La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bahía Blanca junto con la agrupación H.I.J.O.S. repudiaron hoy al juez federal ad hoc, Claudio Pontet, por haberle dictado la falta de mérito al director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, en el marco de una causa que se investiga su participación por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Pontet, a cargo del juzgado federal 1, fue recusado en diciembre pasado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos por sus vínculos con otros imputados en causas por delitos de lesa humanidad. Al respecto, el secretario de la APDH, Eduardo Hidalgo, señaló que Pontet "es un juez ad hoc que no está confirmado, cuya situación como mínimo es irregular y como máximo ilegal porque su designación está apelada justamente porque no cumple con lo que establece la ley de subrogancia y que debe ser aprobado por el Concejo de la Magistratura".

"La subrogancia establece la imparcialidad y en el caso de Pontet es alguien que en algún momento fue abogado de Massot y que en otro momento fue abogado de un tío de él, médico, que firmó durante la dictadura un certificado respecto de una apropiación de bebés", agregó Hidalgo a la agencia Télam. En ese contexto, sostuvo que "esto tiene una gravedad increíble, sin embargo Pontet ha establecido estas decisiones con argumentos que verdaderamente sólo pueden ser aceptados por alguien que lo que busca es la impunidad de Massot".

Hidalgo sostuvo que para el juez "todo lo que avalaron los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani con un cuerpo probatorio enorme no sirve, los fiscales parecen ser alguien que inventó todo ésto y que no tiene sustento". Por su parte, el abogado de la APDH, Walter Larrea, señaló que "se apelará la decisión del juez".

El juez Pontet fue designado en reemplazo de su par Alvaro Coleffi, quien en diciembre pasado decidió apartarse por pedido de la defensa del empresario periodístico. Por tal motivo, los fiscales Nebbia y Palazzani cuestionaron ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca la designación del letrado debido a sus vínculos con otros imputados en causas de lesa humanidad.

Para los fiscales, el Consejo de la Magistratura debe ser la instancia en la cual debe resolverse el nombramiento de un magistrado para la causa Massot, y solicitaron que la Cámara de Apelaciones local deje de intervenir. Massot está acusado de integrar "junto con los mandos militares una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional". Según la acusación, "la Nueva Provincia habría actuando de acuerdo a las normativas impartidas por los mandos militares asentados en Bahía Blanca".

El empresario había sido imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Heinrich y Loyola, "instigando, determinando, y prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos", de acuerdo con un dictamen firmado por los fiscales.

En tanto, desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) salieron a destacar "la importancia" del fallo que benefició a Massot. A través de un comunicado, la entidad que nuclea a los dueños de diarios dijo que la acusación contra el director de La Nueva provincia es un ejemplo "en medio de tantas manipulaciones oficiales para urdir, como acaba de expresarlo la Sociedad Inteamericana de Prensa, causas de acoso a la prensa que se ha mantenido reacia a la prepotencia de gobiernos que han procurado sin éxito someterla, aunque sí dañarla".

ADEPA retomó los argumentos de la defensa de Massot al expresar que en los años de la dictadura él "no se había incorporado aún al diario". El comunicado añadió que el dato "ha sido un elemento inequívoco del ánimo persecutorio contra un periodista de reconocido pensamiento adverso al fenómeno subversivo y terrorista, al que el gobierno militar respondió con brutales prácticas de terror".