Documento - La histórica fotografía de la recorrida por la planta y la inauguración junto a Videla es parte clave de la causa que compromete a los empresarios.

El fiscal federal Leonel Gómez Barbella pidió ayer la indagatoria de los principales referentes del grupo empresarial periodístico Clarín, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, así como el del diario La Nación, Bartolomé Mitre, por la presunta connivencia con la última dictadura para, mediante la comisión de delitos de lesa humanidad, forzar a los herederos del Grupo Graiver a ceder las acciones de la empresa de fabricación del principal insumo para periódicos, Papel Prensa. La medida alcanza también a Raymundo Juan Pío Podestá, en aquel momento secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, y Guillermo Juan Gainza Paz, quien ofició de intermediario entre los representantes de los diarios y el grupo Graiver.
"Les imputo a los nombrados el haber obligado mediante intimidación al Grupo Graiver y sus allegados, víctimas identificadas precedentemente, a suscribir tres convenios cuyos objetos fueron la transferencia del capital social de la empresa Papel Prensa SA a favor de la Sociedad Anónima La Nación, Arte Gráfico Argentino (AGEA) y La Razón Editorial Emisora Financiera, Industrial, Comercial y Agropecuaria. La suscripción se concretó el día 2 de noviembre de 1976 en la sede del diario La Nación, ubicada en la calle Florida entre Av. Corrientes y Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires, y todo ello en un marco de persecución política contra las víctimas y sus negocios, ordenada por la primera junta durante la última dictadura militar", dice el dictamen, de 36 páginas, remitido ayer al juez federal Julián Ercolini.
Para el fiscal, está probada la relación entre la dictadura y los imputados: "De los elementos probatorios surgen claramente las intenciones del gobierno de facto y su connivencia en aquel entonces con los diarios La Nación, Clarín y La Razón, para lograr la apropiación ilegal de las acciones referidas." Esa afirmación se sustenta no ya en las declaraciones de los presuntos damnificados, sino especialmente en un testimonio surgido desde las entrañas mismas de la troika empresaria. "El interés de los empresarios sindicados por hacerse de las acciones que dominaban Papel Prensa se confirma con los dichos del ex secretario general de Redacción del diario Clarín, Eduardo Durruty, quien al momento de la muerte de Graiver, se encontraba en la ciudad de Nueva York. Allí recibió un llamado de Héctor Horacio Magnetto que, de acuerdo con sus expresiones, le habría solicitado que corroborara la existencia de las acciones de la empresa que Graiver poseía en aquella ciudad… Durruty mencionó, asimismo, que Los diarios La Nación, Clarín y La Razón salieron corriendo a negociar con los militares, a ver si ellos podían comprar esas acciones."
Para el fiscal, Magnetto y Mitre "participaron en el desapoderamiento extorsivo por haber sido adquirentes, mientras que (Raymundo Juan Pío) Podestá, en su carácter de secretario de la junta de dictadores, lo hizo dentro del plan persecutorio contra la familia Graiver y allegados a sus negocios. La contribución de los imputados al desapoderamiento de las acciones de la empresa Papel Prensa SA fue realizada con pleno conocimiento del riesgo de vida que corrían sus legítimos dueños y representantes al haber sido señalados por la junta de dictadores como enemigos del país, calificación propiciatoria de persecución que los representantes de los diarios difundieron a través de los medios de comunicación masivos bajo su dirección, antes y después de la transferencia ilícita".
La imputación del fiscal es directa, concreta, y está edificada sobre la valoración del relato de los propios herederos del Grupo Graiver. Para Gómez Barbella, Ernestina Herrera de Noble fue "partícipe" de la "maniobra" pues le otorgó "un mandato a Bernardo Sofovich (abogado del Grupo, NdR) sin el cual no habría podido instrumentar la operación".
La viuda de David Graiver, Lidia Papaleo, "fue intimidada por el imputado Magnetto para que 'firmara para conservar la vida de su hija y la suya también' y así suscribió muchos papeles".
El documento describe con crudeza lo que –de acuerdo con la imputación– ocurrió el 2 de noviembre de 1976, cuando se definió la operación: "el nombrado Magnetto realizó su aporte más evidente al hecho, consistente en apartar a Lidia Papaleo en un sector de la habitación, desde el cual la obligó a firmar los documentos de cesión de las acciones en su poder bajo la amenaza de muerte contra ella y su hija. Recordemos que esta amenaza se encontraba respaldada por los sucesos intimidatorios que la habían tenido por víctima en los meses anteriores y que Magnetto sólo podía conocer y usufructuar en virtud del acuerdo que lo unía con los funcionarios de la dictadura cívico-militar".
La alusión viene a cuento de que, según el fiscal, todo ocurrió en un contexto de secuestro ilegal y aplicación de tormentos a los Graiver. Dice el dictamen: "cabe tener presente que a Juan Graiver lo secuestraron el día 7 de marzo de 1977; a Lidia Papaleo, Silvia Cristina Fanjul, Lidia Catalina Gesualdi y Eva Gitnacht, el 14 de marzo del mismo año; y tres días después, a Isidoro Graiver.
Por otra parte, a Rafael Ianover lo secuestraron el 12 de abril de 1977. Ellos fueron torturados e interrogados por sus supuestas conexiones con la organización Montoneros, con el sionismo y el marxismo".
"La coordinación entre la progresión de las amenazas, por un lado, y el avance de las negociaciones, por el otro, es un indicio vehemente del acuerdo que, explícitamente o no, existía entre el régimen dictatorial y los empresarios designados como adjudicatarios de las acciones de Papel Prensa que debían obtenerse a partir del desapoderamiento del grupo Graiver", insistió el fiscal.
Gómez Barbella derribó el ensayo de defensa respecto de que el traspaso de Papel Prensa al conglomerado empresario privado con participación del Estado se trató de una operación comercial normal y lícita. "Sin que a las víctimas se les permitiera vender el paquete de acciones mayoritario de la empresa a otros interesados, los firmantes fueron obligados a ceder su dominio a personas elegidas por la junta de dictadores."
La "venta" del paquete accionario  se concretó "cuando los integrantes del grupo Graiver se encontraban secuestrados en el Centro Clandestino de Detención llamado Puesto Vasco, en la provincia de Buenos Aires", concluye el dictamen.
Bernardo Sofovich, Patricio Peralta Ramos (ex presidente de La Razón),  Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y José Alfredo Martínez de Hoz también fueron acusados, pero en sus casos la acción penal se extinguió: todos están muertos. «

Comunicado 

Los abogados de los accionistas de Clarín y La Nación  emitieron ayer un comunicado y acusaron al fiscal Leonel Gómez Barbella de ser "afin al oficialismo". " Todo el aparato de comunicación oficial vino preparando el terreno para esta solicitud de un fiscal subrogante que, hasta hace pocas semanas, no había tomado jamás contacto con esta causa. Un expediente en el cual todo lo acumulado en estos años reafirma la absoluta falsedad y orfandad probatoria de la denuncia, propiciada en 2010 por el gobierno nacional con el único fin de ir contra la prensa que no controla", subrayaron.  El comunicado firmado por Hugo Wortman Jofré, Alejandro Pérez Chada y Gabriel Cavallo concluye que "no existe ninguna evidencia para que la venta de las acciones de Papel Prensa pueda ser considerada un delito, y menos aún, un delito de lesa humanidad".

Pedirán ampliación

Eduardo Barcesat, abogado del ex vicepresidente de Papel Prensa y parte querellante en la causa, Rafael Ianover, solicitará que se amplíe a otros delitos el llamado a indagatoria de los directivos del Grupo Clarín Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, y el presidente de La Nación, Bartolomé Luis Mitre.
En concreto, Barcesat adelantó que solicitará incluir en el llamado a indagatoria los delitos de "asociación ilícita calificada, privación ilegítima de la libertad y torturas".
Una vez conocida la decisión del fiscal Leonel Gómez Barbella de dictar la convocatoria a los directivos que compraron Papel Prensa en una supuesta situación irregular durante la última dictadura cívico militar, Barcesat destacó la iniciativa. "El fiscal se tomó la tarea de revisar el expediente y citar a la indagatoria", señaló el abogado. También resaltó la figura que utilizó el fiscal, al citar a los directivos de los grupos mediáticos por "extorsión agravada con empleo de violencia" bajo la condición de "crimen contra la humanidad", lo que evita que prescriban los hechos investigados.
En cambio, Barcesat remarcó que Gómez Barbella dejó de lado varias posibles figuras acusatorias, como la "asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y torturas". Lo consideró "una deficiencia o una omisión de la convocatoria", por lo que va a pedir "que se amplíe".