Yara Hawari
The Independent

Traducido del inglés para Rebelión por Sara Plaza.

Hoy [17 de marzo de 2015] los ciudadanos israelíes votan su próximo gobierno en un país que a menudo es etiquetado como “la única democracia en Oriente Medio”. Irónicamente, votarán con papeletas fabricadas en un asentamiento ilegal israelí en Cisjordania por palestinos que no podrán participar en este proceso político.

De hecho, unos 4,5 millones de palestinos residentes en Cisjordania y Gaza no pueden pronunciarse sobre cuál partido político israelí controlará cada uno de los aspectos de su vida.

Los acuerdos de Oslo a mediados de los 90′ dividieron Cisjordania en tres áreas administrativas, conocidas como A, B y C; la primera es controlada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), la segunda es controlada conjuntamente por la ANP y las Fuerzas de Ocupación Israelíes (FOI) y la tercera, únicamente por las FOI.

En realidad, el control sobre la vida cotidiana de los palestinos en cada una de esas áreas lo tienen las FOI, y lo ejercen de manera brutal. No existe libertad de movimiento, se les niega el acceso a los recursos y las incursiones del ejército israelí en pueblos y ciudades son habituales. Los palestinos sufren a diario los violentos ataques de los colonos, que a menudo incluyen la quema de tierras agrícolas y la agresión física a cualquiera que se interponga en su camino.

En Gaza la situación es incluso peor. A pesar de haber elegido a su propio gobierno, Hamas, las vidas de estos palestinos dependen casi literalmente de los caprichos de Israel y de sus juegos políticos. En el verano de 2014, más de 2.000 palestinos fueron masacrados en Gaza y la mayor parte de su infraestructura fue arrasada.

Para poder solicitar los materiales de construcción que necesitan para reconstruir sus casas, los palestinos tiene que dar su nombre, dirección y las coordenadas del edificio a la ONU según lo estipulado en el mecanismo para la restauración de Gaza propuesto por este organismo. Toda esa información es entregada después a la Autoridad Nacional Palestina, mientas que las autoridades israelíes, teóricamente, solo reciben un listado con los nombres y las direcciones antes de aprobarse la provisión de materiales solicitados. Inevitablemente, existe un gran escepticismo sobre si las coordenadas de los edificios no están siendo entregadas también a Israel, lo que permitiría al ejército israelí dirigir contra ellos sus misiles de precisión cuando estalle la próxima guerra.

Además, Israel incluso ha sido acusado de poner “a dieta” a los gazatíes, y de controlar el número exacto de calorías que podían entrar en la Franja entre 2007 y 2010.

Los 1,7 millones de palestinos que tienen derecho a voto en Israel se enfrentan a un dilema cada vez que hay elecciones: si votan, mal, y si no votan, también. Aunque tienen la ciudadanía, ésta es meramente nominal, y existe un conjunto de leyes israelíes discriminatorias contra ellos. Su situación es la de un pueblo colonizado internamente y el tipo de ocupación que padecen, aunque sutil, es muy real.

Existe un movimiento histórico fuerte entre los ciudadanos palestinos de Israel que aboga por boicotear las elecciones. Para muchas de estas personas, votar significa normalizar el apartheid y legitimar el régimen actual. Entienden el boicot como un acto de solidaridad con sus hermanos y hermanas en Cisjordania y Gaza.

Sin embargo, algunos creen que se puede cambiar el régimen y acabar con la ocupación desde dentro, y este año hemos visto algo sin precedentes: una lista árabe conjunta. En esta lista confluyen cuatro partidos políticos árabes importantes, y se prevé que pueda convertirse en la tercera fuerza del Parlamento israelí. Incluso Netanyahu parece preocupado ante el hecho de que los árabes ejerzan su derecho al voto, y se ha valido de ello para sembrar el temor entre los judíos israelíes y hacer que voten a su partido.

Para los ciudadanos palestinos de Israel el debate electoral es verdaderamente importante, y a pesar de sus diferentes posiciones ambos bandos sostienen que Israel no es una democracia. Un Estado que controla a su población mediante una ocupación ilegal desde hace décadas no es una democracia. Y tampoco lo es un Estado que se declara únicamente judío y que ignora los derechos de la población originaria no-judía.

Israel no pertenece a todos sus ciudadanos ni a aquellos bajo su control. Es un Estado colonial –de colonos– y etnocrático que pisotea el Derecho internacional a diario oprimiendo a los palestinos con distintas formas de ocupación. Y lo hace con la complicidad europea y estadounidense. ¿El faro de la democracia en Oriente Medio? Ni mucho menos.

Este artículo ha sido modificado para aclarar que los gazatíes que desean solicitar materiales de construcción para reconstruir sus casas tienen que dar sus datos (incluyendo las coordenadas GPS) a la ONU y, a su vez, a la Autoridad Nacional Palestina. Los nombres y las direcciones se entregan a las autoridades israelíes, que pueden vetar las solicitudes. Las coordenadas GPS ya no son entregadas, aunque continúa el escepticismo sobre cuáles son los datos que se dan realmente a las autoridades israelíes.