“Si se busca la verdad, hay que permitir que se hagan las pericias”, dijo ayer la fiscal Viviana Fein. La funcionaria que tiene a cargo investigar la muerte del fiscal Alberto Nisman fue directa al criticar el freno que impuso la familia de Nisman al análisis de contenidos de sus elementos tecnológicos y de comunicación que incluyen computadora, tablet, celulares y agendas electrónicas. Con el argumento de la privacidad, se buscó que la fiscal no conozca sus contenidos y si efectivamente Nisman usó esos aparatos el día de su muerte.

“Estas pericias no se van a realizar tal como estaban dispuestas”, advirtió la funcionaria del Ministerio Público Fiscal que tiene a su cargo desde el domingo 18 de enero la instrucción judicial sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. El hombre fue hallado muerto aquella noche en el baño de su departamento, ubicado en las torres Le Parc de Puerto Madero. Según remarcó Fein, el análisis sobre los aparatos puede llegar a servir para “descubrir la verdad”. Tras remarcar que “si se busca la verdad, hay que permitir que una pericia que fue encomendada se haga”, consideró que “por más que sea comprometido o no comprometido” el material que contengan los celulares y computadoras de Nisman, ella tiene “que ver todo para tamizar, para avanzar”.

El viernes trascendió que la querella había pedido a la jueza de la causa, Fabiana Palmaghini, que se suspendiera la pericia técnica y pusiera bajo celo el contenido de los aparatos pertenecientes al fiscal fallecido.

Sobre esta decisión, Fein apuntó que “cuando comienza esta pericia, al segundo o tercer día, llega un escrito al juzgado de la jueza (Fabiana) Palmaghini pidiendo que se modifique ese acto de pericia, que se interrumpa ahí” y remató: “Lo digo aunque moleste a las partes, pidió preservar la confidencialidad de todo lo que pueda surgir de los aparatos telefónicos y de las computadoras”.

La decisión fue tomada por la parte el miércoles a la mañana, apenas había comenzado el análisis pericial: hasta ese momento sólo se había conocido que la computadora de Nisman había sido utilizada el domingo 19 a la mañana, temprano. El dato llamativo es que el jueves, en el marco de una conferencia de prensa, la ex mujer de Nisman difundió que los peritos contratados por la parte aseguraban que el hombre había muerto el sábado a la noche. Las conclusiones generales del informe de esos profesionales daban por “científicamente probado” el homicidio. “Nisman no se suicidó, a Nisman lo mataron”, había remarcado en aquella conferencia Arroyo Salgado. Para la fiscal, la actitud de la jueza “no” fue “la más ortodoxa”: “Pidió que se haga la pericia de una forma y dos días después (de comenzarla) la frenó”.

El análisis había comenzado con varia semanas de demora debido a que las partes no acordaban sobre los detalles a trabajar en la pericia. “Muchos dicen ‘cómo se retrasó la doctora Fein en abrir las comunicaciones’. La doctora no se retrasó, lo que hizo es esperar las voluntades de las partes de los peritos, esperar que conciliaran sus criterios, que son los puntos de pericias, y ver qué hacía yo con puntos que no se habían incorporado”, aclaró al respecto Fein.

Pese a las consultas de la prensa, Fein evitó opinar sobre la hipótesis de homicidio de Arroyo Salgado, en nombre de la querella que comparte, por sus hijas, con la madre de Nisman, Sandra Garfunkel. “Son apreciaciones médicas y técnicas”, sostuvo, aunque calificó de “tremendas” las diferencias entre las pericias oficiales y las de la parte. No obstante, aclaró que citará a una junta médica para la realización de “una nueva pericia, donde deben participar todos los peritos, los oficiales y los de parte, para deliberar y ver si se ponen de acuerdo”.

La fiscal estimó que al ser “una causa que ha tomado una gran repercusión en las opiniones personales de cada uno”, ella sólo debe “limitarse a lo que hay en la causa”. “Si alguien me sostiene a mí que es un homicidio, bienvenido sea para la fiscal que me traigan una prueba concreta. Todos los que dicen que fue un homicidio, que me traigan una prueba. Hasta el momento, nadie arrimó nada”, remató. En ese marco, negó que se descartara esa hipótesis en la investigación que sigue, tal como acusó Arroyo Salgado durante la conferencia de prensa del jueves. “Mis palabras nunca fueron decir que no fue homicidio, sino que hay tres posibilidades”, apuntó y añadió: “No tengo claro ni establecido de manera certeza absolutamente nada: si es suicidio, homicidio o suicidio inducido. Por ahora hablamos de muerte dudosa”.

Sobre el tratamiento de la investigación a nivel mediático, la fiscal opinó que “hay mucha información que se filtra y que no sale de la Fiscalía” y sobre eso se quejó: “Todo lo que se diga en la causa equivocadamente puede confundir a la sociedad”.

Especialista consultor en medicina legal y anatomopatólogo, Juan Carlos Fenoglio dice que se recibió de médico en 1987 en la Universidad de Buenos Aires y que es médico legista desde hace veintidós años. Asegura que prefiere informar esos dos datos antes que contar cuántas pericias realizó porque, como dijo una vez en un juicio, el tema es cuántas pericias salen bien.

–Uno de los puntos de polémica estos días es una expresión que en su oficio debe usarse mucho: espasmo cadavérico.

–El espasmo cadavérico es una cosa excepcional. Hay mil suicidas y el espasmo se encuentra en uno. No es que todos los que se maten con un arma de fuego van a tenerlo. Al contrario. Si un especialista encuentra un caso lo contará en un seminario. Además, el espasmo es muy difícil de diagnosticar. Y por eso algunos caen en el sobrediagnóstico.

–¿En qué consistiría sobrediagnosticar?

–Vamos a lo concreto. Muchos suicidas que usan arma de fuego quedan con el arma en la mano. Una vez que tienen el dedo adentro, y jalan el gatillo y disparan, después el dedo no puede salir ni siquiera cuando el cuerpo se relaja. La parte del arma que circunda al gatillo no deja que el dedo salga. Recién después viene la rigidez.

–Espasmo, entonces, no es lo mismo que rigidez.

–No. Son momentos distintos. El espasmo es inmediato después de la muerte. Luego viene un período de relajación de músculos y en tercer lugar los músculos se endurecen y el cuerpo se pone rígido. Muchos autores sostienen que cuando el cuerpo adquiere la rigidez cadavérica ya no se puede hablar de espasmo. Todo está rígido. Entonces queda una duda: ¿hubo relajación? Los autores más serios aconsejan no aseverarlo.

–¿Por qué?

–Justamente porque queda una duda. Insisto con esta idea: que haya existido o no el espasmo no lleva a ninguna conclusión de si fue suicidio o si se trató de un homicidio. Supongamos que alguien ponga a otro en estado de inconsciencia y le haga empuñar el arma con la mano. Habrá espasmo y no habrá sido un suicidio. Y así puedo seguir combinando escenarios. Esa es la razón por la que pienso que los peritos contratados por la doctora Arroyo Salgado no debieron haber sacado conclusiones. Conozco autopsias de gente que estaba jugando con el arma y se pegó un tiro. Es un accidente, ¿no? Si hay herida de bala la muerte siempre será violenta, pero la última palabra no se puede decir hasta que termine toda la investigación. Y aun así, siempre podrá haber un elemento nuevo. ¿Qué pasa si tiempo después aparece una cámara de cuya existencia no se sabía? ¿O la filmación de un celular? ¿Qué pasaría si hay gente condenada? Las cuestiones periciales deben estar unidas a la investigación.

–¿Usted lo dice por la presentación de Arroyo Salgado?

–Lo digo como principio general, porque el documento que presentó Arroyo Salgado el jueves no fue una pericia.

–¿No? ¿Y los peritos que participaron?

–Son cosas distintas. El Código de Procedimientos lo dice bien claro. Los peritos de parte pueden participar de pericias si está el perito oficial. Tienen que pedirlo. Entonces quien está a cargo de la investigación nombra un perito oficial y ahí sí los peritos de parte pueden trabajar y hacer su informe. En algunos sitios, como en la provincia de Buenos Aires, además hay que notificar a todas las partes. En este caso, encima, la doctora Arroyo Salgado y sus peritos leyeron las conclusiones del informe por televisión, y supongo que lo hicieron antes de presentárselas a la fiscalía.

–¿Eso está mal?

–No. La doctora Arroyo Salgado está en todo su derecho de hacerlo mientras como querellante no viole el secreto del sumario. Sólo señalo que no es una pericia, de modo que hoy no tenemos una contradicción de pericias.

–La fiscal Fein dijo que llamará a una junta médica.

–Yo no la llamaría así. No es una junta sino una pericia lo que podría realizarse. Y agrego aún más preguntas a este caso. El médico que hizo la autopsia, ¿ya terminó su informe final? ¿Dispone de todos los informes de toxicología y de anatomía patológica? No lo sé. Dicho esto, en los días que vienen puede ser que la fiscal pida puntos de pericia. El cuerpo ya no está. Hay un informe. Puede ser que la fiscal pregunte y que cada perito diga lo suyo. Y también pueden no ponerse de acuerdo unos peritos con otros. De paso, recordemos algo: por ley, los médicos están obligados a deliberar en secreto.

–Pero los peritos son auxiliares, no son ni el juez ni el fiscal.

–Sí, por supuesto. No agotan la investigación, ni mucho menos.

–Aunque digan que en su vida hicieron 20 mil pericias.

–Una vez en un juicio me preguntaron cuántas pericias había hecho. Contesté: “¿Por qué me pregunta el número y no cuántas pericias hice bien?”. En la Argentina muchos siguen trabajando, como Alexandre Lacassagne, que fue un gran criminalista, pero empezó a trabajar en el siglo XIX y murió en 1924. ¿Y en el medio no hubo avances? ¿Y la lógica? Pocos la usan. Con el problema de que, para un caso concreto, la excepción es tan válida como la regla.

–Volvamos a la presentación de Arroyo Salgado y a la discusión sobre el espasmo.

–Le doy un dato interesante: el mecanismo del espasmo todavía no se conoce del todo. Por algún mecanismo que se desconoce no se produce siempre del mismo modo la relajación muscular. Mariano Perel, muerto en un famoso episodio en 2001, fue encontrado agarrado a la sábana. Es uno de los pocos espasmos que vi.

–La presentación en San Isidro tuvo otra palabra fuerte: agonía. Uno escucha “agonía” y piensa en sufrimiento consciente.

–Y no tiene por qué ser así, claro. Ante una lesión mortal empieza un período, justamente llamado agónico, en el que a pesar de que el individuo no puede responder por lesión cerebral, el corazón sigue latiendo y tiene signos vitales. La cantidad de sangre dependerá de muchos factores. Por un lado, un orificio de 22 puede sangrar poco. Por otro, puede haber agonía y no hemorragia. O también puede producirse un trastorno de coagulación y mucho sangrado. No lo sé. Pero en el caso de Nisman esto no alcanza a indicarnos si fue suicidio u homicidio.

–¿Qué importancia tiene saber si el cuerpo fue movido o no?

–Depende de las circunstancias. Si realmente alguien se pegó el tiro parado, la experiencia muestra que el primer chorro de sangre va para abajo. Al caerse la persona, el chorro cambia de dirección. Si cae boca arriba el chorro va para atrás. Si un tercero lo mueve mientras está sangrando, el chorro cambia otra vez de dirección. Así puede saberse en principio si el cuerpo fue movido y cuándo. Si el homicida se quedó en el lugar y movió el cuerpo, o si el cuerpo fue movido en el procedimiento pericial. ¿En la pileta del baño había sangre? Si había, es compatible con una conducta común en los suicidas cuando buscan asegurar su muerte y se matan frente a un espejo. Es típico de arma blanca pero también sucede con armas de fuego.

–¿Cuál es su opinión acerca de las afirmaciones sobre el horario de muerte?

–Prefiero decir cómo se establece seriamente: tomando en cuenta, entre otras cosas, la temperatura ambiente. Y suponiendo, en el caso de Nisman, que el baño no era un ambiente frío. De todos modos, las respuestas no son exactas ni tampoco indican si fue suicidio u homicidio. Es más importante establecer si es que existió una tercera persona o no.

–No parece que pueda haber investigación seria si se demora la investigación sobre los mails, los mensajes y las comunicaciones.

–Esa parte de la investigación es fundamental. Claro que puede haber cosas personales, pero justamente hace falta saber por qué murió la víctima. ¿Es investigada una modelo y no sabemos qué hay en la notebook de un fiscal? El cruce de llamados es fundamental. Si se comprueba a qué hora Nisman habló con alguien, habrá otro indicio más que lleve hacia la forma y el momento de su muerte. Los médicos legistas impusieron esa idea de que el cadáver habla. Es mentira. Hoy no se puede terminar una investigación seria sin indagar en las llamadas y en la informática. A veces las partes mismas buscan un perito para forzar las cosas. Y encuentran peritos que se abstienen de usar una frase que deberían decir más a menudo: “Eso no se puede saber con exactitud”. A veces es complejo determinar los elementos fundamentales.

–Los peritos de Arroyo Salgado dijeron haberse expresado bajo juramento de ley.

–Es una expresión que usan los médicos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Una rutina. Lo que vale es el juramento en la Justicia. Pero más allá de quién sea el perito, yo digo siempre lo mismo: un perito no es un testigo. Analiza restos, indicios. Y lo que no está, o porque simplemente no está o porque fue borrado, hace más difícil todavía el análisis. ¿Sabe cuál es otro de los problemas? Los argentinos no mueren como argentinos. Mueren como muere cualquier otra persona en el mundo. Y sin embargo uno toma un libro editado en Estados Unidos y dice que todo es precario, que nada se puede afirmar categóricamente, que no hay que apurarse con las conclusiones... Uno toma después una obra canadiense y lo mismo. Sigue con otra inglesa y lo mismo: cuidado con las afirmaciones fáciles. Ve la experiencia en otros países y se entera de que, por ejemplo, las autopsias las realizan los anatomopatólogos, no los legistas. Contrastemos esa experiencia con muchas prácticas de la Argentina y sabremos por qué, a veces, aparece gente con respuestas rápidas y fáciles.

El domingo pasado la Presidenta abrió el período de sesiones ordinarias del Congreso argentino, tal como lo establece la Constitución nacional. El hecho en sí mismo es una expresión de normalidad político-jurídica. A eso se agrega la reedición de un acontecimiento que no tiene antecedentes fuera de las prácticas de los últimos años: la rutina institucional que conecta dos de los tres poderes de la república estuvo rodeada de una inmensa y entusiasta multitud. Es un signo de los tiempos, la reconexión de la política y sus instituciones normativas con un importante sector de un pueblo que hace poco más de una década expresaba su indignación contra la “clase política” en su conjunto.

En el país en el que viven los que se movilizaron el domingo y muchos millones más de personas que no se entusiasman con el guión interpretativo de la muerte del fiscal Nisman que pretende imponer el establishment, la Argentina es un país normal afectado por un crimen de gran repercusión institucional. Es decir un crimen que, en principio, no tendría por qué crear una insalvable brecha en la sociedad y en la política y, si la tiene, es porque fue convertida en un capítulo de la larga guerra de desgaste que vienen librando poderosos sectores del país contra los gobiernos kirchneristas. En la última semana la jueza Arroyo Salgado se instaló como portavoz del otro país, del que inscribe el acontecimiento en un relato que pone en su centro la existencia de una gran perturbación en el funcionamiento del Estado y del conjunto de las instituciones. Una perturbación cuyas huellas llevan directamente desde el gran acusado actual, el gobierno nacional, hasta todos y cada uno de los más trágicos acontecimientos de la historia relativamente reciente del país. No estaríamos, según esa lectura, en un país normal donde se cometió un crimen, sino en un país esencial y definitivamente intolerante y violento cuyo itinerario ha llegado justamente ahora a un punto crítico y resolutorio, que es el actual gobierno de Cristina Kirchner. Durante los días transcurridos desde el crimen hasta el alegato público de la ex mujer de Nisman, el relato de la pureza institucional agraviada por un gobierno siempre avasallador y ahora asesino se había apoyado sobre bases muy endebles. Había testimonios estrafalarios en los medios, luego desmentidos frente a la Justicia, había forzamiento de los hechos hasta hacerlos encajar en el relato, había una lluvia de prejuicios raciales y demonizaciones políticas que construían un territorio de buenos y malos, de sospechas e incertidumbres. La jueza

inauguró una etapa de esta inusual saga política: su discurso no fue presentado como una opinión ni una versión más, sino como la verdad incontrovertible de los hechos. No intentó sostenerse sobre puntos de vista vulgares sino que convocó en su auxilio nada menos que a los científicos. Esos científicos no aparecieron en el discurso como individuos que aportaban datos a la causa sino que decían simple, llana y definitivamente la verdad.

¿Puede modificar cualitativamente la presentación de la jueza el estado de la cuestión en materia de investigación judicial? Eso está por verse; a pocas horas de saberse “la verdad dicha por los científicos” aparecieron datos de la navegación por Internet del fiscal muerto, en horas en que Arroyo Salgado y sus asesores indicaban que ya había fallecido, lo que pone en cuestión uno de los puntos más pretenciosos del dictamen televisivo de Arroyo Salgado. Ahora bien, haríamos bien en no ilusionarnos en que se esté abriendo ahora una etapa de esclarecimiento judicial puro, preciso y veloz de la contienda interpretativa puesta en acto primero por los grandes medios y los fiscales opositores y después por la jueza. La tarea de llegar a la verdad es más compleja de lo que diría la inocente espera de pruebas irrefutables en un sentido o el otro. Lo que empieza a jugarse ahora es la cuestión de cuán importante y determinante será el suceso del 18 de enero en el desarrollo de la campaña electoral y en el trascendente veredicto popular de octubre próximo. Si la alianza mediático-judicial logra revertir la decisión de Rafecas, rehabilitando así la muy descalificada denuncia de Nisman-Pollicita, y desautorizar la investigación que está haciendo la fiscal Fein para dar lugar al paso de la causa al fuero federal, entonces tendremos “caso Nisman” en el centro de la escena de los próximos meses.

Lo más funcional a esa estrategia sería una suerte de polarización interpretativa de la muerte (o del “magnicidio” que muy desproporcionadamente proclama Arroyo Salgado) entre quienes afirman la existencia de un suicidio y quienes sostienen la producción de un asesinato. De ese modo se presentarían las cosas como un choque entre quienes quieren ocultar los hechos y quienes quieren que se conozca toda la verdad. Y, claro está, que no sería una discusión entre técnicos que pugnan por imponer su interpretación sino una saga televisiva donde el gobierno estaría sistemáticamente colocado en el banquillo de los acusados. En este cuadro tendríamos el paisaje ideal para los que miran la realidad política argentina con el lente de la violencia y el ocultamiento congénitos a nuestro ser nacional; el discurso fácilmente se completaría con la “gran oportunidad” que tiene el pueblo argentino de revertir el curso de la historia con una votación ganadora para la oposición. No hay, en principio, motivo alguno para la instalación de ese tipo de polaridad interpretativa. Pocos días después de la muerte del fiscal la Presidenta sostuvo públicamente que no le resultaba creíble la historia de su suicidio. Viniendo de Cristina difícilmente pueda considerarse la afirmación como un simple pálpito. Tampoco como un intento de interferir en la investigación del hecho, lo que no solamente sería indeseable sino políticamente imposible en las actuales condiciones. Más bien debería ser comprendida la afirmación como la declaración de una posición política frente al hecho, como la afirmación de que el Gobierno no trabaja para echarle tierra a la investigación (como hizo, por ejemplo, el menemismo con el atentado a la AMIA) sino, por el contrario, para ir hasta las últimas consecuencias en ella.

No se sabe la seriedad que tiene la hipótesis de Arroyo Salgado, aunque los primeros indicios empiezan a rodearla de sombras. Lo que sí se sabe es el discurso político que necesariamente se construye a su alrededor. Y es el discurso como totalidad y no la tesis del homicidio lo que tiene que estar en el centro de la discusión. Es un discurso cuya lógica tiene el sello de una interpretación del mundo en que vivimos. Un mundo en el que el lugar bueno lo ocupan los países “serios”, es decir aquellos cuyos gobiernos no ponen en discusión el orden mundial dominante. Es un país serio, por ejemplo, Israel, cuyo presidente acaba de decir en Estados Unidos, como parte de un insólito operativo de enfrentamiento con la política del presidente de la principal potencia militar mundial, que los atentados a la embajada de su país y a la mutual judía en la Argentina fueron obra del gobierno de Irán. Es decir un presidente que se inmiscuye de forma prepotente y falaz en asuntos ajenos a la soberanía de su país. Y que además se contrapone con el propio gobierno de su país, cuyo canciller acababa de reclamar la profundización de la investigación de esos crímenes. Una “profundización” que tendría muy poco sentido si ya se supiera quiénes fueron los criminales. Este estereotipo del mundo es el que organiza el marco del relato sobre la muerte del fiscal. El relato consiste centralmente en atribuir al gobierno de Cristina Kirchner un viraje en la orientación internacional del país, respecto, incluso, de la política de Néstor Kirchner. El giro habría consistido en abandonar la cercanía de Estados Unidos y su bloque internacional para pasar a construir alianzas que directa o indirectamente la acercan al “eje del mal”. Por eso se habría firmado un memorándum para disculpar a Irán que vendría a ser algo así como “un eje del eje del mal”. Es decir que para permanecer en el mundo de los países serios Argentina debería haber acompañado sin condicionamientos el plan de destrucción de Irán que parecía el rumbo irreversible de la política de Estados Unidos hasta hace poco. Resulta extravagante que esa monserga circule hoy que el gobierno de Estados Unidos está compartiendo la guerra contra el Estado Islámico en Irak, nada menos que con la República Islámica de Irán. Lo único que pondría un poco de orden en ese relato esquizofrénico sería atribuirlo al bloque que agrupa a la derecha más belicosa con el gobierno de Estados Unidos con el actual gobierno israelí contra el giro impreso por Obama a la política en Oriente Medio. Todo indica que la cuestión no es Estados Unidos o el eje del mal sino política independiente o subordinación a los centros de poder mundiales.

Lo que empieza a quedar claro es que la muerte de Nisman se relaciona con un conjunto de oscuros intereses de los que estaba rodeado y que finalmente lo llevaron a la muerte. El hilo político de los acontecimientos podría llevarnos a la averiguación de por qué el fiscal adelantó su regreso de España, por qué realizó una denuncia que contraría la visión favorable a la política del Gobierno en el caso AMIA, incluido el Memorándum de Entendimiento con Irán que revelan los documentos recientemente sacados de su caja fuerte, por qué presentó una denuncia inconsistente hasta para quienes la miran con interesada generosidad, nada menos que contra la máxima autoridad de la república, cuál es la relación de todos estos curiosos acontecimientos con la depuración de la SI que afectó a un personaje tan cercano a Nisman como Jaime Stiuso y qué relación tienen todos estos hechos con la relación de subordinación del fiscal a la Embajada de Estados Unidos, oportunamente publicada en los Wiki- leaks que nunca fueron desmentidos por ninguna de las dos partes. Difícilmente la muerte de Nisman carezca de conexión con esta trama. Haya sido un asesinato o un suicidio.

En cuanto abrieron la computadora de Alberto Nisman para empezar a analizar la información que tenía, los peritos informáticos de la causa pudieron ver que se había conectado a Internet el domingo 18 de enero cerca de las siete de la mañana. Primero aparece una navegación por los diarios Perfil, Clarín, La Nación y un cuarto diario, en forma pausada, un rato por cada portal. Después, cerca de las ocho, se abre el e-mail personal. Según la autopsia del Cuerpo Médico Forense, el fiscal del caso AMIA falleció entre las 11 y las 14 de ese mismo día. En cambio, de acuerdo con los forenses de la querella de la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, la muerte se produjo antes, el sábado, en un horario que sitúan cerca de las 20 (o cuatro horas antes o cuatro después). Los expertos en tecnología, que recién comenzaban el peritaje después de un mes de idas y vueltas, no pudieron avanzar. Un comisario entró a la sala donde estaban trabajando y les entregó una orden de la jueza Fabiana Palmaghini que les impedía estudiar el contenido de los aparatos secuestrados, entre los que también hay al menos cuatro celulares, teléfonos de línea, un iPad, una palm y un disco rígido. Hacía lugar, así, a un pedido de Arroyo Salgado que había llegado al juzgado en medio del procedimiento el miércoles último con el argumento de preservar la intimidad.

La fiscal a cargo de la causa, Viviana Fein, había ordenado el 5 de febrero último el análisis de todos los documentos y archivos que hubiera en los artefactos. Les pidió a la querella –que integran la mamá de Nisman, Sara Garfunkel, y Arroyo Salgado, en nombre de las hijas– y a la defensa del informático Diego Lagomarsino que designaran peritos de parte. Lagomarsino, quien estaba contratado por la Unidad AMIA aunque no iba a la oficina, declaró que le prestó a Nisman el arma de la que salió el disparo que lo mató, una pistola Bersa calibre 22. Por eso está imputado: por darle un arma a alguien que no es legítimo usuario. La fiscal Fein dijo más de una vez, incluso en dos entrevistas de Página/12, que acceder y estudiar el contenido de los teléfonos, computadoras y otros artefactos es “muy importante” en su investigación para “saber qué pasó en las últimas horas de Nisman”. Lo que planteó es que podría ser relevante para entender el móvil de su muerte, ya que hasta el momento, según ella, no tiene elementos para inclinarse por una hipótesis de suicidio o de homicidio.

Pasó casi un mes hasta que los peritos se reunieron por primera vez, el lunes último. En esa ocasión organizaron el trabajo. El miércoles se encontraron en el Departamento Central de Policía y comenzaron por la computadora. A poco de abrirla –según relataron dos fuentes de la causa– surgió que registraba una conexión a la web desde cerca de las siete de la mañana y que era una conexión local. Es decir, no era una conexión remota (desde otro lugar o aparato) sino que se había originado en el propio departamento de Nisman en el piso 13 de las Torres Le Parc, en Puerto Madero. Todo indicaría, según estos datos, que el propio fiscal operó la computadora. En ese momento, Marcelo Torok, perito de la defensa de Lagomarsino, dice en medio de la reunión: “Nisman estaba con vida el domingo”. En ese contexto, el perito de la querella, Gustavo Pressman, se retiró por un rato y regresó. No más de media hora después, llegó la notificación de la jueza Palmaghini, que ordenaba a los peritos que dejaran lo que estaban haciendo y no analizaran el contenido de nada (que podía abarcar, además de las navegaciones, mensajes de texto, mails, documentos, fotos, entre otras cosas). El subcomisario Carlos Albamonte, de la División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal, es quien coordinaba el procedimiento.

Palmaghini no instruye la causa mientras esté caratulada como muerte dudosa, sin un autor en vista, pero puede tomar determinadas decisiones. Arroyo Salgado le planteó que quería preservar la privacidad de Nisman y de sus hijas, que podía verse afectada por el material informático, e invocó también la inviolabilidad de correspondencia y papeles privados prevista en la Constitución. En su resolución, la jueza advierte que había una “contradicción” en el planteo de Arroyo Salgado, ya que al proponer los “puntos de pericia” había pedido que se hiciera “visible el contenido de los archivos” mientras que esta vez pedía “que se tutele”. De todos modos, accedió al pedido, ordenó que el estudio continúe “sin que las partes visualicen el contenido de la información que pudiera obtenerse”, pidió que sea todo copiado y enviado a su juzgado. Cómo seguirá el peritaje es un misterio. Todo hace pensar que el juzgado podría hacer una selección de la información que se podría utilizar y la que no. En el texto la jueza les advierte a las partes que deben hacer sus presentaciones en “tiempo oportuno” y cuestiona las dilaciones.

Con este asunto en suspenso, Arroyo Salgado brindó al día siguiente una conferencia de prensa donde aseguró que sus peritos llegaron a una “verdad confirmada científicamente”: “Nisman no sufrió un accidente, Nisman no se suicidó. A Nisman lo mataron y su muerte es un magnicidio de proporciones desconocidas”, dijo la ex esposa del fiscal fallecido, que es jueza federal de San Isidro. Un rato antes había hecho llegar a la fiscalía de Fein el dictamen de 98 páginas que señala la teoría del homicidio, firmado por el criminalista Daniel Salcedo y los forenses Julio Ravioli y Osvaldo Raffo. Algunas diferencias clave que planteaban respecto de la autopsia oficial, hecha por el Cuerpo Médico Forense que depende de la Corte Suprema, son: el horario de la muerte (que la querella sitúa el sábado entre la tarde y la noche, y la autopsia oficial estima el domingo al mediodía o tarde); los peritos de Arroyo Salgado dicen que el fiscal agonizó y que su cuerpo fue movido; que no exhibía “espasmo cadavérico” en la mano (como dicen los médicos oficiales). Lo que sí admiten es que la muerte se produjo en el baño, que el disparo fue a una distancia de un centímetro de la cabeza, apenas por encima de la oreja y en dirección ascendente. Arroyo Salgado dijo que la fiscalía le impidió participar en la autopsia. Fein le contestó públicamente que el único pedido suyo llegó cuando la autopsia ya había terminado, que tampoco nadie se había presentado en nombre de ella.

La cuestión de la diferencia horaria no es menor. Fue evidente que Arroyo Salgado apuntó a sembrar dudas sobre la figura de Lagomarsino. El técnico de 35 años, que estaba contratado desde 2008 por la UFI-AMIA supuestamente para trabajos informáticos, resultó ser el dueño de la pistola que produjo la muerte de Nisman. El mismo fue a la fiscalía y lo declaró. Según su versión, Nisman lo convocó a su departamento el sábado a la tarde y fue ahí, cerca de las 17, que le pidió el arma prestada, con el argumento de que no confiaba en la custodia y temía por sus hijas. El joven relató que volvió a su casa, buscó el arma y regresó a Puerto Madero para dársela a Nisman alrededor de las 20. Las cámaras de Autopistas Urbanas y Autopistas del Sol corroborarían esas referencias. Hay una que lo registra de regreso hacia zona norte, a las 20.46. Según la teoría de la querella, el informático podría haber estado en el departamento en el horario en que se produjo la muerte. Los defensores de Lagomarsino refutan que habría sido torpe de su parte dejar el revólver a su nombre en la escena de la muerte y reconocer su presencia física en el lugar en el horario en que se produjo. La querella pone énfasis en que la versión de que le prestó el arma es sólo de Lagomarsino. Pero una posible prueba de que Nisman buscaba un arma también es la declaración de su custodio Rubén Benítez, quien dijo que a él también le pidió una y él no se la dio.

“Arroyo Salgado sabe que Nisman entró a su computadora el domingo a las ocho de la mañana”, dijo ayer el abogado de Lagomarsino, Maximiliano Rusconi, quien describió que “la navegación” por páginas de diarios y el correo “es compatible con las características del doctor Nisman”. Mientras tanto, ayer circulaban teorías que ponían en duda que haya sido el propio Nisman quien utilizó la computadora. “Es evidente que los primeros avances de la actividad pericial contradicen los horarios de deceso según el informe de la querella. No aparecieron rastros de una tercera persona en la computadora. No hay nadie”, insistió Rusconi a este diario. Se quejó también por lo que consideró que se maneja como “una instrucción paralela” y dijo que “la producción de prueba debe producirse en el ámbito oficial, con un cuerpo pericial unificado”. El lunes apelará la decisión de Palmaghini y la Cámara del Crimen tendrá que resolver la suerte de la pericia que la fiscalía considera fundamental.