Lucha - En la mayoría de los casos, los obreros desaparecidos tenían como denominador común una fuerte militancia sindical.

La lentitud de la justicia en juzgar a los cómplices empresarios del terrorismo de Estado volvió a quedar en evidencia el pasado 7 de octubre cuando se conoció la sentencia del llamado "juicio de los obreros", el undécimo proceso de la megacausa Campo de Mayo donde se juzgaron los crímenes de lesa humanidad cometidos contra una treintena de trabajadores navales y ceramistas de la zona norte bonaerense. Detrás de los secuestros de las víctimas estuvieron las empresas navales Astilleros Astarsa y Mestrina, y las fábricas de cerámica Lozadur y Cattáneo. No obstante, ninguno de los civiles señalados por los querellantes fue investigado. Al menos, por ahora. "En la mayoría de los juzgados federales nos encontramos con dificultades para examinar a fondo la responsabilidad civil. Es evidente la reticencia general del Poder Judicial para avanzar sobre los dueños del poder económico que prestaron colaboración a los grupos de tareas de distintas maneras, aportando listas, domicilios, prestando sus instalaciones o confeccionando nóminas de personal obrero subversivo", señaló a Tiempo Argentino el abogado Pablo Llonto, querellante en diversas causas por violaciones a los Derechos Humanos. Algunas de las firmas mencionadas en tribunales como colaboracionistas del genocidio son emblemáticas: tan sólo en la megacausa Campo de Mayo figuran Ford, Mercedes Benz y Techint.  
La parsimonia del tercer poder del Estado para investigar a civiles se transforma, empujada por el tiempo, en impunidad: con el paso de los años los civiles van falleciendo. El llamado "juicio de los obreros" que se inició en 2009 así lo demuestra. La querella solicitó que se investigue a más de 15 civiles entre directores y gerentes de las empresas ceramistas Lozadur y Cattáneo. Recién concluyó la primera fase de la pesquisa, que fue elevada a juicio, y no se llamó a ninguno de los apuntados. Los condenados fueron sólo integrantes del Ejército, Prefectura y la Policía Bonaerense. Incluso, hubo tres prefectos absueltos. El 5 de noviembre los jueces leerán los fundamentos de su fallo. 
El malestar de los querellantes se acentuó cuando no se logró sumar un cuarto juez en el Tribunal Federal 1 de San Martín, a cargo del juicio de los obreros: en los casos grandes, es habitual que se añada un magistrado. Esto derivó en un pleito "corto" y se dejó para una segunda etapa del proceso a las víctimas de la automotriz Ford y a otros trabajadores ceramistas. "No se sabe en qué mes de 2015 empezaría", explicó Llonto. La falta de personal en tribunales debería ser suplida por el Consejo de la Magistratura.
Por esta cuestión burocrática, tres ex directivos de Ford, acusados de facilitar datos para el secuestro de una veintena de obreros de la automotriz y permitir que los represores montaran un centro clandestino de detención en el campo de deportes de la fábrica, ubicada en la localidad bonaerense de Pacheco, seguirán en libertad hasta que el caso se eleve a juicio y se defina un veredicto. Los directivos que se benefician de los tiempos laxos que maneja la justicia federal son: el ex gerente general Pedro Müller, el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe de seguridad y militar Héctor Francisco Jesús Sibilla, a quien se acusó de estar presente en la sala de torturas. Los tres fueron procesados. Otro acusado era el entonces presidente del directorio de Ford Argentina, Nicolás Courard, pero murió, como tantos otros civiles cuyos vínculos con el genocidio jamás fueron investigados.
En una metodología recurrente en estos casos, ante la ausencia laboral de los secuestrados, la empresa los despidió "con justa causa". 
Al igual que los trabajadores ceramistas-navales, los desaparecidos dentro de la Ford tenían una fuerte militancia sindical. Se trata de un común denominador en la gran mayoría de las víctimas obreras. Según los testimonios, los secuestrados eran trasladados en vehículos que la empresa les proveía a las Fuerzas Armadas. El dato no es menor. Esta fue una de las razones por las que se logró procesar al poderoso empresario Pedro Blaquier, quien fuera el titular del Ingenio Ledesma, y espera en libertad que su caso también sea elevado a juicio.

A SU MERCED. Otra automotriz emblemática que fue vinculada a la última dictadura fue Mercedes Benz, perteneciente a la multinacional Daimler. La lentitud judicial es evidente: la causa se inició hace 12 años por el secuestro de 13 trabajadores y activistas de la planta de González Catán. La causa está dividida entre los tribunales de La Plata y San Martín –a cargo de Vence– porque algunos de los obreros fueron llevados a Campo de Mayo y otros al circuito represivo platense. En ninguno de los dos expedientes hubo aún avances considerables sobre el rol que desempeñó la pata civil. 
La investigación que se inició en 2002 estaba en manos del magistrado Daniel Rafecas, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de Capital Federal. En 2006 el caso pasó a los tribunales de San Martín. El expediente llegó el pasado jueves al despacho del fiscal Miguel Blanco García Ordas, quien preparará el requerimiento de elevación a juicio en el marco de la megacuasa Campo de Mayo. Blanco García Ordas remplazó en el cargo al procurador Jorge Sica, quien fue denunciado por los organismos de Derechos Humanos por demorar las causas de lesa humanidad. El cambio fue notorio.
Un ejemplo emblemático refleja las relaciones entre la empresa y los militares. Uno de los represores de la Brigada de Investigaciones de San Justo, el subcomisario de la Policía Bonaerense Rubén Luis Lavallén, quien según testimonios de familiares habría participado en secuestros de obreros de Mercedes Benz durante la última dictadura, fue luego jefe de seguridad de la planta de González Catán. Lavallén, quien murió hace casi una década, fue el apropiador de Paula Logares, una de las primeras nietas restituidas por las Abuelas de Plaza de Mayo.

UN PACTO DE ACERO. "Hay muchos empresarios y jefes de personal en la Argentina que vienen eludiendo los juicios porque ciertos sectores de la justicia son muy generosos con ellos. Pruebas sobran", afirmó Llonto a este diario. La pesquisa en torno al rol que desempeñaron los directivos de la firma Dálmine Siderca, del grupo Techint, en el secuestro de obreros en su planta de Campana es un ejemplo más que alimenta el cuestionamiento del abogado. Según las denuncias, había personal del Ejército en la puerta de la fábrica con listas de trabajadores, que evidentemente fueron "marcados", y agentes de civil que se habían infiltrado como obreros de la empresa. La pesquisa, que se había iniciado en los tribunales de Campana, actualmente se encuentra en instrucción en San Martín, en manos de Vence. Hasta el momento no hubo indagados.
La mayoría de los "chupados" tenía un fuerte activismo gremial, como Lidia "China" Biscarte, quien era delegada sindical de Techint y tenía 25 años cuando fue secuestrada. Fábrica Dálmine estaba localizada en el área 400, donde se investigan los crímenes que se produjeron en la zona de Zárate-Campana (se cuentan aproximadamente 200 desapariciones en ese radio). Así, una de las siderúrgicas más importantes de Latinoamérica está involucrada en la megacausa Campo de Mayo.

UN VÍNCULO PÚBLICO. Las relaciones comerciales entre las grandes empresas y los militares eran variadas y aún no han sido del todo exploradas por el Poder Judicial. La revista Manual de Informaciones, editada por la Jefatura de Inteligencia del Ejército en 1977, "tenía publicidad de empresas como Ford, Techint, Mercedes Benz, Coca-Cola y muchas más", explicó el abogado Llonto. El material fue presentado como prueba en los tribunales de San Martín.
Durante la última dictadura, la revista se editó en Viamonte y Callao, donde funcionó el Batallón 601. En el staff se destacaron agentes civiles de inteligencia de las Fuerzas Armadas. El material lo presentó Héctor Ratto, ex trabajador de Mercedes Benz secuestrado por los militares.
"Es imprescindible que el mundo occidental (…) se alerte y se prepare para evitar la conquista y para ir ganando terreno en ese territorio de penumbras y esclavitud que constituye la parte de nuestro mundo dominado por el marxismo", se lee en la edición de julio-agosto de 1977 de la revista castrense.  
Curiosamente, la mayoría de los desaparecidos de las fábricas mencionadas responden a esa definición de  "marxismo" que crearon los militares genocidas. "Las empresas ponían plata para una publicación de los aparatos de inteligencia que conducían la represión contra delegados y activistas sindicales de esas mismas empresas", graficó Llonto. Toda una definición de principios.

Intercambio de información

A las claras está que el intercambio de información entre los directivos de las empresas, los militares y hasta la embajada de Estados Unidos era frecuente durante el terrorismo de estado. Por si hubiera alguna duda, en mayo de 2011, en su alegato en la causa ESMA, la abogada Myriam Bregman recordó un cable proveniente de los Archivos del Terror de la República de Paraguay, fechado el 16 de enero de 1978, que "da cuenta de la enorme interrelación entre las fuerzas represivas, las empresas multinacionales y la embajada de Estados Unidos". La letrada citó como ejemplo que "el cónsul (estadounidense) en Argentina supo por el presidente de la Coca Cola de Argentina sobre el operativo de secuestro de las monjas francesas e incluso ya se vierten opiniones sobre lo ridículo de hacerlas aparecer en la foto con la bandera de Montoneros. Decenas de cables secretos acompañan a este que mencionamos", explicó. Coca Cola también auspiciaba en la revista Manual de Informaciones publicada por la Jefatura de Inteligencia del Ejército en plena dictadura cívico-militar.

Casos emblemáticos

Casi no hay empresarios o directivos procesados por crímenes de lesa humanidad. Un caso emblemático es el de Vicente Massot, directivo del multimedios bahiense La Nueva Provincia, quien fue vinculado al asesinato de dos obreros gráficos que trabajaban en la empresa familiar. La firma de Bahía Blanca fue señalada por la unidad fiscal de Derechos Humanos local como un engranaje clave en la represión por su presentación noticiosa de los acontecimientos. Si bien Massot fue indagado hace más de cinco meses, el juez federal Álvaro Coleffi decidió ampliar su indagatoria y lo volvió a citar para el próximo 11 de noviembre. Tras escucharlo, tendrá que resolver si finalmente procesa al empresario. 
Una situación similar se vive en el Juzgado Federal Nº 12 a cargo de Sergio Torres, con el periodista Agustín Bottinelli, quien fue jefe de redacción de la revista Para Ti en 1979 y está denunciado por publicar a mediados de ese año en aquel semanario de la Editorial Atlántida un reportaje apócrifo a Thelma Jara de Cabezas,  secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada, con la intención de favorecer la imagen pública de la última dictadura cívico-militar. El ex periodista de la editorial Atlántida fue indagado el 11 de junio pasado y el juez aún no decidió su situación procesal. Desde noviembre de 2013, había logrado evadir la citación judicial con diversos recursos.
El dueño del Ingenio Ledesma en Jujuy, Carlos Pedro Blaquier, y su ex administrador, Alberto Lemos, son dos de los pocos empresarios y directivos que fueron procesados por crímenes de lesa humanidad. Como es de esperar, y a diferencia de muchos militares acusados, aguardan en libertad que el caso sea elevado a juicio. La defensa de Blaquier continúa con planteos dilatorios ante la Cámara de Casación. 
Otras empresas de peso involucradas en causas de lesa humanidad son: Loma Negra, Molinos Río de La Plata y Papel Prensa, entre otras. Con un enfoque novedoso en materia de lesa humanidad, la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) analiza si las firmas relacionadas a los militares cuantificaron sus beneficios económicos durante el genocidio (ver página 4).

El pasado 16 de mayo, el juez subrogante de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, negó el pedido de indagatoria y detención de Vicente Massot, dueño del diario pro golpista La Nueva Provincia, y de su ex secretario de redacción durante la dictadura, Mario Gabrielli. La solicitud, encabezada por los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, se basa en una causa que prueba la complicidad del empresario en el secuestro y homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. E intenta profundizar en el verdadero papel que cumplió La Nueva Provincia en aquellos años, cuando publicaba notas donde los asesinatos de militantes eran disfrazados de "enfrentamientos con la subversión", y trucaba fotos en las que siempre aparecían soldados heridos y sufrientes.