Es medianoche de un jueves de en Buenos Aires y en un restaurante repleto un comensal pide una parrillada completa. Trabaja en una de las grandes compañías de juegos de azar que han expandido en las últimas tres décadas este negocio en Argentina. Entre vaso y vaso de cerveza confiesa lo que periodistas y políticos sospechan o saben: mucho de lo recaudado por las tragamonedas instaladas en casinos, bingos y otras salas de juego escapa al control del Estado y parte de ese dinero ‘negro’ acaba financiando las campañas electorales de los partidos.
Lo que cuenta el empleado glotón coincide con la visión del periodista Ramón Indart, que junto con su colega Federico Poore publicó este año el libro El poder del juego. El gran negocio de la política argentina (Aguilar), y con la de uno de los pocos políticos que se ha mantenido firme en su enfrentamiento contra este negocio, el exdiputado bonaerense Walter Martello, autor de otra obra, No va más. Los vínculos entre el juego y la política en la provincia de Buenos Aires. En un reciente artículo, el periódico La Nación contó que los equipos de recaudación de fondos de los tres principales candidatos presidenciales para las elecciones de octubre próximo, el kirchnerista moderado Daniel Scioli, el peronista opositor Sergio Massa y el conservador Mauricio Macri, “se acusan de recibir bolsos semanales del juego” e “incluso deslizan los nombres de los supuestos valijeros”, es decir, los que llevan las maletas con dinero no declarado al fisco.
Massa, no obstante, ha sorprendido en marzo con una propuesta para la reestatalización del juego en Argentina. “Necesitamos un país con más educación y menos timba, y por eso estamos convencidos de que el juego lo debe administrar el Estado”, dijo Massa.
En Argentina, el 85% del juego se reparte a los apostadores; en España, no más del 65%
También una rival interna de Macri en su propio partido, Propuesta Republicana (PRO), Gabriela Michetti, dijo este fin de semana que “hay que poner absoluta restricción al juego”. Candidata a suceder a Macri en la alcaldía de Buenos Aires en las primarias del próximo día 26, Michetti advirtió: “Si no, vamos a tener por un lado los narcotraficantes, por otro los empresarios del juego, cada uno va a tener fortunas impresionantes y el nivel de competencia con el Estado va a ser brutal". Macri procuró defenderse: "Hemos puesto límites al juego desde el primer día".
El empleado de uno de los grandes grupos del juego en Argentina cuenta que estas empresas tienen diversos métodos para hacerse de las apuestas sin control estatal. “Una es declarar que tenés 200 máquinas, pero en realidad tenés 300”, cuenta el informante en la parrilla porteña. El Estado nacional, la ciudad autónoma de Buenos Aires y diversas provincias controlan en línea todas las tragaperras, que se han convertido en el negocio principal de hipódromos, casinos y bingos. “¿Pero quién controla que todas las máquinas estén controladas online (en línea)? Las autoridades están arregladas con las empresas para hacer la vista gorda”, responde el empleado infiel. “Hay menos máquinas declaradas que las existentes”, coincide el periodista Indart.
Otro método, según el empleado del sector, radica en alterar el sistema informático de las máquinas, que por ley en Argentina deben entregar el 85% de lo apostado en premios. El restante 15% se reparte entre las empresas concesionarias de la sala de juego y los estados nacional o provincial, en proporciones que cada distrito establece. En España el máximo que puede repartirse en premios es el 65%, aunque algunas comunidades autónomas solo permiten el 54%. En Italia y México los apostadores solo pueden llevarse el 75%. “La gran clave del negocio es ese 85%. Nosotros queremos que repartan menos premios, pero las empresas no aceptan”, sospecha Martello, que pertenece al Frente Renovador que lidera Massa.
“Desenchufan las máquinas y las vuelven a enchufar en el medio del día y así alteran su programación y terminan entregando menos premios de lo establecido”, cuenta Indart, que en su libro sitúa a Argentina como el país latinoamericano que más ha desarrollado los juegos de azar. Argentina es el cuarto país del mundo en que la población sufre mayores pérdidas netas por apuestas como porcentaje del PIB, solo por debajo de Filipinas, Armenia y Australia, según Indart y Poore. En la tercera economía latinoamericana, y cuarta en población, hay una tragaperras cada 570 habitantes, frente a 1.569 en Chile, 644 en Uruguay y 453 en EE UU. Brasil prohíbe el juego. En España, la empresa local Codere cuenta con un 58% más de máquinas que en Argentina, pero facturó en 2014 solo un tercio que aquí. En México tiene más del doble de tragaperras que en territorio argentino, pero sus ventas supusieron el 69% de las de aquí.
“Cada distrito tiene su arreglo para controlar la recaudación”, explica Indart. “Algunas provincias se llevan un porcentaje y controlan online las máquinas. Pero hay otras que solo le piden un canon fijo mensual a las empresas y entonces se desentienden del control. A su vez, en estos casos las empresas hacen una declaración jurada de sus ingresos y a partir de eso pagan el impuesto a las ganancias (renta)”, alerta Indart. El canon fijo impide que la recaudación se actualice por inflación o por el crecimiento de la pasión de los argentinos por el juego. Indart tampoco confía en los controles en línea. Sin embargo, un juez desestimó a finales de 2014 irregularidades en el monitoreo de las máquinas del hipódromo de Buenos Aires, entre cuyos accionistas figura un empresario que ya era grande antes del kirchnerismo pero creció mucho más en los últimos 11 años, Cristóbal López.
En la provincia de Buenos Aires, donde gobierna el kirchnerista Scioli, la que controla es la Universidad Nacional de La Plata y por eso Indart opina que constituye un “oasis” dentro del universo de las salas de juego. Pero Martello opina que este distrito no es la excepción: “La Universidad de La Plata nunca ha encontrado ni una sola irregularidad… Scioli convocó a la Universidad de Buenos Aires a hacer el control en conjunto, pero ésta desistió de hacerlo”.
Martello señala que hasta la sentencia de 2014 solo conocía una pericia que la justicia hacía hecho a una tragaperras. Había sido por la denuncia de una mujer que ganó en 2012 unos 3,4 millones de euros en un bingo bonarense, que le respondió que se trataba de un error de la máquina y le ofreció abonarle solo 440 euros. “La pericia judicial determinó que esa máquina no estaba bajo el control online, había sido apagada y le habían retirado dinero sin avisarle a Lotería de la Provincia (ente regulador)”, denuncia el dirigente opositor.
La Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos se defiende. "No hay industrias con controles similares a la nuestra. Siempre hay oportunidades de mejoras, pero en la provincia y la ciudad de Buenos Aires se avanzó un montón, y el fallo sobre el hipódromo lo demuestra", dicen fuentes de la patronal, que añaden si hubiese fraude o financiación ilegal de la política, "habría evidencias en la justicia".
Entre los principales grupos de juego en Argentina figuran Codere y los empresarios locales López, asociado a la también española Cirsa; Antonio Tabanelli, Martín y Gastón Blaquier, Aldo Roggio, Jorge Pereyra, Antonio Lacquaniti y la dupla de Daniel Mautone y Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y aliado de uno de sus antecesores en ese cargo, Macri, según enumera El poder del juego. Varios accionistas y ejecutivos de estos grupos suelen aparecer en la lista de donantes oficiales a las campañas electorales de políticos de casi todos los colores. Por ejemplo, directivos del grupo de López, que también cuenta con medios de comunicación proclives al kirchnerismo, han aportado a las candidaturas presidenciales de Fernández. “Pero también hay dinero negro que financia a la política. Los casinos mueven todo en efectivo, les pueden dar plata (dinero) ya a los políticos para organizar mañana un acto. Cuando los intendentes (alcaldes) arrancan una campaña, primero van a pedir plata al casino de su ciudad”, relata Indart. "El problema no es cuánta plata (dinero) ponen sino la íntima relación que tienen los actores poderosos del juego con los políticos", opina Martello. Hay empleados de estos grupos que acaban en cargos públicos. Es el caso de Martín Ocampo, que, según el libro de Indart y Poore, era directivo de una empresa de Angelici y fue impulsado por Macri como fiscal general de la capital argentina. Hasta políticos progresistas que criticaban el juego antes de llegar al poder acabaron aceptándolo cuando ocuparon cargos ejecutivos.
2 comentarios
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César Vilela
La cantidad de SALAS DE JUEGO, expresa el DESPRECIO por los VALORES SOCIALES, y el USO que se hace de la CIUDADANIA. Se muestra como JUSTIFICACION, de que el dinero que el FISCO recauda (impuestos, canon etc) se "USA CON FINES SOCIALES". Toda una paradoja cuando los principales clientes son los pobres, ademàs de fomentar la ludopatía. Tiempo atrás, las salas de juego estaban AUTORIZADAS en lugares turísticos, pero gradualmente fueron autorizadas en urbes que no tienen nada de turísitico. Hay que aclarar que este ENVILECIMIENTO no tiene UN solo sello partidario, sino que es TRANSVERSAL. Tanto el pseudo progresismo Kirchnerista, como la "derecha" Macrista y el Socialismo orgánico, en un abanico mas amplio, SE BENEFICIAN DEL NEGOCIADO DEL JUEGO.Además del juego, también están los narcos que al igual que en México sostienen a SUS CANDIDATOS. Prueba de ello,se dá en comunas Salteñas e incluso la COMPROBADA financiación de un traficante de efedrina, asesinado Forza que había aportado en el 2007 a Cristina F de K. Tal como lo hizo Brito (Global Pharmacy) de la "mafia de medicamentos" por $310MIL
Álvaro Aguirre
Ahora se entiende por qué no concuerdan las acciones de algunos gobiernos con los principios del partido que postuló, ni cumplen sus compromisos de campaña, simplemente están respondiendo a los intereses de quien le costeó la campaña. En este sentido los gobiernos dejan de ser representantes del pueblo que los eligió, para convertirse en gestores de quien los financió.
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