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Al igual que hace 3 años en Honduras, un presidente democráticamente electo acaba de ser destituido en Paraguay por un parlamento bajo control de la oligarquía nacional. La periodista argentina Stella Calloni nos revela la mano –castrense y estadounidense– que se perfila tras este nuevo golpe institucional orquestado en Latinoamérica contra un gobernante electo según las reglas del sufragio universal en Latinoamérica.
El pasado 22 de junio de 2012, mientras se realizaba el juicio político exprés contra el presidente democráticamente electo de Paraguay Fernando Lugo, proceso considerado ilegal por los países vecinos, diputados paraguayos se reunían con militares de Estados Unidos para negociar la instalación de una base castrense en el Chaco, territorio extenso y despoblado del país sudamericano.
El legislador José López Chávez, quien respondía al grupo disidente del Partido Colorado (la Unace) –encabezado por el general golpista Lino Oviedo, con el cual tiene algunas diferencias– y ex presidente de la Comisión de Defensa de la cámara baja, expresó su esperanza en que Estados Unidos instale bases militares en el Chaco, según fuentes de ABC Color.
De acuerdo con ese medio, el más poderoso complejo mediático de la derecha en Paraguay y clave en la destitución de Lugo, el diputado López Chávez –acusado de conductas mafiosas– confirmó que dialogó con jefes militares estadounidenses sobre la posibilidad de instalar bases, aunque el tema está siendo analizado por el Pentágono
En declaraciones a una radiodifusora paraguaya (789 AM), el legislador argumentó que es necesario instalar dichas bases, ya que, según su apreciación, Bolivia constituye una amenaza para Paraguay, debido a la carrera armamentista que desarrolla. Asimismo alega que su país necesita mejorar su seguridad en las zonas despobladas.
La ayuda humanitaria
El posible acuerdo bilateral llevaría ayuda humanitaria de tropas estadounidenses para la población local. Como se sabe, la acción cívica y la ayuda humanitaria, que ya han realizado tropas de Estados Unidos en Paraguay, a las que se dio inmunidad diplomática en mayo de 2005, es un esquema de contrainsurgencia, espionaje y control poblacional y territorial.
Según las fuentes, esa propuesta tomó estado público el pasado 23 de junio, luego de un encuentro entre referentes de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados con un grupo de generales de Estados Unidos, el cual llegó al país para dialogar sobre eventuales acuerdos de cooperación.
Esta podría ser una de las causas de la rapidez con que se sacó a Lugo del gobierno, por los compromisos con el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Sudamericanas, lo que no habría permitido avanzar en el proceso de bases castrenses.
En 2009 Lugo había rechazado, aunque débilmente, la posibilidad de grandes maniobras del Comando Sur en Paraguay, aduciendo los compromisos con naciones asociadas.
Pero desde mayo de 2005 –antes de la llegada de Lugo al gobierno– se permitió el ingreso de tropas estadounidenses a Paraguay con inmunidad, permiso de libre tránsito y permanencia para sus soldados con vigencia hasta diciembre de 2006, prorrogable automáticamente, como entonces publicó este periódico.
Fue uno de los golpes más fuertes que Washington asestó contra el Mercosur, el cual renunció así a su poder jurisdiccional, ya que las tropas pueden trasegar armamento, equipo y medicamentos y actuar en cualquier lugar del territorio, y sin nuevas autorizaciones en esos momentos entraron un contingente de 400 soldados –el primero– y grupos especiales.
En realidad, este tipo de tropas nunca se fueron de Paraguay. Cuando el dictador Alfredo Stroessner fue derrocado por un golpe entre amigos en febrero de 1989 se mantuvieron en el poder militares que habían participado en su larga dictadura (1954-1989).
Paraguay perdió el derecho de investigar los delitos que pudieran cometer las tropas extranjeras y no podrá demandar a Washington ante la Corte Penal Internacional, violando así su legislación.
En Paraguay, informes detallados de analistas militares advirtieron sobre la poderosa infraestructura de Estados Unidos en un país de importancia geoestratégica, porque limita con Bolivia, Brasil, Argentina y está relativamente cerca de otros donde hay bases castrenses estadounidenses.
Los militares del Comando Sur han marcado el territorio que está sobre el extenso acuífero guaraní, uno de los más grandes de agua potable del mundo, ubicado en la triple frontera que tiene Paraguay con Argentina y Brasil.
Según los informes castrenses, todos los cuarteles paraguayos cercanos a las fronteras están preparados como infraestructura para tropas estadounidenses, las cuales incluso han cavado pozos artesianos para agua potable, supuestamente para campesinos, que en realidad éstos no utilizan.
Así, el cuartel Mariscal Estigarribia, situado a sólo 250 kilómetros de Bolivia, tiene una pista de casi 3 mil 800 metros de largo, en un país que tiene escasas fuerzas aéreas.
Ésta fue construida por tropas estadounidenses, las cuales la modernizaron en años recientes y está diseñada para recibir aviones Galaxy y B-52, así como otras aeronaves portadoras de equipo y armamento de gran escala; también está preparada la pista de la base de Palmerola, en Honduras.
De la misma manera, allí pueden ubicarse miles de soldados si se requiere hacerlo en cualquier momento. Está catalogada como una de las bases con infraestructura más poderosa de Estados Unidos en América Latina.
Sin embargo, es evidente que ante la ofensiva en marcha contra los gobiernos de Sudamérica que posibilitaron un escenario golpista en Bolivia y Paraguay, en junio de este año, así como conatos desestabilizadores en Argentina, se necesita ubicar más tropas en ese lugar estratégico.
La noticia de los acuerdos mencionados entre los diputados ligados con la dictadura pasada y los generales estadounidenses no sorprende en estas circunstancias. Y precisamente en un país donde la lucha por las tierras robadas y mal habidas, como las caracterizó la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia, el conflicto social es cuestión permanente.
Para los campesinos, recuperar sus tierras es cuestión de vida o muerte. Especialmente por los ataques de los llamados brasiguayos y sus grupos de choque, empresarios soyeros de Brasil, pero como sostiene Martín Almada, defensor de los derechos humanos, forman parte de las grandes corporaciones, como Monsanto, que avanzan sobre el continente.
Detrás de la destitución de Lugo hay elementos que deben verse como un ataque estratégico para el proyecto de desestabilización, tendiente a golpear la integración latinoamericana.
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