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Jorge Macri cursó la escuela primaria y secundaria en el St Brendans College. La actividad laboral de Jorge se inició a los 21 años, cuando se hizo cargo de la empresa familiar. En 2001, cuando Mauricio Macri creó la Fundación Creer y Crecer, dedicada a desarrollar políticas públicas que sirvieran de soluciones para los problemas de la Argentina, Jorge Macri, fue uno de los fundadores. Meses después, junto a Mauricio y los demás miembros de la fundación, lanzaron el partido político Compromiso para el Cambio y Jorge se convirtió en el referente partidario en la Provincia de Buenos Aires.
En 2005, luego de que se sellara la alianza Propuesta Republicana (PRO) para disputar las elecciones legislativas, Jorge Macri participó por primera vez en comicios y fue electo como el primer diputado Provincial del partido. Un año después, Jorge Macri se convirtió en el presidente del PRO en la Provincia de Buenos Aires.
Desde el 2006 es Presidente de PRO en la Provincia de Buenos Aires
En 2007, Jorge, fue candidato a vicegobernador de la Provincia, integrando la formula de Unión PRO, que consiguió 14,96 por ciento de los votos (1.047.126), lo que permitió el ingreso de los dos primeros diputados nacionales del PRO, por la Provincia de Buenos Aires, además de la incorporación de otro diputado a la Legislatura provincial. En diciembre de ese año, Jorge Macri, asumió como presidente del bloque PRO dentro de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Ares.
Dos años después, en diciembre de 2009, con la misma alianza, Jorge Macri, fue reelecto como diputado provincial, luego de que Unión PRO ganó los comicios, al conseguir el 34,6 por ciento de los votos. En este nuevo período en la cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires fue elegido como Vicepresidente Primero de la misma, hasta el 2011.
El 23 de octubre de 2011 fue electo Intendente de Vicente López, con el 37% de los votos, desplazando así a Enrique "Japones" García, quien fuera Intendente durante 24 años.
Denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público falsificación de documentos[editar]
En 2012 la asamblea de vecinos de Vicente López denunció ante la justicia a Jorge Macri, y al empresario Carlos De Narváez por la supuesta falsificación de un documento que habilita la construcción de un helipuerto frente al río. Entre las irregularidades constadas por la justicia se encontró una autorización supuestamente falsa de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil).23
En sólo quince minutos ingresaron cuatro autos acarreados a la playa de Figueroa Alcorta 2001. Como si fuera un juego de Pac-man, las grúas entran y salen rápidamente, suben y bajan autos, buscan sus nuevas víctimas en tiempo récord. Sus dueños llegan al lugar horas más tarde. Indignados, emprenden discusiones sin solución inmediata con los empleados del lugar. Esta situación se repite todos los días, en 13 mil ocasiones los 30 días del mes. Según datos de la Dirección de Concesiones de la Ciudad de Buenos Aires, cada una de las dos empresas contratadas levanta 6.500 autos por mes, lo que genera una recaudación diaria de 80 mil pesos, salvo los días sábados, cuando la cifra asciende a 90 mil. La facturación informada de ambas empresas es de tres millones de pesos mensuales, de los que sólo 20 mil corresponden al canon mensual que recibe el Gobierno porteño.
Las empresas encargadas de la remoción de autos son dos: Sistema de Tránsito Ordenado (STO, de Dakota SA) y Sistema de Estacionamiento Controlado (SEC, de BRD). Ambas, con sus contratos vencidos desde 2001, operan con permisos precarios y con cada vez más grúas en su haber. Si bien siempre hubo grúas en Buenos Aires, desde 2008, el pago por acarreo (sin contar la multa) aumentó un 106%: pasó de 92 a 190 pesos. Además, ambas empresas, desde la gestión de Mauricio Macri, pasaron a funcionar las 24 horas, en tres turnos, sumaron más grúas en su flota, más barrios y, además, obtuvieron la potestad de salir a pintar las calles y poner parquímetros.
Es domingo a la tarde y la playa de STO está llena de autos. Los empleados, en receso, charlan, bromean e intentan calmar a una ofuscada señora que, al pagar el acarreo, tiene que lidiar con un perro callejero que se coló en el predio. La situación se pone tensa: su marido se enoja porque no puede perder un día de trabajo para ir a reclamar y no entiende de qué se trató su infracción: “Estacioné sin tocar la línea amarilla”, explica, y la oficial de justicia esboza una justificación posible: “Tiene que haber cinco metros de cada lado”.
Más tarde, en la playa de SEC, ubicada en el estacionamiento subterráneo de Sarmiento y Av. 9 de Julio, los ciudadanos indignados empiezan a llegar. El enorme predio se va poblando el domingo a la noche, aprovechando la noche de los teatros y llevando, en su mayoría, autos que están estacionados sobre los cajones azules de carga y descarga de mercadería, aquellos que tocan líneas amarillas y, en especial, los que son más simples de levantar, para que el juego pueda continuar: “Estacioné sobre el cajón marcado con líneas azules que no se veían, era de noche. Aproximadamente 10 metros más adelante, había un cartel que decía ‘Carga y descarga la 24 hs. Ancho máximo 8 m’. Poco después, fui a hacer el descargo con la controladora de tránsito, con las fotos del cajón azul despintado. La autoridad me dice que el cajón no tiene importancia, que lo que importa es el cartel, pero como era confuso, me perdonó la multa. No así el acarreo, porque no tenía fotos del cartel”, dice Nicolás Mandrafina. La voracidad de la grúa insinúa una gran recaudación por auto. En la playa de STO aseguraron a Diario Z no cobrar por auto removido, aunque un testimonio aportado por un empleado anónimo en la página noalparquimetro.com.ar, afirma que sí hay comisiones por auto acarreado y que éstas tienen un precio de 1,35 pesos por vehículo. Para hacer números, según este mismo testimonio, la empresa obliga a los choferes a llevar 407 autos mensuales por grúa, un total de 5.698 autos, contabilizando las 14 grúas en el momento del testimonio, el año pasado. Hoy, cada empresa cuenta con 18 grúas aproximadamente. Este empleado dice que muchas veces ellos mismos están expuestos a peligros y confiesa casos 7 de agresión física a compañeros por parte de los automovilistas despechados. “Los daños a vehículos producto de maniobras de acarreo son moneda corriente”, confiesa.
Juan M. Chavarri, presidente de la Asociación Vecinal “No al Parquímetro”, cuenta sobre su lucha por las cambiantes señales viales y parquímetros en Barrio Norte. Hac estacionamiento con parquímetro: donde antes no existía la posibilidad de estacionar, hoy quieren cobrar. Los perjuicios para los vecinos de los diferentes barrios son muchos. Uno de ellos es el del tránsito excesivo de las grúas por calles residenciales: “Sobre Laprida, un día cualquiera, entre la una y las tres de la mañana pasan 11 grúas, con las alarmas de los autos sonando y el consiguiente ruido y contaminación visual de los camiones”, cuenta Chavarri.
El legislador porteño por la Coalición Cívica Sergio Abrevaya hace memoria y afirma que los contratos con STO y SEC comenzaron en la década del 90 bajo el decreto 4.922, con Carlos Grosso en la Intendencia y Macri relacionado con una de las empresas concesionarias. Si bien el actual Jefe de Gobierno se desligó de esa sociedad en el año 2000, las licitaciones nunca fueron cambiadas. Las quejas de los vecinos son cada vez más. “Muchos de los acarreos son misteriosos, con infracciones tales como: carga y descarga (muchas veces falta el cartel o hay líneas blancas en el piso que prestan a confusión), menos de 5 metros y garaje”, continúa el testimonio del empleado arrepentido.
El panorama, por más desolador que parezca, tiene movimiento. Por un lado, la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, presentó un Dictamen de Opinión referido al Gobierno de la Ciudad, en el que se argumentan varios abusos: “El alto arancel de acarreo más la multa por la infracción (doble imposición), el secuestro indiscriminado de autos mal estacionados que deberían seguir un criterio restrictivo y la remoción de autos que no constituyen un obstáculo o peligro para la circulación”.
Por el otro, Abrevaya, presentó la semana pasada un pedido de informes al Poder Ejecutivo, que cuestiona los siguientes puntos: si en la confección de nuevos pliegos de licitación a los servicios de grúas afectados al control del estacionamiento vehicular se tiene en cuenta el Dictamen de Opinión de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, si en dichos pliegos se determinaron las áreas correspondientes a la prestación de servicios (que cada vez se extienden a barrios más lejanos del microcentro) y si está previsto aumentar los costos de acarreos, entre otros. Mientras tanto, la Ciudad es tierra libre para el fabuloso negocio de dos empresas que muy poco aportan al Estado.
Cada vez menos espacio permitido para estacionar, cada vez más cocheras.que cobran fortunas...
Las cocheras: un gran negocio en la ciudad de Buenos Aires
Con gastos de mantenimiento muy bajos, la inversión puede rendir entre un 4 y 5 por ciento anual de ganancias. Según la zona, el ingreso puede ser más alto
En épocas de alta liquidez como la actual las cocheras se convierten en una posibilidad para el inversor porque dan una rentabilidad anual entre 4 y 5 por ciento y prácticamente carecen de gastos de mantenimiento.
Actualmente se puede partir de una inversión mínima de 177.000 pesos en la compra de una cochera, a lo que se deben agregar los gastos que surgen de la comisión inmobiliaria y la escrituración.
Las expensas en una cochera de un barrio capitalino promedio como Almagro pueden ser de280 pesos mensuales, a lo que se debe agregar el pago del agua y el ABL a cargo del propietario, lo que suma cerca de 30 pesos más por mes.
Como contrapartida se puede obtener un alquiler promedio de mil pesos mensuales. Los mínimos de alquiler de una cochera, según el barrio, van de 600 pesos mensuales a un máximo de dos mil pesos, este último en zonas muy exclusivas.
Los precios de las cocheras, además del barrio, dependen de la cantidad de estacionamientos disponibles de la zona.
Siempre se aconseja comprar cocheras en edificios dedicados a este tipo de emprendimiento, o bien en aquellos en que las expensas de la cochera no incluyan los gastos del resto del edificio, como el sueldo del encargado o el mantenimiento de los amenities. Todo dependerá del modo de administración.
Fuentes de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informaron a Télam que este año se estima que se terminarán patentando 920.000 autos cero kilómetro, lo que significa un aumento de 100.000 unidades nuevas respecto al año pasado.
Este importante incremento del parque automotor se viene dando en los últimos cinco años, lo que determina que la demanda de cocheras sea cada vez mayor, pero la oferta no crece en la misma proporción debido a la escasez de terrenos disponibles.
Si bien en los edificios de departamento suele haber cocheras para autos pequeños, medianos y grandes, actualmente se construyen espacios de mayores dimensiones para poder guarecer un utilitario cuatro por cuatro.
Una de las maneras de adquirir una cochera es entrar a un fideicomiso de construcción, donde el inversor se convierte en un fiduciante que una vez concluída la obra, en un período cercano a los 18 meses, pasa a ser propietario.
Piden a Macri que frene su política de desalojos en el sur de la Capital y solucione el déficit habitacional
El candidato a legislador porteño por Alternativa Popular (AP), Pablo Ferreyra, reclamó al gobierno de Mauricio Macri "que frene su política de desalojos" en la zona sur de la Capital Federal, y que tiene por objeto "favorecer el mercado inmobiliario" sin atender el déicit de viviendas que padecen los vecinos.
"Es indispensable frenar la política de desalojos implementada por el gobierno porteño, que apunta a favorecer el mercado inmobiliario y no contempla la problemática habitacional que sufren quienes viven en la zona Sur", manifestó el candidato tras una recorrida hoy por el barrio de La Boca.
Ferreyra, que encabeza la lista colectora del kirchnerismo porteño, conversó hoy con vecinos de La Boca que organizaron un festival en repudio a la orden de desalojo de 17 conventillos y 300 familias, y en reclamo de una política de vivienda que apunte a solucionar los problemas habitacionales del distrito.
"Después de más de seis años gestionando uno de los distritos con más recursos del país, queda en evidencia que el macrismo no tiene ni la intención ni la capacidad de resolver este tema", dijo Ferreyra aludiendo al déficit habitacional de la capital y a la ausencia de planes de vivienda.
"Es necesario adoptar la planificación urbana desde una visión integral que entienda que la vivienda es un derecho y no un negocio”, reclamó.
Por su parte, los organizadores del encuentro denunciaron que el macrismo intenta extender un circuito inmobiliario de gran escala "desalojando a las familias humildes y tirando abajo sus viviendas, para apropiarse del terreno y construir, un proyecto que excluye a los habitantes históricos del barrio de La Boca y el sur de la Ciudad de Buenos Aires".
EL PAIS › EL JEFE DE GOBIERNO QUIERE CREAR UNA CORPORACION PARA VENDER TERRENOS EN LA TRAZA DE LA EX AUTOPISTA AU3
La inmobiliaria Macri sigue en plena expansión
Es un negocio de gran escala que implica desalojar a más de 700 familias. La futura corporación se llamará Puerta Norte y tendrá un estatuto para que dure por 99 años.
Por Werner Pertot
”En liquidación”, parecen deletrear las luces de la ciudad de Buenos Aires, vistas desde arriba. El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, envió un proyecto a la Legislatura para crear la Corporación Puerta Norte, que administrará un fideicomiso constituido con el dinero de todos los terrenos que planea vender. Entre ellos, está la traza de la ex AU3, que será saldada previo desalojo de las 700 familias que viven allí (cada lote valdría más de 50 millones de pesos). La corporación existirá durante 99 años y estará facultada para asociarse con privados para comprar y vender terrenos y construir edificios. Los vecinos de las zonas afectadas ya pusieron el grito en el cielo y la oposición denunció un negocio inmobiliario multimillonario, que podrá hacer contrataciones por fuera de los mecanismos de control del Estado porteño.
La mirada de Macri está fija sobre la traza de la ex AU3 desde que vetó la Ley de Emergencia Habitacional, una norma votada por toda la oposición que suspendía los desalojos. En ese momento, su jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta graficó la política macrista: “Despacito, en silencio, se van haciendo desalojos”. Por lo menos, no le valió una denuncia ante el Inadi, como le ocurrió a Macri cuando ofreció su visión de los vecinos de la zona: “Empezaron a vender falopa desde ahí y a meterse flacos como aguantadero para el robo”.
La gestión PRO planea que unas catorce manzanas –que van de Villa Urquiza a Belgrano– sean vendidas para la edificación de viviendas. Es el tramo que va de avenida Congreso a Avenida de Los Incas, entre Donado y Holmberg. Esto implica el desalojo unas setecientas familias que ocupan la traza de la ex AU3. Allí se iba a construir una autopista para unir Núñez con Pompeya, para lo que el intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore expropió las viviendas. Pero nunca se hizo y las casas quedaron abandonadas y fueron ocupadas a lo largo de los años ochenta. La mayoría de las familias viven ahí desde hace veinte años.
Cuando Macri vetó la ley que detenía los desalojos, se encontró con un fallo judicial que frenó hasta hoy su avanzada. Ante una presentación de un grupo de vecinos y del legislador de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo, la jueza Helena Liberatori dictó una medida cautelar que detuvo el avance silencioso de la gestión PRO. “No se han tomado recaudos acerca de dónde habrían de ser trasladadas las personas a desalojar, sin contemplar qué sucede con los niños”, advirtió Su Señoría en ese fallo. Para la gestión PRO, era tiempo de intentar otro camino.
Everything must go
“Desarrollar todo tipo de operaciones inmobiliarias relacionadas con los inmuebles que le transfiera la ciudad o que adquiera por el producto de su actividad.” Ese es el objetivo que Macri fija en el estatuto de la Corporación Puerta Norte. Sus atribuciones no podrían ser más amplias: “Tendrá plena capacidad para, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, comprar, vender, permutar, dar en locación, en leasing, fideicomiso, explotar y administrar bienes urbanos y rurales; licitaciones públicas o privadas, viviendas individuales, y colectivas o ampliaciones, la realización de loteos, fraccionamiento y todas las operaciones sobre inmuebles que regula el régimen de la propiedad común”.
Macri le fija a su corporación un plazo de existencia de 99 años. La gestión transmitirá los bienes de las trazas de la ex AU3, ex AU5, ex AU7 y ex AU8 a la corporación a través de un fideicomiso. Su directorio tendrá cinco miembros designados por el gobierno porteño. El proyecto de ley de Macri establece que “los miembros del directorio no recibirán retribución alguna por el desempeño de sus funciones en tanto el fideicomiso no genere beneficios”. Deberán entregar, además, una caución de 20 mil pesos “en garantía del buen desempeño de sus funciones”.
El proyecto de ley autoriza al gobierno porteño a reasignar partidas para crear la corporación y para hacer una transferencia del Presupuesto que sirva para solventar gastos corrientes de esta entidad por seis meses, con una posible prórroga de un año. La corporación podrá, además, recibir donaciones y legados, y “todo otro recurso lícito”. Su capital social inicial será de 600 mil pesos, pero –según las valuaciones actuales de los terrenos que venderá– manejará millones de dólares.
Macri señala que “la finalidad es realizar actividades comerciales que generen mayores ingresos”. Y asegura que esos fondos serán destinados luego a políticas de vivienda, salud, educación y transporte, aunque no establece cómo. Y hace un auto de fe sobre las ventajas de la gestión privada sobre la pública: la corporación tendrá una “capacidad de actuar en el ámbito del derecho privado, desarrollando actividades comerciales con mayor eficiencia y flexibilidad que la administración central”.
Página/12 consultó a diversos funcionarios de primera línea del gobierno porteño, que no quisieron hacer comentarios sobre el proyecto. Sí lo defendió el presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura, Cristian Ritondo. “Intenta dotar de agilidad a un tema muy postergado. Y como tenemos en el directorio de la Corporación Sur representantes de la oposición, seguramente los tendremos aquí”, dijo.
El PRO planea un paso fast track de la ley por la Legislatura: llegará a Obras Públicas y pasaría directo a Presupuesto, sin atravesar las comisiones de Vivienda y Planeamiento, como hubiera ocurrido con el proyecto anterior del macrismo para desalojar a los vecinos.
Sin control
“Es un atajo para poder gestionar con controles débiles, porque este tipo de sociedades se rigen por la Ley de Sociedades Comerciales y eluden todas las reglas de la administración pública. Por ejemplo, la ‘ley Michetti’, que es la ley de compras de la ciudad. Tienen la posibilidad de crear sus propios reglamentos. Tampoco aplicaría la ley de obra pública, que hace a la transparencia”, advirtió la auditora general de la ciudad, Paula Oliveto, quien sostuvo que esta práctica ya es común en el macrismo: “En el caso de Corporación del Sur, el régimen de contrataciones es más amplio y con menos controles de lo que implica la ley de compras. En el caso de AUSA, también”. “Si se vende un bien del gobierno sin hacerlo a través de esta corporación, hay que llamar a licitación del Banco Ciudad, aplicar un remate y esto implica muchos controles. No se lo puede vender a cualquiera”, explicó la dirigente de la CC.
“Bajo el imperio de sus ideas, le preguntaría a Macri si estaría de acuerdo en postergar esto para después del 10 de diciembre”, ironizó el kirchnerista Juan Cabandié. “Así como condicionó el presupuesto para la infraestructura escolar vendiendo las torres de Catalinas Norte, no sorprende que Macri ahora haga esto”, sostuvo. “Me parece un accionar errático, porque venía con un planteo de desalojar a la gente a través de un decreto y una ley. Frenó de golpe y decidió mandar esta nueva ley que muestra la intención final”, analizó Di Filippo, presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura. “A los vecinos por fuera de la traza les decían que iba a ser un emprendimiento donde todos iban a participar. Y en lugar de eso van a hacer esta corporación que tiene un fin claramente inmobiliario”, cuestionó. “Dicen que los directores no iban a cobrar para evitar el gasto político. Y se olvidaron a decir que van a tener una comisión de la ganancia. Es casi un McDonald’s”, graficó.
El presidente del bloque de Diálogo por Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, sostuvo que “podría haber un mecanismo para obtener votos de algunos diputados cuyos mandatos vencen a fin de año a cambio de cargos en esa corporación”. Por su parte, el legislador de la CTA, Martín Hourest, remarcó que “no es menor lo del fondo fiduciario. Con esos emprendimientos con terceros, están esperando que haya condiciones en el mercado para asociarse con un privado. Y allí la dirección estratégica del territorio la va a marcar el privado, como ocurre en la Corporación Sur, que se convirtió en una inmobiliaria para lavar dinero”.
Represión, pobreza y negocio inmobiliario en la Ciudad
El Pro subejecuta las partidas del presupuesto asignadas a vivienda. El monto de seguridad duplica al proyectado para resolver el problema habitacional. Pobreza, represión y negocio inmobiliario.
El argumento judicial para desalojar el barrio Papa Francisco era desbaratar una supuesta banda dedicada al narcotráfico, asentada en ese territorio e identificada en allanamientos realizados en marzo de este año. La Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional ingresaron al barrio, asentado desde febrero en terrenos aledaños a la Villa 20, esgrimiendo la orden correspondiente y, entre gallos y medianoche, desalojaron a 500 familias de manera violenta, publicó la Revista Veintitrés.
El accionar represivo de la policía fue un calco de otras intervenciones de la Metropolitana.Golpes sin medir a quién y la consecuente desesperación de mujeres y niños tratando de evitar los palos. Pero más allá de los argumentos judiciales, lo cierto es que a una semana de la represión, las víctimas del desalojo son las familias de bajos recursos que vivían en esos terrenos, correspondientes a la Comuna 8. Hasta ahora no trascendieron resultados sobre el anunciado desmembramiento de presuntos grupos delictivos afincados en el lugar. Más bien, según confirmaron autoridades nacionales y dirigentes opositores porteños, los individuos identificados como “los violentos” continúan allí, en la zona lindante con la manzana 30.
A esta altura está claro que el desalojo es una política del gobierno porteño, al que no le interesa demasiado cuidar a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad cuando se trata de recuperar espacios que considera de su propiedad. Y los problemas de vivienda que padecen muchas familias afincadas en el distrito no son una prioridad de la gestión macrista, a contrapelo del boom inmobiliario que estalló desde que Mauricio Macri gobierna la ciudad de Buenos Aires en los barrios de clase media y en las zonas donde el Pro quiere hacer negocios. Alcanza con revisar los números, para corroborar con frialdad hasta qué punto Macri no destina un centavo para solucionar el problema social de fondo.
Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), al que accedió Veintitrés, demuestra cómo el Gobierno porteño subejecuta el presupuesto asignado al área vivienda. Los organismos evaluados por ACIJ fueron la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social (SECHI), el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), la Unidad de Gestión e Intervención Social, la Corporación Buenos Aires Sur, la Unidad Ejecutora de la Ex AU3 (Ministerio de Desarrollo Urbano), la Dirección General de Atención Inmediata (Ministerio de Desarrollo Social).
En cada una de las áreas evaluadas se observa un bajo nivel de ejecución, a excepción de la Corporación Buenos Aires Sur, que insumió en el primer trimestre el 63%. En todos los demás ítems, la ejecución fluctúa entre el 14,7 del primer trimestre desde la UGIS, y el 5,6% del presupuesto asignado que se gastó desde la SECHI. Es notable observar, en el desagregado por programa de esta secretaría, la desproporción entre el 19,6% que se destinó a Actividades Comunes y el 0,1% invertido en el rubro Hábitat. Respecto del programa Mejoramiento de Villas, de esta misma secretaría, la meta física era otorgar subsidio a 37 cooperativas; pero en el primer trimestre todavía no existían datos respecto de los subsidios otorgados. Su ejecución fue prácticamente nula.
El Instituto de Vivienda de la Ciudad tenía asignado un presupuesto, para este 2014, de 957.270.900 pesos, de los cuales el IVC sólo ejecutó el 11,5%. En el desagregado por programa se nota que los rubros Actividades Comunes y Rehabilitación La Boca son los únicos que muestran un alto nivel de ejecución, que contrasta, por ejemplo, con el 0% de ejecución para el programa Reintegración y Transformación de Villas.
En las conclusiones del informe de ACIJ se señala que en el gobierno porteño prima la política de emergencia por sobre la política habitacional estructural. “No es casual que sean los programas que atienden la emergencia habitacional aquellos que presentan grados de ejecución más altos, sin la complementariedad necesaria de los programas que brindan soluciones habitacionales estructurales”, se señala, y termina aconsejando a los organismos involucrados que trabajen en conjunto para dar una solución definitiva al déficit habitacional.
En el mismo sentido se expresa un informe parlamentario de la diputada Claudia Neira, del FPV, al sostener que “las soluciones habitacionales que se podrían concretar a través deconstrucciones de viviendas sociales vienen en caída constante desde 2008. En cambio, las políticas de corto plazo de emergencia habitacional que se ofrecen desde la DAI (Dirección de Asistencia Inmediata) vienen en crecimiento”.
Otro documento presentado por la misma diputada señala, respecto del presupuesto 2014 del GCBA, que el 83% irá a parar a gastos corrientes, es decir, salarios y bienes de consumo. “Por otro lado –señala el informe Neira–, y al analizar algunas áreas específicas, se exhibe que el gasto en vivienda fluctúa apenas 1,84% en comparación con el gasto vigente 2013, lo cual demuestra una variación negativa bastante importante (…) Aquí se cristaliza nuevamente la política macrista que interviene activamente en pos de una ciudad librada a la lógica del mercado inmobiliario”.
Como consecuencia del violento desalojo, unas 500 familias que aguardaban una respuesta seria a su drama habitacional volvieron a quedar a la intemperie.
En este punto, es interesante comparar las partidas presupuestarias que destina el Pro a Vivienda y a Seguridad, las dos áreas involucradas en el desalojo. Macri destina apenas el 2,14% del presupuesto a Vivienda y el 4,46% a Seguridad, según datos relevados por La Fábrica Porteña, el observatorio kirchnerista dedicado a temas sociales y laborales. El informe, consultado por esta revista, ratifica la subejecución del Pro en varias áreas, entre ellas Vivienda, desde 2008. “Durante los dos primeros trimestres los fondos sancionados para Vivienda tuvieron las ejecuciones más pobres. A pesar de la crisis habitacional, se destinó apenas 2,14 pesos de cada 100 para resolver la problemática, exactamente la mitad de lo estipulado para seguridad”. La subejecución de partidas también se registra en otras áreas sociales. Según La Fábrica Porteña, por ejemplo, también afecta las obras de infraestructura en los hospitales, con una ejecución del 22,2%, y el plan de riesgo hídrico, con apenas un 6,4 por ciento ejecutado en las obras del arroyo Maldonado.
A pesar de la inversión en Seguridad, la policía de Macri es objeto de innumerables críticas. Tanto por su acción como por su inacción, en otras circunstancias. Una de las cuestiones a resolver de inmediato, según varias fuentes consultadas para esta nota, es la redacción de un protocolo de actuación en desalojos. Cuando los legisladores interpelaron al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, después de la represión en el Hospital Borda, le exigieron la confección de ese protocolo. “Desde diciembre hasta ahora que lo vienen prometiendo, pero no lo hicieron”, afirma Neira, para quien “hay mucho de improvisación” en el manejo que el Pro hace de la seguridad, a pesar de jactarse de haber creado una policía local. Los efectivos cuentan con un instructivo que circula en fotocopias.
Lo cierto es que tanto el accionar de la Policía Metropolitana como el de Gendarmería fue repudiado por casi todo el arco político. El Movimiento Evita, el Partido Obrero, el MST-Nueva Izquierda cargaron contra las fuerzas de seguridad que, incluso, hirieron al legislador porteño Pablo Ferreyra durante el desalojo. El Pro defendió el operativo y el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, intentó lavarse las manos. Desde el Frente para la Victoria, Andrés Larroque cuestionó el accionar de las autoridades porteñas “porque no pensaron cómo asistir a las cientos de familias que quedaron en la calle”. El diputado, uno de los primeros en alzar la voz contra “la brutal represión”, la comparó con la que ejerció la Metropolitana en 2013 en el Hospital Borda. “Acá golpearon a personas que sólo querían rescatar sus pocas pertenencias”, dijo. Sin embargo, también fue cuestionado el rol de la Gendarmería. El diputado Alejandro Bodart, del MST-Nueva Izquierda, no hizo diferencias entre ambas fuerzas de seguridad. “Sergio Berni y Mauricio Macri se jactan de echar a 500 familias con chicos a la calle a punta de pistola”, afirmó, y reiteró que “este desalojo corona no sólo la inacción macrista para urbanizar el barrio, sino también la campaña de estigmatización” que montaron algunos medios de comunicación en torno al barrio tras el asesinato de Melina López, ocurrido cerca del predio el 19 de agosto pasado. Es más, aunque los autores del crimen aún no fueron identificados y no habrían estado viviendo en el asentamiento, también se intentó vincular el desalojo con un operativo para esclarecer la muerte de la joven de 18 años. Pero, al cierre de esta edición y como si se tratara de una paradoja, no trascendieron detalles nuevos sobre los responsables de esa muerte ni sobre los supuestos grupos narcos asentados en el lugar. Más bien sucedió lo contrario. Ya que trascendió, por una denuncia de los vecinos desalojados que permanecían en las inmediaciones del predio, que durante el operativo conjunto de la Metropolitana y la Gendarmería no fue desalojada el área lindante con la manzana 30 donde estarían afincados “focos violentos vinculados al delito”. La jueza María Gabriela López Iñíguez difundió un comunicado en el que pide explicaciones sobre esa situación que dejó afuera del operativo al sector “más problemático”, supuestamente vinculado “con los focos delincuenciales” y “con la tenencia ilegal de armas y el comercio de drogas”. Al ser consultado sobre este particular en Radio América, Berni confirmó esta denuncia. “Sí, así fue”, dijo ante una consulta de esta cronista, y precisó que la orden judicial incluía esa franja de territorio y que, en consecuencia, la Policía Metropolitana, a cargo de Guillermo Montenegro, tendrá que dar explicaciones sobre este hecho. López Iñíguez calificó lo ocurrido de “inexplicable” y solicitó que se abra una investigación.
En cuanto a las responsabilidades, más allá de la que tienen las autoridades, Gustavo Vera, legislador y titular de la Fundación La Alameda, señaló a Marcelo Chancalay como el primer instigador de la toma de los terrenos donde se asentó el barrio Papa Francisco, en febrero de este año. Vera afirmó que este puntero, señalado como parte del macrismo en la zona, trabajó con todos los gobiernos porteños. “Chancalay es empleado del Gobierno de la Ciudad”, afirmó Vera en diálogo con Veintitrés, aunque admitió que en las últimas elecciones participó dentro de UNEN. Según Vera, “Chancalay instigó la toma poco después de la devaluación de este año, debido a sus fuertes vínculos con la policía y el gobierno”. De ese proceso, surgieron 30 delegados independientes que comenzaron a trabajar en políticas y propuestas para sanear y urbanizar el lugar, incluso con asesoramiento de profesionales y profesores de la Universidad de Buenos Aires. Pero todo esto fue abortado ahora por la represión estatal.
La Alameda presentó una acción de amparo “para exigir la urbanización de la Villa Nº 20 en el marco de la Ley de Urbanización Nº 1.770 y la protección inmediata de todas las familias desalojadas que se encuentran en situación de calle”. Ante el incumplimiento de la normativa, Vera denunció a Macri, Montenegro, el jefe de la Policía Metropolitana Horacio Giménez, el subjefe Ricardo Pedace, la ministra de Seguridad de la Nación Cecilia Rodríguez y contra Berni. Los considera responsables de violación de los deberes de funcionario público, abandono de personas, mal desempeño de las funciones inherentes al cargo, abuso de autoridad y producción de actos discriminatorios, xenófobos y racistas. Vera considera que tanto el gobierno porteño como el nacional hicieron muy poco para evitar la situación.
Por otro lado, también trascendió que el Pro desalojó el predio porque Macri quiere avanzar con el Master Plan Comuna 8, un proyecto de urbanización para reacondicionar el sur de la ciudad que todos los años intenta debatir en la Legislatura y queda en el tintero. Los terrenos desalojados no pueden ser utilizados sin ser saneados porque están contaminados ya que ahí había un cementerio de autos del que aún queda una parte entre las calles Escalada y Cruz.
El sábado 23 de agosto, una vez más, las topadoras destruyeron las viviendas precarias que habían sido levantadas en el barrio Papa Francisco por ciudadanos despojados del derecho a un techo digno. Como consecuencia del violento desalojo, unas 500 familias que aguardaban una respuesta seria a su drama habitacional volvieron a quedar a la intemperie. Algunos aceptaron pernoctar en los paradores del gobierno porteño, otros volvieron a la Villa 20 y algunos aún resistían en las cercanías de la avenida Cruz con la esperanza de conseguir una respuesta digna de parte del gobierno porteño. Una historia que se repite. Una deuda pendiente.
El cura que lucha por los desalojados del barrio Papa Francisco
“Los sacaron a punta de pistola”
Por Lucas Cremades
Desde que la jueza Gabriela López Iñíguez diera orden a la Policía Metropolitana de desalojar a las familias que vivían en el precario asentamiento Papa Francisco, el rostro del sacerdote Franco Punturo tiene cicatrices de tristeza, cansancio e impotencia. Abatido, dialogó con Veintitrés en el interior de la parroquia Madre María, ubicada a tres cuadras del terreno lindero a la Villa 20, que fue devastado por las topadoras.
–¿Qué sintió durante el desalojo?
–La improvisación. Llevaron adelante un desalojo sin previsión alguna o fue algo previstamente imprevisto.
–¿Cómo se llegó a esta situación?
–A seis meses de la toma del predio mi sensación ha sido siempre que los abandonaron. Como si las familias que estuvieron ahí no fueran personas sino números. Y en realidad eran trabajadores, con chicos que iban al colegio, con padres que a las 6 de la mañana iban a trabajar y volvían a las 6 de la tarde. A dormir en hogares de tres metros por tres. Con un pozo al costado que usaban como letrina y que tapaban con una chapa. Encima, como la policía no entraba al predio, se cumplía la ley del más fuerte en una tierra liberada donde había mucha violencia. Cada noche sacaban por la fuerza a una familia para vender el terreno a otra familia, para luego sacarla al otro día y volverlo a vender. Eran 10 violentos que estaban identificadas con nombre y apellido y sin embargo dominaban en el contexto de quinientas familias.
–Minutos antes del desalojo, la Policía Metropolitana dijo que venía a realizar allanamientos. ¿Les mintieron?
–Los vecinos se pusieron contentos porque pensaban que iban a allanar las armas de esa banda que operaba dentro del asentamiento. Los engañaron para que salieran de las casas. Luego vinieron con las armas de grueso calibre apuntando de cerca. Pero desde el Gobierno de la Ciudad se habló de un desalojo voluntario. Los sacaron a punta de pistola y voluntariamente tenían que aceptar la única propuesta que le daban: ir a un parador de noche hasta que les dieran una solución. La violencia del proceso del desalojo también fue muy difícil. Arrasaron con las camas cuchetas, con los colchones y las pocas pertenencias. Y fueron específicamente violentos tanto con los jóvenes como con las mujeres.
–¿Qué explicación dieron desde Desarrollo Social de la ciudad?
–Con ellos vino la improvisación. La delegación gubernamental pensaba que se trataba solamente de 40 familias. Lo que demuestra que en seis meses nunca se acercaron. Ni siquiera hicieron un trabajo social de visitar a cada familia y ver sus realidades. Hay tantos recursos hoy en día para hacer un trabajo serio y en serio, y optaron por lo más irracional que se pueda hacer. Hubiese sido una buena oportunidad para que las autoridades políticas del Pro se acercaran. Para que conocieran a las personas. Pero se manejaron por dichos. Había alrededor de 500 familias. Y prepararon el desalojo para 40 personas. Hablé con Carolina Stanley –ministra de Desarrollo Social de la ciudad– para pedirle agua y alimentos y sólo me mandó cuarenta viandas de comida. Una cosa desproporcionada con la realidad y que fue una constante en todo el proceso. Aunque algunos me han dicho que esto estaba todo calculado. Estamos a miércoles y todavía hay más de 500 personas en la calle.
–¿Hizo un balance sobre lo que dijeron los medios de comunicación?
–Tengo la sensación de que mi voz es la única que dice que pasó algo distinto de lo que dicen los medios. Mostraban imágenes de gente guardando cosas en las casas de vecinos y decían “tienen hogares donde dejar sus cosas”. Desconocen la solidaridad de la gente que vive en las villas. No saben cómo es el corazón de la gente que tiene necesidad, que es ayudada y que cuando puede ayuda. Ocurre que la gente que vive en la ciudad esto no lo entiende.
–¿Usted sufrió situaciones de violencia de parte de la Metropolitana?
–La violencia física es lo de menos. Me apretaron en el piso con el escudo, pero me dolió más las cuatro horas que la jueza y el fiscal me estuvieron engañando y bicicleteando. El objetivo era el desalojo. Acá hay que cumplir con una ley de urbanización sancionada hace diez años que obliga a sanear el terreno y urbanizarlo. Los vecinos de la toma no quieren subsidios, ni plata. Quieren un techo y pagarlo mes a mes. Es lo que le propusieron durante estos seis meses al gobierno porteño; que se fuera urbanizando mientras estaban ellos ahí. Como un control. Porque si no pasa como en el Parque Indoamericano, que los desalojaron y al final la ciudad recuperó un baldío. Esperemos que este desalojo no termine en otro baldío.
Denuncian a Macri por plan de desalojos en La Boca
El candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires por Alternativa Popular, Pablo Ferreyra, cuestionó ayer al gobierno de Mauricio Macri por propiciar “negocios inmobiliarios” que buscan “expulsar a las familias de sus viviendas”, y apuntó a La Boca como uno de los barrios afectados por esta modalidad.
Télam Buenos Aires 14/10/2013 Dos de los vecinos que habitaban el conventillo del barrio de La Boca, incendiado y destruido por completo en el día de ayer, a causa de las llamas que se cobraron la vida de dos niños. Foto: José Romero/Télam/aa
“Nosotros arrancamos parte de nuestra campaña en conventillos de La Boca, donde existe un modus operandi del macrismo que consiste en pasar el dato a los compradores amigos sobre determinadas propiedades, y luego de la compra desalojan a las familias que allí vivían”, dijo el candidato a Télam.
Agregó además que “muchas veces se generan incendios intencionales para que la familia se vaya del lugar, y así pueden vender la propiedad a mejor precio”.
De esta forma, Pablo Ferreyra relacionó el incendio que tuvo lugar hace dos días en un conventillo en La Boca, en el que murieron dos niños y 11 familias perdieron su vivienda, con el “modus operandi del macrismo para hacer negocios”.
“Hablamos con vecinos de la zona, y nos dijeron que el incendio fue intencional, que tiraron una molotov”, aseveró Ferreyra.
En este marco, el candidato cuestionó también al gobierno porteño por la falta de “un plan integral de vivienda”, que contemple también “regulación sobre los alquileres y las comisiones que cobran las inmobiliarias”, así como “mejoras en las condiciones edilicias” y la “urbanización de las villas”.
“Se trata de una cadena de medidas que tienen que apuntar a mejorar la crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires y que impida que las corporaciones inmobiliarias avancen en su lógica voraz”, dijo Ferreyra en referencia a la postura que llevará a la Legislatura su espacio político.
Violento desalojo de la Metropolitana en el Borda dejó al menos 36 heridos
Al menos 36 personas resultaron con heridas de diferente consideración durante los incidentes en el Hospital Borda tras un violento desalojo realizado por la Policía Metropolitana este viernes informó el SAME. En tanto, unas siete personas fueron detenidas por la fuerza y fueron liberadas horas más tarde.
De acuerdo al parte oficial difundido por el Ministerio de Salud porteño, 17 de los hospitalizados eran efectivos de la fuerza de seguridad porteña, uno de ellos con posibilidad de pérdida de un ojo y otros dos con "traumatismos encefalocraneanos".
En tanto, varios trabajadores de prensa resultaron heridos durante los incidentes que se produjeron en el Hospital Borda. Un fotógrafo del diario Clarín, un camarógrafo de C5N, otro de TN, un asistente de cámaras de Telefé, una periodista del canal América 24 y un integrante del equipo de de audiovisuales de la agencia de noticias Télam resultaron lastimados durante el accionar de la Policía Metropolitana.
Los hechos comenzaron pasadas las 7 de este viernes cuando un nutrido grupo de efectivos de la Metropolitana desalojaron a los empleados del centro de salud que intentaron impedir la demolición del Taller Protegido 19, un lugar donde los pacientes psquiátricos realizaban tareas de rehabilitación y aprendizaje de oficios, que es considerado patrimonio histórico de la Ciudad.
Luego de graves choques y la represión con balas de goma y gases lacrimógenes, legisladores de la oposición que se hicieron presentes dialogaron con el jefe del operativo de la PM para calmar la embestida policial y acordaron que la fuerza se retiraría en 10 minutos. Sin embargo, pasadas las 12.30 la Metropolitana volvió a reprimir con armas y gas pimienta a cientos de las personas, incluidos los diputados porteños.
Poco después de iniciados los incidentes, irrumpieron en el Borda legisladores de la oposición para constatar la orden de desalojo y para evitar más represión. Entre otros, estuvieron María Rachid, Alejandro Bodart, Jorge Selser, Francisco "Tito" Nenna, Fabio Basteiro, Aníbal Ibarra y Virginia González Gass. Todos coincidieron en afirmar que sin orden judicial el ministro de Desarrollo Urbano,Daniel Chaín, fue quien autorizó el operativo orquestado por la Metropolitana a cargo de Montengro.
A los empujones y tras forcejear con un cordón de policías, los diputados lograron dialogar con el jefe del operativo para evitar más incidentes. Luego de una pequeña charla, se acordó el retiro de los efectivos para garantizar la paz, pero en ese instante, cuando los legisladores informaban a través de los medios la orden de retirar a la fuerza del predio, volvieron a reprimir ferozmente afectando con los gases a dos de ellos.
Ante los graves incidentes, los líderes de ATE convocaron a un paro nacional con movilización a la jefatura de gobierno porteño para la semana próxima. El secretario general de ATE, José Luis Mataza, informó que la marcha se realizará el martes próximo, a las 11, desde la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo para marchar luego a la jefatura de gobierno porteña "en defensa de lo público y la apertura de paritarias". Mataza pidió también "que se retire la Policía Metropolitana y se libere a los compañeros detenidos".
• Explicación del Gobierno de la Ciudad
La vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, justificó la represión de la Policía Metropolitana al sostener que "nunca previmos que iba a ver una agresión hacia la Policía". "La policía no fue a enfrentarse con nadie pero se recibieron agresiones que actuó, se defendió de gente que no tienen representación en el Hospital Borda", dijo Vidal, en conferencia de prensa sin la compañía del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.
La funcionaria encabezó la rueda de prensa junto al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; y los ministros Guillermo Montenegro y Daniel Chain, y sin la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri.
"El jefe de Gobierno está en su despacho y está al tanto de lo ocurrido", aseguró Montenegro ante la consulta de la prensa ante un rumor que circuló sobre la ausencia de Macri del distrito.
De hecho, minutos después de la conferencia, el Gobierno porteño difundió una gacetilla de prensa en la cual informó acerca de una actividad de Macri, junto a la alcaldesa de Montevideo, Ana María Olivera Pessano, ocurrida en Villa Lugano.
• Trabajadores de prensa entre los heridos
Algunos trabajadores de prensa forman parte de la lista de los más de casi 40 heridos que se registraron este viernes en ese predio. El fotógrafo del diario Clarín Pepe Mateos recibió un balazo de goma en la cara e incluso reveló que lo esposaron y lo detuvieron. "Me pegaron una bala de goma", confirmó Mateos en declaraciones formuladas a la prensa, al tiempo que explicó que al ser liberado lo trasladaron al Hospital Argerich para ser atendido por la herida, que no era de gravedad.
En tanto, un camarógrafo de C5N, identificado como Mario Ricci, fue herido en el codo derecho y fue atendido en un hospital cercano: según informó la señal de cable, su estado de salud es estable, aunque tuvo que ser operado en la articulación.
También resultó lastimado un camarógrafo de TN, mientras que un asistente de cámara del canal Telefé sufrió una herida en una oreja y una cronista del canal de noticias América 24 tuvo una descompensación por los gases lacrimógenos. Por último, también fue agredido un integrante del equipo de la sección Audiovisuales de la agencia Télam.
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Por Werner Pertot
