El juez Daniel Rafecas ha desestimado la imputación que el fallecido fiscal Alberto Nisman efectuó el 14 de enero contra la presidenta Cristina Fernández y que el fiscal Gerardo Pollicita impulsó el 13 de febrero basándose en los datos aportados por Nisman en enero. Los dos fiscales interpretaron que había elementos suficientes como para investigar a la presidenta, al ministro de Exteriores, Héctor Timerman, y a otros ciudadanos próximos al Gobierno, por supuesto encubrimiento de terroristas iraníes. Sin embargo, Rafecas califica de “alarmante” que se hubiera efectuado una imputación tan “grave” contra la presidenta sin “elementos de prueba” para respaldarla.

Nisman argumentó en su denuncia que Cristina Fernández promovió a finales de enero de 2013 un acuerdo o memorando de entendimiento con Irán respecto a la investigación del atentado con coche bomba contra la sede porteña de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994. Aquel acuerdo contemplaba la creación de una Comisión de la Verdad integrada por juristas internacionales que entrevistarían a los ciudadanos iraníes implicados en el atentado. Nisman sostuvo en su denuncia que el preacuerdo con Irán era un pretexto para conseguir petróleo iraní a cambio de levantar las órdenes de busca y captura que la Interpol mantiene sobre cinco ex altos cargos iraníes a cambio de acuerdos comerciales.

Sin embargo, el juez Rafecas indica que las expresiones y actitudes de Cristina Fernández respecto a la investigación de la causa AMIA “han guardado una notable coherencia en punto a la persecución de los fines de verdad y justicia”. Rafecas señala que para Nisman esas actitudes de Cristina Fernández eran una “mascarada” que escondía “oscuros e inconfesables intereses espurios”. Allá donde Nisman observó una “mascarada”, Rafecas ve un “salto imaginativo” por parte del fiscal.

“Si la grave acusación del Dr. Nisman fuera cierta”, señala el juez, “habría que admitir que una figura política, que actualmente reviste la presidencia, que a lo largo de 20 años de trayectoria ha sido consecuente en la búsqueda en proveer verdad y justicia a las víctimas del atentado, conciba dar un giro en sus convicciones de 180 grados, e instruya a sus subordinados, a traicionar a esos valores, a su país, y especialmente a las víctimas que siguen esperando por verdad y justicia”.

El juez estima que el acuerdo con Irán nunca pasó de su fase inicial y nunca se llegó a crear una Comisión de la Verdad. Por tanto, las alertas rojas u órdenes de busca y captura de Interpol nunca fueron levantadas. “¿Cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir un favorecimiento real, una ayuda material concreta prestada –en este caso- a prófugos de la justicia argentina?”, se pregunta Rafecas en su resolución.

Rafecas observa que lo único que presentó Nisman para probar la implicación de la presidenta fueron recortes de prensa y tres conversaciones telefónicas en las cuales se aludía a Cristina Fernández. En la primera grabación, registrada el 28 de enero de 2013, se escucha al ciudadano argentino y dirigente islámico proiraní Yussuf Khalil charlando con el supuesto espía Allan Bogado. La segunda escucha transcurre el 20 de mayo de 2013 entre Khalil y el dirigente social kirchnerista Luis D’Elía. Y la tercera, tiene lugar el 6 de febrero de 2013 entre Khalil y Allan Bogado.

El juez estima que ninguna de esas tres conversaciones permiten interpretar que la presidenta encubría a supuestos terroristas. “Y para colmo”, señala el juez”, uno de los interlocutores, Allan Bogado, “resultó ser un falso espía denunciado penalmente” por la Secretaría de Inteligencia. Rafecas concluye que “no hay un solo elemento de prueba” contra Cristina Fernández, ni siquiera como indicio.

El juez señala: “En modo alguno, los elementos de juicio reunidos, siquiera por vía de hipótesis, permiten circunscribirlos o conectarlos con un pretendido plan criminal urdido desde el seno de las más altas autoridades”. Además de la presidenta, Rafecas estima que no hay elementos para investigar a ninguno de los imputados por Nisman.

Alberto Nisman también solicitó en su denuncia que se interrogase a la presidenta y a su ministro de Exteriores, Héctor Timerman. Nisman señaló en su escrito: “Luce evidente que el compromiso de Timerman, por orden de la Sra. Presidente, fue gestionar el cese de las notificaciones rojas de Interpol, dado que se trataba del interés primordial de Irán para firmar el acuerdo”. Sin embargo, Rafecas asegura que “no hay documento alguno, ni testimonio alguno, ni escucha alguna, que sostenga” la acusación contra Timerman. “Esto es especialmente alarmante en aquellos casos en donde el Dr. Nisman señaló, con fechas incluidas, las veces en que Timerman viajó a la sede mundial de Interpol a entrevistarse con Noble, en mayo y noviembre de 2013”, insiste Rafecas.

“¿Con qué elementos de prueba contó el denunciante para asegurar que en aquellos encuentros el Canciller argentino presionó a Interpol para que den de baja las notificaciones rojas? No los hay. Es una grave afirmación sin ningún soporte probatorio. Para colmo desmentida puntualmente y en forma categórica, como veremos, por el Secretario General de Interpol, Ronald Noble”.

Rafecas sostiene que lo que que está claro, tanto en la imputación de Nisman como en la de Pollicita, es que “el delito nunca se cometió”. Y que los supuestos actos de ideación y preparación “no resultan en absoluto punibles, por más ingratos, alarmantes, desagradables o repudiables” que puedan parecer, “ellos o las personas que los realizan”.

Por su parte, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Julio Slochsser, indicó a este diario: “Nos parece una resolución muy bien fundada, pero no somos parte de la causa, no hemos tenido acceso a las pruebas. Somos respetuosos con las resoluciones judiciales. Me quedo con la idea, eso sí, de que en un momento dado Rafecas dice que lo único que pretendía Irán era el levantamiento de las órdenes de busca y captura emitidas por Interpol. Y como eso no se dio, el memorándum quedó muerto. Eso es lo que dice Rafecas, palabras más o palabras menos. Ahora esperamos a ver qué hará el fiscal Gerardo Pollicita. Veremos si apela o no esta resolución”.