Aunque está dentro de sus responsabilidades y obligaciones como jefe de Gobierno, Mauricio Macri jamás denunció, como sí lo hizo alguno de sus antecesores en el cargo, a una empresa textil que apele al uso de mano de obra esclava. Esa pasividad de Macri se entiende y a la vez se hace particularmente grave cuando se indaga en su biografía y en la actividad principal de su flamante familia. La actual tercera esposa de Macri, Juliana Awada, fue denunciada por ser propietaria de una empresa de ropa que produce en talleres clandestinos. También fue denunciado el hermano mayor de su cónyuge como dueño de la marca Cheeky, quien, acusado por el mismo delito, fue sobreseído nada menos que por el actual ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Guillermo Montenegro, poco antes de que dejara su puesto como juez federal. Juliana Awada, con quien Macri se casó en noviembre pasado con gran despliegue mediático y prometiendo hijos que continúen ese despliegue, es dueña junto a su madre, Pomi, y su hermana, Zoraida, de la glamorosa marca que lleva su apellido. Desde el 2006 la empresa Awada viene siendo denunciada por tercerizar la producción de sus prendas en talleres clandestinos que explotan a costureros inmigrantes indocumentados en extensas jornadas laborales. La última denuncia contra la marca se hizo en marzo de 2010. La Fundación Alameda en ese momento recibió el testimonio de Osvaldo Martín García. Éste había sido despedido de un taller clandestino en Villa Crespo que produce para varias marcas, entre las cuales se encuentran Awada y Cheeky. Con la bronca de haber sido echado por reclamar un aumento salarial, García denunció de qué manera trabajó durante seis años. “Awada hace remeras de niños manga corta y larga, se plancha y guarda. Mil quinientas prendas, y ganaba 40 pesos por día. Durante seis años estuve en negro. Han ido inspectores a los que no se los dejaba entrar o bien terminaban arreglando con el tallerista (el encargado), nunca llegaban al fondo del taller. Ahí no hay aire, no tenemos ventilador, no hay una mesa para poder comer. No tenemos un baño como la gente. En el verano es insoportable. Si afuera hace 35 grados, adentro parecen 60. Así tenemos que aguantar la calor.” El testimonio del costurero despedido ante La Alameda aún puede verse en un video. Ese material además incluye lo grabado por una cámara oculta dentro del taller esclavo de la calle Virasoro 1638. Ese fue el modo que empleó La Alameda para chequear la información, mediante un costurero que fue el que usó la cámara. Lo que muestra el video es que en el taller de la calle Virasoro se aceptaba al costurero sin documentos, en clara violación a la ley de migraciones, más unas cuantas imágenes de las etiquetas de la marca Awada. Quien hizo la filmación explicó a Miradas al Sur que “el taller es parecido a un garaje. A los metros de la entrada tiene hacia la izquierda un taller con máquinas. Allí vi a tres paisanos trabajando con botones y ojales. Seguís caminando y está la habitación y oficina del tallerista. Después viene el depósito y a lo último un galpón grande todo destrozado donde te morís de calor. Ahí tienen una caldera y pegadas a la caldera unas piecitas de ladrillos para los trabajadores”, describió B. L., que son las iniciales del costurero infiltrado por La Alameda. “Ese taller se dedicaba más que nada al planchado y a embolsar las prendas. Ocho personas se dedicaban a eso, todos paraguayos. Los bolivianos estaban en el tallercito de costura”, finaliza su relato el costurero que nunca más volvió sobre sus pasos de la calle Virasoro al 1600. Este medio rastreó con varias fuentes del gobierno PRO lo que ocurrió con el taller clandestino una vez que circuló el video realizado con la cámara oculta. “Primero los inspectores no fueron admitidos. En dos oportunidades no atendieron en el taller de Virasoro. En la tercera, el 23 de marzo pasado, después de que transcurrieron varias horas y sólo porque se amenazó con llamar a la policía para hacer un allanamiento, recién entonces abrieron la puerta al taller”, dijo una fuente de la administración macrista. Aquí no pasó nada. Un dato llamativo: en el acta de inspección de la Subsecretaría de Trabajo porteña no figuran ni el procedimiento ni la marca Awada. “Hicieron desaparecer las pruebas ante la no actuación de la Justicia y la demora de la parte inspectiva. Así borraron las pruebas que comprometían a Awada”, afirmó el funcionario de planta, que no tolera el trabajo esclavo. Lo que sí quedó demostrado fue que estaba trabajando un indocumentado, lo que fue denunciado ante la Procuración porteña por tratarse de un delito federal, y tres no registrados. Al momento de la inspección los trabajadores vestían prendas de las marcas Gabucci y Givenchy. El titular del taller ilegal es Facundo Jeremías Ábalo Rojas, quien tiene seis maquinas y dos mesas de planchado. Las máquinas de coser en ese momento habían sido retiradas. Nunca más funcionarios de la Ciudad volvieron al taller de la calle Virasoro al 1600. Lejos está el gobierno que conduce Mauricio Macri de continuar la política que había comenzado con el ex jefe de Gobierno que lo precedió, Jorge Telerman, quien junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a cargo de Alicia Pierini, y La Alameda denunciaron penalmente a treinta y cinco importantes marcas de ropa. Ariel Lieutier, ex subsecretario de Trabajo porteño, expresó a Miradas al Sur que “el gobierno de Macri sigue realizando inspecciones pero no hace denuncias penales y tampoco públicas. Esto permite que la tarea inspectiva quede en un mero acto administrativo. Cuando lo que se hacía antes era denunciar a los talleres clandestinos de las grandes marcas porque era la manera de instalar el tema en la sociedad y dejar una clara responsabilidad sobre la industria textil”. Los talleres bonaerenses de Awada. Muchos años antes que se corriera el rumor de que Juliana Awada se veía con Mauricio Macri en el gimnasio, la marca de ropa ya aparecía denunciada ante la Justicia y el Ministerio de Trabajo bonaerense. A mediados de octubre de 2006 la organización La Alameda inició una megacausa. El núcleo de la acusación es que en el área metropolitana existe un sistema subrepticio neoesclavista de producción basado en el tráfico de inmigrantes (en su mayoría de Bolivia) indocumentados o a quienes se les secuestran sus documentos de identidad una vez que cruzan la frontera. Esa presentación en la Justicia Federal involucró en un primer momento a cerca de ochenta grandes marcas y actualmente alcanza el centenar. La ley de trabajo a domicilio es la única forma jurídica que relaciona el submundo de la esclavitud con la moda fashion de los shoppings o pasarelas. La norma nacional (en sus artículos 4, 35 y 36) señala que son solidariamente responsables los dadores de trabajo (empresas) con los talleres donde derivan la confección de sus prendas. De hecho, los empresarios textiles, con aval del Ministerio de Trabajo nacional, presentaron un proyecto para quitar los artículos penales de la ley de trabajo a domicilio. El titular de la Comisión de Trabajo en el Congreso, Héctor Recalde, fue quien frenó el proyecto patronal esclavista. Quienes reconocen el sistema neoesclavista son los referentes del propio empresariado textil. Aseguran públicamente que el 78 por ciento de la industria se encuentra en la ilegalidad, y que de ese porcentaje la mitad utiliza mano de obra esclava. Esto implicaría sólo en la Ciudad de Buenos Aires la existencia de tres mil talleres clandestinos, y un total de 30 mil costureros. La mayoría de los talleres se ubica en la zona suroeste y sobre todo en las villas. En estas barriadas las mafias de la costura se instalan porque se dificultan las tareas inspectivas y el pago de la energía queda en manos del Estado porteño. La megacausa sobre la industria textil quedó en manos del juez federal Norberto Oyarbide. Respecto a la marca Awada, lo que hizo el magistrado fue derivar la investigación por los talleres clandestinos a los tribunales de la localidad de San Martín, a donde están instalados, más precisamente en Cabildo 5083, y en Urquiza 6121, los dos en Villa Ballester. El primer taller está a cargo, según figura en la denuncia, de Feliciano Mujica, quien es responsable directo de explotar a un total de 20 costureros. Todos ellos sin estar registrados, algunos indocumentados (una vez más: se trata de un delito federal), y por supuesto fuera del convenio de los obreros del vestido, lo que lleva que el pago se realice por prenda, lo que implica que para alcanzar un salario mínimo la jornada supere las 12 horas. En el segundo taller, el capataz Ricardo Guaigua mantiene “15 costureros en negro, algunos indocumentados, otros fuera de convenio y pagados por prenda”, según dice la denuncia presentada por La Alameda. Allí realizan sacos y pantalones desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Dos familias viven dentro del taller. La situación de los talleres clandestinos seguía igual tras la denuncia presentada ante Oyarbide, de modo que la Fundación La Alameda retomó la investigación. Así fue que regresaron a los talleres de Villa Ballester con costureros que llevaban cámaras ocultas. Con el nuevo material, el 14 de mayo de 2008 Jorge Ricardo Calegari, director provincial de Delegaciones e Inspecciones, firmó la presentación de La Alameda que incluía tres decenas de talleres esclavos. “Calegari nunca hizo nada con las pruebas que aportamos. Es más, se fastidió cuando hicimos la denuncia contra la empresa Nuestra Huella y antes me había llamado enojado también porque dimos difusión a la golpiza contra un costurero dentro de un taller clandestino en San Martín, al cual pudimos liberar junto a otras familias y una menor”, acusó Gustavo Vera, presidente y denunciante por La Alameda. Miradas al Sur se comunicó con la cartera laboral provincial. La idea era saber qué sucedió con la denuncia recibida en mayo de 2008. Desde esa área se informó que no podían encontrar los datos y aclararon que “el ministerio no va contra las marcas”. Cuando se preguntó acerca de aplicar la ley de trabajo a domicilio y los antecedentes de la gestión de Jorge Telerman, la encargada de prensa, Verónica Guilera, sostuvo que no se hace “caza de brujas”, y siguió responsabilizando a la base de datos por no poder brindar información actualizada de una denuncia que desde hace tiempo es pública. • El cuñado esclavista Cheeky es líder entre las marcas para chicos. Confecciona 10 millones de prendas y se queda con el 45 por ciento del mercado de ropa infantil. Su dueño es Daniel Awada, hermano mayor de Juliana. Cheeky integra la megacausa por trabajo esclavo por tener cuatro talleres clandestinos produciendo a todo trapo. Así lo comprobó y denunció penalmente Milton, uno de los costureros de La Alameda. Hasta declaró en esa causa un arrepentido que antes fue gerente de esa marca. Quien otorgó el sobreseimiento al cuñado de Mauricio Macri fue Guillermo Montenegro, en ese momento juez federal y hoy ministro de Justicia y Seguridad PRO. La esclavitud y la impunidad quedan en famil