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General: la triple a bahiense
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| De: alí-babá (Mensaje original) |
Enviado: 23/05/2015 01:30 |
EL PAIS › DETUVIERON AL REPRESOR HECTOR OSCAR CHISU
La Triple A bahiense
Héctor Oscar Chisu se convirtió ayer en el primer ex miembro de la Triple A de Bahía Blanca detenido por delitos de lesa humanidad antes y durante la dictadura. El pedido lo habían formulado los fiscales Miguel Angel Palazzani y José Nebbia, que debieron presentar dos recursos de pronto despacho para que el juez subrogante Santiago Martínez ordenara la captura. Chisu, de 63 años, fue detenido por la mañana por la Policía Federal en el barrio Malvinas Argentinas de Trelew, donde vivía.
Oscar (alias Satanás) y su hermano Miguel Angel Chisu (Oso, fallecido) fueron notorios miembros de una patota criminal que prestó servicios para Rodolfo Ponce, delegado de la CGT y diputado nacional, y para Remus Tetu, interventor de la Universidad Nacional del Sur en 1975. Oscar fue chofer de Tetu, columnista de La Nueva Provincia. Militantes de los ’70 los recuerdan ostentando armas en La Fiambrera (Fiat 125 que usaban para los secuestros), en un Dodge Polara y en ambulancias de la Junta Nacional de Granos que devolvían ensangrentadas. Después del golpe de Estado estuvieron varias semanas guardados en un barco en la ría bahiense hasta que el mayor Luis González se los presentó al coronel Antonio Losardo, jefe del Destacamento de Inteligencia 181, que los contrató como custodios del general Acdel Vilas. El nombre de cobertura de Héctor Oscar fue Hugo Omar Chávez y el de Miguel Angel, Mario Alberto Chávez, aunque quienes tuvieron la desgracia de conocerlos en 1976 los recuerdan como Ginebra y Petaca. Tras el retorno de la democracia supieron llevar en andas al eterno precandidato a intendente Dámaso Larraburu, quien ayer confirmó que volverá a presentarse por el Frente Renovador de Sergio Massa.
Parece que" damasito" ya se olvidó de cuando paseaba en la "fiambrera"....con los Ponce y cia.... |
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Viernes 22 Mayo 00:53
Inminente traslado a Bahía Blanca de exintegrante de la “Triple A” acusado de delitos de lesa humanidad
Trelew (Agencia) En el Juzgado Federal de Rawson le harán hoy una audiencia de control a Héctor Oscar Chisu (63) y luego lo pondrán a disposición de la Justicia Federal de Bahía Blanca para que sea trasladado a esa ciudad, en donde lo enjuiciarán por delitos de lesa humanidad en los que habría tomado parte a comienzos de la década del 70 cuando –supuestamente-- este hombre integró o fue miembro activo de la “Triple A”, una organización paramilitar de ultraderecha que en esos años se dedicó a secuestrar y matar gente en la Argentina.
Tal como informó Crónica en su edición de ayer, a Chisu (alias Ginebra) lo capturó el miércoles al mediodía en Trelew la Policía Federal, cumpliendo una disposición de un grupo de fiscales que en Bahía Blanca está al frente de la investigación de al menos 22 crímenes, cometidos en ese lugar de la provincia de Buenos Aires por la “Triple A” (la Alianza Anticomunista Argentina) entre 1973 y 1975.
Entre los raptados y posteriormente asesinados en distintas partes del país hubo artistas, intelectuales, políticos, estudiantes, historiadores y hasta sindicalistas.
Justamente, Chisu aparece involucrado -–según las autoridades que lo detuvieron-- en una causa por “torturas, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado por el concurso de dos o más personas” en la que además de 21 crímenes (de lesa humanidad) se investiga el secuestro y asesinato por parte de miembros de la “Triple A” de un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de 18 años, llamado Luis Jesús Garcia, la madrugada del 22 de setiembre de 1974.
La detención de Héctor Chisu, quien como ya se dijo será sometido hoy a partir de las ocho de la mañana a una audiencia de control en el Juzgado Federal de Rawson, fue pedida por el juez Santiago Ulpiano Martínez y por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca a cargo de los doctoresJosé Nebbia y Miguel Angel Palazzani.
Tras la audiencia de este viernes, en donde deberá ser asistido por un abogado posiblemente oficial, dicen que Chisu será puesto a disposición de la Justicia Federal de Bahía y que ya estaría a punto de arribar a la zona la comisión policial que llevaría a cabo su traslado hacia esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires. Hay otros que como este hombre están siendo buscados por sus presuntas participaciones en los mismos delitos; todos ex miembros de la tristemente célebre“AAA”.
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Está imputado por delitos ocurridos antes del golpe militar
La caída de "Ginebra" Chisu, integrante de la Triple A en Bahía Blanca
La justicia de Bahía Blanca seguía sus pasos hace unos años, tras haberlo imputado por delitos de lesa humanidad. Héctor "Ginebra" Chisu está acusado por torturas y homicidio en una causa antes del 24 de marzo de 1976. En las próximas horas, podría ser trasladado a Bahía Blanca.
Por: Juan Manuel Mannarino
A Héctor Oscar Chisu los compañeros de la Triple A le decían “Ginebra”, un apodo que nunca dejó de usar después, en la última dictadura militar. En su legajo personal como represor, fue custodio del general Acdel Edgardo Vilas, por entonces segundo jefe del V Cuerpo de Ejército y jefe del Operativo Independencia en Tucumán en 1975. La justicia de Bahía Blanca seguía sus pasos hace unos años, tras haberlo imputado por delitos de lesa humanidad. Un día como cualquier otro, Chisu, de 63 años, salió de su domicilio en Trelew y se sorprendió: agentes de la Delegación Rawson de la Policía Federal Argentina lo estaban esperando para arrestarlo. En las próximas horas, podría ser trasladado a Bahía Blanca. Se cree que en esa ciudad será prontamente indagado.
El pedido de detención había sido efectuado ante la Justicia Federal a cargo de Santiago Ulpiano Martínez y por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca a cargo de los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani. Desde la fiscalía, confirmaron que "Chisu fue detenido en su domicilio del barrio Malvinas Argentinas de Trelew, ciudad en la que se hallaba viviendo desde hace un tiempo". Y agregaron: "Chisu está imputado en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad que fueron cometidos poco antes del 24 de marzo de 1976".
"Ginebra" está acusado de haber cometido “torturas, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado por el concurso de dos o más personas”. Entre las víctimas figura Luis Jesús García, conocido como "El Negrito", quien era obrero de la construcción y fue un militante del Frente Antiimperialista y Socialismo. Se trata de la causa por la cual los fiscales solicitaron investigar homicidios perpetrados por grupos parapoliciales y paramilitares entre 1974 y 1975, en el ciclo del terrorismo de Estado anterior al golpe del 24 de marzo de 1976. Es decir: develar cómo funcionó la “Triple A” en Bahía Blanca.
Otro de los casos que integran la causa es el homicidio a sangre fría del David "Watu" Cilleruello, de 23 años, militante de la Federación Juvenil Comunista, estudiante de Ingeniería y secretario general de la Federación Universitaria del Sur. El hecho sucedió el 3 de abril de 1975 dentro del edificio de la Universidad, "en presencia de una gran cantidad de alumnos" que ese día se habían aglomerado para la inscripción en las diferentes materias. Cilleruelo, narraron los fiscales, fue abordado por un grupo de integrantes de "la patota contratada por el rector interventor", Remus Tetu, uno de cuyos miembros disparó un arma de fuego directamente sobre la víctima.
Fuentes de la investigación comunicaron, además, que la búsqueda de la Policía Federal duró un mes. Chisu, fue rápidamente identificado por los efectivos cuando salía de su domicilio ubicado en el pasaje Cruz del Sur del barrio Malvinas. Por su rol en la represión también está involucrado su hermano, Miguel Ángel, que ya fue condenado por delitos similares.
Chisu actualmente está jubilado y el Juzgado Federal de Rawson le contempló arresto domiciliario por enfermedad hasta que se decida su traslado a Bahía Blanca.
Triple A en Bahía
En abril, los fiscales de la Unidad que interviene en causas por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, Miguel Palazzani y José Nebbia, pidieron que se investiguen 22 homicidios perpetrados en esa ciudad por parte de grupos paramilitares entre 1974 y 1975, en la etapa del terrorismo de Estado anterior al golpe del 24 de marzo, "en los ámbitos históricamente más propensos a la movilización político-social: los sectores gremiales y estudiantiles".
Según informó el portal Fiscales, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que esos casos cumplen "los requisitos típicos del crimen de lesa humanidad, toda vez que estamos hablando de asesinatos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil" y "en el marco de un fenómeno de terrorismo de Estado". Los hechos, remarcaron, "presentan notas comunes en torno a las circunstancias de tiempo, lugar y modalidades de ejecución". "Su carácter más notorio estuvo representado por la actuación de grupos paraestatales, bajo la dirección, el suministro de blancos y medios y/o el amparo de la estructura estatal", completaron los fiscales.
Palazzani y Nebbia dijeron que "a partir del año 1974, ya pueden identificarse las primeras intervenciones del grupo criminal en un claro proceso de penetración y purgamiento ideológico de los diferentes espacios de militancia gremial y estudiantil, aspecto que se intensificó al año siguiente" y puntualizaron que "en el ámbito gremial, una expresión de aquel proceso de persecución tuvo lugar en el seno de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) de Bahía Blanca". La modalidad utilizada en la generalidad de los sindicatos consistió en "colocar agentes operativos y de inteligencia, en los servicios de 'custodia' de las diferentes entidades gremiales o educativas invadidas".
Al igual que en el campo gremial, "la actuación del grupo paraestatal operó con el propósito de penetrar y controlar los espacios de poder del ámbito universitario local, para desplegar desde esa posición el programa de persecución y eliminación contra distintos sectores de militancia gremial-estudiantil", sostuvieron los fiscales, al tiempo que remarcaron que "aquella misión represiva tuvo comienzo en el año 1974 en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Bahía Blanca".
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En la “causa de los magistrados” de la Justicia Federal de Córdoba
Ex jueces acusados de ser cómplices de la dictadura van por la prescripción
Los abogados de los ex funcionarios judiciales procesados por complicidad con el último golpe de Estado cuestionaron los tratados internacionales sobre delitos de lesa humanidad. Para la fiscalía, su actitud “resultó funcional a que las fuerzas de seguridad siguieran matando gente”. El martes 26 de mayo se conocerá la resolución del tribunal.
-¡Es una felonía lo que está pasando, la última de las traiciones que merece el peor de los infiernos, porque todos aquí hemos sido sus discípulos o hemos trabajado con ellos! –clamó el abogado Benjamín Sonzini Astudillo, defensor de un ex funcionario judicial acusado de colaborar con la dictadura, ante los miembros de la sala B de la Cámara Federal de Acusaciones de Córdoba. La frase la pronunció al inicio de la segunda audiencia en la “Causa de los magistrados”, que se lleva adelante en los Tribunales Federales de Córdoba. Allí juzgan la responsabilidad de jueces, fiscales y defensores oficiales por su complicidad con las torturas y asesinatos de 31 presos políticos cometidos por el Ejército y la Policía en 1976.
Se trata de Miguel Ángel Puga, extitular del Juzgado Federal Nº 2; Carlos Otero Álvarez, exsecretario penal del Juzgado Federal Nº 1 -que presidía Adolfo Zamboni Ledesma, fallecido en 1984-; Ricardo Haro y Luis Molina, ex defensores oficiales, y Antonio Cornejo, ex fiscal federal. Todos ellos están procesados además como autores de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento”.
No aclaró el defensor de Haro quienes serían los traidores, pero a los jueces Liliana Navarro -presidenta-, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos no se les movió un pelo. Mucho menos al fiscal Carlos Gonella –instructor de la causa y actualmente a cargo de la Procelac-, quien por su edad y anterior carrera en la Justicia provincial no fue discípulo ni empleado de los acusados. Junto al fiscal Facundo Trotta y el juez de instrucción Daniel Herrera Piedrabuena, titular del Juzgado Federal de La Rioja, son quienes pudieron llevar adelante una causa en la que desde 2007 una decena de funcionarios judiciales cordobeses se apartaron o fueron recusados por “amistad íntima” con los acusados.
Así comenzó la segunda audiencia ante la Cámara, que debe resolver la apelación de la fiscalía a la falta de mérito dictada por Herrera Piedrabuena a favor de Haro y Molina, y de las defensas a los procesamientos a Puga, Otero Álvarez y Cornejo. En la audiencia anterior alegaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, las querellas y los defensores de Otero Álvarez, Cornejo y Molina.
“Los hechos están prescriptos”
Sonzini Astudillo planteó que “el in dubio pro reo –ante la duda, a favor del reo- debe reinar por sobre todo, y no hay una sola prueba contra el doctor Haro”, quien tuvo “un espectacular desempeño” cuando se desempeñó como asesor letrado oficial de los presos políticos. “El decisorio (del juez de instrucción) es cuestionable de la A hasta la Z, los ochenta y pico de hechos atribuidos a Otero Álvarez, los dos de Molina y los nueve de Haro no tienen ningún asidero”, aseguró.
“Les pido que valoren la prueba que voy a acompañar, dicten el sobreseimiento de mi defendido y hagan cesar esta tropelía y esta encarnizada lucha contra todo el que estuvo cerca de estos hechos. Pero aquí se equivocaron porque los únicos que pusieron un coto al desmadre que fue terrorismo de Estado son justamente los que están en esta audiencia como acusados”, afirmó el abogado al concluir su alegato.
A continuación, Carlos María Lescano Roqué, defensor del ex juez Puga y el ex fiscal Cornejo, cuestionó la resolución donde la Cámara de Apelaciones, en su anterior conformación, determinó -en abril de 2011- que los delitos contemplados en este caso no prescriben porque “guardan íntima vinculación con hechos calificados como crímenes de lesa humanidad”.
“Esta declaración de imprescriptibilidad -explicó Lescano Roqué- se fundó en un tratado internacional (el Estatuto de Roma sobre Crímenes de Guerra) que a la fecha de los hechos no estaba vigente y por lo tanto no se puede aplicar, por imperio del artículo 18 de la Constitución Nacional. Entonces, nos pone en situación de aplicar no una ley escrita y vigente, sino la costumbre. La Justicia debe basarse en la ley, y una jurisprudencia que no aplique este criterio viola los principios republicanos”.
También atacó la “participación secundaria”, que el juez de instrucción fundó en una “impunidad previamente convenida” entre los autores materiales de los tormentos y homicidios y los funcionarios judiciales. Según Lescano Roqué, en la acusación “no se aclara si esa convención previa fue expresa o tácita”.
“Sabían que los iban a matar”
Al finalizar la audiencia, el fiscal Gonella aclaró a Infojus Noticias que el Ministerio Público Fiscal basó la vigencia de la acción penal en el artículo 2 de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968, que extiende la responsabilidad perenne a “los funcionarios públicos que toleren estas acciones”. La norma es “anterior a los hechos que se les atribuyen y se aplica perfectamente a la actuación de los acusados”.
Para el fiscal, “no se puede negar que la actitud omisiva de no denunciar ni investigar por parte de los funcionarios judiciales tuvo un carácter sistemático y prolongado en el tiempo”, y “resultó funcional a que las fuerzas de seguridad pudieran seguir matando gente”.
En este sentido, muchos testigos del juicio de 2010, que tuvo al ex dictador Jorge Rafael Videla como principal acusado por estos asesinatos, trajeron a colación la amenaza del entonces general Juan Baustista Sasiaiñ a los presos políticos, cuando días después del golpe de Estado el Ejército copó la cárcel: “Los vamos a matar a todos. Pero los vamos a matar de a poco, como a las ratas, para que sufran”. Así ocurrió, en ocho fusilamientos colectivos perpetrados entre el 30 de abril y el 11 de octubre de 1976.
Presente la audiencia, Olga Acosta, viuda de Miguel Ángel Mozé, máximo referente de la Juventud Peronista de Córdoba y militante montonero, fusilado junto a otros cinco presos políticos el 17 de mayo del 76, contó a Infojus Noticias que todos los presos políticos tenían por norma “denunciar las torturas ante los jueces, fiscales y defensores, cuando los llevaban a declarar, y ante los curas capellanes de la cárcel”. Incluso, recordó que el 32 de diciembre del 75, en su última visita a la cárcel, Mozé le dijo: “Esta es la última vez que nos vemos”. “Ellos ya sabían que se venía un golpe de Estado y si ese golpe los agarraba en la cárcel los iban a matar”, relató.
El “Chicato” Mozé fue asesinado en el segundo fusilamiento presentado como supuesto intento de fuga. Cuando lo fueron a buscar al pabellón, les dejó sus anteojos a los compañeros de celda y les dijo: “A donde me llevan, no los voy a necesitar”, testificó durante el juicio de 2010 el ex preso político Manuel Cannizzo.
“Si ellos lo sabían, ¿cómo no iban a saberlo los funcionarios judiciales? Fueron 32 muertes anunciadas, planificadas y continuas -acusó Olga-. Y ahora los defensores preguntan cuál era el fundamento de esa convención de impunidad. El acuerdo era ideológico, de la ideología del exterminio”.
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Tercer juicio por delitos de lesa humanidad
"Bahía Blanca fue un centro de exterminio para la Armada"
Así lo dijo el fiscal Miguel Palazzani a esta agencia, tras el comienzo de la primera audiencia de un juicio en el que habrá 25 imputados y 66 victimas. Entre los casos, se encuentran los de los obreros gráficos del diario "La Nueva Provincia", Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola. Es la primera vez que se juzgará el rol de la Armada por delitos de lesa humanidad en la región.
Por: Juan Manuel Mannarino
En el aula Magna de la Universidad Nacional de Sur (UNS), el Tribunal Federal subrogante de Bahía Blanca dio inicio al tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en esta ciudad. En esta causa, hay imputados 25 miembros del Ejército y la Armada: en la sala estuvieron presentes 12 y el resto lo siguió por videoconferencia desde Comodoro Py. Entre los 66 casos se encuentran los de los obreros gráficos del diario "La Nueva Provincia", Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados el 30 de junio de 1976. “Lo más importante es que haya comenzado el primer juicio donde se dilucidarán las responsabilidades penales de integrantes de la Armada Argentina en la región. Se podrá ver la coordinación entre el Ejército y la Armada para llevar adelante el exterminio en Bahía Blanca. Ambos tenían como objetivo prioritario la ciudad de Bahía Blanca y la región”, dijo el fiscal Miguel Angel Pallazani, quien integra con José Nebbia la Unidad de Asistencia para Causas por los Derechos Humanos, aInfojus Noticias. En los anteriores juicios, sucedidos en 2011-2012, y el otro en 2013, se había juzgado sólo la responsabilidad del Ejército.
Bahía Blanca amaneció alterada. Como sucedió hace unos meses cuando se citó a declarar a Vicente Massot, el presidente del diario La Nueva Provincia, se vallaron las calles céntricas. Hubo una manifestación social en la puerta de la Universidad. La audiencia comenzó pasadas las 9 de la mañana y consistió en la lectura del requerimiento fiscal. Aunque Massot no está como acusado en esta causa, en el futuro podría existir una conexión directa por su rol en los asesinatos de Heinrich y Loyola. El 5 y 6 de agosto se seguirá con la lectura de los requerimientos y luego será el turno de los 200 testigos. Entre las querellas se encuentran la Secretaría de DDHH de Nación, el Equipo Nikzor, la APDH y abogados de algunas víctimas.
El Tribunal, integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava, es el mismo que participó de los dos primeros juicios. Se trata de la causa 1.103 caratulada "Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)". De los 25 imputados, 13 pertenecían a la Armada, cinco a la Prefectura Naval, otros cinco al Ejército, un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense y un policía de la provincia de Buenos Aires. “Esta causa tuvo mucha dilación, acá tendría que estar sentado el ex presidente de facto Jorge Videla y en el medio se recusó a un juez que quiso frenar la investigación, pero para la ciudad es muy importante que haya comenzado”, confió una fuente judicial.
Se encuentran imputados los integrantes de la Armada Oscar Alfredo Castro, Guillermo Félix Botto, Tomás Hermógenes Carrizo, Eduardo René Fracassi, Edmundo Oscar Núñez, Leandro Marcelo Maloberti, Manuel Jacinto García Tallada, Gerardo Alberto Pazos, Enrique De León, Domingo Ramón Negrete, José Luis Ripa, Luis Alberto Pablo Pons y Raúl Artemio Domínguez. Por el Ejército están imputados Carlos Andrés Stricker, Felipe Ayala, Julio González Chipont, Raúl Oscar Otero, Víctor Raúl Aguirre. En el caso de la Prefectura Naval, Félix Ovidio Cornelli, Francisco Manuel Martínez Loydi, Luis Angel Bustos, Néstor Alberto Nougués y Luis Alberto Pila.
Uno de ellos, Guillermo Félix Botto, falleció insólitamente horas antes de la audiencia. Otros, ya recibieron condena en alguno de los dos juicios anteriores.
También se analizará la conducta del integrante de la Policía Bonaerense Víctor Oscar Fogelman –el mismo que condujo la investigación del asesinato de José Luis Cabezas- y de Héctor Luis Selaya por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. De los 66 casos que están en la causa, 13 personas se encuentran desaparecidas, otras cinco fueron asesinadas y las restantes fueron secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos ubicados en la zona de Puerto Belgrano, jurisdicción de la Armada Argentina, como así también en el V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.
Sobre el juicio, el fiscal Nebbia agregó: "Aquí se ventilarán los conocidos informes de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que dependía de la Armada donde se los señala a los obreros gráficos Heinrich y Loyola”. Ambos eran obreros gráficos del diario La Nueva Provincia y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas de esta ciudad sureña. Heinrich era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato, mientras que Loyola trabajó como estenotipista y tesorero de la organización gremial. Los dos trabajadores fueron secuestrados el 30 de junio de 1976, y sus cuerpos maniatados, con signos de torturas y numerosos disparos, aparecieron el 4 de julio de ese año en la Cueva de los Leones, sobre la ruta nacional 33 y a 17 kilómetros de Bahía Blanca.
Por último, Pallazani destacó “el simbolismo de hacer este juicio en la Universidad, cuando la Armada fue la que, en el reparto de poder, se quedó con el ámbito educativo. Es más, en el ´76, tuvo como interventor a un capitán de navío. Este juicio seguramente podrá disparar nuevas investigaciones en tales sentidos”.
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El mayor emplazamiento de la Armada
Jueces federales inspeccionaron la Base Naval de Puerto Belgrano
Fueron como integrantes del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca y en el marco del juicio por los crímenes cometidos por 25 acusados de delitos de lesa humanidad. La semana próxima continuarán las recorridas en la Base Aeronaval Comandante Espora, en las afueras de Bahía Blanca.
Los jueces del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca realizaron ayer una inspección ocular en las instalaciones de la base Naval de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en el país, en el marco del juicio oral y público contra 25 personas acusadas por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 66 personas durante la última dictadura cívico militar.
Los jueces José Triputti, Martín Bava, Jorge Ferro, junto con secretarios judiciales y colaboradores, participaron hoy de la diligencia judicial en el predio donde se encuentra la base naval de Puerto Belgrano como así también en un sector del muelle, lugar donde estuvo el buque "9 de Julio", lugar que funcionó como centro clandestino de detención.
En el marco de la inspección ocular también estuvieron presentes el fiscal José Nebbia de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, las querellas de la Secretaría de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros.
También recorrieron el lugar los defensores oficiales y particulares de los imputados, como también testigos y víctimas.
Fuentes judiciales señalaron a Télam que "en el marco de las inspecciones los jueces recorrieron el Puesto 1, lugar en el que muchas de las víctimas relataron en el marco del debate oral y público que habían ingresado por ese sector como así también que estuvieron esposados, interrogados y hasta secuestrados, en mucho de los casos".
"También la recorrida se efectuó en otros lugares que fueron comentados por varios de los testimonios del juicio como así también el muelle de la Base Naval, lugar en el que estuvo el buque "9 de Julio", uno de los centros clandestinos de detención y que fue nombrado por varias de las víctimas", agregaron.
Esta fue la segunda inspección ocular que llevó a cabo el Tribunal ya que ayer se recorrió la zona de la base Baterías, ubicada en la zona de Infantería de Marina de Puerto Belgrano.
Las inspecciones judiciales continuarán la semana próxima en la Base Aeronaval Comandante Espora, en las afueras de Bahía Blanca y un día después en la Prefectura de Ingeniero White, próxima a Bahía Blanca.
Télam/PW
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Detuvierona “Ginebra” Chisu, Acusado De 22 Homicidios En Bahía Blanca Con La “Triple A”
 La policía Federal detuvoen Comodoro Rivadavia a un hombre de 70 años del que la Justicia de nuestra ciudad pidió su captura, al atribuirle haber participado en la ejecución de “delitos de lesa humanidad” cometidos en la década del 70 por miembros de la “Triple A”: un grupo paramilitar y terrorista sindicado de haber torturado y asesinado en esos años a artistas, intelectuales, políticos, estudiantes, historiadores y sindicalistas.
Héctor Oscar Chisu, alias “Ginebra”, fue aprehendido en la víspera saliendo de su domicilio por personal de Investigaciones de la Delegación Rawson de la Policía Federal Argentina que le venía siguiéndole el rastro desde hace dos meses; desde que a los pesquisas les llegaron rumores de que podía estar en Trelew.
Chisu actualmente está jubilado y aquejado de una grave dolencia, por lo que desde el Juzgado Federal de Rawson dispusieron que cumpla momentáneamente arresto domiciliario y no prisión en una cárcel común.
Este hombre, de acuerdo a las autoridades que lo detuvieron, está involucrado en una causa por “torturas, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado por el concurso de dos o más personas.
Allí, se investiga el secuestro y asesinato por parte de miembros de la “Triple A” de un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de 18 años, llamado Luis Jesús Garcia, la madrugada del 22 de setiembre de 1974 y otros 21 homicidios más. Y, Chisu, el anciano detenido ayer en Trelew, aparecía en la lista de buscados para ser indagado por su posible participación en esos crímenes.
Ahora, está bajo custodia en el domicilio en donde vivía con su mujer en las inmediaciones de las calles Oris de Roa y pasaje Cruz del Sur, al sudoeste de la ciudad y en las próximas horas podría venir una comisión policial de Bahía Blanca a buscarlo.
El personal de la Federal al que le llegó la orden de hallarlo aquí en Trelew lo buscó con una foto y una descripción física y después de 60 días de indagación lo ubicó ayer; esperó que saliera de su casa y con la colaboración de un testigo civil realizó su detención en la vía pública
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EL PAIS
Con los puntos sobre las AAA de Bahía Blanca
Un juicio por calumnias e injurias que inició el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca permitió que, por primera vez, se acreditara judicialmente la existencia de la Triple A en esa ciudad.
 Por Diego Martínez
La Justicia consideró “convincentes y veraces” las declaraciones de cinco testigos que en 1974 vieron al actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca y profesor de la Universidad Nacional del Sur, Néstor Luis Montezanti, en medio de un grupo de matones que, a punta de pistola, ocupaban la Universidad Tecnológica Nacional y que –hasta fines de 1975– conformaron la Alianza Anticomunista Argentina bahiense. Así lo consignó el juez correccional José Luis Ares en la causa iniciada por Montezanti contra el ex estudiante de la UNS Alberto Rodríguez, testigo presencial en abril de 1975 del asesinato de su compañero David Cilleruelo en un pasillo de la universidad, quien lo había sindicado como “partícipe” del grupo paramilitar. Ares absolvió a Rodríguez por calumnias pero lo condenó por injurias por calificar al juez de “cómplice de los crímenes en esta universidad” y “hombre de la ‘misión Ivanisevich’”. Luego de conocerse el fallo decenas de vecinos bahienses se solidarizaron con el empleado bancario Rodríguez y organizaron una colecta para juntar los 6500 pesos con los que saldará el daño moral al camarista.
Gracias a la honra lacerada de Montezanti, a las convicciones de Rodríguez –que lejos de amedrentarse ratificó sus dichos– y a la férrea tarea del defensor oficial Jorge Sayago –que apelará el fallo–, la Justicia acreditó por primera vez la existencia de la Triple A de Bahía Blanca, cuyos crímenes permanecen impunes.
También dio por acreditada la existencia de un diploma en el estudio de Montezanti otorgado por una “Liga Anticomunista Argentina”, firmado por el comandante del Cuerpo V en 1975, general Guillermo Suárez Mason, “aunque de ello sólo se pueda extraer, a todo evento, una filiación ideológica” dado que “la Triple A no otorgaba diplomas”.
Aquella tarde de 1974, al enterarse de la toma de la UTN, más de 300 estudiantes de la UNS interrumpieron una asamblea y marcharon en solidaridad. Los testigos contaron que al llegar vieron al grupo armado y, en el medio, a “un hombre de traje y corbata” que resultó ser Montezanti. Pronto supieron que los ocupantes “eran trabajadores de la Junta Nacional de Granos y respondían al sindicalista Rodolfo Ponce”, diputado nacional, delegado de la CGT y cara visible de la AAA. Con el tiempo conocieron algunos nombres: Jorge Argibay, su hijo Pablo, Roberto Sañudo, Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio, Miguel Angel y Héctor Oscar Chisú (Argibay padre y Sañudo murieron. El resto nunca fue citado por la Justicia).
Los siete fueron contratados en 1975 por el rector interventor de la UNS Remus Tetu como “personal de seguridad y vigilancia”. Montezanti “charlaba animadamente con ellos” aunque no portaba armas. Pese al esfuerzo del camarista por desacreditar a quienes consideró “perjuros” y “canallas”, para Ares los testigos fueron “convincentes y veraces”. Si bien un “único y aislado incidente” impide vincular, “en grado de certeza”, al juez con la Triple A, Ares absolvió a Rodríguez del delito de calumnias por considerar que incurrió en un error de tipo que excluye el dolo, es decir que señaló al magistrado como miembro de la Triple A “convencido de buena fe de la real autoría en torno de la comisión de un delito de acción pública”.
Un petiso laburante
Pese a la oposición del defensor Sayago, que objetó la conversión del querellante en testigo y le sugirió declarar en la causa Triple A que instruye Norberto Oyarbide, el juez autorizó a Montezanti a explayarse sobre las acusaciones en su contra y sobre los datos consignados el 9 de abril por Página/12.
Afirmó que desde 1969 fue abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), pero no tuvo “nada que ver con la Triple A ni con patotas”, pues se considera “un inútil redomado” en materia de armas. El secretario de la UOM bahiense Albertano Quiroga era enemigo de Rodolfo Ponce. “No se podían ver ni en figuritas. Nadie podía estar con ambos”, aclaró.
Durante la gestión en la UNS de Remus Tetu (profesor rumano que huyó a la Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial, en la que formó parte del gobierno colaboracionista de la ocupación nazi, y que heredó al grupo de choque de Ponce) se consideraba “el último orejón del tarro, un petiso que laburaba”, a pesar de lo cual en 1975 le ofrecieron ser juez federal de Bahía Blanca.
“Deploro no haberme hecho cargo del juzgado porque el asesinato de Cilleruelo me hubiera tocado a mí”, lamentó, mientras su abogado Hugo Sierra –secretario del juzgado que tuvo una intervención simbólica en la causa– parpadeaba nervioso. Cilleruelo fue asesinado por el jefe de custodios de Tetu, suboficial de la Armada Jorge Argibay, y pese a las pruebas abrumadoras en su contra no estuvo un solo día preso por ese crimen.
Montezanti aclaró que no formuló ninguna presentación en favor del militante de Tacuara Néstor Beroch –tal como consignó este cronista– y explicó su fugaz relación con el general Acdel Vilas, comandante del Cuerpo V en 1976. “En los primeros días del Proceso” el frío de un FAL entre sus piernas le interrumpió la siesta. “Eran tres milicos. Reventaron mi casa por algo que le adjudicaban a Quiroga. Indignado fui al correo y le escribí una carta documento a Vilas. Me llamó, me invitó a tomar un café, se disculpó y me pidió una tarjeta. Por eso me pidió que lo defendiera, cargo que extrañísimamente decliné.” El pedido de Vilas fue en 1987, es decir que conservó la tarjeta durante once años.
Sobre el médico acusado de asistir a secuestrados en La Escuelita, Humberto Adalberti tiene “el peor de los conceptos: ni honorarios me pagó”. Tomó su caso porque repudia los escraches, símbolos de “barbarie, salvajismo y primitivismo”. Pese a que vivió el juicio que impulsó como “un proceso de la Santa Inquisición” celebró haber tenido “mi día ante el tribunal”. “Ni nazi ni facho: demócrata convencido”, concluyó. Ares le creyó “pues las personas evolucionan y maduran”.
Cuando Rodríguez afirmó que en sus clases Montezanti adjudicaba la muerte de Cilleruelo a “un arreglo de cuentas en su organización”, este cronista –a un metro y medio del querellante– lo escuchó decir “hijo de mil puta” y vio su rostro desencajado. Un día antes había llamado “patoteros baratos” a quienes presenciaban la audiencia, incluidas dos Madres de Plaza de Mayo. “¿Quién se anima a colgar un cuadro firmado por Suárez Mason?”, preguntó Rodríguez. “No fue un filósofo, fue un criminal que repudian las propias Fuerzas Armadas”, explicó. El imputado agradeció a Montezanti la querella porque “gane o pierda pude decir toda la verdad”, leyó el listado de víctimas de la Triple A que “hoy vivirían felices” y se declaró orgulloso “porque no renuncio a mi pasado”. La sala lo aplaudió de pie.
–¿Por qué en virtud del momento (en 2002 era candidato a camarista) no se dirigió al Senado o al Consejo de la Magistratura?, preguntó Montezanti.
–Por ignorante –se sinceró Rodríguez–. Así me lo explicó un abogado.
Esto debió tratarse en el poder público.
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LESA HUMANIDAD
El homicidio de militantes políticos antes del golpe de Estado
Bahía Blanca: pidieron investigar 22 homicidios cometidos por la Triple A
Fueron secuestros seguidos de asesinatos de militantes gremiales y estudiantiles de las universidades del Sur y Tecnológica Nacional. Los fiscales Nebbia y Palazzani remarcaron los patrones comunes de actuación de bandas paramilitares "al amparo de la estructura estatal".
Los fiscales de la Unidad que interviene en causas por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, Miguel Palazzani y José Nebbia, pidieron que se investiguen 22 homicidios perpetrados en esa ciudad por parte de grupos paramilitares entre 1974 y 1975, en la etapa del terrorismo de Estado anterior al golpe del 24 de marzo, "en los ámbitos históricamente más propensos a la movilización político-social: los sectores gremiales y estudiantiles".
En la presentación, formulada el miércoles pasado, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que esos casos cumplen "los requisitos típicos del crimen de lesa humanidad, toda vez que estamos hablando de asesinatos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil" y "en el marco de un fenómeno de terrorismo de Estado". Los hechos, remarcaron, "presentan notas comunes en torno a las circunstancias de tiempo, lugar y modalidades de ejecución". "Su carácter más notorio estuvo representado por la actuación de grupos paraestatales, bajo la dirección, el suministro de blancos y medios y/o el amparo de la estructura estatal", completaron los fiscales.
Palazzani y Nebbia remarcaron que "a partir del año 1974, ya pueden identificarse las primeras intervenciones del grupo criminal en un claro proceso de penetración y purgamiento ideológico de los diferentes espacios de militancia gremial y estudiantil, aspecto que se intensificó al año siguiente" y puntualizaron que "en el ámbito gremial, una expresión de aquel proceso de persecución tuvo lugar en el seno de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) de Bahía Blanca". La modalidad utilizada en la generalidad de los sindicatos consistió en "colocar agentes operativos y de inteligencia, en los servicios de 'custodia' de las diferentes entidades gremiales o educativas invadidas".
Al igual que en el campo gremial, "la actuación del grupo paraestatal operó con el propósito de penetrar y controlar los espacios de poder del ámbito universitario local, para desplegar desde esa posición el programa de persecución y eliminación contra distintos sectores de militancia gremial-estudiantil", sostuvieron los fiscales, al tiempo que remarcaron que "aquella misión represiva tuvo comienzo en el año 1974 en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Bahía Blanca".
Además, recodaron que las ramificaciones de aquella política de persecución se extendieron hasta la provincia de La Pampa, cuando el 13 de enero de 1975 llegó a General Pico una patota bahiense manifestando que eran la "intervención” a la Facultad local de la UTN. La sede educativa fue defendida mediante una toma por estudiantes y algunas autoridades, que fueron desalojadas por miembros del grupo de tareas de la sub-zona 14. "Todos los estudiantes detenidos en esa oportunidad, fueron secuestrados y torturados a partir del 24 de marzo de 1976 en el centro clandestino de detención y tortura Seccional Primera de la ciudad de Santa Rosa, a metros del Centro Cívico de esa ciudad donde funciona el Superior Tribunal de Justicia", indicaron Nebbia y Palazzani.
El mismo grupo paraestatal incursionó después en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, "con el saldo de numerosos estudiantes asesinados". "La penetración de la organización criminal en aquella institución educativa se instrumentó con la designación de Remus Tetu como rector interventor, por parte del ministro de cultura y Educación Oscar Ivanissevich", precisaron los miembros del MPF. Tetu, sostuvieron, replicó en esa ciudad el esquema que había trazado en la Universidad del Comahue, tarea que en Neuquén había recaído en el condenado agente de inteligencia Raúl Guglielminetti.
Los fiscales pusieron en contexto la represión paraestatal en Bahía Blanca con la actuación de grupos similares en La Plata y Mar del Plata. "En todo el arco trazado desde la ciudad de La Plata hasta Neuquén, pasando por Mar del Plata y Bahía Blanca (y sin dejar afuera la situación ya descripta en la Provincia de la Pampa), se reprodujo un sistema represivo uniforme, y con marcadas identidades y analogías, con la reiteración en las diferentes jurisdicciones de los mismos actores y protagonistas", aseguraron.
Los casos impulsados por Nebbia y Palazzani tuvieron como víctimas a obreros y estudiantes. En la presentación se destacan particularmente dos hechos. El primero de ellos ocurrió en la madrugada del 22 de septiembre de 1974, cuando un grupo de civiles encapuchados secuestró de su domicilio a Luis Jesús García, un joven trabajador de 18 años que se desempeñaba como obrero en la empresa constructora Interamerican en Ingeniero White, en donde había sido designado delegado de obra. Era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS). Su cuerpo apareció horas después en un camino de tierra.
Otro de los casos que integran la presentación de los fiscales es el homicidio a sangre fría del David Hover "Watu" Cilleruello, de 23 años, militante de la Federación Juvenil Comunista, estudiante de Ingeniería y secretario general de la Federación Universitaria del Sur. El hecho sucedió el 3 de abril de 1975 dentro del edificio de la Universidad, "en presencia de una gran cantidad de alumnos" que ese día se habían aglomerado para la inscripción en las diferentes materias. Cilleruelo, narraron los fiscales, fue abordado por un grupo de integrantes de "la patota contratada por el rector interventor", Remus Tetu, uno de cuyos miembros disparó un arma de fuego directamente sobre la víctima.
Los fiscales pusieron de relieve que "la ultimación de Cilleruello estuvo precedida por una intensa actividad de persecución y señalamiento por parte de los organismos de inteligencia estatales" y que "ese proceso de fijación del blanco ha podido ser rastreado ya a finales de 1974, cuando el nombre de 'David Cirriuelo [sic]' figura entre los 'activistas individualizados' en el sepelio de la víctima Luis Jesús García; y continuó –con un carácter más específico– sobre las asambleas realizadas en el breve período transcurrido entre la asunción de Tetu [el 21 de febrero de 1975] y el asesinato del estudiante".
Acribillados
El resto de los casos que "formaron parte del ataque sistemático y generalizado contra la población" se dieron en el marco de operativos llevados a cabo en la ciudad en diferentes fechas y tuvieron, entre otros puntos comunes, la ultimación de las víctimas mediante numerosos impactos de bala y la participación de personas sin identificación visible con fuerzas de seguridad. El 21 de marzo de 1975, fueron asesinados en distintos puntos de Bahía Blanca el sacerdote salesiano Carlos Dorñak; el estudiante de Filosofía y militante de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), Fernando Antonio Alduvino Bolzán, y María Isabel Mendivil del Ponte.
El pampeano oriundo de Guatraché, estudiante de Ciencias Económicas y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Carlos Alberto Davit, fue secuestrado de una pensión el 19 de noviembre de 1975 y su cuerpo apareció horas más tarde.
Entre tanto, los obreros de la construcción José Manuel González, los pampeanos Hugo Norberto Ardiles y Orlando Walker, y Manuel Santiago García, fueron asesinados a lo largo de 1975. González, el 24 de abril; Ardiles y Walker, el 24 de julio; y García, el 8 de agosto.
Por otro lado, el estudiante de Ingeniería Industrial Carlos Aníbal Nakandakare fue secuestrado el 26 de junio de 1975 y fue hallado agonizando en una zona despoblada. Murió a raíz de tres disparos.
El estudiante chileno de Filosofía y militante en su país del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Víctor Eduardo Oliva Troncoso, fue secuestrado en la vía pública el 2 de julio de 1975. Su cuerpo fue hallado con 33 impactos de bala ese mismo día.
El secretario de Acción Social del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional y presidente de la Cooperativa de Viviendas, Alberto Noé Bayarsky, fue acribillado de seis disparos el 24 de enero de 1975 en su domicilio por personas que se movilizaban en un Ford Falcon.
El 29 de enero de 1975, en tanto, fue hallada sin vida Nélida Ester Guiorzzo, oriunda de Coronel Pringles, "en el kilómetro 15 de la ruta 35, con numerosos impactos de disparos de armas de fuego".
El bioquímico Rodolfo Celso Gini vivía junto a su esposa e hijos en Huanguelén, provincia de Buenos Aires. En 1973 había sido candidato a concejal por la Alianza Popular Revolucionaria. En la madrugada del 2 de diciembre de 1974, fue secuestrado de su casa por un grupo de hombres que, al retirarse, dejaron escrito en una pared la leyenda "A.A.A", abreviatura de la Alianza Anticomunista Argentina, el grupo paramilitar conocido como Triple A, que fue mencionado en sus declaraciones indagatorias por el fallecido ex jefe del V Cuerpo del Ejército, Acdel Vilas, como uno de los responsables de este tipo de operativos que asolaron la ciudad de Bahía Blanca en la etapa previa al golpe de Estado. Pocas horas después del secuestro, Gini fue hallado junto a la ruta que une Huanguelén y Coronel Suarez, acribillado a balazos.
Los estudiantes de Geología y militantes de la JUP José Alberto Surace, Julio Alberto García y Gabriel Raymundo Ganuza fueron secuestrados en la madrugada del 6 de diciembre de 1975. Sus cuerpos fueron hallados a las 7.00 de aquél día a la vera de la ruta 35, en inmediaciones de la localidad de Villa Iris, con impactos de 9.mm y ametralladoras.
El trabajador textil Salvador Julio Trujillo fue secuestrado el 20 de septiembre de 1975 y su cuerpo apareció con seis balazos en la espalda horas después.
El uruguayo Ángel Enrique Ogues era empleado de un estudio jurídico y simpatizaba con el Partido Comunista (PC). Junto Ovidio Oscar Ancel y a otro socio, tenían además una librería. El 21 de junio de 1975 los dos fueron secuestrados en operativos distintos y sus cuerpos aparecieron con numerosos impactos de bala horas después en lugares diferentes de las adyacencias de Bahía Blanca.
Finalmente, Alberto Mario Pojomovsky, quien militaba en el PC, fue atacado el 29 de junio de 1975 mientras conducía su automóvil en compañía de su esposa. Recibió impactos de balas calibre 22. y 45. y, producto de las heridas, falleció 20 días después.
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Avanza la causa por crímenes de la triple A en Bahía Blanca
 GARCÍA Y CILLERUELO. los militantes asesinados del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de la Federación Juvenil Comunista.
La Unidad Fiscal para Delitos de Lesa Humanidad que conducen Miguel Palazzani y José Nebbia promovió ayer la acción penal por crímenes cometidos antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Los funcionarios solicitaron en el Juzgado Federal una serie de medidas que permanecen bajo reserva y que los delitos sean declarados de lesa humanidad.
El pedido impulsado por Nebbia y Pallazani busca avanzar con el esclarecimiento de los asesinatos de los militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de la Federación Juvenil Comunista, Jesús García y David Cilleruelo, cometidos por la triple A en Bahía Blanca, antes del golpe de Estado de 1976, al tiempo que exige “que se investigue y castigue a los responsables aún vivos” de los asesinatos de otras 23 personas.
Si bien se desconocen los procedimientos solicitados a la justicia, el requerimiento implicaría pedidos de imputación y de indagatoria para quienes habrían participado de dichos crímenes y aún permanecen con vida.
José Nebbia comentó que la investigación de la Unidad Fiscal comenzó tratando de establecer si antes del 24 de marzo de 1976 hubo grupos que cometieron delitos al amparo del Estado porque “esa es la llave que técnica y judicialmente nos permite calificar esos delitos de lesa humanidad, lo que los transforma en imprescriptibles. Y si eso ocurrió es el deber de investigar y castigar”.
“Como todo proceso no hay un momento de inicio sino que, como su propia definición lo establece, el proceso es un discurrir en el tiempo y sí hemos encontrado que en la persecución política, tanto local como nacional, hay una continuidad antes y después del 24 de marzo”, dijo. Por ejemplo, la definición del objetivo, el delincuente subversivo. “Estas bandas paraestatales que cazaban a personas como después hicieron las fuerzas armadas, estaban caracterizadas de la misma manera y atacaban a los mismos grupos: a los obreros, a los estudiantes, a los organizados políticamente, a los opositores políticos”.
Reconoció dos tipos de respuestas estatales antes del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, una respuesta normativa y una respuesta paraestatal. Dentro de la primera se incluyen la Ley 20.840 -“que muchos aquí en la universidad la sufrieron quedando cesanteados”-, las leyes anticomunistas y los decretos que llamaban a aniquilar la subversión -“puerta de entrada legal de las fuerzas armadas”-. En tanto, lo paraestatal se manifiesta en las patotas de la Triple A, “que en cada lugar tuvo sus particularidades, tenemos la CNU en Mar del Plata y La Plata con conexiones entre ellas, tenemos lo que sucedía en Buenos Aires desde la cartera de Acción Social y las particularidades que tenía acá en Bahía Blanca”.
Producido el golpe, “las fuerzas armadas pasan a ocupar claramente un rol protagónico en la ejecución de ese plan de persecución y exterminio”. El fiscal destacó los “lazos conectivos” con el rol del Poder Judicial mostrando los casos de las investigaciones sobre los asesinatos del Negrito García y de Watu: “Casos delictivos paradigmáticos porque los autores materiales, inclusive intelectuales, estaban identificados del primer momento y sin embargo no tuvieron más resultado que una impunidad tan larga como de cuarenta años”.
“Esos grupos paraestatales encontraban en el Estado distintas formas de participación, ya sea el Estado entregándole las armas como así también la liberación de zona, una práctica que después se extiende en la dictadura. Hay una participación y complicidad de parte de la fuerza policial y la garantía de impunidad por parte de quienes tenían que investigar estos crímenes y no lo hacían. Eso también se repite en dictadura y quienes llevan adelante los crímenes con la carta previa de impunidad recrudecen su actuación”. En Bahía los nombres propios en la justicia son los de Guillermo Federico Madueño y sus secretarios Hugo Sierra y Gloria Girotti.
Nebbia explicó que los grupos paraestatales “tenían el rol o función de llevar adelante esas tareas despreciables o repudiables por parte del Estado que era la eliminación física, los asesinatos. No podía esa empresa criminal ser asumida por parte del Estado abiertamente como después sí sucedió cuando las fuerzas armadas tomaron el poder”.
Tanto las bandas parapoliciales como las fuerzas armadas “se concentraron en los mismos ámbitos, en los mismos objetivos históricamente perseguidos”. Por un lado los trabajadores como el Negrito García, “un pibe de 18 años que laburaba en la construcción pero que como decía su mamá, militaba, participaba del sindicato y organizaba a sus compañeros en las obras”; y lxs estudiantes universitarios como Watu. “Son dos lugares que aportaron la mayor cantidad de víctimas tanto en la Triple A como en la dictadura”.
El representante del Ministerio Público sostuvo que “parte de esa mano de obra de las patotas después se reciclan durante la dictadura, algunos como PCI, personal civil de inteligencia”. Aun durante el gobierno de Isabel Perón las bandas “se empiezan a insertar en el ámbito sindical y estudiantil con un primer momento que es un desplazamiento forzado de las conducciones copando los sindicatos y los centros de estudiantes y después, hay una acción directa en la represión”. En la ciudad se expresa primero en el copamiento de la Universidad Tecnológica por parte de las patotas de Ponce y Tetu y la UNS con la intrusión del rumano desplazando a las autoridades tal como sucedió en Neuquén, Mar del Plata y La Plata.
El propio asesinato de Cilleruelo fue precedido por tareas de inteligencia tan prolijas como las de la dictadura genocida. “Encontramos en los archivos de inteligencia una gran cantidad de persecuciones y señalamientos. Fijensé cómo se cruza, hay un informe de Prefectura que ya a fines del 74 lo señalan al Watu en el sepelio del ´Negrito´ García . Pero inclusive es señalado en una asamblea el 6 de marzo del 75. Tenemos acreditado que cuatro días después de esa asamblea Remus Tetu participa en la comunidad informativa, con representantes de distintas fuerzas tanto militares como de seguridad, donde compartían la inteligencia y definían esos blancos universitarios y entre ellos, se señaló a compañeros del Watu, a Héctor Bazán y Eduardo Zanotto”.
Fuente: juiciobahiablanca.wordpress.org
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Un capítulo más se escribe en la historia de la impunidad. A la extensa cadena de acontecimientos que tienden a retardar el castigo a los responsables del genocidio, entorpeciendo la acción de la verdadera Justicia, la Cámara Federal de Bahía Blanca –contrariando una disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -ha sumado la inconcebible excarcelación a 36 represores procesados por crímenes de Lesa Humanidad.
Poco tiempo después de haber sido recusado Juan Leopoldo Velázquez, ex presidente del Tribunal que dilató hasta lo inexplicable el inicio de los debates orales en la Causa del 5º Cuerpo, los magistrados Augusto Fernández, Angel Argañaraz y Ricardo Planes, representantes de una Institución donde la Lealtad y el Patriotismo son valores a los que se jura defender, han sentenciado con su rúbrica la infamante medida.
Según parecen haber entendido estos funcionarios, los ahora imputados excarcelados -acusados de burlar durante años a la Justicia tras haber cometido las más aberrantes violaciones a los Derechos Humanos – no entorpecerían la consecución del proceso penal. El más elemental sentido común puede inferir que la posibilidad de recibir importantes condenas –por el carácter y el número de sus crímenes- pueda resultar, por sí sólo, un motivo suficiente para fugarse; medios económicos, contactos y logística son elementos con los que han contado sus camaradas profugados y que, sin duda, también estarán al alcance de los recientemente liberados.
No parece haberse sopesado en la balanza de los integrantes de la Cámara Federal el riesgo que su disposición implica para víctimas, testigos, querellantes, militantes y vecinos en general. La comunidad toda se encuentra en estado de indefensión por cuanto es está expuesta a cruzarse en las calles con quienes han demostrado sobradamente ser enemigos de los más elementales principios democráticos.
La conformación de ésta Cámara Federal contrasta notablemente con aquella que enorgulleció a Bahía Blanca al pronunciarse categóricamente y declarar inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y los indultos. Valoraremos y destacaremos siempre el desempeño de aquellos hombres de la Justicia que han demostrado estar comprometidos con la búsqueda de la Verdad y la Justicia.
Esta última medida se suma a la dilación inexplicable del Tribunal presidido por Velázquez para iniciar los debates orales en la causa 5º Cuerpo y al indefectible aplazamiento cuando ya se había puesto fecha -debido a la recusación del mismo juez. Hoy, ante la realidad de los acontecimientos nos encontramos frente a una situación que nos produce dolor y decepción.
Habíamos comenzado a creer que esta ciudad sacudía de sus cimientos ese espíritu fascista abonado durante décadas y adhería institucionalmente al reclamo popular de reabrir las causas -reclamo que fuera canalizado a través de una medida del Poder Ejecutivo Nacional-; creímos que, tras largos años de una búsqueda activa, se iba a procesar con todas las garantías constitucionales a quienes la sociedad ya había condenado; creímos que familiares y compañeros de las víctimas podríamos –de una vez por todas- ver en la cárcel a quienes arrebataron la vida a los mejores exponentes de una generación. Sin embargo, funcionarios cuyo deber es impartir Justicia –salvo honrosísimas excepciones-, nos han venido defraudado sistemáticamente.
Este largo camino de la impunidad en Bahía Blanca se ha visto jalonado con numerosos ejemplos cuya gravedad es alarmante. Podemos mencionar como ejemplo:
-La permanencia como funcionario público de Ricardo Antonio Germani, “agente secreto” de la dictadura cuyo rol era delatar y entregar vilmente a luchadores sociales y políticos, quien accedió a su cargo de Juez de Faltas ocultando como antecedente su colaboración con el gobierno militar (entre 1/9/80 y 1/12/81). Hoy, cuando la Secretaría de DDHH de la Nación ha confirmado la participación del mismo en actividades del terrorismo de Estado, permanece inmutable en su cargo oficial mientras el Poder Ejecutivo local -a pesar de la relevancia del caso- no ha solicitado su renuncia.
-La permanencia en sus funciones del Dr. Néstor Montezanti –profesor universitario y vice presidente de la Cámara Federal, asesor del genocida Acdel Vilas- con pedido de juicio político pendiente en el Consejo de la Magistratura, sindicado por la misma Secretaría como agente civil de inteligencia en su función de “asesor universitario A1” (entre 1/1/81 y 1/6/82) durante el gobierno de facto (según datos que fueran aportados por el Ejército).
-La aprobación como profesora en la UNS de la abogada Gloria Girotti, cuya reválida será discutida por el Consejo Superior Universitario. Girotti fue secretaria letrada (entre junio de 1972 y setiembre de 1979) del Juzgado Federal Nº 1 a cargo del ex Juez y cómplice de la dictadura Guillermo Federico Madueño. Al igual que su colega Hugo Mario Sierra (también docente universitario) se encuentra imputada en la causa del 5ª Cuerpo y el llamado a indagatoria de ambos fue denegado por el Juez Alcindo Alvarez Canale cuya decisión fue avalada por la Cámara Federal.
-La vigencia en la Universidad Nacional del Sur del Reglamento de Admisión y Disciplina elaborado en la dictadura y que fuera ratificado en el plenario del Consejo Superior Universitario.
Consideramos que el poder político debe actuar en consecuencia con el reclamo popular pues el Pueblo mismo les ha dado la posibilidad de cumplir responsablemente el cargo al que han accedido. Es por eso que exigimos al Poder Ejecutivo local que –en consonancia con la política de Derechos Humanos impulsada por la Nación- se expida públicamente a favor del inicio de los debates orales en la causa 5º Cuerpo, en repudio a la excarcelación de los 36 represores y que, a su vez, impulse la renuncia del juez de Faltas Germani, quien se desempeña en un organismo que depende del gobierno municipal.
Decimos, finalmente, que el tremendo golpe que ha significado la excarcelación de los 36 genocidas, lejos de amedrentarnos y socavar nuestras voluntades, nos fortalece, pues cuanto más se aleje el objetivo que nos convoca, más unidos estaremos en su búsqueda. Y ante el intento de perpetuar la impunidad de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, opondremos la movilización de todos los sectores comprometidos con los Derechos Humanos. Así la Justicia, aunque tarde, llegará a consagrarse. El impulso que nos da la Memoria y el ejemplo de los compañeros desaparecidos nos llamará a las calles, una y otra vez, hasta que el Juicio y Castigo a todos los culpables se convierta en realidad.
COMISION DE APOYO A LOS JUICIOS
Raúl Gallardo (Grupo 83) y Federico Tucat (JR) en Tres Líneas
Durante el mes de Abril del 2010 los bahienses conocimos un listado desclasificado desde la Comisión Nacional de la Memoria, donde se hacía mención a personas de Bahía Blanca que se desempeñaron como personal civil de inteligencia del Ejército Argentino durante la última dictadura cívico militar que asoló a nuestro país asesinando a 30.000 compañeros.
Entre los diversos nombres de nuestra ciudad sobresalió el del actual Juez de Faltas, Ricardo Antonio Germani, defendido “llamativamente” días después por la Corporación del Comerciolocal bajo un mensaje de impunidad y superación de supuestos antagonismos. Pidieron madurez cívica y no discriminación sin hacer mención alguna al “olvido” de Germani en su curriculum sobre las funciones desempeñadas durante la dictadura. Los datos que apuntan hacia Germani fueron ratificados al HCD en los últimos días por el Subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Luis Hipólito Alen, quien especificó que cumplía actividades como agente secreto en el destacamento 181 de Bahía Blanca.
Cabe mencionar que según el fiscal federal Abel Córdoba “en otras jurisdicciones, el personal civil de inteligencia que figuraba como 'agente de reunión' aparece secuestrando personas, en interrogatorios o infiltrados en algún ámbito propio, como un sindicato”.
Las complicidades civiles en el plan genocida hoy día son conocidas por toda la comunidad, en Bahía Blanca tenemos algunos nombres propios de quienes fueron sus ejecutores. A 27 años de recuperada la Democracia, como jóvenes militantes no aceptamos que ningún funcionario público tenga vínculos directos con la etapa más oscura que le toco vivir a nuestra república. Repudiamos la participación de Germani en la dictadura, consideramos imperioso que se acelere la investigación y pedimos su apartamiento del cargo.
Pero debemos señalar que la dictadura dejó sus herramientas jurídicas esparcidas, como el Código de Faltas (Decreto Ley 8751/77) de la provincia de Buenos Aires, dictado bajo la gobernación de facto de Ibérico Saint Jean. El proceso de remoción de un juez de faltas constituye un procedimiento burocrático engorroso que prácticamente impide su destitución. La impunidad queda a todas luces garantizada.
El “silencio” de Germani hasta su aparición pública en el listado fue acompañado por otros silencios, amparados por Dámaso Larraburu y sus cómplices, como el del Intendente Cristian Breitenstein bastante cercano a la connivencia. Durante un año no se ha referido al respecto cuando tiene la responsabilidad política como máxima autoridad ejecutiva local. Silencio que además se extiende ante la cercanía de los próximos juicios por delitos de lesa humanidad a realizarse en dependencias de la UNS. Estos hechos significan un retroceso frente a los múltiples avances que todos los argentinos estamos dando en materia de Derechos Humanos. La defensa del sistema democrático y la memoria de los compañeros desaparecidos es una tarea que nos compete a toda la comunidad y en particular a los jóvenes que militamos por la construcción de una sociedad donde la justicia, la igualdad y la libertad sean banderas concretas en nuestra vida cotidiana.
JUVENTUDES POLÍTICAS DE BAHÍA BLANCA
Colectivo Kirchnerista / Federación Juvenil Comunista/ Grupo 83 / Juventud del Encuentro por la Democracia y la Equidad/ Juventud Radical / La Cooke/ Agrupación Artigas – Unidad Socialista / La Campora / Nueva Bahía/ Proyecto Sur
COMUNICADO DE PRENSA - Bahía Blanca, lunes 2 de Mayo de 2011
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El Gobierno de Rajoy deja a una histórica Abuela de Plaza de Mayo al borde de la miseria
Matilde Artés Company, reconocida a nivel internacional por su lucha a favor de los derechos humanos, se queda sin pensión ni medicamentos. Su nieta pide auxilio al Ejecutivo argentino
Carla Rutilo, con su abuela Matilde Artés.
BILBAO.- La vida nunca ha sido fácil para Sacha, la madre y abuela coraje. En los años setenta, el terrorismo de Estado que imperaba en América Latina se llevó a su hija y su yerno. Primer golpe. El segundo vendría de manera simultánea, con el secuestro y robo de Carla, su nieta de apenas 10 meses. Buscó, removió cielo y tierra. Bajó a los infiernos, hasta que logró rescatarla. Juntas huyeron a España, donde construyeron lo que la dictadura había querido romper. Sin embargo, aún faltaba un nuevo mazazo, esta vez con el sello de España: a sus 82 años, con el corazón visiblemente afectado por un infarto, el gobierno de Rajoy le ha dejado sin pensión.
“Mi abuela ya no tiene fuerzas para hablar con nadie. Pregúnteme a mí: hablaré por su boca”, dice Carla Rutilo Artés desde Buenos Aires, ciudad a la que se trasladó hace algunos años. En cambio, Sacha jamás volvió a aquel país. Aunque sea entre rejas, allí viven aún los fantasmas del pasado. Uno de ellos, quizás el más terrible, se llama Eduardo Alfredo Ruffo, el agente de Inteligencia que torturó salvajemente a su hija Graciela Rutilo Artés, una de las 30 mil personas desaparecidas por la dictadura de Videla. No satisfecho, Ruffo se quedó con Carla. Madre e hija habían sido secuestradas en Oruro (Bolivia) y trasladadas a Argentina en el marco de la Operación Cóndor, nombre dado a la coordinación represiva entre los regímenes militares de aquel continente. Corría abril de 1976 y el sur de América se parecía demasiado a una película de horror.
Sacha, por entonces una actriz que había recorrido varios escenarios, no tuvo otra alternativa que atarse el pañuelo blanco a la cabeza y salir a la calle. Se dejó ver en manifestaciones, portando la foto de su nieta. También pisó distinguidos despachos en diferentes países. Incluso llegó a ser recibida por el Rey Juan Carlos durante la visita del monarca a Argentina en 1985. Reyes o plebeyos, a todos sus interlocutores les pedía lo mismo: había que hacer algo para tratar de salvar a su nieta.
manifestación de las Abuelas de la Plaza de Mayo.
Al igual que en otros tantos casos, la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo tuvo resultados. El ansiado reencuentro se produjo en un juzgado de Buenos Aires en septiembre de 1985. Coincidiendo con la llegada de la primavera argentina, Carla abandonó el infierno en el que Ruffo había convertido su vida: según relató la propia joven,el agente de Inteligencia la sometía a terribles abusos y palizas. Hoy Ruffo está en una cárcel de Buenos Aires, pagando por sus crímenes. Sin embargo, la historia de Sacha sigue bastante lejos del final feliz.
“Mi abuela estaba cobrando una pensión no contributiva de 375 euros. Al mismo tiempo, recibía 500 euros de un amigo que vivía en su piso de Madrid, ya que actualmente está instalada en Mallorca. Con ese dinero pagaba un alquiler de 450 euros y cubría sus gastos básicos”, explica Carla. “Sin embargo –continúa-, la administración central le ha retirado la pensión, al considerar que no puede recibir ese dinero si está cobrando por el alquiler de la vivienda”.
A raíz de la resolución de Hacienda, Sacha sólo cobra 500 euros al mes, con los que tiene que cubrir la renta de 450 euros mensuales de Mallorca y comprar medicamentos para su corazón maltrecho. Para colmo de males, Hacienda le reclama los últimos meses de pensión, alegando que no le correspondían. “Ayer hablé con ella. Está destruida”, comenta Carla a Público.
“No pudieron con mi dignidad”
Ante esa situación, la mítica “abuela coraje” ha dirigido una carta a la presidenta argentina, Cristina Kirchner, para explicarle la grave situación que atraviesa. La mandataria sabe muy bien de quién se trata: hace unos meses, el gobierno argentino le hizo llegar el “Premio Bicentenario de la Revolución de Mayo a los Derechos Humanos”, con su nombre y sus apellidos grabados. “Hoy con los cabellos encanecidos, con la rudeza que los años de sufrimiento quebrantaron mi salud, puedo decirle que los enemigos de los Derechos Humanos no pudieron romper mi Dignidad y que es Usted mi admirada señora la que la enaltece con su reconocimiento”, expresa Sacha en su carta.
Un párrafo después, esta mujer solicita la ayuda del gobierno de Kirchner. “Mi abuela nunca cobró ningún tipo de reparación como víctima del terrorismo de estado”, explica Carla. “Si ahora lo hago –precisa Sacha en su nota- es porque mi situación económica raya en la pobreza más humillante y porque no es triste ser pobre, sino empobrecer”. Desde Buenos Aires, su nieta confía en que Kirchner tome medidas al respecto. “Se supone que hay derechos que ya tiene adquiridos por ser argentina y por ser una Abuela de Plaza de Mayo”, señala. De momento, la veterana activista por los derechos humanos sobrevive con unos 50 euros al mes. ¿Culpables? Su nieta lo tiene claro: “el gobierno de Rajoy, que deja que su pueblo se muera de hambre”.
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Libertad de prensa, derecho a la información.
En la defensa y promoción de los derechos humanos, el ejercicio del control ciudadano sobre el poder es esencial para combatir la arbitrariedad y evitar la concentración de la capacidad de decisión, dos serias enemigas de la democracia. A nuestra preocupación por la situación del Poder Judicial, debe sumarse la alarma que numerosos sectores han manifestado reiteradamente ante las presiones y ataques recibidos por periodistas y medios de prensa. La lista, que incluye agresiones físicas, presiones económicas y decisiones judiciales contra trabajadores de prensa por denuncias que hicieran en diversos medios contra funcionarios oficiales, es suficientemente amplia como para concluir que, en numerosas oportunidades la libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión se han visto en riesgo en los últimos tiempos en la Argentina."
La libertad de prensa es permamentemente violaday censurada en los discursos públicos de los representantes de la oposición. Macri ha declarado en un programa televisivo que en su gobierno se compromete a que "no existirá 678 ni 876", Un candidato de Massa Dámaso Larraburu, declaró luego de las últimas elecciones en bahía Blanca " se acabó el rojismo en bahia blanca"en alusión directa a los partidarios de este gobierno.
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