Toda Argentina, y en especial los alrededores de Buenos Aires, donde viven casi 10 millones de personas, lleva meses empapelada con las caras de los candidatos presidenciales con carteles enormes en las autopistas. Cada teléfono fijo recibe con frecuencia llamadas con grabaciones de los candidatos a la presidencia, a la provincia, a la alcaldía. Los diarios están llenos de publicidad aparentemente institucional pero que es propaganda política. Es algo totalmente legal, o alegal, y con un coste enorme que nadie sabe quién paga. Por primera vez, esta semana, la Cámara Electoral argentina, formada por jueces que controlan el proceso electoral, ha dado un paso: dictó una sentencia en la que exige a los candidatos que expliquen sus gastos de campaña y denuncia el “alto grado de opacidad respecto a la identidad de las fuentes de financiamiento”. Todos ellos deberán presentar una lista detallada con sus gastos y justificar su origen, según la sentencia.
Además, la Cámara Electoral les recuerda que solo pueden hacer campaña un mes antes de las primarias de agosto, esto es en julio. Desde principios de 2014 hay carteles por toda Argentina, en unas campañas eternas que según cálculos de los propios partidos publicados en el diario La Nación pueden llegar a 1000 millones de pesos (105 millones de euros) cada una. La Cámara Electoral también ha enviado un escrito a todas las empresas que se dedican a la publicidad y tienen las licencias de los carteles en la vía pública para recordarles que no deben aceptar campañas políticas antes de 10 de julio. Aunque los carteles de momento siguen ahí.
La financiación pública es escasa en Argentina, con lo que la mayor parte de ese dinero llega de empresarios amigos por vías opacas. Fuentes del empresariado consultadas admiten en privado que todos los grandes financian de una u otra manera a varios candidatos. Esos “inversores” destinan grandes cantidades de dinero a candidatos que ni siquiera se sabe si llegarán al final de la carrera electoral. El recaudador es así el personaje central en el entorno de los candidatos, que sin dinero estarían acabados.
La financiación pública es escasa en Argentina, con lo que la mayor parte de ese dinero llega de empresarios amigos por vías opacas
Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, una ONG anticorrupción argentina ligada a Transparencia Internacional, cree que “la Cámara electoral está mandando un mensaje claro a los políticos. Hay que legislar, hay que controlar estos gastos”. “Los partidos no cuentan la verdad. No sabemos quién los financia y eso es no conocer quién está detrás del poder. ¿Cómo se van a devolver esos favores? Esto es fuente de corrupción. Vemos que en Brasil o Chile se está reaccionando pero en Argentina aún no. Los jueces dan un primer paso”, señala.
El límite oficial de una campaña presidencial es de 254 millones de pesos (26,7 millones de euros). Es casi el doble de lo que se permitió en 2011, pero no basta. La batalla es muy fuerte y el dinero es clave. Algunos candidatos, como Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires e hijo de uno de los empresarios más ricos de Argentina, buscan fórmulas como una cena a 50.000 pesos el cubierto. Ya ha realizado la primera, con casi 2.500 invitados y una notable presencia de empresarios chinos, por ejemplo, y planea hacer otras. Solo ese día logró unos 13 millones de euros.
Sergio Massa, otro candidato fuerte, exjefe de Gabinete de Kircher y ahora peronista opositor, cuenta con el apoyo de alcaldes de poderoso conurbano de Buenos Aires que le ayudan a buscar fondos. Daniel Scioli, candidato oficialista, tiene como gobernador de la enorme provincia de Buenos Aires un aparato público a su favor. La batalla lleva ya meses en marcha, y aún quedan otros seis y medio en los que los gastos, y por tanto los favores y la opacidad, aumentarán.
1 comentario
César Vilela
La ARGENTINA CORRUPTA, seguirá siendola en la medida que no EXISTA INFORMACION PUBLICA ¡PUBLICADA! Y AUDITADA POR ORGANISMOS EN MANOS DE LA OPOSICION O AUTONOMOS. Ya vimos como el caso SUEÑOS COMPARTIDOS, "explotó tardíamente" por la UIF (unidad de información financiera que persigue al lavado) dirigida por Sbatella, por haber cajoneado la denuncia por mas de un año, presentada por la diputada Elsa Quiroz. Hay UN SOLO ORGANISMO CONFIABLE EN TODO EL PAIS, se trata de la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, pero con ACCESO RESTRINGIDO A LA INFORMACION PUBLICA. Existe una OFICINA ANTICORRUPCION, pero mas que INVESTIGAR ¡ENCUBRE! "LA ETICA PUBLICA Y LA TRANSPARENCIA" son expresiones SIN CONTENIDO en Argentina ¡Y NO DE AHORA! En cada NUEVA CAMPAÑA, TODOS PROMETEN COMBATIR LA CORRUPCION y no solo la PERFECCIONAN sino que la COMPLICAN, como viene sucediendo desde los 90 HASTA HOY, al INCORPORAR AL NARCOTRAFICO como CONTACTO PREPONDERANTE. Ridiculamente despuès se rasgan las vestiduras, cuando se ven zonas liberadas y asoladas por el crimen narco mas las victimas del consumo del veneno.
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