Recep Tayyip Erdogan llamó el 4 de junio de 2013 a Fatih Saraç, directivo de la televisión Habertürk, ordenándole retirar una noticia sobre las palabras de un líder de la oposición. La respuesta de este último fue: “¡A la orden, señor!”. No era un episodio aislado. Desde su puesto de primer ministro y, a partir del pasado agosto, desde la presidencia de la República, Erdogan ha atado en corto a los medios turcos y ha sido él personalmente quien en varias ocasiones ha asumido la tarea de controlarlos a través de llamadas a la redacción.

El caso de Saraç aparece en un reciente estudio sobre los medios turcos elaborado por el periodista turco Yavuz Baydar para la Kennedy School de la Universidad de Harvard. Las redacciones, según Baydar, se han convertido en “una cárcel al aire libre” donde la autocensura es atroz y los periodistas independientes no tienen cabida. Una mordaza creciente que se ejerce también a través de jugosos contratos públicos.

“No le digas a X que has hablado conmigo. No es que desconfíe de él, pero ya sabes, luego la gente habla… y ahora mismo no podemos estar seguro de que no se entere algún jefe”. La frase, pronunciada por un trabajador de la cadena NTV a este periodista al término de las protestas de Gezi de 2013, es una muestra del ambiente de temor que impera.

NTV, hasta hace apenas cuatro años un reputado canal televisivo de noticias, ha ido haciéndose progresivamente más dócil con el Gobierno islamista moderado del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). En paralelo, su propietario, el grupo empresarial Dogus, se ha beneficiado de numerosos contratos públicos, especialmente en el sector constructor. “Nuestra cadena ha colocado a gente del AKP en todos los puestos importantes y ellos deciden qué noticias damos y cuáles no”, explicaba el trabajador de NTV. “Nunca en mis 15 años de carrera había visto esta falta de libertad”.

El Gobierno del AKP ha hecho un uso cada vez más restrictivo de la ley. Por ejemplo, se ha impuesto la prohibición de informar sobre una veintena de casos (entre ellos la muerte de civiles en un ataque del Ejército turco en la aldea kurda de Roboski o la comisión parlamentaria de investigación sobre la corrupción). Igualmente, escribe Baydar en su informe, “la intimidación de los periodistas se produce diariamente” bien mediante demandas por difamación, bien a través de amenazas de partidarios del Ejecutivo.

Es cierto, señala Baydar, que el número de periodistas entre rejas se ha reducido desde que en 2010 tocase el máximo mundial (104) hasta los actuales 7 ó 19, según se tome el recuento del Comité de Protección de Periodistas o de Reporteros sin Fronteras. Pero el control ha tomado otra dirección: desde las protestas de Gezi, unos 1.000 periodistas han sido despedidos por ser considerados molestos. “El Gobierno ha intentado criminalizar la información y la opinión contraria a sus intereses, normalizando de facto una suerte de estado de emergencia. Los periodistas que han intentado resistirse, defender su independencia y la integridad profesional, han comenzado a ser despedidos. (…) y son reemplazados por gente cuyos méritos son su lealtad a Erdogan”, escribe Baydar, él mismo despedido del diario Sabah, donde era defensor del lector, tras unos artículos en los que criticaba a la cabecera —cercana al Gobierno— por no seguir las más elementales normas del periodismo.

Otro método de presión son las reuniones con directores y propietarios. Yasemir Çongar, exdirectora del diario Taraf, quien participó a estas reuniones hasta 2012, denuncia que el Gobierno las usa para “oprimir a la prensa” pero que, al mismo tiempo, los barones mediáticos “se ofrecen voluntariamente a autocensurarse”.

El 80% de los medios en Turquía están controlados por grandes conglomerados empresariales con intereses en los más variados sectores —desde la alimentación a la banca— y eso es lo que han aprovechado AKP y Erdogan. Un caso flagrante es el de TV8, un canal crítico con los islamistas moderados hasta que su propietario, Mehmet Nazif Günal se convirtió en socio del consorcio que construirá un nuevo aeropuerto en Estambul por 20.000 millones de euros. Entonces, la dirección cerró su sección de noticias y despidió a 200 de sus trabajadores.

Pese a ello, Erdogan niega interferencias en el sector mediático y el pasado 6 de enero afirmaba, ante una reunión de embajadores, que “ni en Europa ni en el mundo hay una prensa tan libre como en Turquía”. Prácticamente a la misma hora, unidades antiterroristas penetraban en el domicilio de la periodista holandesa Frederike Geerdink, en la localidad turca de Diyarbakir, y se la llevaban detenida. Ahora está libre con cargos, acusada de apología del terrorismo por difundir mensajes sobre el Partido de los Trabajadores del Kurdistán.