.

El miedo se ha constituido en las últimas décadas de vida democrática en un instrumento ligado a construir subjetividades, a gestar sentidos en los hechos cotidianos que nos ocurren, y son parte central del accionar de muchos dirigentes políticos. Como ya sostuvimos, operan el terreno fértil construido y a la vez de utilizarlo, también se transforman en causas de su profundización.

Lamentablemente en la provincia de Santa Fe el gobernador Antonio Bonfatti vetó en gran parte la ley votada por unanimidad de creación de la Policía Judicial santafecina. Seguramente se puede sostener que debía ser perfeccionada, pero en una provincia tan castigada por el delito violento de bandas organizadas, en muchos casos con vinculaciones con la policía local, crear un Cuerpo de Investigación Civil distinto, dependiente del Ministerio Público Fiscal, era un avance notable. Más aun cuando el operativo más importante contra el narcotráfico en la ciudad fue realizado por fuerzas federales encabezadas por el secretario de Seguridad Sergio Berni, con maniobras de distracción para que no se filtrara la información y que el propio gobernador felicito por el profesionalismo con el cual se hizo donde se destaca la acción de los fiscales presentes en los procedimientos.

Las políticas del miedo y el negocio de la seguridad

El miedo se ha constituido en las últimas décadas de vida democrática en un instrumento ligado a construir subjetividades, a gestar sentidos en los hechos cotidianos que nos ocurren, y son parte central del accionar de muchos dirigentes políticos. Como ya sostuvimos, operan el terreno fértil construido y a la vez de utilizarlo, también se transforman en causas de su profundización.

A diferencia de las grandes operaciones económicas (estatización de la deuda, privatizaciones en el momento de concretarlas, el megacanje) que tardan en mostrarse en su incidencia en la vida cotidiana, el delito aparece ligado a las vivencias diarias de todas las clases sociales, el temor difuso a sufrir un delito opera entonces en ese mismo sentido, el miedo al “otro” construido a un joven, morocho y empobrecido, actúa no sólo en los barrios de los ricos, sino también en las propias barriadas populares. De ahí la efectividad que tienen en el conjunto de la sociedad.

La utilización del miedo ligado a la seguridad pública por parte de dirigentes políticos les da el aura de interpretar al conjunto nacional por esa afectación policlasista. La nueva derecha argentina, menos sujeta a un orden de valores o de proyecto de país, sin escrúpulos para utilizar cualquier elemento que le sirva a sus intenciones de asalto al poder, se mueve libremente, sin límites, para su utilización política.

Por supuesto que las políticas del miedo no actúan solo ligados a la inseguridad, en nuestro país también actúa el miedo a la hiperinflación, se debe tomar en cuenta para la posterior llegada a la convertibilidad y freno de la inflación, sostenida en las privatizaciones y el endeudamiento, con un grado importante de aceptación de la población.

El miedo se utiliza entonces para imponer políticas que de otra manera generarían o mayores resistencias, o directamente no podrían aplicarse. Para presionar a los grupos de parlamentarios de los diversos partidos que saben los efectos de la mano dura y la demagogia punitiva, y que acepten votar una y otra vez medidas probadas en su ineficacia y parte de los problemas de seguridad que hoy tenemos.

Tras las políticas del miedo está el fenomenal negocio de la seguridad. Que se podría analizar desde el crecimiento de las viejas policías expandiendo su carácter de controladores del territorio y reguladores del delito. O de la inversión estatal donde además de las presupuestos policiales esta la instalación de cámaras y centros de operaciones municipales, que al haber atravesado a todos los signos políticos nadie denuncia el negocio millonario que esconde. A ello hay que sumarle la inversión social en seguridad privada tanto en las instituciones y empresas, como en las casas de particulares. Una estimación del gasto estatal sólo de la provincia de Buenos Aires (contando el gasto por municipio) y la Ciudad autónoma, sin contabilizar las emergencias de seguridad que según sostienen las autoridades implicaran nuevas inversiones que no figuran en los presupuestos aprobados, ni la creación de las policías comunales, se eleva a 28.000 millones de pesos. Y sin poder dimensionar el gasto privado, si se toma la declaración del gobernador Scioli quien afirmó que hay 40.000 hombres de seguridad privada en la provincia, las cifras se multiplican varias veces. Esto habla ya no de una discusión sobre cómo mejorar la seguridad, sino la confrontación contra los interese económicos ligados a mantener el miedo para seguir maximizando sus ganancias.